 La nueva urbanización llevará el nombre del histórico campo de fútbol
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado, junto con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; y el presidente de la Junta de Compensación, Javier Rodríguez Heredia, en la presentación del proyecto Nuevo Mahou-Calderón tras la finalización de las obras de urbanización de la primera fase, que dará paso a las obras de edificación dentro de la renovación urbana y de mejora del entorno de Madrid Río a su paso por el distrito de Arganzuela.
Los asistentes, entre los que han estado la vicealcaldesa, Begoña Villacís; los delegados de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero; de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes; y de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, así como la concejala de Arganzuela, Cayetana Hernández de la Riva, han conocido de mano de los promotores del proyecto el nuevo nombre del entorno, que pasará a denominarse Ribera del Calderón
Almeida ha puesto en valor el enclave privilegiado del lugar que fuera sede del Estadio Vicente Calderón. Además, ha desatacado que la zona continuará mejorando con “la labor de cubrimiento de la M-30 que el Ayuntamiento, en colaboración con el Atlético de Madrid, va a desarrollar el año que viene y que lo va a convertir en uno de los mejores espacios urbanos de los que puedan disfrutar los madrileños”.
Durante la presentación, el alcalde ha destacado que “hoy es un día en el que se construye el Madrid del futuro, ese Madrid sostenible y habitable que mejora la calidad de vida con una actuación que ejemplifica el mejor desarrollo urbano de la ciudad”. Asimismo, ha agradecido la iniciativa privada que “en estos tiempos difíciles, no ha cejado en su empeño de sacar adelante proyectos emblemáticos para la ciudad de Madrid como es este, sin bajar la guardia y sin dejar de soñar con que este proyecto debía salir adelante”.
La zona sobre la que se está actuando cuenta con una superficie total edificable de 147.000 m², en la que se van a construir 1.312 viviendas energéticamente eficientes y se podrá disfrutar de más de 73.000 m² de nuevos parques y jardines.
La sostenibilidad ambiental será una de las principales características de esta zona, para lo que, entre otras medidas, se minimizarán las necesidades hídricas de las especies plantadas para respetar así los estándares utilizados por la administración. Por otra parte, el alumbrado de las calles se realizará con luminarias de bajo consumo y habrá estaciones de recarga de vehículos eléctricos para, tal como ha dicho el alcalde, “garantizar la movilidad sostenible dentro de la ciudad de Madrid”. El proyecto también cumple la normativa en materia de accesibilidad y supresión de barreras.
Los niños contarán con zonas de juegos infantiles y las personas mayores dispondrán de espacios para realizar ejercicios. El entorno contará también con una zona de patinaje y otra dedicada especialmente al arte urbano.
Además, tal y como ha subrayado el alcalde, “estamos en un lugar privilegiado desde el punto de vista del transporte público, con la estación de cercanías y de metro de Pirámides y diversas líneas de la EMT que permiten a los ciudadanos alternativas al vehículo privado para moverse por la ciudad”. Todo ello, sin olvidar el anillo verde ciclista que recorre el entorno.
Las empresas encargadas de realizar el proyecto son AZORA, GESTILAR, GRUPO IBOSA, PRYCONSA y VIVENIO a través de la Junta de Compensación constituida en dicho ámbito urbanístico.
BiciMAD se implanta desde este miércoles en Moratalaz con cuatro nuevas estaciones. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado de la concejal del distrito, Almudena Maíllo, y del gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Alfonso Sánchez, han inaugurado esta mañana la base que se sitúa en la calle de la Hacienda de Pavones, 342 (estación 221). El resto de los tótems que desde hoy también estarán operativos para los madrileños se encuentran en las calles Camino de los Vinateros, 28 (estación 218) y 108 (estación 219) y Arroyo de las Pilillas, 6 (estación 220).
Las ubicaciones elegidas se han definido para dar continuidad al servicio que ya está implantado dentro de la M-30 y para atender la demanda potencial del distrito teniendo en cuenta su potencial uso multimodal. Con las cuatro estaciones del servicio de la bicicleta pública que hoy comienzan a funcionar en Moratalaz, con 24 anclajes cada una, culmina la ampliación prometida en este distrito en 2020.
BiciMAD crecerá este año en 50 estaciones nuevas. La Empresa Municipal de Transportes inauguró las primeras estaciones en verano: en Carabanchel a finales del pasado mes de junio y en Usera a principios de septiembre. Durante el mes de octubre, la EMT ha seguido ejecutando su calendario de implantación y poniendo en marcha nuevas estaciones, por primera vez en los distritos de Latina y Fuencarral-El Pardo y creciendo en Ciudad Lineal. Así, el sistema ya ha llegado a los cinco nuevos distritos que se anunciaron en febrero: Carabanchel, Usera, Latina, Fuencarral-El Pardo y Moratalaz.
Con todos los emplazamientos definidos y las obras para la instalación de las estaciones en marcha, la EMT implantará la totalidad de las estaciones restantes de forma paulatina en los meses de noviembre y diciembre.
Una vez finalizada la extensión, BiciMAD contará con 258 estaciones y 2.964 bicicletas distribuidas en 15 distritos de la capital. Para ello, se habrá realizado una inversión de 2,15 millones de euros (sin IVA).
La ampliación de BiciMAD en 2020 es uno de los pilares de la Estrategia de Sostenibilidad Medioambiental Madrid 360. Su impacto fuera de la M-30 es especialmente relevante, ya que 22 de las 50 nuevas estaciones, es decir el 44 %, estarán situadas fuera de esta vía.
La ampliación beneficia a un total de 13 distritos, aumentando el número de bases también en Ciudad Lineal, Puente de Vallecas y Moncloa-Aravaca. La operación contempla, además, cubrir zonas de alta demanda potencial como Ciudad Universitaria y densificar la red en zonas donde el servicio ya está consolidado, reforzando especialmente el eje de Castellana
El sector del ocio nocturno es uno de los sectores más afectados por la pandemia. La Comunidad de Madrid restringió el horario de estos establecimientos, pero también, a través de la Orden 1342/2020, de 14 de octubre, emitida por la Consejería de Sanidad, ha habilitado la posibilidad de que estos establecimientos desarrollen actividades propias de cafeterías, bares y/o restaurantes siempre que sean compatibles con las instalaciones ya autorizadas por su licencia en vigor.
Para dar cumplimiento a esta normativa, la Agencia de Actividades ha elaborado un criterio de aplicación por el que se considera que la orden de la Comunidad resulta eficaz de forma inmediata porque efectúa una asimilación automática de los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno a cafeterías, bares y restaurantes.
Por tanto, para facilitar esta medida, no es necesario que la Agencia de Actividades otorgue autorización temporal alguna de cambio de licencia o modificación de la actividad del establecimiento. Los locales nocturnos pueden desarrollar las actividades señaladas en la norma de la Comunidad, siempre dentro del horario permitido y con las instalaciones con las que cuentan, sin tener que hacer trámites extra con el Ayuntamiento.
La medida la ha explicado el delegado del Área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en la comisión del ramo, en la que ha destacado que «en este equipo de Gobierno somos conscientes del estado de las cosas, sabemos que la situación es dramática para las miles de familias que viven del sector del ocio nocturno y vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para ayudarles, pero primando siempre la salud»
La secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, han inaugurado el módulo virtual de Obras y Equipamientos, Gestión del Espacio Público y Patrimonio. La sesión de trabajo, que forma parte del Programa Iberoamericano de Formación Municipal de la UCCI, ha contado con la asistencia de 80 participantes procedentes de 23 ciudades iberoamericanas.
En su intervención, Maíllo ha destacado el trabajo del Área de Obras y Equipamientos en una actualidad especialmente compleja por la pandemia: “Con mucho esfuerzo y tesón, están consiguiendo desbloquear muchas obras y actuaciones que llevaban años paradas”, consiguiendo “combinar una pandemia con que la vida en la ciudad continúe”.
García Romero, por su parte, ha recordado que el Ayuntamiento trabaja para hacer “un nuevo Madrid adaptado a las nuevas circunstancias, adaptado a los Pactos de la Villa, con nuevas zonas verdes, más espacio público para el peatón. Una ciudad más amigable, más humana y más accesible”. La accesibilidad, ha destacado la delegada, es una de las materias más importantes para el Área de Obras y Equipamientos, creadora de la primera Oficina de Accesibilidad. García Romero ha subrayado, además, algunos de los hitos más destacados del área hasta el momento: “Este año hemos tenido la operación asfalto mas importante de la historia de Madrid con una inversión de 59 millones de euros”.
La sesión de trabajo ha contado también con la intervención de la coordinadora general de Patrimonio, Obras y Equipamientos, Catalina Bennaceur, encargada de explicar la estructura del área de gobierno, “cuatro direcciones generales que pasarán en los próximos días por esta mesa”, en referencia al programa iberoamericano. En este sentido, la directora general de Gestión de Patrimonio, María Jesús de Vega, ha recordado que “Madrid es una ciudad con mucha historia y los bienes han sufrido muchas vicisitudes. Hay que mantenerlo gestionado permanentemente”. Por eso, ha subrayado, la línea de actuación es “intentar que el patrimonio esté dedicado a la prestación de servicios y que los responsables de las áreas estén atentos a una utilización eficiente del mismo”.
Por su parte, la directora general de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, Paloma Sobrini, ha destacado cómo la construcción es un motor económico de la ciudad y cómo Madrid es de las pocas ciudades que está sacando obras a concurso. “Hemos desarrollado más de 20 proyectos de los que siete ya han salido a licitación y cinco ya han sido adjudicados. En estudio tenemos otros seis proyectos”, ha explicado Sobrini, a la vez que ha adelantado que la idea es tener todas las obras “si no terminadas, prácticamente a punto de terminarse” a final del mandato.
Esta semana comienzan las obras de reforma de la plaza San Agapito, en el distrito de Villaverde. Esta actuación da respuesta a una demanda largamente solicitada por los vecinos de la zona, que podrán disfrutar de un espacio más seguro y amigable cuando finalicen los trabajos.
El proyecto, que se enmarca dentro de los Planes Integrales de Barrio (PIBA), tiene como objetivo mejorar la visibilidad, la seguridad y el entorno urbano de esta plaza. Para lograrlo, se retirarán las pérgolas existentes, en cuyos soportes están instalados los globos del alumbrado público. Por este motivo, hasta que finalicen los trabajos, la iluminación de la plaza procederá del alumbrado de las calles que la delimitan (calle de Juan José Martínez Seco, travesía de la Cascada, calle de San Agapito y travesía del Desfiladero). Está previsto que la nueva iluminación comience a funcionar en la tercera semana del mes de diciembre.
Esta actuación va a permitir, además, recuperar una zona verde degradada, lo que repercutirá de forma positiva en el entorno. Para ello, se talarán los árboles que están en mal estado y se llevarán a cabo trabajos de poda en los restantes. Asimismo, se van a realizar nuevas plantaciones, apostando por la diversidad de especies que mejoren el patrimonio natural del distrito y embellezcan el espacio.
Finalmente, se eliminará el banco corrido que rodea la plaza y se renovará por completo la pavimentación de la zona y el mobiliario urbano. El presupuesto de esta actuación, que está previsto finalice por completo a finales del próximo mes de enero, asciende a 155.000 euros.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, junto al delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, ha presentado la guía ‘Los derechos de las personas consumidoras en la compra y alquiler de vivienda’ en un contexto de crisis para el sector derivado de la COVID-19, en el que están aumentando los contratos de alquiler.
Así, la Dirección General de Consumo, dependiente del Área de Economía, Innovación y Empleo, ha desarrollado esta guía para orientar a los ciudadanos en la adecuada toma de decisiones para la adquisición de este bien de consumo o en el alquiler de la vivienda. Por otro lado, es también objetivo de esta guía informar y concienciar al sector empresarial madrileño para que, en el marco de la defensa y protección de los derechos de los consumidores, mantenga prácticas de calidad en el desarrollo de su actividad como un elemento más de gestión empresarial y fidelización de su clientela.
Durante la presentación, Villacís ha señalado que una de las tareas del Ayuntamiento es “ofrecer certidumbre jurídica a consumidores, inversores y empresas” y ha destacado la importancia de que exista un mercado que “sea libre, pero con reglas establecidas”. En este sentido, ha añadido que “esta guía es una invitación a que las cosas se hagan bien, favoreciendo la economía que paga impuestos y la que beneficia y otorga más seguridad a compradores, vendedores, arrendadores y arrendatarios”.
La vicealcaldesa, además de pedir certidumbre en el mercado inmobiliario ha destacado, por otra parte, que “la mejor manera de que bajen los precios es elevando la oferta inmobiliaria para los consumidores”. Así, ha recordado que “las mayores bajadas en los precios se han producido en distritos donde se ha incrementado el volumen de inmuebles a disposición de los ciudadanos” y para ello, ha puesto como ejemplo el desarrollo urbanístico del sureste que se está llevando a cabo a través del Ayuntamiento y que pondrá más de 55.000 viviendas a disposición de los vecinos “en lo que supone la creación de la mayor bolsa de vivienda asequible de Europa”. En ese sentido, ha insistido en la necesidad de fomentar la colaboración público-privada para elevar esa oferta a “través de la construcción de viviendas a precio asequible”.
Por su parte, Redondo ha destacado el trabajo de la Dirección General de Consumo en estos meses de pandemia, que ha “elevado el número de reclamaciones resueltas por encima de las 25.000 gracias a unos servicios gratuitos que permiten a los madrileños contar con un asesoramiento profesional en materia de consumo y arbitraje”. Pese a que las reclamaciones de vivienda representan el 1,37 % sobre el total, son las que comportan mayor cuantía.
A la hora de tomar una decisión de compra o alquiler, el consumidor debe de conocer al detalle el precio y todas las cláusulas que se incluirán en el contrato. Por su parte, la publicidad debe ser veraz. Es fundamental, además, que todos los datos inherentes a la vivienda estén incluidos en la información que se ofrece, ya que forma parte del contrato y vincula al empresario en su contenido. También es importante conocer las denominadas ‘cláusulas abusivas’, para lo que la Dirección General de Consumo, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, cuenta con profesionales de cara a la atención del consumidor todos los días del año
La Agencia para el Empleo continúa cerrando acuerdos para promover la formación e intermediación laboral, al mismo tiempo que contribuye a fomentar la cohesión social en la ciudad de Madrid. El presidente de la Agencia para el Empleo y delegado del Área de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, ha firmado este jueves un convenio de colaboración con el presidente de la Asociación Bocatas-Pasión por el hombre, Jesús de Alba, para desarrollar acciones conjuntas que permitan generar oportunidades de empleo para personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión social durante los próximos cuatro años.
Redondo ha destacado “la necesidad de apostar por el empleo y de hacerlo mediante la colaboración entre administración, empresas y sociedad civil”. En este sentido, el delegado del Área de Economía, Innovación y Empleo ha destacado “la enorme solidaridad de los madrileños durante los meses de confinamiento”, algo que ejemplarizó especialmente la Asociación Bocatas-Pasión por el hombre, que llegó a alimentar a numerosas familias. A partir de ahora, junto a la Agencia para el Empleo de Madrid, promoverá la intermediación y la formación laboral para aquellas personas en situación de vulnerabilidad que se pongan en contacto con esta asociación.
El acuerdo suscrito hoy con la entidad sin ánimo de lucro establece el marco regulador bajo el cual se desarrollarán acciones específicas que permitirán llevar a cabo actuaciones para la inserción laboral de personas desempleadas, especialmente de todas aquellas que se encuentran en una situación desfavorecida o en riesgo de exclusión social, con el foco puesto sobre todo en las que han sufrido contacto con las adicciones. El objetivo es generar oportunidades de empleo e incrementar la cohesión social a través de la reinserción laboral.
El delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha expuesto, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, un informe elaborado por la Dirección General de Innovación y Estrategia Social, dependiente del área, en el que se recoge la evolución de las ayudas alimentarias tramitadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid desde enero de 2019 hasta el 12 de noviembre de 2020.
Dicho informe señala que el Ayuntamiento de Madrid ha multiplicado por cuatro el número de tramitaciones de ayudas alimentarias para las familias madrileñas en lo que va de 2020 respecto al mismo periodo el año pasado. “Somos la administración que ha estado junto a los ciudadanos durante la crisis de la COVID-19 y los datos corroboran hasta qué punto esto es así”, ha explicado el delegado, que ha detallado que los Servicios Sociales han tramitado en 2020 un total de 85.102 ayudas alimentarias frente a las 19.565 del año pasado, lo que supone haber llegado a una estimación de 255.000 personas.
El informe muestra, asimismo, que en los meses de abril y mayo correspondientes al periodo de confinamiento, se tramitaron más de 42.000 ayudas desde los Servicios Sociales, lo que supone multiplicar por 16 las ayudas que se otorgaron en los mismos meses de 2019. “Desde entonces se ve un claro descenso del número de solicitudes de ayudas hasta agosto y, de nuevo, un repunte en septiembre y octubre”, ha explicado Aniorte.“Estos datos indican la gravedad de la crisis que hemos vivido y que todavía vivimos y la respuesta sin precedentes que ha dado el Ayuntamiento de Madrid” ha dicho el delegado.
El Consistorio madrileño ha liderado la respuesta a la crisis mediante ayudas de alimentación a las que se ha destinado 30 millones de euros desde los distritos. En este sentido, el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social ha llevado a cabo un refuerzo histórico de personal en los Servicios Sociales con la incorporación de 264 nuevos efectivos, que supone en torno a un crecimiento cercano al 30% en trabajadores sociales y auxiliares, para agilizar los trámites de la nueva Tarjeta Familias. Esta herramienta de Servicios Sociales supone un hito en la atención social de Madrid y permite a las personas más vulnerables la adquisición de productos de alimentación y primera necesidad en cualquier establecimiento de la ciudad.
La Junta de Gobierno municipal ha autorizado el contrato de suministro, en régimen de alquiler con opción a compra, de 65 vehículos de distintos tipos para la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, que sustituirán a los que están ahora en servicio de las mismas características, también en régimen de arrendamiento.
La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha informado en la rueda de prensa posterior a la Junta de este contrato, que tiene un gasto plurianual de 6,1 millones de euros (6.159.932 euros) y que se prolongará durante cinco años, de 2021 a 2026.
El contrato autorizado incluye el mantenimiento y los seguros de los 65 vehículos, así como su transformación para adaptarlos a cada uso específico dentro del servicio de extinción de incendios y las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Madrid. El contrato hoy aprobado se divide en tres lotes.
El primer lote cuenta con diez vehículos destinados al traslado de personal de mando a los siniestros con el fin de organizar las actuaciones de los operativos con la mayor eficacia y eficiencia. Están dotados de equipos de respiración, detectores de gases, linterna y los elementos necesarios para la constitución de un puesto de mando avanzado en el lugar del siniestro.
Los 30 vehículos que componen el segundo lote se utilizarán para el traslado de personal al inicio de cada guardia, procediendo a su redistribución de forma que se mantenga la capacidad operativa de los parques de bomberos en condiciones homogéneas, optimizando con ello los recursos y ofreciendo a la ciudad un servicio ajustado. Estas furgonetas estarán dotadas también del material operativo necesario, EPIS, botellas de aire y otros equipos a alta presión, para realizar cualquier intervención.
Además, se incluyen tres furgones puesto que hay equipos que, por sus dimensiones, no pueden ser trasladados en las furgonetas y requieren contar con medios de transporte de carga con plataforma para trasladar material de apeos, escaleras, equipos de rescate, etc.
El tercer y último lote contempla un total de 25 vehículos que tienen la finalidad de trasladar al personal adscrito al Cuerpo de Bomberos a distintos destinos. Se utilizarán por los servicios de prevención para realizar inspecciones, traslado de pequeño material y, en general, desplazamiento de personal para atender el trabajo ordinario del servicio y, por tanto, distinto a las intervenciones de emergencia.
La Junta de Gobierno municipal ha sido informada de la compra de diverso material para la Policía Municipal de Madrid con contratos de emergencia, por importe de 2,7 millones de euros, mediante diversos decretos y resoluciones aprobados recientemente por el Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias como consecuencia de la situación excepcional ocasionada por la COVID-19.
La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha informado de estos contratos al término de la rueda de prensa de la Junta. El más destacado es la adquisición de 15 drones para la Dirección General de la Policía Municipal con el objetivo de reforzar las tareas de vigilancia en zonas restringidas de la capital, una adjudicación por un importe de 1,2 millones de euros (1.236.377 euros) mediante decreto de 19 de octubre del área.
Estos 15 drones corresponden a diferentes modelos con variadas características. Algunos disponen de cámara térmica para localizar personas en entornos nocturnos, reconocimiento de matrículas y facial y conteo de personas. Otros, más ligeros, son idóneos para transportarse y desplegarse de forma ágil y otros, más autónomos, resultan aptos para misiones de larga duración.
El contrato también contempla la habilitación para pilotos, dos cámaras de visión nocturna, otras dos cámaras para misiones de fotogrametría y un sistema de antidrones para interferir los equipos cuyo vuelo no esté autorizado.
Asimismo, se ha informado de otra resolución relativa al contrato de emergencia para la adquisición de siete sistemas autónomos de transmisión de vídeo en tiempo real de imágenes obtenidas por drones al Centro Integrador de Señales de Vídeo (CISEVI) por un importe 7.100 euros.
La Junta de Gobierno también ha quedado enterada del decreto para adquirir, mediante contrato de emergencia, 5.500 guantes detectores de metales para el Cuerpo de la Policía Municipal con el objetivo de que los agentes, en el ejercicio de sus funciones, puedan disponer de sistemas de seguridad adecuados. El suministro ha sido adjudicado por un importe de 596.000 euros.
El Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias también ha informado de otros decretos y resoluciones recientes para contratar de emergencia más material para la Policía Municipal de Madrid: nueve paneles informativos móviles para avisar a la ciudadanía de las restricciones y de otras informaciones de interés como consecuencia de la pandemia (20.000 euros); tres lectores de matrículas de vehículos OCR-Radar en trípode (203.000 euros); elementos del sistema GMYC para reforzar las tareas de la sala de operadores de radio del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias-CISEM (15.000 euros).
En los últimos meses, el Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias ha llevado a cabo diversos contratos de emergencia para comprar material, equipamiento y otros servicios necesarios para el desarrollo de la labor de los cuerpos de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento y en beneficio de todos los ciudadanos.
Entre ellos, se han suscrito contratos para la adquisición de equipos pulverizadores para el SAMUR-Protección Civil; respiradores motorizados, ecógrafos, equipamiento para habilitar puestos sanitarios avanzados y monos de protección biológica; diferente material fungible y de higiene a Bomberos y SAMUR-PC; prestación de un servicio de atención telefónica al duelo y celebración de ceremonias de despedida en crematorios y a distancia, así como para compra de EPI y generadores de ozono para la empresa municipal de Servicios Funerarios (SFM); realización de trabajos de recogida de información para que Madrid Salud vigile y detecte la infección por COVID-19 entre el personal municipal y suministro de material y análisis para estas pruebas; compra de drones de vigilancia para la Policía Municipal y ampliación del sistema de distribución de llamadas para el 092.
La Junta de Gobierno ha autorizado una transferencia de 20,8 millones de euros a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para que siga incrementando el parque de vivienda social en alquiler de la capital, según ha informado la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Este montante se destinará a tres operaciones concretas: dos compras de viviendas ya construidas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y a la Seguridad Social y una tercera adquisición de suelo en el distrito de Villa de Vallecas para poder edificar una nueva promoción.
De los 20,8 millones, casi 13 se destinarán a la compra de 108 viviendas propiedad de la Sareb, lo que supone la mayor operación de adquisición de vivienda protegida llevada a cabo por el Ayuntamiento. La Sareb cedió estos inmuebles a la EMVS en enero de 2016 para que pudiera destinarlos al alquiler público. El convenio de cesión finalizaba en 2024, por lo que antes que devolver las viviendas y realojar a los inquilinos en otras casas, la EMVS ha decidido adquirirlas, teniendo en cuenta que ya ha hecho una importante inversión para reformarlas y que los precios de compra pactados han sido de media un 25 % inferiores a los precios de mercado.
Otros 5,2 millones se destinarán a comprar 19 viviendas ya construidas que la EMVS también ha decidido adquirir, en este caso a la Seguridad Social. Todos estos 127 pisos se ubican en varios distritos de la capital: Latina, Tetuán, Usera, Villaverde, San Blas, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Carabanchel, Moratalaz y Salamanca, cumpliendo así otro de los objetivos de la EMVS que es el reequilibrio de su oferta social en todos los barrios de la capital. Las 127 viviendas adquiridas casi triplican las operaciones de compra realizadas el pasado mandato: 45 pisos en cuatro años.
Por último, la EMVS destinará otros 2,4 millones transferidos por el Ayuntamiento para comprar una parcela en el distrito de Villa de Vallecas, donde podrá levantar otras 90 viviendas protegidas en alquiler. Con esta operación de compra de suelo, la EMVS sigue sumando terrenos a su patrimonio para iniciar proyectos de nuevas promociones durante este mandato.
El pasado 7 de octubre, por ejemplo, la EMVS obtuvo la cesión gratuita de cuatro parcelas municipales para construir en ellas unas 250 viviendas protegidas en alquiler. Los terrenos se ubican en cuatro distritos de la capital: Fuencarral-El Pardo (en Arroyo del Fresno), Tetuán (en el paseo de la Dirección), Carabanchel (en el Ensanche) y Villaverde (barrio de El Espinillo). El 27 de octubre, la EMVS también oficializó la compra de otra parcela en Vicálvaro para poder levantar en ella otros 50 pisos públicos en alquiler. En los últimos meses la empresa pública también ha adquirido otras cinco parcelas en los distritos de Tetuán, Latina, Carabanchel y Puente de Vallecas para construir 134 viviendas.
La EMVS sigue trabajando activamente para culminar en este mandato 38 nuevas promociones que pondrán en el mercado 3.200 nuevas viviendas en alquiler. De hecho, la empresa pública tiene previsto cerrar 2020 con 927 pisos terminados. Además, tiene otras 1.475 viviendas en obras y 1.700 en distintas fases previas a la construcción como son la redacción de proyectos, obtención de licencias y adjudicación. El objetivo no es solo construir nuevas promociones para aumentar el parque de vivienda social, sino también comprar pisos en el mercado secundario y adquirir nuevos suelos para planificar futuras promociones.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha sometido a aprobación inicial la nueva Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad (OCAS) para adaptar el texto a las nuevas necesidades ambientales de la ciudad y al marco normativo de las diferentes administraciones, incluida la europea, según ha informado el delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la junta.
La OCAS, que se incluye como una medida dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 e inicia ahora el trámite de información pública, se llevará a Pleno para su aprobación definitiva en enero del año que viene.
Esta norma sustituye a la actual Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano (OGPMAU), de 1985, y su principal objetivo es mejorar la calidad del aire y luchar contra la contaminación atmosférica. Entre sus cometidos se encuentra limitar la emisión de gases contaminantes producto de la combustión de algunas fuentes que actualmente no están reguladas y reducir las molestias procedentes de diferentes actividades, instalaciones, situaciones o comportamientos que favorecen las emisiones de humos, olores, gases o partículas. Además, promueve la eficiencia energética y regula la celebración de eventos sostenibles.
La regulación de la OCAS es más exigente que la OGPMAU. Entre las principales novedades destacan la prohibición del funcionamiento de las calderas de carbón desde el 1 de enero de 2022. En Madrid aún hay 200 calderas de carbón y se estima que el número de salas de calderas de gasóleo asciende a unas 4.500. Durante este ejercicio se ha habilitado una línea de ayudas de 12,5 millones de euros para su sustitución, presupuesto que se ampliará el próximo año.
Con el objetivo de eliminar las fuentes más contaminantes, la ordenanza también recoge la obligatoriedad de que determinados vehículos realicen una revisión puntual en las ITV cuando los agentes de la autoridad detecten elevadas emisiones de humos mientras circulan por la ciudad.
A diferencia de la OGPMAU, también se incorporan normas de eficiencia energética en las edificaciones, la implantación de energías renovables y la obligatoriedad de que todas las nuevas edificaciones, independientemente de su uso, cuenten con la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos.
La normativa, que se somete ahora al periodo de alegaciones, también incluye la regulación para minimizar los efectos ambientales negativos de los grandes eventos en el ambiente exterior o con impacto sobre éste. Aquellos que superen los 5.000 asistentes deberán realizar una memoria que analice el impacto medioambiental del evento y recoja, asimismo, las medidas que minimicen los potenciales impactos ambientales negativos a fin de garantizar la sostenibilidad de los eventos.
Entre las medidas exigidas, además de la elaboración de la huella de carbono y la compensación de las emisiones de efecto invernadero, se requiere fomentar la corresponsabilidad de los participantes en el evento con el objetivo de dejar un legado beneficioso para Madrid.
La ordenanza regula cuatro tipos de emisores: de carácter fijo; las emisiones del tráfico rodado; la de actividades económicas y otro tipo de emisores para los que se establecen condiciones y medidas correctoras en su funcionamiento: hogueras (se exigirá autorización cuando se pretendan encender en suelo público), grupos electrógenos no asociados a edificación (su uso en eventos, ferias, mercadillos o similares se considerará excepcional y solo cuando se justifique la imposibilidad de conexión a la red eléctrica general), labores de cocinado o de elaboración de alimentos al aire libre como los puestos de comida, obras de construcción, demolición y movimiento de tierras y el depósito, almacenamiento o transporte de materiales que puedan esparcir partículas o transmitir olores.
En 2019 se recibieron en el Servicio de Inspección de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental un total de 1.201 denuncias ciudadanas por emisiones molestas de olores, humos, polvo o partículas procedentes de actividades o instalaciones y, solo de hogueras, casi un millar.
La OCAS prioriza las medidas correctivas en caso de incumplimiento de la ordenanza en aquellas circunstancias en las que es posible antes de proceder a interponer una sanción. De hecho, se introduce la mediación en los procedimientos de disciplina ambiental no sancionadores y se permite subsanar deficiencias a través de soluciones alternativas eficaces. En el caso de que se eludan los requerimientos, se pueden llegar a agravar algunas infracciones, sobre todo cuando los hechos se cometan durante la vigencia de un episodio de contaminación, por ejemplo, si un vehículo circula por la ciudad y previamente se le ha instado a pasar una revisión adicional de ITV. En este caso, se podría llegar a producir la inmovilización y/o retirada del vehículo.
Las infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ordenanza se tipifican entre muy graves, pudiendo acarrear multas de hasta 3.000 euros; graves, con multas de hasta 1.500 euros y leves, con sanciones de hasta 750 euros.
La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, ha anunciado durante su intervención en la Comisión Permanente del área que la ciudad de Madrid contará con cuatro nuevas bibliotecas en funcionamiento antes de mediados de 2023, dando cumplimiento al programa de Gobierno.
La primera de ellas será la de San Fermín, perteneciente al distrito de Usera, que ha visto retrasada su puesta en marcha debido a las deficiencias encontradas en el proyecto anterior. Una vez subsanado, esta biblioteca empezará a dar servicio durante el primer semestre de 2021, fecha en la que se prevé que esté completamente dotada de personal y mobiliario. Se cumplirá así una reivindicación histórica de los vecinos del barrio, que demandaban este equipamiento desde hace años.
Los otros tres espacios culturales serán los correspondientes a Butarque, en el distrito de Villaverde, Montecarmelo y Las Tablas, ambas en Fuencarral-El Pardo. Así, tras agilizar el proceso de tramitación en colaboración con el Área de Obras y Equipamientos, en los presupuestos de 2021 se ha incluido un importe cercano al millón de euros para la redacción del proyecto y para abonar las primeras anualidades de las obras de cada una de las bibliotecas.
A estos cuatro nuevos espacios culturales, se sumará un quinto en el distrito de Carabanchel, tal y como recogen los presupuestos de 2021, que incluyen una partida destinada a la licitación de la redacción del proyecto de esta nueva biblioteca con la previsión de que ese documento esté ya en marcha para poder comenzar las obras en 2022.
Andrea Levy ha subrayado que, en ese mismo distrito, ya está presupuestada con 300.000 euros la reforma de impermeabilización del techo de la Biblioteca Ana María Matute, que beneficiará a todos los usuarios de este centro de Carabanchel.
Por último, la delegada ha explicado que el compromiso con la cultura y con el acceso de los madrileños a ella “es inequívoco y es la línea que va a seguir el Área de Cultura, Turismo y Deporte durante todo el mandato”.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha participado en la apertura del XXVII Encuentro del Sector Financiero, que se celebra hoy y mañana en Madrid bajo el título ‘Construyendo el futuro’, organizado por ABC, Deloitte y Sociedad de Tasación. Almeida ha señalado que para salir de esta situación “sin precedentes” hay que trabajar conjugando diferentes ámbitos “porque es necesario detener la crisis sanitaria y frenar la segunda ola de la pandemia sin detener la actividad económica de la ciudad”.
Almeida ha destacado que, para ello, serán fundamentales los presupuestos de 2021, cuyo proyecto aprobó ayer el Gobierno municipal, “que se asientan sobre tres cuestiones: la recuperación económica, para la que es fundamental el aumento de la inversión en un 52 %, dirigida a las infraestructuras necesarias para la ciudad de Madrid y a una mejor gestión de las competencias que tenemos en materia de mantenimiento y conservación; que son unos presupuestos eminentemente sociales, destinados a transmitirle a los madrileños que pueden tener la confianza de que sus instituciones van a seguir estando a la altura del sacrifico que ellos han demostrado en los últimos meses y que destinan casi 500 millones de euros, un 10 % del total, a la ejecución de los Acuerdos de la Villa”.
El alcalde ha señalado a los fondos europeos como elemento básico para ayudar a la recuperación económica y ha insistido en que “su gestión se tiene que basar en criterios de objetividad y trasparencia y no políticos” y en que “tendrán que tener muy en cuenta a las administraciones locales porque las grandes ciudades han sido núcleos muy castigados por la pandemia y porque si hablamos de la transformación digital y la sostenibilidad como elementos que mejoran los servicios y, por lo tanto, la calidad de vida de los ciudadanos, si hay una administración que pueda conseguirlo son los ayuntamientos”.
La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada de la concejala de Moratalaz, Almudena Maíllo, ha visitado esta mañana el campo de béisbol de La Elipa, cuya reforma integral ha concluido recientemente.
Los trabajos, que han sido ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos, han supuesto una inversión municipal de 3,2 millones de euros. Las obras han tenido por objeto la reforma del terreno de juego para adaptarlo a las dimensiones establecidas para competiciones de categoría nacional e internacional, así como la sustitución del pavimento y la mejora del drenaje. También se ha intervenido en el edificio de las gradas, destinado a las dependencias de vestuarios, aseos de público y almacenes. Las instalaciones han sido adaptadas a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Además, se ha construido un nuevo edificio que será destinado a cafetería.
El concejal del distrito de San Blas-Canillejas, Martín Casariego, ha inaugurado ‘Los retos frente a la COVID-19 en el ámbito social’, una jornada organizada por la junta municipal en la que han participado expertos del sector.
La gestión de la nueva Tarjeta Familias, una nueva herramienta en la atención social que no estigmatiza y que permite adquirir productos de alimentación y de primera necesidad en cualquier establecimiento de la ciudad, los nuevos modos de atención a través de las tecnologías y el acompañamiento ante la pérdida de seres queridos son algunos de los retos a los que se enfrentan los servicios sociales del distrito.
Casariego ha resaltado el esfuerzo individual y colectivo de todos, administración, entidades, asociaciones y sociedad civil para hacer frente a un enemigo nuevo y desconocido que ha exigido cambiar la forma de trabajar, aplicar nuevos protocolos y llegar a más gente.
El concejal ha recordado que la junta municipal ha tramitado dos nuevos contratos de emergencia con casi un millón de euros para cestas de alimentos y ha aumentado la plantilla en siete trabajadores para dar respuesta a las personas que más lo necesitan.
En esta misma línea de ayudar a la inclusión social de personas vulnerables, se ha puesto en marcha la semana pasada un nuevo espacio de inclusión social con un presupuesto de 700.000 euros para 2021 y 2022, en el que desarrollan su actividad ocho profesionales. |
