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30
Dic
2014
Raúl Sánchez reconoce haber participado en Juntas de Gobierno en que se validaron contratos con Aupa en la Comisión de Investigación de Rivas PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Rivas Vaciamadrid
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El concejal de Deportes explicaba que nadie le había informado de que debía contar a la Junta de Gobierno los vínculos familiares con uno de los miembros de la cooperativa

En la tarde de ayer se celebraba la última sesión de la Comisión de Investigación de Rivas del año 2014, una sesión en la que, de nuevo, la polémica volvió a estar presente durante las más de tres horas que duró, y es que, justo antes de comenzar las comparecencias, los miembros de la comisión volvieron a enzarzarse en un asunto recurrente: la ausencia de documentos indispensables para los trabajos de la Comisión.

En concreto los representantes de la oposición explicaban que entre los “mas de mil folios” (en realidad, unos 8.500, según los concejales), no se encontraban documentos tan importantes como los informes de incoación de los expedientes, los contratos en sí, o las facturas. Ana Reboiro explicaba que “está todo lo que los técnicos consideran que debe estar”, lo que volvió a provocar la ira de los miembros de la oposición, alguno de los cuales llegaba a afirmar: “se están bloqueando todos los documentos que incluyen firmas de personas con responsabilidades políticas”.

Exactamente igual que sucedía hace una semana, la respuesta por parte del Gobierno local llegaba horas antes del inicio de la sesión, y a través de comunicado: "La comisión está sirviendo para comprobar que los procesos de contratación seguidos por el Ayuntamiento son garantistas, aseguran la libre concurrencia de licitadores, cumplen con los requisitos de publicidad y transparencia y son iguales en todos los casos, independientemente del servicio que se pretenda contratar. Los más de 10.000 folios de documentación que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los miembros de la comisión demuestran  que los procesos seguidos superaban en su día las obligaciones administrativas exigidas entonces por ley: algunos de los expedientes analizados datan de 1999, es decir, son de hace 15 años. Y que lo que el legislador vino a instaurar después como modelo de buenas prácticas, acotando el marco de actuación de las corporaciones locales, Rivas ya lo venía cumpliendo con anterioridad. Además, en el caso del Consistorio ripense, en las mesas de contratación –órganos donde se proponen las adjudicaciones que se elevan a la Junta de Gobierno-, se convoca a los grupos de la oposición, un criterio no obligatorio legalmente y que otros ayuntamientos de municipios medianos y grandes gobernados por el Partido Popular, como Valdemoro –epicentro de la ‘Operación Púnica’-, Pozuelo de Alarcón o Mósteles, no aplican. El proceso articulado así por los sucesivos Gobiernos municipales ripenses ha impedido en todo este tiempo que ni un solo contrato se pueda adjudicar por un único responsable político. Al contrario, se ha instaurado un funcionamiento interno en el que siempre intervienen diferentes responsables, tanto del ámbito político como de los servicios técnicos municipales: en este último caso, desde la Intervención hasta el Departamento de Contratación, pasando por la Secretaría o la concejalía que promueve la contratación del servicio. Con toda esta maquinaria administrativa, se extrema al máximo el control de la legalidad, al tiempo que se comprueba la pertinencia del servicio que se pretende contratar".

La guerra no terminaba con este punto, y los concejales volvieron a discutir a la hora de fijar las comparecencias de la próxima semana. El portavoz popular pedía que se suspendiesen las sesiones hasta que se entregase toda la documentación, mientras que los representantes de IU y CdR insistían en continuar el calendario de declaraciones previsto, independientemente de que hubiera o no documentación. Al final, sin votación, se imponía el criterio del Presidente, que fijaba la próxima sesión para el miércoles 7 de enero, un día en el que deberán sentarse ante la Comisión José Masa (llamado en la sesión de ayer, no pudo comparecer por compromisos personales), Pedro del Cura y Tania Sánchez, dejando para el jueves las declaraciones de dos técnicos, declaraciones con las que, salvo sorpresa, se cerrará la primera parte de la Comisión.

Pero antes de que eso ocurra, en la tarde de ayer se sentaban ante la comisión Guillermo Magadán, Marcos Sanz y Raúl Sánchez. Magadán, portavoz del PSOE y miembro de la Comisión, comparecía en calidad de Presidente de la Mesa de Contratación en los tiempos en que se firmaron los polémicos contratos.

Magadán contaba que en ninguna de las sesiones que presidió se manifestó incompatibilidad alguna, para, acto seguido, contar cómo actuó el PSOE ante un caso similar en 2010. El socialista contaba que descubrieron cómo un concejal de su grupo había adjudicado un contrato menor a una empresa en la que su mujer tenía el 15% de las acciones, un acto que, en cuanto fue descubierto por el Grupo Municipal, fue afeado por el portavoz, y terminó con la dimisión del concejal, porque, afirmaba Magadán, “independientemente de que fuera legal, no era ético”.

La comparecencia de Guillermo Magadán continuaba con la explicación de cómo funcionan las Juntas de Gobierno en Rivas: “las decisiones se adoptan por unanimidad, pero si hay discrepancia, el asunto se queda sobre la mesa hasta otra sesión”. El socialista también contaba lo que dice la Ley: “si hay un familiar directo implicado en una adjudicacion, hay que inhibirse o salirse del proceso”, un asunto que, contaba, “no es sólo problema de los afectados directos, sino de toda la Junta de Gobierno, al tratarse de un órgano colegiado”.

Tras escuchar a Magadán, la Comisión recibía a Marcos Sanz, concejal de IU, y Presidente accidental de varias Mesas de Contratación durante el tiempo investigado. Sanz comenzaba reprochando al Presidente que tampoco su grupo tenía acceso a la documentación, a lo que el de CdR contaba que la razón es “porque no es miembro de la comisión”. Las preguntas a Sanz se centraron en el otro asunto relacionado con los contratos de Aupa, la funcionarización de dos de las fundadoras de la cooperativa.

Tras intentar el Presidente de la Comisión impedir que se preguntase sobre un asunto vetado por los concejales de Gobierno y CdR en la anterior sesión, el portavoz popular conseguía que Sanz reconociese que “las preguntas que conformaban la oposición fueron preparadas por profesionales de la Concejalía de Infancia y Juventud”. Sanz también contaba que aquella oposición “no estuvo exenta de polémica”, si bien no profundizaba en lo ocurrido.

Por último se sentaba ante los concejales uno de los implicados directamente en el asunto: Raúl Sánchez, concejal de Deportes, Teniente de Alcalde responsable del área a la que pertenecía la Concejalía de Infancia y Juventud durante los años estudiados, y padre de Tania y Héctor Sánchez.

Sánchez comenzaba su declaración afirmando que no sabía que su hijo era el administrador de la cooperativa, si bien sí sabía que trabajaba en ella, algo que, afirmaba, era conocido por todo el mundo pues “Rivas no deja de ser un pueblo”. En concreto espetaba a Magadan: “¿me vas a decir que no sabías que Héctor era mi hijo, cuando fuisteis al mismo instituto?”.

Como Teniente de Alcalde responsable del área a la que pertenecía la Concejalía de Infancia y Juventud, Raúl Sánchez afirmaba que nunca habló con Pedro del Cura sobre este tema, si bien reconocía haber visto la firma de Héctor en algunos documentos aunque “no se si como trabajador o como administrador”.

Sánchez terminaba esta primera parte de su comparecencia repitiendo a las preguntas de la oposición: “nadie me dijo que debía informar a la Junta de Gobierno sobre los vínculos familiares”, uno de los cuales, según contaban los concejales de la oposición, se firmó “siendo Raúl Sánchez alcalde accidental y por vía de urgencia”.

Aprovechando su presencia, los concejales también le preguntaron a Sánchez por el otro grupo de contratos a investigar, los relacionados con la Escuela de Tenis. Sánchez reconocía que le informaron sobre la incompatibilidad del funcionario, pero en ningún momento se lo contó a Tania (en ese momento responsable del área de Servicios a la Ciudadanía).

 

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