07
Sep
2011
El Ayuntamiento de Torrejón estudia denunciar la presunta suplantación de identidad Imprimir
TorreNews - Política Torrejón
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La inclusión del membrete oficial puede costarle caro a mas de unoDe identificarse los autores de la octavilla, podrían enfrentarse a penas de hasta nueve años de cárcel

La  octavilla buzoneada por las calles de Torrejón el pasado lunes es el centro de la actividad política del momento en la localidad, tanto es así que el propio Ayuntamiento está pensando la posibilidad de interponer una denuncia ante los tribunales.

Y es que no es para menos: el delito de usurpación de identidad, contenido en el artículo 401 del Código Penal puede suponer penas de entre seis meses y tres años de cárcel para los infractores. Eso sí, para que un juez lo tuviera en cuenta, sería necesaria la usurpación completa de la identidad civil, es decir, hacerse pasar por otra persona, intentando inducir a equívoco o error a terceros.

Pero no es este el único supuesto penal que se podría aplicar a los autores de la circular. El Artículo 402 del Código Penal habla del delito de usurpación de función pública, la atribución de funciones propias de una institución atribuyéndose carácter oficial, un delito castigado con penas de prisión de entre uno y tres años.

Pero además, los autores podrían haber incurrido en el tipo penal de falsedad en documento público, al “simular un documento, en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad”, tal y como establece el Artículo 390 del Código Penal, un delito por el que se establece una  pena de entre seis meses y tres años de cárcel, y multa de seis a doce meses.

Si este delito lo hubiese cometido un funcionario público o cualquier autoridad, tendría un serio agravante, que le llevaría a la cárcel entre tres y seis años, mas una multa de seis a 24 meses, e inhabilitación especial para el cargo durante un tiempo entre 2 a 6 años.

En resumen, y sumando todos los ilícitos, los autores de la octavilla en que se utiliza el membrete oficial del Ayuntamiento se enfrentarían a penas de cárcel de entre tres y nueve años, y, en el caso de ser funcionarios o autoridades, de entre seis a doce años, además de inhabilitación.

Pero todo ello se encontrará, de presentarse la denuncia con un muro difícilmente franqueable: la imposibilidad o, al menos, la dificultad, de identificar a los presuntos delincuentes.