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14
Oct
2020
Pedro Sánchez quiere cambiar la Ley para renovar el gobierno de los jueces sin consenso PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Congreso de los DiputadosLa Ley actual exige dos tercios del Congreso para nombrar magistrados

El presidente ha defendido, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que el Ejecutivo de coalición está funcionando "razonablemente bien". Además, ha apostado por el diálogo sobre el futuro de Cataluña en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica.En respuesta a la cuestión planteada por el diputado Pablo Casado, del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Sánchez ha expresado en el Congreso su "absoluta confianza" en el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y en el resto de los miembros del Ejecutivo.Este Gobierno -ha añadido- "no tiene ni procesados ni condenados ni imputados".

El jefe del Ejecutivo también ha sostenido que la defensa de la Constitución implica respetar el derecho a la presunción de inocencia de todos los españoles que recoge en su artículo 24.2, así como no bloquear la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Respecto a su valoración de la labor del Ejecutivo de coalición, asunto que ha planteado el diputado Santiago Abascal, del Grupo Parlamentario Vox, Pedro Sánchez ha señalado que "para ser la primera vez en la historia de la democracia, está funcionando razonablemente bien".

El presidente ha subrayado en su intervención la legitimidad del Gobierno, que procede del voto de los ciudadanos en las elecciones y del apoyo de los diputados en la sesión de la investidura.

"Este es un Gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos, legítimamente elegido por esta Cámara. Ya veremos qué apoyos concita su moción de censura la próxima semana", ha manifestado.

El presidente ha reiterado la apuesta que planteó en su discurso de investidura en favor del diálogo territorial, "entre otras cuestiones para cerrar de una vez por todas la crisis política en Cataluña", según ha afirmado en su respuesta a la diputada Mireia Vehí, del Grupo Parlamentario Mixto.

Con ese objetivo -ha explicado-, el Ejecutivo ha puesto en marcha la Mesa del Diálogo y una Agenda del Reencuentro que apuesta por la justicia social y la igualdad entre catalanes y que "tiende la mano a todos los partidos políticos en Cataluña para superar esta etapa negra de confrontación entre catalanes, y también entre Cataluña y el conjunto del país".

El jefe del Ejecutivo ha señalado las cinco claves de la Agenda del Reencuentro: abre un proceso de negociación y de diálogo sobre el futuro de Cataluña; evita la judicialización de la política; promueve, tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, la reparación moral y la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura; impulsa a través de la Mesa de Diálogo "soluciones políticas en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica", y reduce la conflictividad institucional.

"Nosotros estamos por resolver el conflicto político en Cataluña. Ojalá las próximas elecciones en Cataluña sean una gran oportunidad para pasar a una nueva etapa, una etapa presidida por la concordia, la convivencia y el reencuentro", ha señalado Sánchez.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha reunido con la consejera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, con la que ha mantenido una reunión de trabajo.

En la rueda de prensa posterior, Campo ha señalado, en relación a la renovación del CGPJ, que "el mandato constitucional es claro, por tanto, ante el bloqueo sistemático, con un poder judicial cautivo, hay que iniciar ese debate en el parlamento. Se inicia un debate amplio. Pero el PP tiene que desbloquear la situación".

En relación a la sentencia dictada por Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel, Campo ha indicado que "respeta las decisiones judiciales", pero le "preocupan este tipo de situaciones como ministro de Justicia y como ciudadano".

En la rueda de prensa, Campo también ha hecho referencia a las 3 nuevas unidades judiciales que su Ministerio creará en la Comunidad Valenciana para evitar la saturación de juzgados por la ralentización tras la pandemia. En concreto, las nuevas unidades son: el Juzgado de lo Social número 5 de Castellón, el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Alicante y el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Valencia.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pronunció la conferencia titulada "Justicia 2030: más allá de la Justicia" en el Club de Encuentro Manuel Broseta, de Valencia, donde quiso rendir homenaje a este destacado jurista, asesinado por ETA en 1992. Al acto acudieron la presidenta del Club, Amparo Maties, y el vicepresidente, Salvador Vives.

A preguntas de los asistentes, el ministro Campo afirmó que cree que "más temprano que tarde lograremos ese acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el que espera la ciudadanía y lo que legítimamente reclama". Añadió que "ese es el objetivo de la Proposición de Ley que han presentado hoy los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos". Insistió también en la idea de que "constitucionalista no es solo el que cree en la Constitución, sino el que la aplica".

Durante su conferencia el ministro glosó la figura de Manuel Broseta como demócrata, librepensador y "una persona sin miedo" e indicó que, ante la polarización del debate público y el ruido mediático, "lo mínimo que podemos hacer para homenajearle a él y a todas las personas que dieron su vida en defensa de la libertad es honrar su memoria y seguir defendiendo el racionalismo ilustrado y el Estado de Derecho ante el fanatismo y el populismo extremo".

Campo se detuvo después en diseccionar la actual situación del sector Justicia y el programa Justicia 2030, con el que su Ministerio pretende dar respuesta a las actuales necesidades que este tiene.

Según apuntó el ministro, el problema de la Justicia en España no es de recursos económicos ni recursos personales, es que se ha cerrado en sí misma y se ha relacionado poco con otras administraciones y que no mira lo suficiente a la sociedad. Y añadió que "una Justicia que no se entiende no es útil a la sociedad a la que tiene que servir". También reconoció problemas de organización y falta de eficiencia para sacar adelante todos los asuntos judiciales e indicó que "la Justicia tiene que sincronizarse con una realidad que es cambiante". En este sentido, ha comentado Campo, "en breve aprobaremos en Consejo de Ministros la Ley de medidas de justicia digital y sostenible, que constituye nuestra apuesta de agilización procesal del servicio público".

Igualmente, el ministro Campo explicó que esa Ley contribuirá a dar "un gran impulso a la implantación de soluciones más ágiles y eficientes en la tramitación de los pleitos en los cuatro órdenes jurisdiccionales". Insistiendo en que se pretende impulsar más la mediación y reducir la litigiosidad.

Campo explicó cómo el fenómeno COVID ha removido los cimientos del edificio de la Justicia "pero parte de lo que ha traído la pandemia ha venido para quedarse. Esta crisis sanitaria actúa, en cierta forma, como un acelerador de los cambios que teníamos que acometer y nos enseña que de la pandemia salimos juntos: ganamos todos o todos perdemos".

En la concepción del programa Justicia 2030, el ministro de Justicia apuntó que "se trata de un proyecto dinámico, que nace para ser mejorado en base al diálogo, la cooperación y la cogobernanza. Con los actores de la justicia y la sociedad civil. Con las administraciones responsables para tomar decisiones de una manera más rápida, consensuada y eficaz".

Además, se presenta con un programa económico específico, "ya que hemos alineado Justicia 2030 con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó el Presidente del Gobierno la semana pasada", añadió el ministro. "Desde el Ministerio de Justicia aportamos y vertebramos el Proyecto País".

Entre los proyectos tecnológicos incluidos en el programa 2030, Campo destacó las oficinas municipales de Justicia (los Juzgados de Paz del siglo XXI); el proyecto de transformación digital del modelo de Registro Civil; la transición ecológica de las sedes y la Inteligencia artificial aplicada a la Justicia y orientada al dato.

Los principales proyectos normativos a desarrollar incluyen la reforma del Código Penal en materia de delitos contra la libertad e indemnidad sexual; los delitos de maltrato y abandono animal; la ley del derecho de defensa; y la adaptación de los delitos de rebelión y sedición para actualizarlos al siglo XXI. Asimismo, destacó la reforma de la LECrim, cuyos orígenes se remontan también al siglo XIX, señalando "la superación del juez instructor" para dejar la instrucción en manos del fiscal, como aspecto destacado de dicha reforma.

Por último, el ministro conminó a la búsqueda de "una respuesta que solo puede ser conjunta, entre los ministerios competentes; entre las administraciones territoriales; entre los partidos políticos, sin importar el color; y con la sociedad civil, los académicos y los expertos".

El Ejecutivo ha aprobado dos reales decretos que están dirigidos a garantizar la plena igualdad entre mujeres y hombres en el entorno laboral y que, a juicio de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sitúan a España a la vanguardia de Europa en este terreno. Los textos otorgan rango de ley a los reglamentos de Igualdad Retributiva y de Planes de Igualdad.

"A partir de hoy, se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir retribuciones diferentes", ha manifestado la titular de Trabajo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete. Yolanda Díaz ha indicado que esta normativa asegura la corrección de la discriminación salarial en las empresas, una desigualdad que ha calificado de "aberración democrática", pues vulnera los derechos fundamentales de la mitad de la población.

Ambas ministras han recordado que la brecha de género no se limita al ámbito retributivo, sino que también se refleja en la precariedad de los empleos y las dificultades de conciliación de la vida laboral y personal, y han remarcado la relación directa entre las políticas de igualdad de una empresa y su eficiencia.

El Real Decreto de igualdad retributiva facilita la identificación de las discriminaciones salariales a través de un conjunto de instrumentos de transparencia: un registro con información desagregada por sexo, clasificación profesional y tipo de retribución; una auditoría de la empresa que incluya la evaluación de los puestos de trabajo y un plan para corregir las desigualdades; y un sistema de valoración de puestos de trabajo que respete el principio de igual retribución para puestos de igual valor.

Yolanda Díaz ha señalado que la clave del texto es que garantiza el derecho a la información sobre la cadena retributiva, que es "donde justamente se perciben todas y cada una de las discriminaciones que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra carrera profesional y de nuestra vida".

El decreto, además, prevé la celebración de reuniones semestrales de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Igualdad con los agentes sociales para analizar la efectividad de la lucha contra la brecha salarial. También se colaborará con los agentes sociales en la elaboración de una guía de buenas prácticas para la negociación colectiva y las empresas, así como de una guía técnica para las auditorías retributivas.

En cuanto al Real Decreto sobre los planes de igualdad, la titular de Trabajo y Economía Social ha explicado que la meta es que las empresas dispongan de planes que contengan un diagnóstico negociado con los agentes sociales y abarquen desde el proceso de selección del personal y la permanencia en una empresa hasta la salida del puesto de trabajo.

El texto fija el procedimiento de elaboración de los planes a través de una comisión negociadora, su contenido mínimo -que debe incluir la auditoría retributiva- y su vigencia. Los planes incluirán a todos los trabajadores de la empresa y será obligatorio registrarlos.

Irene Montero ha defendido la norma señalando que esos planes no pasaban en algunos casos de ser meras declaraciones de intenciones, por lo que era necesario detallar cómo debe llevarse a cabo en cada empresa el diagnóstico de las discriminaciones por razón de género, que en muchos casos pasan incluso desapercibidas.

La ministra de Igualdad también ha expresado la preocupación del Gobierno por el efecto de la crisis en la situación de las mujeres: "Somos conscientes desde el principio de esta situación de emergencia de que, si no hacemos políticas públicas para evitarlo, el peso de esta situación de emergencia volverá a recaer sobre las mujeres y, sobre todo, de que se pueden producir retrasos, retrocesos de muchos años en el acceso efectivo a sus derechos".

Combatir la dependencia económica de las mujeres y las situaciones de precariedad que sufren es esencial para erradicar la violencia de género, según ha remarcado la ministra, que ha comenzado su intervención condenando un nuevo asesinato machista. Ya son 36 las mujeres asesinadas este año, y un total de 1.069 desde el año 2003. Irene Montero ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo contra la violencia de género y ha recordado los servicios que están a disposición de las víctimas.

El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que inicia ahora su trámite parlamentario. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que la política de su departamento y de todo el Ejecutivo es de "tolerancia cero" con cualquier práctica fraudulenta. "No hay justicia social, no hay justicia tributaria si algunos pretenden eludir los compromisos y las obligaciones que tienen el resto", ha dicho Montero, que ha destacado la importancia de perseguir las prácticas irregulares que suponen un agravio para los contribuyentes que sí cumplen.

La titular de Hacienda ha apuntado que esta labor de la Agencia Tributaria permitió recaudar el año pasado 15.715 millones de euros, un 4,1% más que en 2018, un control que se ha reforzado especialmente sobre los patrimonios elevados y las grandes multinacionales digitales.

La futura ley refuerza las herramientas para prevenir y combatir la evasión fiscal y pone el foco en las fórmulas de fraude más complejas y avanzadas, como aquellas asociadas a las nuevas tecnologías. Además, permite perseguir los comportamientos inadecuados de multinacionales y luchar contra la planificación fiscal abusiva. El Ejecutivo estima que el conjunto de las medidas podría generar unos 800 millones de euros adicionales de recaudación en un solo ejercicio contable.

Entre las novedades más significativas del texto figuran la prohibición por ley de las amnistías fiscales; la reducción del límite del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas de 2500 a 1000 euros, cuando se realice entre profesionales o empresarios; la ampliación de la lista de deudores tributarios; el refuerzo del concepto de 'paraíso fiscal'; un mayor control del mercado de las criptomonedas, y la prohibición de los programas informáticos que facilitan manipular la contabilidad. La norma contempla también la transposición de la Directiva europea contra la elusión fiscal.

La portavoz del Gobierno ha subrayado que la pandemia del COVID-19 sigue expandiéndose a nivel internacional, lo que está obligando a muchos países a reforzar las medidas de contención. El Ministerio de Sanidad -ha añadido- está monitorizando junto a las comunidades autónomas la situación en España, donde en estos momentos una treintena de municipios aplican restricciones a la movilidad.

"Desde el Gobierno queremos trasladar que vienen semanas complicadas, y que de ese comportamiento individual y colectivo, de esa corresponsabilidad que tenemos que ejercer como sociedad, va a depender en gran medida que estemos en mejores condiciones de afrontar la fase, doblegar la curva y, por tanto, hacerlo de la forma mejor posible, como ya hicimos en la primera oleada", ha dicho María Jesús Montero.

Mantener al virus a raya es esencial para proteger las vidas y también la economía, por lo que -ha argumentado- "la mejor receta económica es que se apliquen de manera anticipada las medidas sanitarias".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la reunión constitutiva del Consejo Consultivo para la Transformación Digital, que proporciona un mecanismo de gobernanza adecuado para la estrategia España Digital 2025, basado en la transparencia, la participación y la colaboración.

En la reunión, que se ha celebrado de manera telemática, el presidente ha recordado que la transformación digital es uno de los cuatro ejes transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al que se prevé dedicar el 33% de la inversión pública prevista con las transferencias comunitarias para el periodo 2021-2023. Además, el presidente ha insistido en que acelerar este proceso de transformación digital del conjunto de la economía permitirá mejorar la productividad y la creación de empleo, favorecerá la cohesión territorial y social y contribuirá a fomentar la igualdad de género.

El Consejo Consultivo para la Transformación Digital asesorará al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el diseño de la propuesta de las políticas del Gobierno en materia de transformación digital en sus diferentes ámbitos: telecomunicaciones, infraestructuras digitales, servicios de comunicación audiovisual, digitalización de la economía, la Administración y la ciudadanía, el fomento y regulación de los servicios digitales, y el impulso de la economía y sociedad digitales.

Se trata de un órgano público-privado integrado por representantes de la Administración Pública y asociaciones, expertos y entidades económicas y sociales del ámbito privado vinculadas a la transformación digital.

El presidente del Gobierno ha explicado que el Gobierno quiere escuchar a todos los expertos que viven la digitalización día a día y que el Consejo Consultivo va a permitir informar sobre los detalles que se preparan pero también "recabar opiniones, ideas y propuestas para incorporar a los proyectos".

El Consejo estará presidido por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. También cuenta con dos vicepresidencias que ocuparán la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez. Su funcionamiento se articulará a través de un Pleno que se reunirá de manera anual y dos Comisiones Permanentes.

En la constitución del Consejo este martes han participado más de 50 agentes sociales y económicos relacionados con la transformación digital entre diferentes asociaciones, fundaciones, federaciones, colegios y sindicatos.

La agenda España Digital 2025 incluye cerca de cincuenta medidas agrupadas en diez ejes estratégicos con los que, durante los próximos cinco años, se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país. El alcance de las acciones financiadas se sitúa en torno a los 20.000 millones de euros procedentes de presupuestos públicos.

 

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