16
Ene
2022
Los municipios de Madrid, fuera de las subvenciones de la Red Innpulso Imprimir
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Foto cedida por InnpulsoEl Gobierno autoriza casi dos millones de euros para 54 ayuntamientos

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha aprobado la concesión de cerca de 1,8 millones de euros en ayudas para la incorporación de agentes de innovación en 54 ayuntamientos de la Red de Ciudades de Ciencia e Innovación, la Red Innpulso. A través de estas ayudas, el Ministerio contribuye con hasta el 90% del coste anual de los agentes en los municipios pequeños, de menos de 20.000 habitantes. En los municipios de entre 20.001 y 100.000 habitantes, el Gobierno aportará hasta el 75%; mientras que, en las ciudades de más de 100.000 habitantes, financiará hasta el 50%.

En concreto, el Gobierno destinará cerca de 42.000 euros para la contratación de agentes de innovación en Abanto Zierbena (Vizcaya), Almussafes (Valencia), Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Ermua (Vizcaya), Etxebarri (Vizcaya), Gata de Gorgos (Alicante), La Solana (Ciudad Real), Los Santos De Maimona (Badajoz), Puerto Lumbreras (Murcia), Salinas (Alicante), Vilanova Del Camí (Barcelona) y Villamayor (Salamanca).

Adeje (Santa Cruz de Tenerife), Alcalá De Guadaíra (Sevilla), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Alcoi (Alicante), Alfaz del Pi (Alicante), Almendralejo (Badajoz), Alzira (Valencia), Ames (A Coruña), Aranda de Duero (Burgos), Avilés (Asturias), Benidorm (Alicante), Cáceres, Camargo (Santander), Eibar (Guipúzcua), Esplugues de Llobregat (Barcelona), Gandía (Valencia), Gavà (Barcelona), Onda (Castellón), Ontinyent (Valencia), Paterna (Valencia), Riveira (A Coruña), Sant Boi De Llobregat (Barcelona), Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Santiago de Compostela (A Coruña), Segovia, Torrent (Valencia), Viladecans (Barcelona), Vila Real (Castellón), Villena (Alicante) obtendrán una ayuda de casi 35.000 euros para incorporar a estos agentes. Asimismo, A Coruña, Barakaldo, Barcelona, Castellón de la Plana, Dos Hermanas (Sevilla), Gijón, Granada, Logroño, Mataró, Sabadell, Terrassa, Valencia y Valladolid recibirán cerca de 23.300 euros.

Los agentes de innovación se dedicarán en exclusiva a la implementación de las políticas de innovación municipales. Esta figura promoverá el desarrollo de proyectos de innovación digital, la licitación de proyectos de compra pública de innovación, y los planes de sostenibilidad, ahorro energético o economía circular. También fomentará el emprendimiento tecnológico y social local. Las entidades beneficiarias deberán realizar, con cargo a la presente subvención, la contratación de un agente local de innovación en los tres meses siguientes a la notificación de la orden de concesión de las ayudas.

La Red Innpulso (ARINN) es un foro de encuentro de las ciudades galardonadas con la distinción 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' que concede el Ministerio de Ciencia e Innovación. Actualmente está integrada por 63 ciudades de todos los tamaños y en la nueva convocatoria de concesión de la distinción se han presentado 32 ciudades.

El galardón 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación', creado en 2010, tiene como objetivo reconocer a las ciudades que se diferencian por su compromiso y apuesta por la I+D+I, apoyando a la innovación en sus territorios, definiendo políticas, potenciando estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente científico, tecnológico e innovador.

A través de esta Red se potencia la colaboración entre estos ayuntamientos en materia de políticas innovadoras, se comparten buenas prácticas en la gestión de dichas políticas, y se fomentan iniciativas de comunicación de estos proyectos a los ciudadanos. Asimismo, la Red Innpulso es un agente activo de promoción de políticas como la compra pública de innovación, el apoyo a las pymes y los emprendedores, y la participación en proyectos en el contexto del Programa Horizonte Europa.

Y entre las ciudades que no recibirán ayudas por parte del Gobierno se encuentran las tres de la Comunidad que forman parte de la Red. Así, ni Alcalá, ni Madrid, ni Móstoles recibirán dinero dentro de esta convocatoria.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha mantenido un encuentro informal con profesores y profesoras que destacan por sus metodologías innovadoras y cuya labor ha sido reconocida por distintas organizaciones.Alegría les ha trasladado su enhorabuena y ha reiterado el agradecimiento del Gobierno por el esfuerzo realizado durante la pandemia.

Durante la reunión, los 10 profesores y profesoras presentes y la ministra han abordado, entre otros temas, los nuevos currículos, que se aprobarán en las próximas semanas, y la reforma de la carrera docente, en la que está trabajando el Ministerio en coordinación con las comunidades autónomas y los sindicatos.

En el encuentro han participado los docentes procedentes de distintos sitios de España y de diferentes etapas educativas Francesc Nogales Sancho, Coni La Groterria, Irene Alegría Mercé, Elisa Beltrán García, Lluis Bonet, Fernando Boillos García, Víctor Arufe Giráldez, Javier Cachón Zagalaz, Sergio Banderas Moreno y Patricia Santos Campos.

El Consejo de Ministros ha abordado el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que tiene como objetivo convertir a España en referente internacional de un nuevo modelo de cooperación. La futura norma actualiza la actual, vigente desde 1997, y está alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los acuerdos de cambio climático de París y otros instrumentos internacionales.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado que el texto refleja los valores de los españoles en la lucha contra la desigualdad, la pobreza y las crisis medioambientales, defiende la igualdad de género, los derechos humanos y la democracia. Además, sitúa a España como un país más digno en el seno de la comunidad internacional.

Albares ha subrayado que la norma da rango legal al compromiso adquirido por España en el seno de Naciones Unidas y de la Unión Europea de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030 y establece una planificación plurianual basada en la disponibilidad presupuestaria. Al respecto, el ministro ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incrementan en casi 400 millones de euros la ayuda al desarrollo y recupera una década de retroceso en este ámbito.

La futura ley también establece una cooperación financiera más ágil y eficaz entre todas las administraciones que realizan ayuda oficial al desarrollo: Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y ayuntamientos.

José Manuel Albares también ha incidido en que el texto presentado hoy refuerza la gobernanza del sistema de cooperación, mejora la transparencia y favorece la rendición de cuentas. Con estos fines se crea un Consejo Superior de Cooperación; una Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, como espacio de coordinación, y se eleva de rango a la Comisión Interministerial existente, a la que acudirán los secretarios de Estado.

Además, la norma, a juicio del ministro, abre "una reforma de calado del sistema de cooperación", al desarrollar un nuevo estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID), un nuevo estatuto para dignificar el trabajo y las carreras profesionales de los cooperantes, y un nuevo instrumento de cooperación financiera con un marco normativo de subvenciones adaptado a las especificidades de la cooperación internacional.

El Sahel aparece, por primera vez, como región prioritaria de la cooperación española y se mantienen las áreas tradicionales, incluyendo América Latina y el Caribe. Asimismo se reforzará la ayuda ante crisis imprevistas, como han sido las de Afganistán, Haití o el tifón de Filipinas.

Por otra parte, el ministro ha afirmado que España está haciendo un esfuerzo importante en donación de vacunas y que ha comprometido un total de 50 millones de dosis: "La cooperación al desarrollo es inversión en bienestar y es inversión en futuro".

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual Normativo (PAN) que contiene las iniciativas legislativas o reglamentarias que pretende impulsar y aprobar a lo largo de 2022. Concretamente son 368 propuestas, de las cuales 92 son leyes y el resto reales decretos.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha destacado el hecho de que el Plan se haya aprobado en la primera reunión del año del Consejo de Ministros, cuando la previsión legal es que pueda hacerse a lo largo del primer cuatrimestre: "Da una clara idea de la planificación que tiene el Gobierno para seguir ahondando en el crecimiento económico y en la mejora de las condiciones de vida de los españoles".

Bolaños ha señalado que el 40% de las leyes y 61 de las normas que incluye el PAN están vinculadas con los cuatro ejes transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España elaborado por el Gobierno y aprobado por la Comisión Europea, para el que ya se han recibido fondos por importe de 10.000 millones de euros.

Estos ejes son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género y constituyen "la hoja de ruta de la recuperación justa", ha afirmado.

En relación con el primer eje, el PAN recoge los proyectos de ley del sistema de gestión de la PAC, de pesca sostenible, de energía nuclear y sobre el uso de energías de fuentes renovables en relación con movilidad y el transporte.

Sobre digitalización, Bolaños ha subrayado las futuras leyes de Ciencia -para "garantizar una carrera investigadora, atractiva y estable"- de Industria, que permitirá garantizar las redes y servicios de comunicaciones 5G, y la de creación de un estatuto de startups para estudiantes, con el objetivo de ayudar a consolidar proyectos empresariales surgidos durante la formación profesional o la enseñanza universitaria.

En el bloque de cohesión, el ministro se ha detenido en el proyecto de Ley de Vivienda, que se aprobará próximamente: "Pretende fomentar unos alquileres a precio razonable, beneficia a inquilinos y a propietarios con bonificaciones fiscales y facilitará que los jóvenes tengan vivienda en alquiler".

Otras normas importantes serán la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que garantizará su gestión pública y la eliminación definitiva de los copagos, y una nueva ley de servicios sociales.

Respecto a la cohesión territorial, el ministro ha anunciado una ley para mejorar la colaboración de las administraciones públicas y la organización de los municipios de menor tamaño, que pretende que en cualquier lugar del país se disfruten de los mismos derechos y servicios.

Para fomentar la igualdad y la no discriminación, el PAN incluye una Ley contra el Racismo y otras Formas de Intolerancia, la reforma de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, una Ley de Trata para poner fin a la explotación sexual y la transposición de una Directiva europea sobre la conciliación de la vida profesional y familiar.

Un quinto eje recoge la normativa para la regeneración democrática y de mejora de la calidad de nuestra democracia, como la Ley de Prevención de Conflictos de intereses en el Sector Público y la incorporación, en la actual Ley de Transparencia, de una regulación de las relaciones con los grupos de interés.

El Ejecutivo ha aprobado una Declaración institucional de reconocimiento a la ciudadanía de la isla canaria de La Palma por su comportamiento ejemplar durante la erupción volcánica que, después de 85 días, concluyó el pasado mes de diciembre: "En nombre y representación de todo el pueblo español, queremos reconocer a los habitantes de la isla su entereza, su solidaridad y su sentido de deber cívico y cómo han afrontado esta catástrofe".

El ministro ha manifestado el compromiso absoluto del Gobierno de España con la reconstrucción de la isla y ha elogiado el trabajo de colaboración y cooperación que se está llevando a cabo con todas las administraciones públicas "con la única prioridad de que, cuanto antes, los habitantes de la isla puedan recuperar sus proyectos de vida".

El Gobierno, ha recordado, ha movilizado ya 250 millones de euros y la previsión es alcanzar los 442 millones. A estas cantidades se sumarán otras que puedan establecer los gobiernos autonómico, insular o local y que serán compatibles.

Bolaños ha asegurado que se está trabajando "al mayor ritmo conocido en la historia de la administración" para otorgar todas las ayudas con rapidez y agilidad, aunque ha reconocido que es comprensible que a los afectados cualquier plazo les parezca demasiado tiempo.

Bolaños ha explicado que, en relación con las ayudas por la pérdida de la vivienda, se han aprobado 79 expedientes por importe de 4,2 millones de euros, y la mitad ya se han pagado. Las ayudas que percibirá cada afectado pueden alcanzar los 60.000 euros. Se han facilitado también viviendas a 39 personas que perdieron su casa y hay otras 104 casas ya preparadas, así como viviendas modulares prefabricadas, que comenzarán a entregarse la semana próxima.

Por su parte, el Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado 80 millones de euros a 592 personas físicas o jurídicas por vivienda, negocios o explotaciones agrícolas, con un importe medio de 154.000 euros.

El sector del plátano ha recibido 13,5 millones de euros, y el sector ganadero medio millón. Hay 1.300 trabajadores sujetos a ERTES y 670 autónomos están recibiendo una prestación por cese de actividad.

Finalmente, el ministro ha recordado que hay en marcha un Plan de Empleo específico para la isla que invertirá 63 millones de euros y podrá llegar a más de 1.600 personas.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recalcado que el Gobierno arranca el año afrontando las reformas estructurales con planificación para enfocar la segunda parte de la legislatura.

La portavoz ha señalado que los dos últimos años han estado marcados por la gestión de la pandemia y la innovación en la gestión económica con mecanismos como los ERTES. Además, España ha liderado la respuesta de la Unión Europea a la crisis provocada por la COVID-19 y ha sido el primer país que presentó su plan de reformas y uno de los primeros en recibir los fondos europeos destinados a paliar esa crisis.

Isabel Rodríguez ha añadido que el Ejecutivo aborda el segundo proceso de modernización y transformación del país -el primero fue la incorporación de España a la Unión Europea- con la mayor financiación pública de la historia y con determinación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por otra parte, la portavoz ha expresado, en nombre del Gobierno, su pésame por el fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Era una persona, ha dicho, con la que "compartíamos los valores europeístas y que ha contribuido a consolidar este proyecto europeo con decisión y con pasión".

España ha conseguido una importante fuente de financiación extra, superior al millón de euros, como apoyo a las operaciones policiales transnacionales dirigidas a combatir la criminalidad organizada en campos tan diversos como el tráfico de cannabis, heroína y cocaína; la trata de seres humanos o la facilitación de la inmigración ilegal; los delitos contra el patrimonio o contra el medio ambiente, y el tráfico ilícito de armas de fuego, entre otras materias.

Estos fondos, ofrecidos a los Estados miembros de la Unión Europea a través de Europol, tienen dos modalidades: una conocida como HVG, dirigida sobre todo a la parte estratégica, y otra conocida como LVG para aspectos eminentemente operativos.

Este instrumento ha posibilitado durante 2021 la obtención de importante material técnico especializado empleado por las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil en las investigaciones desarrolladas dentro de los Planes de Acciones Operativos de las prioridades EMPACT.

En concreto, se han obtenido ayudas para más de veinte operaciones en las que se han llevado a cabo numerosas detenciones e incautaciones, algunas de ellas todavía se encuentran abiertas o en vía de desarrollo. La cantidad obtenida por España en el año 2021 supera el millón de euros.

Una de las últimas operaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el pasado mes de diciembre permitió la detención de uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en Barcelona en la que también han participado agentes de la Gendarmería Francesa, la Policía de Bélgica y la DEA de los EE UU.

En la "Operación MVRAND", la Guardia Civil desarticuló una de las organizaciones criminales más importantes en introducción de estupefacientes en Europa así como al blanqueo de capitales. Un total de 17 personas fueron detenidas, once de ellas de nacionalidad española y seis marroquí, en los 16 registros practicados en las provincias de Barcelona, Pontevedra y Cádiz.

Además, se intervinieron cerca de un millón de euros en efectivo, diez vehículos de alta gama, una embarcación, relojes y joyas valoradas en más de tres millones de euros así como 18.000 euros en Lotería Nacional para el sorteo de Navidad del pasado 22 de diciembre.

Entre los detenidos estaba el cabecilla de esta organización y principal objetivo de la operación, un ciudadano marroquí al que se le considera responsable directo en nuestro país de la introducción de 4.300 kilogramos de hachís en San Pedro del Pinatar (Murcia) y de 1.800 kilogramos de cocaína en las costas gallegas, ambas en 2021, figurando como objetivo de interés también para las principales agencias contra el narcotráfico internacionales.

Se le considera responsable también de la introducción de más de una tonelada de cocaína en las Costas de El Jadida de Marruecos en diciembre de 2018, por la que dos de los detenidos en esta operación contaban con una Orden Internacional de Detención (OID) en vigor.

Por su parte, la Policía Nacional desarrolló este verano otra importante operación en la que se desarticuló la mayor red de distribución de cocaína de Europa que operaba a través de más cinco países.

En concreto, se trata de la "Operación MUSALA-IBIZA", coordinada a través de Europol y desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional de España, Croacia, Serbia, Alemania, Eslovenia, la DEA (Drug Enforcement Administration estadounidense) y Colombia.

Como resultado final se intervinieron 2,6 toneladas de cocaína, 70 kilos de cogollos de marihuana y se detuvo a trece personas tras un año de investigación sobre una red de narcotraficantes que operaba a nivel internacional. Además, la Policía Nacional se incautó de 200.000 euros en efectivo, nueve vehículos de alta gama y cinco motos, una arma de fuego y cartuchería (300 cartuchos) junto otra arma simulada (glock) y una placa emblema identificativa de servicio policial, diversas armas blancas, equipos de informática y telecomunicaciones, varios de ellos dispuestos con sistemas de mensajería encriptada así como 50 teléfonos móviles, detectores de cámaras, inhibidores de frecuencia y multitud de documentación relacionada con las empresas de la organización.

La operación supuso en España actuaciones de forma simultánea en cinco provincias: Madrid, Valencia, Marbella, Barcelona y Tarragona.

Este resultado es fruto del trabajo conjunto del equipo del Coordinador Nacional EMPACT, cuya figura recae en el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, de distintas Unidades de Guardia Civil y Policía Nacional y de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y coordinador Nacional EMPACT, Manuel Navarrete, ha destacado que "el abanico de medios adquiridos y las cantidades obtenidas por España han ido en aumento cada año, lo que demuestra la activa participación y buen trabajo que se viene desarrollando, producto de la excelente coordinación existente entre CITCO, Guardia Civil, Policía Nacional y FIIAPP".

El EMPACT, cuyas prioridades se fijan para periodos de cuatro años, proporciona una plataforma operativa en la lucha contra las amenazas criminales que más afectan a la UE, tal y como se resalta en la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea y la Estrategia de la UE contra la delincuencia grave y organizada para 2022-2025.

A través del trabajo conjunto de los cuerpos policiales y aduaneros de los Estados miembros, terceros estados, agencias europeas como Europol, Frontex, Cepol y organismos europeos e internacionales especializados en la materia, se identifican posibles sinergias y áreas de actividades conjuntas que se plasman en Planes de Acciones Operativas.

En 2022 comenzará un nuevo "Ciclo Político" (2022-2025), para el que se han fijado diez prioridades criminales. España continuará ostentando el liderazgo de las actividades destinadas a luchar contra el tráfico ilícito de armas de fuego y el tráfico de cannabis, cocaína y heroína, mediante la participación activa de componentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), todo ello supervisado por el coordinador nacional EMPACT a nivel nacional, y por Europol a nivel europeo.