04
Nov
2020
Sánchez rescata con 475 millones de euros a Air Europa Imprimir
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Foto cedida por MoncloaCon cargo al Fondo de Empresas Estratégicas

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga del Estado de alarma, solicitada a las Cortes Generales, en los términos respaldados por mayoría por el Congreso de los Diputados, el jueves pasado. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha precisado que se aprueba una extensión de seis meses, desde el 9 de noviembre hasta el 9 de mayo. La decisión se revisará en cuatro meses con el objeto de evaluar si sigue vigente su idoneidad o proponer su levantamiento.

Montero ha informado de que la propuesta tendrá que ser formulada al Ejecutivo por la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial de Salud: "La evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos y sociales, determinará si se levanta este estado de alarma o se mantiene, como está previsto en la norma, como máximo, hasta el próximo 9 de mayo".

En este periodo, cada presidente de comunidad autónoma podrá modular, modificar o suspender las medidas que limitan la circulación de las personas en función de los indicadores de su territorio, previa comunicación al Ministerio de Sanidad.

La portavoz ha afirmado que el Ejecutivo entiende que "este decreto es la herramienta legal que dota a cada autoridad competente del pleno amparo constitucional, para que pueda actuar con absoluto respaldo jurídico".

El presidente del Gobierno solicitará su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados cada dos meses para informar de los datos de la pandemia y de las gestiones del Ejecutivo en relación a la aplicación del Estado de alarma. Asimismo responderá a las cuestiones que se le planteen sobre este asunto en las sesiones de control.

María Jesús Montero ha insistido en la conveniencia de que las autoridades delegadas también rindan cuentas en las asambleas autonómicas para que sus decisiones puedan ser revisadas y discutidas.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego que regula, por primera vez, la publicidad del sector de las apuestas en línea y juegos de azar en España.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha argumentado que con esta decisión, el Ejecutivo responde a la demanda social creciente que solicita mayor protección de la salud pública, de los colectivos más vulnerables -como los menores de edad y los jóvenes- y de los consumidores en su conjunto.

Alberto Garzón ha detallado que se prohíben los anuncios de juegos de apuestas en radio y televisión, a excepción del tramo horario de 1 a 5 de la madrugada. Incluso en este tramo, los mensajes que se publiquen estarán enormemente restringidos y no podrán estimular el uso compulsivo del juego. También estarán prohibidos anuncios de estas características en Internet, redes sociales y prensa on line.

Las personas famosas o personajes, reales o ficticios, de relevancia o notoriedad pública, no podrán participar en anuncios de juegos de apuestas, dado que ejercen una influencia enorme, en especial entre los jóvenes.

Garzón ha añadido que los clubes deportivos no podrán llevar publicidad de juegos de azar en sus equipaciones. Además, se prohíbe que las casas de apuestas patrocinen eventos, instalaciones y actividades deportivas.

Tampoco se permitirá que los operadores de juegos utilicen bonos promocionales para atraer a nuevos jugadores. Las empresas solo podrán dirigir sus ofertas a clientes registrados y verificados y, en ningún caso, a personas que hayan mostrado comportamientos patológicos en la actividad del juego.

La norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, no podrán firmarse nuevos contratos contrarios a sus disposiciones.

El titular de Consumo ha explicado que los contratos en vigor tendrán una moratoria de una temporada deportiva, es decir, hasta agosto de 2021: "Una vez extinguidos no podrán ser renovados, por lo que, a partir de esa fecha, no podrá existir ningún tipo de publicidad de este tipo de actividad".

El ministro considera que este plazo es razonable porque permitirá a los operadores de juegos de apuestas y a las empresas vinculadas tener tiempo suficiente para adaptar sus relaciones comerciales, de financiación y garantizar la viabilidad económica de sus negocios.

El incumplimiento de la norma supondrá multas de entre 10.000 y un millón de euros y la suspensión de la actividad empresarial.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2013 de la cadena alimentaria. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que esta reforma transpone la Directiva Europea 2019/633 relativa a prácticas comerciales desleales y completa el Real Decreto-ley 5/2020, que ya introdujo aspectos concretos como la prohibición de que el precio fuera inferior a los costes de producción y la realización de campañas de publicidad que menoscabaran el valor de los productos.

Los objetivos fundamentales de la nueva normativa son dar mayor transparencia al funcionamiento de la cadena alimentaria y la formación de los precios, conseguir el equilibrio del funcionamiento de la cadena en todos sus eslabones y proteger a agricultores y ganaderos, "el eslabón más débil", ha señalado el ministro.

La transposición de la Directiva Europea permitirá que los productores y exportadores españoles queden a su amparo en sus transacciones con cualquier comprador en los mercados de los países comunitarios. Asimismo, queda extendido el ámbito material de la ley al conjunto de los productos alimentarios objeto de transformación -"pan, chocolate o cerveza, por ejemplo", ha dicho Planas- y no solo a los productos agrarios y ganaderos. Y se ha ampliado la lista negra de prácticas comerciales desleales prohibidas por la normativa europea.

Respecto a los contratos escritos, será preceptiva la inclusión de nuevos datos para favorecer su transparencia y se declarará su obligatoriedad cuando su precio esté por encima del mínimo legal. Ahora son 2.500 euros pero, ha recordado el ministro, cuando concluya la tramitación del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, está previsto que se rebaje a 1.000 euros.

La Agencia de Información y Control alimentarios (AICA), vinculada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, será la autoridad nacional de referencia en infracciones y sanciones. Este refuerzo de su labor de control tendrá su equiparación presupuestaria, con una dotación prevista de 8,26 millones de euros, un 32% más, en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Luis Planas ha expresado su confianza en que este Proyecto de Ley pueda concluir su tramitación en las Cortes Generales en el primer trimestre del año que viene.

El ministro ha destacado el "trabajo excelente" del sector primario, industria agroalimentaria y sector de distribución durante la pandemia del COVID-19, que ha permitido "disponer de alimentos y bebidas en cantidad y calidad suficiente y también continuar exportando y nutriendo a nuestros mercados exteriores".

Asimismo, el comportamiento económico del sector es positivo. De hecho, ha destacado el ministro, es el único sector cuyo PIB ha crecido en los últimos 12 meses, un 6,9% según el INE. Las exportaciones a la Unión Europea y terceros mercados han aumentado un 5,5% en el mismo último año y España es el segundo país de la Unión Europea, después de Países Bajos, con un saldo positivo neto de un 25%.

A pesar de estos buenos datos, Planas ha reiterado el apoyo del Gobierno a las demandas de reformas estructurales de "agricultores, ganaderos, sector de la alimentación y todo el mundo rural para su transformación".

Además de la reforma de la cadena alimentaria, Planas se ha referido como muestra de ese compromiso a las dotaciones previstas en los próximos Presupuestos Generales del Estado y al Plan de Recuperación, transformación y resiliencia, al refuerzo del sistema de seguros agrarios o a las ayudas para la renovación del parque de maquinaria agrícola. En el ámbito europeo, se ha referido a los acuerdos alcanzados sobre la nueva Política Agrícola Común y sus fondos, que ascienden, para España, a 47.724,3 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas que favorecen la protección por desempleo de los trabajadores del sector cultural y complementan las medidas de apoyo a este colectivo, particularmente afectado por la suspensión de su actividad como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

María Jesús Montero ha avanzado que ante la persistencia de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, se prorroga hasta el 31 de enero de 2021 la prestación extraordinaria por desempleo para los artistas de los espectáculos públicos. Además, se crea un subsidio por desempleo excepcional, de tres meses de duración, para el personal técnico y auxiliar del sector de la cultura.

El texto también contempla un acceso extraordinario a la prestación por desempleo para los trabajadores taurinos. Percibirán unos 775 euros como máximo hasta el 31 de enero de 2021.

La ministra ha indicado que estos trabajadores se han visto afectados por la suspensión de su actividad justo en el periodo en el que más la desarrollan, lo que les ha impedido cotizar lo necesario para generar derechos a las prestaciones por desempleo.

El Gobierno ha acordado autorizar la primera operación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas para respaldar a la compañía Air Europa. En concreto, se le concederá una ayuda de 475 millones de euros, 240 mediante un préstamo participativo y 235 a través de un préstamo ordinario de 235 millones, que podrán ser devueltos en un plazo de 6 años.

Este fondo, creado el pasado 3 de julio y con 10.000 millones de euros de dotación, tiene como objetivo aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

La portavoz del Gobierno ha señalado que la compañía Air Europa Holding, S.L.U, Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U y Aeronova, S.L.U. cumple con los dos principales requisitos de acceso al fondo. Primero, porque la pandemia ha reducido su actividad en un 95% en términos de vuelo, en el periodo abril-junio, y segundo, porque cumple con el carácter estratégico preceptivo al prestar "un servicio esencial para asegurar la conectividad de España y contribuye a garantizar una adecuada oferta de los destinos turísticos, favoreciendo al conjunto de los usuarios".

Montero ha recordado que Air Europa es la segunda aerolínea española con mayor número de vuelos para los destinos internacionales, especialmente de Iberoamérica, y es un operador significativo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y para la conectividad con los archipiélagos canario y balear y el resto de España. En término de ingresos, supone el 18% de la cifra global del conjunto de las compañías aéreas españolas.

El Ejecutivo ha establecido un nuevo marco para futuras instalaciones de energías renovables mediante subastas. Los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que genere la instalación, ha explicado la portavoz.

Este nuevo texto responde a la necesidad de ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables, a la vez que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías.

El Ejecutivo ha aprobado la "Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050" (ELP 2050) que muestra la senda hacia la descarbonización para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.

El objetivo es que España reduzca en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, y absorba el otro 10% a través de los denominados sumideros de carbono: "El impacto positivo en la calidad del aire redundará en la calidad de vida de los ciudadanos y la conservación de la biodiversidad", ha indicado Montero.

El documento también identifica las oportunidades económicas y de generación de empleo que plantea el proceso de descarbonización como claves en la creación de empleo y la recuperación económica.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a las entidades del Tercer Sector de acción social de ámbito estatal.

María Jesús Montero ha encomiado el "esfuerzo sin precedentes" que están realizando para atenuar el impacto de la pandemia y ha sostenido que es necesario reforzarlo ante la perspectiva de agravamiento de la segunda ola. Para ello se repartirán 26,4 millones de euros entre 300 entidades.

Este importe, ha explicado la ministra de Hacienda, tiene su origen por primera vez, en la nueva asignación tributaria del 0,7% del impuesto de sociedades, que se suma al 0,7% del IRPF.

El Gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, a título póstumo, al que fuera vicepresidente, portavoz y ministro del Gobierno de España, Alfredo Pérez Rubalcaba. Esta distinción se suma a Medalla de Oro al Mérito Policial, con carácter honorífico, aprobada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Montero, que las ha definido como las máximas distinciones a título póstumo de ambos cuerpos, ha señalado que reconocen "el papel fundamental que desempeñó Rubalcaba en la lucha contra el terrorismo".

En relación con la evolución de la pandemia por COVID-19, María Jesús Montero ha manifestado que España sigue registrando un aumento del número de contagios, pero que aún es pronto para evaluar el impacto de las medidas que las comunidades autónomas han adoptado en los últimos días, tras la aprobación del estado de alarma.

La portavoz ha indicado que mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Salud donde se pondrá en común toda la información disponible sobre el desarrollo de la enfermedad y se adoptarán decisiones compartidas con las comunidades autónomas y recomendaciones para todo el territorio. "Necesitamos medidas contundentes que permitan frenar la expansión del virus siempre desde el criterio de la prudencia, del rigor y de la evidencia científica que requiere el abordaje de esta situación", ha dicho.

Por otra parte, la ministra ha anunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciará esta semana, en la Comunidad Valenciana, una ronda de visitas a las comunidades autónomas para presentar y profundizar en el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.