04
May
2021
Pedro Sanchez entrega al Supremo la ultima decision sobre el mantenimiento del toque de queda Imprimir
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Foto cedida por MoncloaCrea un procedimiento especial para que las Comunidades recurran si sus Tribunales Superiores de Justicia tumban las medidas que anulan derechos fundamentales

El Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros da soporte legal en el tiempo a muchas de las medidas excepcionales aprobadas en el último año para atender situaciones de vulnerabilidad provocadas por la crisis sanitaria, económica y social del COVID-19.

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha afirmado que, con esta nueva norma, el Gobierno "ha preparado la salida del estado de alarma con responsabilidad, prevención, ponderación y eficacia en la coordinación con otras Administraciones Públicas".

La norma aprobada hoy contempla que el plazo actual de garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables y el bono social a sus perceptores se amplía hasta el 9 de agosto.

Las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda se mantendrán hasta esa misma fecha, entre ellas la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, o la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables económicamente y socialmente de su vivienda habitual.

La consideración como servicios esenciales de los servicios públicos para víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres se prolonga otros tres meses, y se faculta a las comunidades y ciudades autónomas a que destinen los fondos que les corresponden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a sus propios programas al respecto.

Las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal no tendrán obligación de ser convocadas antes del 31 de diciembre de 2021, aunque se establece y regula la posibilidad de celebrarlas con carácter no presencial cumpliendo con determinados requisitos.

Otras medidas en el ámbito sanitario son las relativas al control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España, para detectar de manera rápida la presencia de casos importados de COVID-19, y la prórroga de la posibilidad de contar con profesionales sanitarios jubilados durante la pandemia, garantizando la compatibilidad de sus pensiones.

Carmen Calvo ha asegurado que, tras finalizar el periodo excepcional que supone el estado de alarma, el marco legislativo sanitario sigue permitiendo a las comunidades autónomas dar respuesta a la pandemia y tomar decisiones de protección, incluso aquellas que afectan a los derechos fundamentales y libertades públicas, con la autorización o ratificación judicial correspondiente de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional.

Respecto a estas decisiones judiciales, con el objetivo de que se aplique de forma uniforme la legislación en todo el territorio nacional, el Real Decreto-ley introduce, como novedad, la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para que establezca jurisprudencia. El procedimiento será ágil, sencillo y preferente. La vicepresidenta ha agradecido a jueces y tribunales "su contribución, en la parte que les corresponde, para proteger la sanidad de nuestros compatriotas".

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha trasladado que los datos epidemiológicos por COVID-19 reflejan que la incidencia acumulada en la mayoría de las comunidades autónomas desciende, lo que avala que "la campaña de vacunación realmente está obteniendo buenos resultados".

Además, ha indicado que en el mes de abril se han vacunado en España más personas que sumando los tres meses anteriores. Cinco millones de personas han recibido la pauta completa y a doce millones se les ha administrado la primera dosis. La portavoz ha destacado el trabajo intenso de los sanitarios para cumplir el objetivo del Gobierno: que el 70% de la población esté vacunada en el mes de agosto.

El Gobierno ha aprobado la séptima prórroga del acuerdo del pasado 2 de febrero por el que se limitaron los vuelos entre Brasil y Sudáfrica y los aeropuertos españoles para combatir la propagación del COVID-19. María Jesús Montero ha detallado que la medida estará en vigor desde las 00:00 horas del día 11 de mayo hasta las 00:00 horas del 25 de mayo (horas peninsulares). Se mantienen ciertas excepciones a las restricciones, como son las relativas a vuelos ocupados por ciudadanos españoles o residentes en España. Por otra parte, la portavoz ha recordado que, en el caso de las personas procedentes de la India, una orden ministerial obliga a la presentación de una PCR negativa realizada en origen y a someterse a una cuarentena.

En relación con el certificado de vacunación digital, Montero ha explicado que la Unión Europea está estudiando la posibilidad de que los ciudadanos que tengan completada la pauta de vacunación, con alguna de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, puedan circular libremente por su territorio. Así como los ciudadanos de los países con una tasa de contagio inferior a 100 casos por cada 100.000 habitantes

La posición de España, ha dicho Montero, siempre ha sido favorable, con todas las garantías y precauciones, a promover la movilidad segura entre los países cuya incidencia acumulada esté en unos niveles aceptables, con independencia de que las personas tengan que acreditar la vacunación o algún otro requisito. El Consejo de Ministros ha creado un grupo de trabajo interministerial que se encargará de coordinar la labor de impulso, cooperación y evaluación del Plan 'España, hub audiovisual de Europa', que se presentó el pasado 24 de marzo.

María Jesús Montero ha explicado que el objetivo del plan es impulsar la producción nacional, atraer inversiones, mejorar la competitividad, apoyar el talento español y reducir la brecha de género. Su meta concreta es aumentar al menos en un 30% la producción audiovisual que se realiza en España. El plan es uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y tiene prevista una inversión pública de 1.603 millones de euros para el período 2021-2025.

El Ejecutivo ha aprobado la provisión anual de plazas para acceso a los centros docentes militares de formación de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2021. En el caso de las Fuerzas Armadas, se autoriza la convocatoria de 1.920 plazas de ingreso en centros docentes militares de formación. Además, para fomentar la estabilidad en el empleo, se ofrecen 1.000 plazas de contratos permanentes para militares de tropa y marinería y otras 72 para militares de complemento, así como un máximo de 250 plazas para acceder a la condición de reservista voluntario. En cuanto a la Guardia Civil, se autorizan 65 plazas de acceso a la Escala de Oficiales, con lo que se mantiene el número que viene ofertándose cada año desde 2010.

El Ejecutivo ha aprobado el reglamento de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas, que actualiza los requisitos y los procedimientos de ingreso en los centros docentes militares de formación. María Jesús Montero ha indicado que la medida tiene como finalidad potenciar la promoción de quienes integran la escala de suboficiales y la escala de tropa y marinería, aprovechando así al máximo la capacidad, las competencias adquiridas y el prestigio del personal de las Fuerzas Armadas.

El Reglamento facilita a los suboficiales de todos los cuerpos y escalas el acceso a las titulaciones requeridas para el ingreso en los centros de formación de oficiales, estableciendo un programa para la obtención de titulaciones de grado universitario en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Además, se suprimen las edades máximas para el ingreso a la totalidad de los Cuerpos Comunes, así como a los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros de los Ejércitos y de la Armada.

Por otra parte, la norma exige el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria para acceder a las escalas de tropa y marinería, incluye medidas específicas de protección de la maternidad en el desarrollo de las pruebas de acceso e impulsa la transformación digital en la búsqueda del talento y la selección y evaluación del personal.

La portavoz del Ejecutivo ha concretado que el Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos de la ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 8/2020, de protección y ordenación del litoral de al considerar que menoscaba o invade competencias propias de la Generalitat que no pueden otorgarse a los ayuntamientos.

Esos dos artículos otorgan competencias a los ayuntamientos para autorizar actividades que están previstas en los planes de uso del litoral y de las playas, como eventos deportivos, culturales u otras ocupaciones con instalaciones desmontables.

El Gobierno, a propuesta de su presidente, ha concedido las medallas al mérito civil a David Beriáin y Roberto Fraile, los dos, periodistas asesinados en Burkina Faso, como reconocimiento a su trabajo al servicio de la información y de la comunicación. Tanto Carmen Calvo como María Jesús Montero han resaltado que, a lo largo de su dilatada experiencia profesional, ambos han realizado relevantes labores informativas en zonas de conflicto "arriesgando su vida en pos de la información veraz".

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha anunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará el sábado en una cumbre social organizada por la presidencia portuguesa del Consejo Europeo. En este foro, ha avanzado la portavoz, defenderá la inclusión del pilar social como elemento imprescindible para garantizar una recuperación justa, duradera y sostenible.

La portavoz también ha aclarado que "el Gobierno no ha decidido ni hecho ni planteado" la eliminación de la tributación conjunta del IRPF. Montero ha añadido que el Ejecutivo, atendiendo a las peticiones de Bruselas, ha constituido un comité de expertos para la reforma fiscal que hará propuestas al Ejecutivo para de modernizar el sistema tributario y ganar en progresividad y capacidad.