La matriz de Ortom está en concurso de acreedores

La clínica dental Ortom, situada en el barrio del Juncal de Torrejón de Ardoz, ha cerrado por sorpresa sus puertas en plena crisis económica de la cadena Oralis, que se encuentra en concurso de acreedores y ha suspendido su actividad en España. El establecimiento, ubicado en el número 2 de la calle Teruel, permaneció abierto hasta este lunes y ha dejado a cientos de pacientes con tratamientos interrumpidos y cantidades abonadas por adelantado: "Nos hemos enterado porque la clínica ha puesto un cartel en la puerta", explican los pacientes, que denuncian no haber recibido ninguna comunicación previa sobre el cierre.

El aviso incluye un código QR que dirige a una página de Oralis en la que se informa de la suspensión temporal de la actividad y se solicita a los pacientes que faciliten sus datos personales. "Cuando entras en el código te dicen que metas tus datos y que ya te informarán", relatan, y los perjudicados han comenzado a organizarse para intentar encontrar una solución: "Hemos creado un grupo de WhatsApp que ya supera los 400 afectados", ha explicado uno de los pacientes, aunque por el momento se desconoce la cifra real de las personas que están pendientes de tratamiento o con uno a medias.

"Lo peor es que algunos ya habíamos pagado los tratamientos y no habían ni empezado en algunos casos", lamentan. Entre los afectados hay personas sin piezas dentales y otras con intervenciones de larga duración interrumpidas, mientras algunas continúan pagando créditos sin saber cuándo podrán completar sus tratamientos: "No sabemos qué hacer, estamos perdidos y no sabemos a quién reclamar", explican los pacientes, indignados por una situación que recuerda a otros cierres repentinos de clínicas dentales: "Es increíble que esto vuelva a pasar y nadie haga nada y que se juegue con la salud otra vez". Reconocen, eso sí, que hasta ahora era una clínica "seria", con muchos años de trayectoria en la ciudad y "sin ningún problema".

Oralis, que contaba con 19 clínicas distribuidas por España según su directorio de establecimientos, ha anunciado la suspensión de su actividad asistencial en plena crisis económica del grupo Aestes, al que pertenece. En un comunicado publicado en su página web, la compañía reconoce que "debido a la suspensión temporal de la actividad asistencial actualmente no disponemos de medios para prestar atención odontológica" y que "su clínica ORALIS ha cesado temporalmente su actividad, estando la sociedad en concurso de acreedores". La empresa señala que la administración concursal ha abierto un proceso de venta de las clínicas para intentar recuperar la actividad y dar continuidad a los tratamientos, y espera completar la operación en las próximas semanas, aunque todavía no ha anunciado una fecha de reapertura.

El grupo Aestes es propietario también de Vivanta, que ha cerrado temporalmente sus clínicas dentales en España ante la falta de liquidez, con establecimientos en Torrejón de Ardoz, en la avenida Virgen de Loreto 25; Alcalá de Henares, en la avenida Reyes Católicos 6; y Guadalajara, en la avenida de Castilla 11-13. La crisis se ha agravado después de que expirase una oferta de compra presentada por el fondo canadiense Ontario Teachers' Pension Plan a través de Donte Group, propietario de Vitaldent, que contemplaba la adquisición de 61 clínicas y la continuidad de más de 30.000 tratamientos pendientes, y que se ha visto bloqueada por las discrepancias relacionadas con los 40 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales concedió a la compañía en 2022.

El Consejo General de Dentistas de España ha expresado su preocupación e indignación por el cierre de Vivanta y ha criticado que las consecuencias de una crisis empresarial recaigan sobre pacientes que habían contratado tratamientos sanitarios de larga duración. Su presidente, Óscar Castro Reino, considera especialmente grave la situación después del respaldo económico público recibido por la compañía: "La prioridad debe ser garantizar su salud, la continuidad asistencial y sus derechos económicos", ha señalado, y el organismo exige que los responsables del procedimiento concursal informen individualmente a cada afectado sobre quién asumirá su tratamiento, dónde podrá continuarlo y qué ocurrirá con las cantidades abonadas. Para los pacientes afectados, tanto el Consejo como la Comunidad de Madrid recomiendan conservar contratos, facturas, justificantes de pago y toda la documentación clínica, reclamar por escrito a la empresa y solicitar una copia completa del historial clínico, y quienes hayan contratado créditos vinculados al tratamiento pueden reclamar a la entidad financiera la cancelación del préstamo por incumplimiento del servicio.