Todas las campañas, junto a sus costes, serán publicadas en la web de Moncloa

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado para 2012 que prevé una inversión de 35,3 millones de euros, lo que representa una reducción del 56% respecto lo planificado el año pasado. Si se tiene en cuenta la inversión en publicidad comercial, la suma prevista alcanza los 137,5 millones de euros, un 38,2% menos que en 2011.

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que se pondrán en marcha 61 campañas, de las cuales 40 afectan a los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Educación Cultura y Deporte, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El Plan, según Sáenz de Santamaría, asume los principios de austeridad y racionalización pero también de información y transparencia. El plan está publicado en la página web de La Moncloa, donde se especifican las campañas, objetivos, coste, periodo de difusión y al público al que van dirigidos.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente para evitar duplicidades entre administraciones, garantizar la unidad de mercado y simplificar los procedimientos que por su complejidad y coste suponían una gestión difícil.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que se deroga la normativa anterior que posibilitaba que cada comunidad autónoma pudiera asumir competencias de policía, sancionadoras, en la cuenca que correspondía a su autonomía.

Sáenz de Santamaría ha anunciado que el Estado será el encargado de asumir íntegramente la potestad sancionadora en las cuencas hidrográficas que afectan a varias comunidades autónomas. “De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que es el Estado, para evitar duplicidades, solapamientos y actuaciones contradictorias en el procedimiento sancionador en el uso del agua, quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas”, ha dicho.

Respecto a los espacios protegidos, la vicepresidenta ha indicado que el Real Decreto Ley simplifica su régimen de calificación “para que los municipios tengan claro cuál es el régimen jurídico, las limitaciones y los derechos que se pueden ejercer en cada zona”.

Además, la norma aprobada hoy termina con el complejo sistema de notificaciones existente para trasladar residuos entre varias comunidades. Sáenz de Santamaría ha recordado que se necesitaba la notificación de la comunidad autónoma de salida y de llegada. “Se termina con ese procedimiento y se establece un sistema de notificaciones único, más sencillo, más rápido y más barato”, ha dicho.

El Real Decreto también aborda la racionalización y el control del aprovechamiento de los recursos hídricos en beneficio de los agricultores y de los regantes. En este sentido, la vicepresidenta ha avanzado que “se refuerza la potestad sancionadora del Estado para quienes causen daño al dominio público hidráulico y se regula de una manera mucho más cuidadosa las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas”. Además, se incorporan normas comunitarias que mejorarán los derechos de aprovechamiento privado en estas zonas.

Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Real Decreto Ley recoge expresamente la situación de Las Tablas de Daimiel. El Gobierno y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha han acordado establecer normas para mejorar los recursos y el equilibrio de la zona. Estos recursos se transformarán en concesiones que pueden ser transferidas a terceros a cambio de reducirse el volumen de aprovechamiento de cada una de las mismas.

Se trata, según la vicepresidenta, de reordenar los derechos de uso de agua, y buscar fórmulas para evitar la sobreexplotación en esta zona de equilibrio medioambiental tan complejo.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico. La vicepresidenta ha señalado que se garantiza a los usuarios la debida transparencia en un sector clave para el desarrollo económico. Se regula la autorización, los registros, los requisitos y la organización de este tipo de entidades, así como el régimen de actividades transfronterizas que tienen que ser comunicadas al Banco de España.