Consideran abusivos los contratos de alquiler

Después del largo ínterin que ha supuesto el confinamiento, los Bloques en Lucha de Torrejón vuelven a ponerse en marcha, y lo hacían este miércoles con una decisión contundente: llevarle a Fidere una copia de la demanda que interpusieron justo antes de comenzar el Estado de Alarma denunciando clausulas abusivas en los contratos de alquiler firmados.

Así, una representación de las 75 familias que continúan en la lucha, se presentaba en la sede de la filial inmobiliaria de Blackstone, y lo hacían para explicar las características de la primera demanda colectiva de este tipo que se interpone en España.

“Llevamos a los tribunales al fondo buitre Blackstone por hacer firmar a cientos de familias contratos de alquiler abusivos. Esto cambiará por completo el mercado de la vivienda del país. Blackstone ha iniciado en el mercado del alquiler la contratación en masa mediante contratos tipo pre-redactados y donde el inquilino solo tiene dos opciones: adherirse a la propuesta en su integridad o rechazarla. Esta es una forma de actuar que solo pueden ejecutar los grandes especuladores de vivienda, con equipos de gestores que presionan e incluso amenazan a los inquilinos. Hoy las familias demandantes están sufriendo subidas del 100% de sus alquileres por parte de Blackstone”, desvelaba el Sindicato de Inquilinas a través de redes sociales.

“Su objetivo es subir los alquileres para aumentar beneficios, presionar al alza los precios y conseguir que se revaloricen sus activos. Blackstone empleó diversas trabas para que los inquilinos y las inquilinas renovasen sus alquileres con contratos que incumplen la ley. Los contratos están plagados de cláusulas abusivas, incluso en promociones de vivienda levantadas sobre suelo público, con una fórmula de contratación poco transparente y con multitud de renuncias a derechos. Por eso hoy les llevamos ante los tribunales. Ante la amenaza que los fondos buitre suponen, tomamos la iniciativa para sentar estas prácticas y a sus responsables ante la Justicia. La sentencia que esperamos obtener dictaminará qué cláusulas son abusivas y no podrán volver a usarse más en un contrato con una Socimi”, explican.

“Esta acción judicial también debe servir para que el Gobierno tome conciencia de la situación y tenga la valentía política de adoptar una batería de medidas que pongan coto a este tipo de prácticas. Deben regular el precio de los alquileres, y deben hacerlo ya”, concluyen.