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25
Oct
2020
Pedro Sánchez aprueba un nuevo Estado de Alarma y pretende extenderlo seis meses sin control parlamentario PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaEl Ministro de Sanidad sólo estará obligado a informar cada quince días

Pasadas las dos de la tarde se producía la comparecencia de Pedro Sánchez, en la que confirmaba lo que ya era un secreto a voces desde el día anterior: el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo decreto de Estado de Alarma que entrará en vigor esta misma tarde por quince días, y que, entre otras cosas, establece un toque de queda entre las once de la noche y las seis de la mañana que podrá ser modulado por las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, la sorpresa llegaba cuando el Presidente anunciaba cuales eran sus intenciones para sacar adelante la medida que restringirá los derechos de los ciudadanos, y es que Sánchez quiere que su Estado de Alarma dure, al menos, seis meses, en los que no estará sometido a ningún tipo de control parlamentario, ya que el Ministro de Sanidad tan sólo tendrá que “informar” cada quince días de cómo evoluciona la situación.

Y como el tiempo apremia, el Presidente pretende llevar la prórroga al Congreso de los Diputados esta misma semana, justo antes de que comiencen a tramitarse los Presupuestos de 2021. Si consigue sacar adelante la prórroga, España estará en Estado de Alarma y con toque de queda domiciliario hasta el 9 de mayo, lo que supone acabar de un plumazo con campañas comerciales tan importantes como las de Navidad, Carnavales o Semana Santa.

Además de esta medida, las Comunidades serán las encargadas de establecer otras, como confinamientos perimetrales por municipios o zonas básicas de salud, o, incluso, de toda la Comunidad Autónoma. El nuevo Decreto también mantiene la prohibición de reunirse más de seis personas.

Eso sí, en este tercer Estado de Alarma de la epidemia la responsabilidad será compartida entre Estado y Comunidades Autónomas. Así los Presidentes de los encargados serán la “autoridad única” en cada región, mientras que el Consejo Interterritorial actuará como dispositivo de cogobernanza.

Este nuevo Estado de Alarma, que llega tan sólo 24 horas después de que decayese el anterior, utilizará el sistema de semáforo aprobado la semana pasada y que organiza las distintas zonas por colores atendiendo a criterios sanitarios, como la incidencia acumulada, la positividad o la ocupación de camas.

El Consejo de Ministros, en su sesión extraordinaria del día de hoy, ha aprobado a través de un Real Decreto la declaración del estado de alarma inicial de 15 días, extensible a 6 meses cuando el Gobierno realice la solicitud al Parlamento el próximo martes, para responder ante la situación de especial riesgo causada por el virus COVID-19.

El plazo de 6 meses es el considerado necesario, en base a criterios científicos y recomendaciones de los expertos, para empezar a superar tanto la segunda ola actual de la pandemia como su etapa más dañina. El Estado de Alarma se configura como la disposición legal que permite fijar limitaciones de movilidad y de contactos de tal modo que las Comunidades Autónomas que lo consideren necesario puedan aplicarlo con pleno amparo constitucional.

La declaración responde a la petición de 10 Comunidades Autónomas (Euskadi, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Baleares) y la Ciudad Autónoma de Melilla, tras la propuesta del Gobierno de España. Los presidentes y presidentas autonómicos serán las autoridades competentes delegadas en sus respectivos territorios, y podrán decidir el nivel de aplicación de las medidas de este Decreto según su situación.

Se estable la prohibición general de la movilidad nocturna entre las 23 horas y las 6 de la mañana, pudiendo cada Comunidad Autónoma modular su inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Su aplicación será para todo el país salvo la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a que su mejor situación epidemiológica.

En ese periodo, solo será posible la circulación por causas justificadas como la adquisición de medicamentos, cumplimiento de obligaciones laborales, cuidado de mayores o menores de edad y regreso al domicilio.

Además, las Comunidades Autónomas podrán decidir limitar la entrada y salida de sus territorios, para todo el perímetro de la comunidad o para un ámbito inferior. Igualmente, podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados a un máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes.

Tanto en el caso de las limitaciones a la entrada y salida de sus territorios como en el número máximo de personas en grupos, serán los Presidentes y Presidentas autonómicos los que decidan si estas medidas aplican a sus territorios, en todo o en parte, siendo ellos y ellas las autoridades competentes delegadas.

Las Comunidades Autónomas basarán sus actuaciones en base a los indicadores y criterios acordados el pasado jueves por el Consejo Interterritorial de Salud, relativos al número de infecciones, capacidad asistencial y de salud pública y también a las características y vulnerabilidad de la población. Según esos criterios se establecen cuatro niveles de riesgo para cada territorio: bajo, medio, alto o extremo. Los principales criterios son los siguientes:

En primer lugar, el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una incidencia por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes se considera de riesgo bajo; por encima de 25 se estima de riesgo medio. Una incidencia de 150 casos se considera de riesgo alto, y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes se considera de riesgo extremo.

Este indicador se completa con los niveles de incidencia de los últimos 7 días, la incidencia específica en los mayores de 65 años, que es el colectivo más vulnerable al COVID-19, el nivel de positividad de las pruebas que se realizan en todos y cada uno de los territorios y el porcentaje de casos con trazabilidad, es decir, que se conozca exactamente cuál es el origen de la infección.

En segundo lugar, el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y las camas UCI. Se considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de COVID-19 supera el 15% en hospitalización global y el 25% en el caso de las camas de UCI.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reunirá cada semana, para que sus miembros, esto es, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y todos los consejeros de salud de cada Comunidad evalúen la situación semanalmente y establezcan una respuesta sanitaria coordinada.

Como ha venido ocurriendo hasta la fecha además, el ministro de Sanidad comparecerá cada quince días ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación epidemiológica de nuestro país y de las medidas que se están aplicando para frenar la pandemia. Hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad ha mantenido 182 reuniones con las Comunidades Autónomas y se han repartido 296 millones de material sanitario, de los que 221 millones han ido destinados a las Comunidades Autónomas.

Las Comunidades Autónomas disponen de 16.000 millones de euros del Fondo No Reembolsable establecido por el Gobierno para ayudarlas a combatir los efectos de la pandemia, financiar el incremento del gasto sanitario, del gasto educativo, compensar la caída de ingresos y sentar las bases de la recuperación económica y social.

También tienen a su disposición 5.686 efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo, de los que 1.740 ya están incorporados. Además, se ha constituido una reserva estratégica común que cuenta con más de 512 millones de mascarillas quirúrgicas, 57,6 millones de mascarillas FFP2 y cerca de 2 millones de test de antígenos.

 

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