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07
Nov
2018
Rivas, dispuesto a llevar la sentencia de las hipotecas a los tribunales Europeos PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Rivas Vaciamadrid
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Foto cedida por MoncloaLos sindicatos convocan concentraciones el sábado por la tarde y Pedro Sánchez anuncia una nueva regulación

Fue la noticia de la jornada del martes, y sus consecuencias siguen dando de qué hablar. Así, el alcalde de Rivas anunciaba ayer que recurrirá ante el Constitucional y las instituciones europeas la polémica decisión del Tribunal Supremo, una decisión que ha caldeado los ánimos de buena parte de la sociedad, hasta el punto de que los sindicatos han convocado concentraciones para este sábado por la tarde ante la sede del Tribunal.

Consideran indignante la sentencia del Tribunal Supremo porque va en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad, además de poner en cuestión la independencia del poder judicial con la “rectificación” a su primera sentencia. Para los sindicatos CCOO y UGT esta decisión revela, asimismo, la inacción del poder político que en dos años no ha sido capaz de sacar adelante el proyecto de ley hipotecaria.

El poder judicial ha protagonizado un espectáculo bochornoso que contribuye a aumentar el desprestigio de la justicia en nuestro país. Más aún, el fallo emitido en el día de ayer pone en cuestión la misma calidad de nuestra democracia al deteriorar dos de sus pilares: la independencia del poder judicial y el principio de igualdad ante la ley.

La decisión del Tribunal Supremo es indignante no sólo porque va en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad y a favor del sistema financiero sino porque ésta ha venido forzada por un replanteamiento del fallo que previamente había dado a conocer el tribunal competente con toda legitimidad, poniendo en cuestión la independencia del poder judicial. Gestión tan infame de esta “rectificación” no se resuelve pidiendo disculpas.

El proceso también ha puesto en cuestión la inacción del poder político ya que el proyecto de ley hipotecaria, donde tendrían que estar reguladas estas cuestiones, lleva dos años en sede parlamentaria pendiente de tramitación. Así la ausencia de iniciativa desde la política es responsable del exceso de protagonismo de los tribunales en la regulación de la cosa pública.

En estas condiciones es indispensable exigir responsabilidades a quien desde el poder judicial ha tomado la decisión de la reconsideración de la sentencia del tribunal competente metiendo al país en este despropósito y velar por la independencia de la justicia y exigir medidas y la pronta tramitación de una Ley Hipotecaria que preserve los intereses de la ciudadanía.

Con esta finalidad CCOO y UGT hacemos un llamamiento a la ciudadanía a expresar su indignación y exigencias a través de la movilización social. El próximo sábado a las 18:00 ante el Tribunal Supremo en Madrid y antes las Audiencias Provinciales y TSJ de las principales capitales de provincias.

CCOO considera que el fallo del Tribunal Supremo es incomprensible para la ciudadanía, profundiza en la desconfianza sobre el sistema judicial y exige sin demora una Ley Hipotecaria que regule todos los extremos vinculados a la concesión de hipoteca.

Tras dos días de deliberación el Tribunal Supremo ha dado marcha atrás para, ignorado su último fallo, recuperar la doctrina anterior a la sentencia del 18 de octubre. El Alto Tribunal ha fallado finalmente que serán los clientes quienes tengan que asumir el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El cambio de criterio y la forma en la que se ha producido (con una revocación en pleno de la Sentencia que había adoptado la sala especializada del Tribunal Supremo), provocan una innegable alarma social e instalan una duda sobre la independencia judicial, que un estado de derecho no se puede permitir.

No es la primera vez que los tribunales son los que acaban de definir los criterios sobre el negocio financiero particularmente en lo referido a la concesión de hipotecas (cláusulas suelo sin ir más lejos) u otros productos financieros (preferentes). Para CCOO, los sucesivos cambios de criterio que se han producido en apenas 25 días respecto a los AJD son un despropósito que provoca alarma social y una comprensible reacción ciudadana.

Para CCOO, y sin prejuicio del papel que el Poder Judicial debe tener como garante de la legalidad vigente, lo que es prioritario es actualizar las normas que protejan los derechos de los consumidores y usuarios, y den seguridad jurídica a la actividad financiera. No es de recibo que la Ley Hipotecaria lleve dos años "dormida" en sede parlamentaria, cuando es la norma destinada a dotar de seguridad jurídica en el sector y a garantizar la protección de los derechos de los clientes, en una actividad con una evidente asimetría en la información.

La igualdad ante la Ley es un principio irrenunciable en un Estado de Derecho, y la debilidad en la regulación legal deja indefensa a la ciudadanía ante la capacidad de acción de los lobbys empresariales. Por otro lado la falta de seguridad jurídica condiciona decisiones económicas no solo en el mercado hipotecario. Recordemos que esta sentencia puede tener un recorrido judicial hasta instancias europeas, por lo que aún no es un tema resuelto en firme.

Por último, CCOO recuerda que estas polémicas producto de la deficiencia en la regulación a veces, de malas prácticas financieras en otras, o de actuaciones de la justicia como la que ahora nos ocupa, acaban teniendo consecuencias sobre las y los trabajadores del sector. Son ellas y ellos quienes finalmente trabajan con los consumidores, clientes y usuarios, y sufren las consecuencias de decisiones ajenas, que provocan indignación social.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en rueda de prensa que "los españoles no volverán a pagar el impuesto de las hipotecas, lo hará la banca".  Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana un Real Decreto Ley que modificará el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que sea la banca quien pague este tributo.

​El Ejecutivo tomará esta medida tras la decisión adoptada ayer por el pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de "desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario".  El cambio entrará en vigor cuando sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Pedro Sánchez afirmó que "el Gobierno respeta la labor e independencia del  poder judicial, pero lamenta la sentencia".  El Ejecutivo, añadió el presidente, "tiene un compromiso con la seguridad jurídica y con los intereses de la ciudadanía", por ello, afirmó, "el Gobierno garantizará un escenario previsible y estable en interés de todos los operadores implicados".

En esta línea, el presidente ha informado de que el Ejecutivo remitirá a las Cortes Generales la propuesta de creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros, que tendrá como objetivo reforzar la protección ante abusos, mejorar la capacidad de resolver conflictos, y garantizar la seguridad jurídica.

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados está regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas.  El gravamen que aplica cada territorio del régimen común oscila entre el 0,75% y el 1,5%. Navarra y el País Vasco aplican el 0,5%. Dicho tributo se aplica, entre otros supuestos, al formalizar un préstamo hipotecario.

 

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