La fiscal considera que los disparos suponen una extralimitación de la legítima defensa

La Audiencia Provincial de Madrid acoge esta semana el juicio contra C. A. R., el propietario de una vivienda en Ciempozuelos que en julio de 2023 se defendió de un violento asalto en su propia casa. El hombre, que fue encañonado y agredido por dos ladrones que entraron por la fuerza en su domicilio, logró hacerse con el arma de uno de ellos y efectuó varios disparos, dejando a uno de los asaltantes parapléjico.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que el dueño de la vivienda excedió los límites de la legítima defensa al disparar en cinco ocasiones, por lo que le acusa de homicidio en grado de tentativa y solicita una pena de siete años de prisión. Además, reclama que indemnice al ladrón herido con más de 500.000 euros por las lesiones y secuelas, que incluyen una paraplejia que le obliga a desplazarse en silla de ruedas de forma permanente.

Los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2023 sobre las 18:30 horas. H. M. M. S. y S. U. R. B. (los dos asaltantes) acudieron al domicilio donde residía C. A. R. Tras llamar a la puerta, accedieron a la vivienda por la fuerza, pese a la oposición del morador. Una vez en el interior, S. U. R. B. sujetó al propietario por el cuello mientras H. M. M. S. le encañonaba con un arma de fuego. En el transcurso del forcejeo, el dueño de la casa logró hacerse con el arma y efectuó varios disparos contra uno de los asaltantes, alcanzándole uno de ellos en el torso.

El ladrón resultó gravemente herido, con lesiones que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas y un largo periodo de hospitalización. Finalmente sobrevivió, aunque ha quedado con secuelas permanentes, entre ellas una paraplejia que le obliga a desplazarse en silla de ruedas. Los tres procesados (el propietario y los dos asaltantes) se conocieron en los calabozos tras ser detenidos en una redada policial por tráfico de drogas.

La defensa del propietario sostiene que su cliente actuó en legítima defensa, ya que se enfrentaba a dos asaltantes armados en el interior de su propio hogar, con el miedo añadido de que pudieran acabar con su vida. Según su versión, el arma se disparó en el transcurso del forcejeo sin intención deliberada de matar. La fiscalía, por el contrario, considera que cinco disparos constituyen un uso excesivo de la fuerza y que no se dan los tres requisitos legales para la eximente completa de legítima defensa (agresión ilegítima, medios proporcionales y falta de provocación suficiente).

El juicio, que se desarrolla ante un jurado popular, ha reabierto el debate sobre el derecho a la legítima defensa en el hogar. Mientras que la Fiscalía sostiene que el propietario debió medir su respuesta y que cinco disparos son desproporcionados, la defensa insiste en que no se puede exigir a una persona que, bajo la amenaza de un arma y en su propia casa, calcule fríamente el número de disparos necesarios para neutralizar a sus agresores.