 Casi 900.000 alumnos recibieron ayudas al estudio
Cerca de 900.000 estudiantes recibieron una beca o ayuda al estudio en el curso 2020-2021; un 10,78% más que el año anterior, según los datos facilitados por los Ministerios de Educación y Formación Profesional y Universidades en la jornada anual de difusión de becas celebrada con las comunidades autónomas y las universidades implicadas en la gestión de estas ayudas. El incremento del 37,8% en el presupuesto destinado a las becas entre 2018 y 2021, el aumento de las cuantías fijas en 100 euros y la elevación del umbral 1 de la renta hasta equipararlo casi al de la pobreza ha posibilitado que cada curso crezca el número de alumnos y alumnas que reciben una beca. El pasado curso fueron 896.469, un 19,78% más que en 2019-2020 y un 14,3% más que en 2017-2018. Además, muchos de ellos, especialmente los de familias con ingresos más bajos, recibieron una cuantía mayor.
El objetivo de las reformas introducidas por el Gobierno es que las becas lleguen a aquellas personas que más las necesitan, garantizar el derecho a la educación de todas y todos y combatir el abandono escolar por motivos económicos.
"Continuamos con el compromiso de mejora del sistema de becas que permita avanzar hacia una educación más inclusiva. La reciente reforma ha ampliado considerablemente el número de becarios que han accedido al umbral 1. En la próxima convocatoria, se hará un esfuerzo importante para adelantar la gestión de las becas que permitan reducir la incertidumbre de los becarios", ha señalado el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.
En los últimos años se han modificado también los requisitos académicos que permiten acceder a estas ayudas fijando en un aprobado el acceso a la beca en niveles no universitarios. En esta misma línea, como novedad en la presente convocatoria, la nota mínima para acceder a una beca para un máster habilitante también será un cinco.
"Las medidas tomadas por el Gobierno han hecho posible que se haya duplicado el número de estudiantes universitarios que accedieron a una beca completa por renta, pasando de 90.006 becarios y becarias en el curso 2019-2020 a 172.492 en el curso 2020-2021, lo que supone un aumento de 88.486 estudiantes con cuantía fija ligada a la renta, avanzando así en la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación universitaria", ha destacado el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.
Estos datos han sido facilitados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades a las comunidades autónomas y unidades de gestión de becas de las universidades durante la jornada de difusión en la que cada año se analiza el estatus de la convocatoria general de becas.
A 15 días del cierre de la convocatoria de 2021-2022, 724.671 estudiantes han solicitado ya una beca para este curso. De ellos, 390.401 pertenecen a niveles no universitarios, cuyo plazo finaliza el 30 de septiembre, y 334.270 a grado o máster, modalidad que permanecerá abierta hasta el 14 de octubre. La previsión para esta convocatoria, a la que se han destinado 2.038 millones de euros (un 39,6% más que en 2018), es que el número de estudiantes receptores de una beca ronde los 850.000 (sin contar las ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales). Una cifra récord.
Durante la jornada, el secretario de Estado de Educación y el secretario general de Universidades han informado además de los avances en la reforma de la gestión administrativa que permitirá adelantar varios meses la solicitud de las becas. Esta medida, una de las principales novedades en la próxima convocatoria 2022-2023, permitirá a los estudiantes saber antes del inicio del curso si cumplen o no los requisitos económicos para recibir estas ayudas.
Ambos Ministerios trabajan también con las comunidades autónomas en la creación de un portal común que acoja las distintas convocatorias de becas estatales y autonómicas para facilitar a los ciudadanos la búsqueda de estas ayudas al estudio. Se atiende así una reclamación histórica de las asociaciones de estudiantes.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha reiterado, en la Comisión Educación y Formación Profesional del Congreso, su empeño por alcanzar acuerdos que mejoren la calidad de la educación a partir de la participación, el diálogo, la coordinación y la cogobernanza. Pilar Alegría ha anunciado que el Ministerio que dirige está manteniendo reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para incorporar buena parte de sus aportaciones a los borradores de los currículos de Infantil y Primaria. Lo ha hecho en la Comisión del Congreso, donde ha comparecido para explicar cuáles son los objetivos de su gestión y los planes de actuación que va a poner en macha para solucionar los problemas del sistema educativo y lograr una educación mejor, más justa y de más calidad.
Participación, diálogo, coordinación y cogobernanza. Esos son los principios clave que regirán la gestión de Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) "a fin de alcanzar los mayores consensos posibles" con "la mirada puesta en crear mejores condiciones para el desarrollo de la docencia, el aprendizaje y la convivencia en las aulas".
El Ministerio dirigido por Alegría se encuentra inmerso en el desarrollo normativo de la Ley de Educación aprobada en diciembre de 2020. Una tarea centrada ahora en la elaboración del nuevo currículo, que se está construyendo con las aportaciones de la comunidad educativa y, también, de las comunidades autónomas tanto en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación como a través de reuniones bilaterales.
La ministra ha reiterado su "total disposición" a "ampliar todo lo posible el apoyo" a este currículo.
El resultado de este trabajo serán los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas, que se promulgarán en los próximos meses, y los currículos básicos de ESO y Bachillerato, que posteriormente darán lugar a los currículos de las distintas comunidades autónomas para todas las etapas educativas.
El desarrollo de este nuevo currículo competencial, práctico y basado en aprendizajes más profundos hace necesario renovar también la evaluación: construir nuevos instrumentos que se ocupen del proceso de adquisición de competencias por parte de alumnas y alumnos a través de la evaluación en el aula y de las evaluaciones generales del sistema educativo (desaparecidas en 2010), que se diseñarán y aplicarán en los próximos cursos.
Además, Pilar Alegría ha anunciado su intención de elaborar con las comunidades autónomas un mapa de indicadores de la educación y la formación, complementario a los objetivos establecidos por la Unión Europea, que permita a cada territorio establecer sus metas y logros en función de su contexto y características y que sirva para orientar la toma de decisiones para mejorar la educación en España.
"Hacerlo juntos y trabajar para contribuir a unos objetivos comunes es un acto de responsabilidad y de lealtad, no solo institucional sino, sobre todo, con nuestros ciudadanos, que reclaman insistentemente acuerdos y consensos en educación", ha destacado la ministra. La ministra ha anunciado que el próximo año presentará una norma que regulará las condiciones básicas para la ordenación y organización de las enseñanzas artísticas superiores, que contará con las aportaciones del sector y de todos los órganos de participación.
"Es el momento de reconocer el papel fundamental que estas enseñanzas tienen en nuestra sociedad", ha explicado la titular de Educación. "Es preciso darles el reconocimiento y el prestigio acordes con su contribución fundamental a nuestra civilización y a nuestra cultura", ha añadido. También en 2022, en enero, la ministra presentará una propuesta relativa a la formación inicial, el acceso y el desarrollo profesional de los docentes a quienes, ha subrayado la ministra, "tenemos que prestar la máxima atención" ya que "les debemos todo lo bueno que tiene y ha tenido nuestra educación".
La reforma de la carrera docente, tal y como ha señalado Alegría, "debe ser duradera y proporcionar estabilidad, por lo que solo saldrá adelante con una imprescindible negociación y un necesario acuerdo".
La inclusión educativa es uno de los principios que debe sustentar el sistema, tal y como establece la Ley de Educación. Las administraciones deben proveer de los medios necesarios las escuelas ordinarias para que puedan atender a los alumnos y alumnas con necesidades especiales que así lo deseen y siempre con el acuerdo de las familias.
En la rueda de prensa celebrada por la Plataforma Regional por la Escuela pública y en presencia de los agentes sociales de Educación de la Comunidad, se ha dejado en evidencia la falta tanto de profesorado como de recursos que están sufriendo todos los centros de la Comunidad de Madrid. CCOO, sindicato mayoritario del sector de Enseñanza, ha exigido que se tomen las medidas suficientes para paliar la necesidad educativa que existe en estos momentos en toda la región. Según la secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, el curso ha empezado siendo inviable el cumplimiento de las normas de seguridad, tanto a nivel de espacios como de recursos docentes. Una situación que se agrava especialmente en las escuelas infantiles, ya que sin la contratación de educadoras no se es posible garantizar la existencia de grupos burbuja, tal y como exige la normativa estatal.
Esta situación es similar en Primaria, al ser muy complicado la estabilización de grupos con las plantillas de las que se ha dotado a los centros. Por otra parte, en Secundaria existen grupos de hasta 37 alumnos y alumnas por aula, unas ratios tan elevadas que hacen que sea imposible cumplir con la distancia de seguridad exigida, y con ello que se ponga en riesgo la salud tanto del alumnado como del personal docente.
Además, los centros no han recibido las partidas presupuestarias necesarias para comprar el material de protección necesario. A ello se suma el déficit arrastrado en infraestructuras que se plasma en la vuelta de los barracones a Madrid. Para CCOO es incomprensible, además de irresponsable, que se hayan vuelto a las ratios previas a la pandemia, ya que ha quedado ampliamente demostrado que un aula con menor cantidad de alumnado posee un rendimiento académico mucho mayor y que esta fue la clave del éxito del curso pasado.
CCOO denuncia también los cambios de las condiciones laborales y profesionales impuestos en los Equipos de Orientación. El modelo que pretende imponer la Consejería de Educación reduce el tiempo de atención para las tareas de dictamen, coordinación entre los distintos profesionales y con el entorno. Se obliga a más días de presencia en los centros de Infantil y Primaria sin que esto se traduzca, en la práctica, en un mayor número de alumnado atendido o en una mejor atención. Se trata de desmantelar el funcionamiento y la organización de los equipos, así como una transformación del desempeño hacia un modelo en que parece pretenderse la desprofesionalización por un lado y la reducción, incluso desaparición, de la figura de los PTSC.
Todas estas decisiones se han tomado de manera unilateral, sin negociación colectiva y sin diálogo social. El Gobierno de Ayuso, con un marcado talante autoritario, ha decidido imponer en vez de escuchar y dialogar así como dedicar su acción política a confrontar con el Gobierno de España.
Este inicio de curso deja en evidencia los déficits estructurales de la educación madrileña tanto en financiación como en políticas que han fracasado. Parece que la decisión que ha tomado Ayuso es que Madrid de instale en la mediocridad educativa y se quede en el furgón de cola. No hay motivos para esta situación de penuria y de riesgo en los centros. Hay dinero porque Madrid ha recibido ya las transferencias de fondos europeos. Cantidades que deberían destinarse a garantizar la seguridad en los centros y a mejorar la atención educativa a los niños y jóvenes madrileños.
CCOO rechaza esta situación y, por este motivo, ha seguido la vía judicial para las medidas que se han impuesto contraviniendo legislación superior, y tomará la vía de la denuncia pública y la movilización cuando así se decida tanto por el profesorado y el personal educativo como en el seno de la comunidad educativa.
Septiembre es el mes con mayores gastos para las familias que tienen que encargarse de comprar todo el material escolar de sus hijos, incluyendo uniformes, libros de texto, dispositivos móviles… La lista es interminable y el coste aumenta cuando hay más de un hijo. La pregunta más repetida en los hogares es cómo ahorrar para que la vuelta al cole no suponga un gasto tan elevado. Nanas & Co, la empresa de selección de personal doméstico referente en su sector, da consejos para ahorrar en septiembre
Antes de lanzarse a comprar todo el material de la lista, hay que revisar el que ya se tiene del año anterior para saber si puede reutilizarse o reciclarse. Después, hacer una lista con lo que sea estrictamente necesario, para evitar comprar caprichos. Los padres son quien deben decidir qué material se compra o no, es conveniente imponerse un presupuesto limitado y hacerlo sin los niños presentes. También, hay que optar por productos de calidad, que tengan mayor duración y recurrir a las rebajas en las diferentes plataformas online.
Los libros suponen uno de los mayores gastos en septiembre. Lo ideal es comprar precios en varias tiendas, ya que puede existir mucha diferencia entre unas y otras. En algunas familias, los libros de los hermanos mayores pueden ser reutilizados por los más pequeños. Si no existe la posibilidad de que la familia o amigos presten los libros de texto, se puede recurrir al intercambio o compra de libros de segunda mano; además de ser más económicos, se estará favoreciendo el medioambiente.
En plena era digital y a los anteriores gastos, se suman las tablets y ordenadores portátiles. Lo mejor es asesorarse adecuadamente antes de comprar cualquier tipo de dispositivo electrónico. Hay que tener en cuenta el sistema operativo del ordenador, la capacidad de almacenamiento y su relación calidad-precio. Además de, por supuesto, controlar el uso que cada integrante de la familia hace del dispositivo y pensar si es estrictamente necesaria la compra.
Si los niños utilizan uniforme es importante comparar los precios en varias tiendas. También, se puede recurrir a la moda ECO, de segunda mano. En el caso de que los niños no vistan uniforme, conviene recurrir a prendas básicas con colores neutros que combinan mejor entre sí. Es importante ajustarse a un presupuesto limitado o ir comprando en las rebajas de cada temporada.
Hay que informarse sobre los servicios que ofrecen los centros educativos. Si los niños van a un centro privado o concertado, en la mayoría de los casos, contarán con transporte escolar. Si la única opción es el coche particular, hay que buscar métodos para ahorrar en combustible y, por qué no, en tiempo. Se puede compartir coche o turnarse con otros padres que vivan cerca. Si el centro es cercano, lo mejor es ir a pie; además de ahorrar gastos, se crearán buenos hábitos saludables y se aprovecha el camino para unir lazos con la familia.
Hay que elegir aquellas que resulten realmente imprescindibles y en las que los niños tengan interés. No es conveniente cargar de actividades a los niños, necesitan descansar, tener tiempo para jugar con sus amigos, hacer deberes o incluso aburrirse.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) pide un aumento de recursos humanos para cubrir las necesidades de los menores con discapacidad escolarizados, con el fin de asegurar una completa educación inclusiva. Con el arranque del nuevo curso escolar, la Federación traslada que seguimos en el mismo punto de partida de siempre, es decir, sin avances significativos para atender las necesidades básicas de estos menores en los colegios de la Comunidad de Madrid.
Entre las necesidades se encuentra la inclusión de nuevos perfiles profesionales como, por ejemplo, el perfil de terapeuta ocupacional. Es vital también cubrir las necesidades básicas de los menores que necesitan apoyos sanitarios para realizar sondajes intermitentes o apoyo en la medicación a niños con enfermedades importantes como la hemofilia o la fibrosis quística entre otras patologías.
En palabras del presidente de la Federación, Javier Font, “no se puede concebir una educación inclusiva para todo el alumnado, manteniéndose los equipos docentes y recursos que disponen los centros en la actualidad. Por tanto, supone que los colegios cuenten con recursos imprescindibles para disponer de un contexto educativo en el que se detecten y reduzcan las barreras de aprendizaje y participación del alumnado”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en su artículo 24, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Desde FAMMA, se detecta una falta de apoyos educativos, tanto personales como de recursos, en horario lectivo y extraescolar, así como la existencia de barreras arquitectónicas en los centros escolares.
Para el presidente de la entidad, Javier Font, es importante que “los colegios cuenten con recursos imprescindibles para disponer de un contexto educativo en el que se detecten y reduzcan las barreras de aprendizaje y participación del alumnado”. La entidad afirma que una educación inclusiva es aquella que pretende dar acceso a una educación de calidad. No solo en lo referente a la escolarización, sino también que ofrezca una amplia respuesta educativa que abarque el acceso de los espacios, el aprendizaje, la participación y la permanencia del propio alumno.
Otras de las claves imprescindibles para FAMMA Cocemfe Madrid, a la hora de desarrollar una educación equitativa, es el obtener la plena participación y desarrollo personal social y académico de los estudiantes con discapacidad escolarizados. Con ello, es importante que se ofrezcan prácticas educativas que sean inclusivas y respaldar la igualdad de oportunidades con más recursos y apoyos por parte de la Consejería de Educación la Comunidad de Madrid.
El porcentaje de población adulta española (25 a 64 años) con estudios postobligatorios ha subido 10 puntos porcentuales entre 2010 y 2020, hasta alcanzar el 62,9%, según el Informe de 'Panorama de la Educación 2021: Indicadores de la OCDE', publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sobre esta publicación, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) elabora el Informe español con los datos más relevantes de nuestro país.
Así, el nivel educativo de la población española sigue subiendo. Por primera vez, el porcentaje de población adulta con estudios superiores, que sube del 31,0% en 2010 al 39,7% en 2020, supera al de la población con estudios básicos, que cae del 47,1% al 37,1%. En el mismo periodo, la proporción de adultos con estudios de secundaria superior ha pasado del 21,9% al 23,2%.
A pesar de esta evolución, España sigue teniendo una tasa de población con estudios básicos por encima de la media de los países de la OCDE (21,0%) y de la media de los países de la Unión Europea* (17,1%) y un porcentaje de adultos con estudios de secundaria superior por debajo de la media OCDE (42,5%) y UE22 (46,0%).
Por otra parte, la tasa de graduación en secundaria postobligatoria -el porcentaje de población que se espera que se gradúe a lo largo de su vida en esa etapa-, crece 8,5 puntos porcentuales en los últimos seis años, hasta situarse en el 74,7%. Sigue por debajo de la media OCDE (80,3%) y UE22 (80,6%).
En la etapa de secundaria, la OCDE apunta también a la alta tasa de repetición del sistema español, con un 8,7% de escolares repetidores en primera etapa de secundaria (1º a 3º de ESO), cuando la media OCDE es del 1,9% y la media UE22 del 2,2%. En segunda etapa de secundaria (4º ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y de Grado Medio), repiten curso el 7,9% de los alumnos y alumnas en España, cuando la media OCDE es del 3% y la media UE22 del 3,3%.
En Educación Infantil, España destaca por sus altas tasas de escolarización: el 39,6% de los niños y niñas de 0 a 3 años acude a un centro educativo, según datos de 2019, por encima de la media OCDE, del 24,9%, y de la media UE22, del 22,4%. En segundo ciclo de Infantil, la escolarización es casi completa, con un 97,3% de la población de 3 a 5 años inscrita en los centros escolares, 10 puntos por encima de la media OCDE (87,0%) y 6 por encima de la media UE22 (90,9%).
En el capítulo de la financiación de la educación, el informe señala que la proporción de la riqueza nacional que se destina a instituciones educativas es significativa en todos los países de la OCDE y de la UE22. En 2018, estos países destinaron una media del 4,9% y del 4,4% de su PIB, respectivamente, a educación. En España, este porcentaje alcanzó el 4,3% del PIB.
Este año, el informe de la OCDE analiza de forma más detenida el impacto que la pandemia de Covid-19 ha tenido en los sistemas educativos. España es uno de los países que menos días ha cerrado sus centros escolares: entre el 1 de enero de 2020 y el 20 de mayo de 2021, han cerrado por completo los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria un total de 45 días. En el resto de países de la OCDE, de media se cerraron los centros educativos entre 55 días (en el caso de los centros de Infantil) y 101 días (en el caso de los de secundaria superior) en ese periodo, variando en función de la etapa educativa.
España es también uno de los 16 países que han aprobado ayudas específicas dirigidas al alumnado con mayores necesidades y forma parte del 40% de países analizados que reforzó el número de profesores durante la pandemia, con la contratación de 30.000 docentes. También forma parte de la mayoría de países que han dado prioridad a la vacunación del profesorado.
Una consecuencia de la pandemia es el aumento del desempleo entre los adultos jóvenes, en particular entre los menos formados. Así, la tasa de desempleo en España entre los adultos de entre 25 y 34 años sin estudios de secundaria postobligatoria ha subido en cuatro puntos en un año, hasta el 27,6% en 2020. En la media OCDE, esta misma cifra ha aumentado en dos puntos, hasta el 15,1%.
Entre la población española de 25 a 34 años con estudios superiores, la tasa de desempleo se sitúa en 2020 en el 15,1%, 13 puntos por debajo de la de jóvenes con estudios básicos. En términos de equidad, uno de los ejes trasversales del informe de este año, la OCDE apunta a las diferencias de rendimiento escolar entre los alumnos y alumnas en función de su origen socioeconómico: en España, la proporción de jóvenes de 15 años del cuartil inferior del índice socioeconómico y cultural (ISEC) que alcanzaron al menos el nivel intermedio de rendimiento en lectura en el Informe PISA de 2018 fue un 27% menor que la de jóvenes del cuartil superior del ISEC. En la media OCDE, el porcentaje fue un 29% menor.
En cuanto a la educación terciaria (Universidades y Formación Profesional de Grado Superior), la tasa de acceso, del 63,7%, es la quinta más alta de la OCDE, por encima de la media OCDE, del 50,8%, y la media UE22, del 50,1%. Casi ocho de cada diez estudiantes (el 79,8%) que finaliza un grado universitario en España lo hace en una institución pública (el 66,2% en la media OCDE y el 75,8% en la UE22).
El 25% del alumnado de terciaria se inscribe en una disciplina STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) en España, una cifra ligeramente inferior a la media OCDE (27,4%) y de la media UE22 (28,2%). Dentro de estas disciplinas, solo se logra paridad entre mujeres y hombres en las de ciencias naturales, matemáticas y estadística. Sin embargo, en otras como ingeniería, producción industrial o tecnologías de la información y la comunicación, menos de 1 de cada 4 estudiantes que inician estos estudios es mujer.
Por otra parte, en España, los titulados en educación terciaria tienen de media sueldos un 45% más elevados que los que han completado la segunda etapa de secundaria. Los que no han completado este último nivel de educación cobran, de media, un 18% menos. En cuanto a las diferencias por sexo, el salario de las mujeres es sistemáticamente inferior al de los hombres: estas cobran entre el 73% y el 80% de los salarios de los hombres con los mismos estudios en España (entre el 76% y el 78% en la media OCDE).
Por último, el número de estudiantes por docente en España está en niveles similares a las medias de los países de la OCDE y de la UE. En Primaria, España cuenta con 14 estudiantes por docente (frente a los 15 estudiantes de media en la OCDE y 13 de media en la UE22); en primera etapa de Educación Secundaria son 12 por docente (13 en la OCDE y 11 en la UE); en segunda etapa de Educación Secundaria son 11 estudiantes por docente (13 en la OCDE y 12 en la UE). En Formación Profesional Básica y de Grado Medio, la media baja a 8 estudiantes por docente en España.
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