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15
Mar
2017
El Sector 6 de la Cañada Real será desmantelado PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Rivas Vaciamadrid
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Foto cedida por CAMEl acuerdo final ha sido consensuado con partidos y ayuntamientos

La Comunidad de Madrid ha presentado el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, un texto acordado con los grupos parlamentarios y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid que supone el inicio de una solución urbanística para el asentamiento, la inmediata implantación de medidas sociales, sanitarias y educativas y la puesta en marcha de un plan de choque a corto plazo para dignificar las condiciones de vida de los vecinos de la Cañada.

Este acuerdo, que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, será ahora enviado a la Asamblea de Madrid, para su debate y aprobación, tal y como ha detallado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes quien, además, ha destacado el carácter histórico del Pacto. Así, por primera vez, se ha elaborado un texto basado no sólo en el consenso político sino, también, en el institucional. De esta manera, ha habido acuerdo de los tres ayuntamientos afectados y se han incorporado aportaciones vecinales y de las entidades sociales que trabajan en la Cañada, tras siete meses de trabajos.

El texto, además de a la Asamblea, también será remitido a los ayuntamientos para su aprobación como paso previo a su firma definitiva. Será de obligado cumplimiento para las distintas administraciones públicas implicadas, con independencia de los cambios políticos que pudieran producirse durante todo el periodo que abarquen las actuaciones que se van a poner en marcha en la Cañada.

El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana se estructura en ocho apartados generales y siete anexos, todos ellos con la premisa fundamental de garantizar el derecho a la vivienda a todos los habitantes de la Cañada que cumplan los requisitos previstos, como estar censados antes de diciembre de 2011. Para quienes no estuvieran en el censo en esa fecha, existe el compromiso de estudiar la posible celebración de un convenio marco que ofrezca una solución residencial.

Las medidas recogidas en esta hoja de ruta son aplicables a un tramo de la Cañada Real de unos 14,2 kilómetros de longitud, con una extensión de 107 hectáreas, que discurre en su mayor parte por el municipio de Madrid, pero también implica a los ayuntamientos de Coslada y de Rivas Vaciamadrid. Según el último censo, en la zona viven cerca de 7.300 personas en unas 2.500 viviendas. Además, también hay comercios e industria.

El Pacto da una solución definitiva para los sectores 1 y 6 de la Cañada, que representan más del 60% del terreno del asentamiento. En el caso del sector 1 (Coslada), se consolida la mayoría de las viviendas existentes. En el caso de las impactadas por afecciones urbanísticas, se ofrecerán alternativas de realojo.

El sector 6 (Madrid), en el que se encuentra el área más conflictiva, se desmantelará dadas las afecciones urbanísticas insalvables que afectan a este tramo, la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas. Los términos en los que se desarrollará el proceso de desmantelamiento se concretarán a través de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid.

Para los sectores del 2 al 5, que pertenecen a los municipios de Madrid y Rivas Vaciamadrid, se van a constituir tres ponencias técnicas (urbanística/medioambiental, jurídica y económica) para estudiar la solución más adecuada. Los informes finales deben emitirse en el plazo de un año, prorrogable por otro. Hay que tener en cuenta que las afecciones urbanísticas, que impiden la calificación como suelo residencial, afectan al 75% de la Cañada.

El Pacto también recoge un conjunto de medidas en materia social, sanitaria, educativa y laboral destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la Cañada e impulsar su integración. Así, en materia social, se aprueba un censo actualizado de la Cañada Real y la creación de uno específico de población en edad escolar; se establecen espacios para desarrollar actividades socioculturales, deportivas, de carácter administrativo o de seguridad; la Comunidad se compromete a desplegar un equipo de trabajadores sociales; se tomarán medidas para evitar la duplicidad de servicios sociales; y se facilitará el acceso a la Renta Mínima de Inserción (RMI).

En materia sanitaria, se impulsarán campañas informativas sobre el sistema sanitario madrileño y para la obtención de la tarjeta sanitaria; se pondrán en marcha campañas de vacunación, actuaciones de prevención y promoción de la salud y campañas de panificación familiar; y se aprobará un protocolo de actuación entre los Servicios Sociales y el SUMMA para casos de emergencia social o sanitaria. Además, se construirán las infraestructuras necesarias para la mejora de las condiciones de vida de los toxicómanos (salas de venopunción con acompañamiento terapéutico y albergue social).

En el ámbito educativo, se mejorarán las rutas escolares, se promocionará el acceso a las becas y las ayudas de comedor, libros de texto, material escolar y transporte; se impulsarán campamentos de verano y actividades de carácter lúdico y deportivo fuera del horario lectivo; se favorecerá el acceso a las nuevas tecnologías; se pondrán en marcha programas de mediación entre las familias y los colegios; y se promoverán programas permanentes de educación de adultos.

Por último, en materia laboral, se va a crear una bolsa de empresas dispuestas a ofrecer empleo a los vecinos de la Cañada, se organizarán cursos de fomento para el autoempleo y la creación de empresas y se creará una oficina de empleo en Rivas Vaciamadrid.

El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana también recoge un plan de choque con medidas inmediatas para dignificar las condiciones de vida de los vecinos de la zona. Este plan incluye la adecuación de viales, lo que facilitará el acceso del servicio de correos y de rutas escolares; la adecuación y regularización de las redes de suministro de luz y agua; la limpieza de escombros; la implantación de líneas de la EMT (la primera comenzó ya a funcionar el 1 de febrero); y la formalización de un convenio con la Fundación ‘la Caixa’ para temas sociales.

Además, se va a mejorar la coordinación con la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad; se garantizará la aplicación del Plan de acción integral contra la violencia de género en la zona; se implantarán proyectos de inserción para víctimas de explotación sexual; la ejecución de campañas de desinfección, desratización y desinsectación; un plan para la reubicación de animales que puedan causar insalubridad; un servicio de retirada de coches abandonados; y medidas para impulsar la reducción de la ratio de alumnos en educación infantil en los centros educativos próximos a la Cañada.

Finalmente, para garantizar la aplicación de todas las medidas recogidas en el Pacto, se crea una estructura organizativa permanente, con tres órganos colegiados. Por un lado, la Asamblea de la Cañada, como órgano de debate y participación de las administraciones públicas, los grupos políticos, las entidades sociales y las asociaciones de vecinos. Contará con unas mesas Sectoriales en materia Social, de Seguridad y Técnico Urbanística.

Por otro, el Comité Ejecutivo de la Cañada, como órgano de adopción de decisiones, con participación de la Delegación del Gobierno, dos representantes de la Comunidad y uno de cada uno de los ayuntamientos. El Comité Ejecutivo estará presidido por el comisionado regional para la Cañada. Por último, se crea la Comisión de Seguimiento del Pacto Regional, como órgano encargado de fiscalizar e interpretar el Pacto Regional.

A la rueda de prensa de este mediodía ha acudido la Concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Charo Arroyo, quien se ha mostrado satisfecha “con este principio de acuerdo que llega después de meses de negociaciones”, si bien también ha reconocido que “es un paso en el marco de un proceso que será largo y que todavía requerirá de muchas reuniones y consenso para su aplicación efectiva”.

Cabe subrayar que, aunque Coslada es el término municipal menos problemático porque no acoge asentamientos chabolistas o infraviviendas en su tramo de Cañada Real, según Charo Arroyo “era de justicia que tomásemos parte en las negociaciones para asegurar un acuerdo global que tuviera en cuenta todos los aspectos necesarios desde un punto de vista social, medioambiental y urbanístico”. De este modo, en virtud de este principio de acuerdo, el Ayuntamiento de Coslada preserva la integración urbanística de la zona afectada por la Cañada Real en el conjunto del planeamiento urbanístico de la ciudad.

Asimismo, se garantiza el efectivo cumplimiento de las políticas públicas en todos los ámbitos que son competencia del Ayuntamiento de Coslada, es decir, Servicios Sociales, Educación, Medio Ambiente, Seguridad, etc.  Hay que recordar que en el documento que se ha presentado tras su aprobación en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, la afección de la Cañada Real relativa a Coslada aparece referida como Sector 1. 

A juicio de la edil de Urbanismo y Medio Ambiente cosladeña, Charo Arroyo, “con este principio de acuerdo logramos un mayor grado de integración, aunque requiere de una resolución efectiva de las cuestiones urbanísticas que afectan a nuestra ciudad. No obstante, es un primer paso muy importante”. A partir de aquí, el procedimiento seguirá su trámite correspondiente con su aprobación en la Asamblea de Madrid y, posteriormente, con su elevación a los plenos municipales de las ciudades afectadas.

Después de meses de trabajo técnico y negociaciones entre las instituciones implicadas, la solución de la Cañada parece cercana en el tiempo y definitiva. Esta es la primera conclusión que el Gobierno municipal de Rivas extrae tras la presentación del Pacto Regional por la Cañada Real.

"Hoy se abre la puerta a una solución definitiva al mayor problema social, urbanístico, de orden público y medioambiental de la región", ha sentenciado Pedro del Cura, alcalde de Rivas, quien se ha mostrado muy satisfecho porque una de las principales novedades del acuerdo es el desmantelamiento a corto plazo del sector 6, el que se sitúa junto al vertedero de Valdemingómez. Allí se concentra el mayor foco de delincuencia, tráfico de drogas y exclusión social de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno autonómico ha confirmado que el sector 6 "se desmantelará dadas las afecciones urbanísticas insalvables que afectan a este tramos la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas". La propia presidenta, Cristina Cifuentes, ha garantizado que "el desmantelamiento del sector 6 (Valdemingómez) será una realidad antes del fin de esta legislatura (2019)".

Pedro del Cura, al ser preguntado por los medios tras finalizar el acto, ha explicado que el acuerdo "defiende el derecho a la vivienda de las familias que habitan en la Cañada pero no su derecho a la propiedad". El Pacto Regional explicita que no se va a mantener ninguna construcción que esté sometida a afecciones: aquellas ubicadas sobre gasoductos, junto a instalaciones de alta tensión, sobre zonas inundables, cerca de la M-50 o de las vías del AVE.

El siguiente paso para la aprobación definitiva de este acuerdo es su ratificación en la Asamblea de Madrid, un trámite con éxito garantizado ya que todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento regional han intervenido en su elaboración. Además, los Plenos de los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas deberán votar a favor de su implantación. Después, las administraciones implicadas podrán empezar, en diálogo con colectivos vecinales y ONG presentes en la Cañada, a poner en práctica las medidas que se incluyen en el Pacto Regional.

Los y las socialistas de Rivas Vaciamadrid declaran su satisfacción ante el Pacto Regional por la Cañada Real aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. En el Pacto, representantes del PSOE Rivas han trabajado y colaborado intensamente junto a sus compañeros y compañeras de los municipios de Madrid, Coslada y el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

Carmen Pérez, secretaria general y portavoz municipal del PSOE Rivas, declara que “el pacto supone un compromiso real y firme de todas las administraciones implicadas y de todos los partidos políticos. Ahora, hay que financiarlo de forma suficiente y mantener la colaboración entre todas las administraciones para poner fin a la penosa situación de la zona”.

Desde el PSOE destacan que, gracias a su iniciativa, se ha incluido en el Pacto la distribución de los realojos en toda la Comunidad de Madrid y que las actuaciones no se restringirán solo a la Cañada Real sino también a sus zonas aledañas. Por último, desde el PSOE Rivas anuncian su disposición a colaborar y participar de cuantos actos públicos se organicen para explicar a la ciudadanía el Pacto y por ello instan a los grupos políticos municipales y al Gobierno local a coordinar la comunicación pública de este Pacto.

 

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