La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la Dictadura, dispone en su artículo 11.2 que "La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las mencionadas actividades".

Para cumplir con las disposiciones de la Ley y ejecutar el importe de dicha partida presupuestaria antes del cierre del actual ejercicio, se ha considerado como opción jurídica más adecuada, la aprobación en Consejo de Ministros de un Real Decreto de concesión directa de subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por importe de 750.000 euros y que sea dicha entidad la encargada de su gestión y la que dirija la ejecución con los ayuntamientos interesados.

La FEMP cuenta con declaración de utilidad pública desde 1985 y constituye la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación. Su campo de actuación alcanza a más del 98% de la población española, al aglutinar a más de 7.416 Entidades locales, 7.367 municipios, 38 diputaciones y 11 consejos y cabildos Insulares, lo que configura a la FEMP como el instrumento más idóneo y eficaz para gestionar las actuaciones de apoyo a los descendientes directos de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura a lo largo de todo el territorio español.

Por un lado, la FEMP deberá presentar un Plan de recuperación de Memoria Democrática, donde se definirán las actuaciones a desarrollar, así como los mecanismos previstos para su ejecución que deberá aprobarse por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y tendrá una duración máxima de doce meses. Finalizado este plazo, la FEMP deberá plasmar los resultados obtenidos en un informe final que será entregado al Ministerio, al que se le cederán los derechos del documento,

La subvención se otorgará al amparo de lo establecido en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, al entender que concurren razones de interés público y social que justifican su concesión directa.

Con este proyecto de actuaciones municipales, junto a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, se pone en marcha un plan de choque en este ámbito, que pretende ser una fase transitoria hasta que en los nuevos Presupuestos Generales del Estado se pueda contar con el Plan Cuatrienal de búsqueda de personas desaparecidas durante el Golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura.

El Proyecto de Ley Orgánica aprobado actualiza y moderniza el marco normativo existente, adaptando el ordenamiento jurídico español a las normas internacionales de la lucha contra el dopaje con el fin de garantizar el desarrollo de las competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las propias capacidades naturales de los deportistas, evitando su adulteración mediante la utilización de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos.

La necesidad de proceder a tramitar una nueva Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte responde, fundamentalmente, a la obligación del Estado español de incorporar las modificaciones derivadas del nuevo Código Mundial Antidopaje 2021.

El Código Mundial Antidopaje 2021 entrará en vigor el 1 de enero de 2021, y en caso de incumplimiento de la obligación de incorporarlo al Derecho interno por alguno de los Estados firmantes, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) podrá imponer las correspondientes sanciones.

La elaboración de la nueva Ley ha sido minuciosamente discutida y negociada con la AMA, en un proceso de 4 meses y medio, con 23 diferentes documentos intercambiados y examinados con la finalidad de que el texto incorpore las exigencias recogidas en el nuevo código internacional y al mismo tiempo se acomode, como no puede ser de otro modo, a las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico. También ha sido consultado el COE.

A su vez, se incorporan una serie de adaptaciones derivadas de los cambios normativos internos introducidos por el Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. Debido a la necesidad de aprobar la norma a la mayor brevedad, se ha acordado la tramitación administrativa urgente del Proyecto.

La norma viene a clarificar y precisar, en aras de una mayor seguridad jurídica, el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la ley, la clasificación de los tipos de deportistas sujetos a la misma, las infracciones y sanciones aplicables a los mismos y a otras personas y entidades, así como los métodos específicos aplicables y la gestión de los resultados a observar en la lucha contra el dopaje, siempre con plenas garantías de audiencia y defensa de la presunción de inocencia y la observancia de la correspondiente normativa internacional.

Principales novedades

• Se culmina el proceso iniciado por el Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, conforme al cual las competencias en Deporte y Salud pasan al CSD, y dejan de atribuirse al organismo encargado de la lucha contra el dopaje en el deporte.

• Como consecuencia de lo anterior, se elimina de la denominación la referencia a la "Protección de la Salud en el Deporte", y se actualiza el nombre del organismo, que pasa a ser "Agencia Estatal-Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte".

• La ley adopta medidas que favorecen una acción inspectora, de conformidad con lo dispuesto por el Código Mundial Antidopaje 2021, que incorpora por primera vez obligaciones sobre programas y planes antidopaje al servicio de una acción efectiva frente al dopaje en el deporte.

En el ámbito sancionador:

• Se formula una nueva categorización de los deportistas con licencia y de las sanciones que pueden imponérseles, creando así un régimen sancionador más justo y adaptado a la realidad de la práctica deportiva en la población. A estos efectos, se distinguen 3 niveles de deportistas: internacional, nacional y aficionado.

• Se define un nuevo tipo de sustancias prohibidas, las denominadas "sustancias de abuso" en el deporte y que se consideran como tales en una lista anual actualizada por la AMA (para 2021: cocaína, heroína, MDMA/éxtasis, THC). La aparición de estas sustancias fuera de competición y sin el propósito de incrementar el rendimiento deportivo se sanciona con suspensión de la licencia federativa por un periodo de tres meses.

• Se mantiene la graduación de las sanciones, en función de la naturaleza de la conducta infractora, relativas a las infracciones en materia de dopaje.

• Se definen nuevas infracciones y se actualizan las existentes, de acuerdo con las prescripciones del nuevo código internacional.

Como nuevos tipos de conductas a sancionar, destacan:

• La ayuda, incitación, contribución, instigación, conspiración, encubrimiento o cualquier otro tipo de colaboración en la comisión de cualquiera de las infracciones previstas.

• La manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje por parte de un deportista u otra persona sujeta al ámbito de aplicación de la norma.

• Se elimina la necesidad de realizar un primer aviso antes de sancionar cualquier relación profesional, en el ámbito deportivo, con una persona suspendida por alguna infracción en materia de lucha contra el dopaje, impuesta por autoridades españolas o extranjeras.

• Se crea el "Comité Sancionador Antidopaje", como órgano propio y distinto, imparcial e independiente, dentro de la Agencia, que ejerce las competencias sancionadoras en la materia.

• Se modifica el régimen de recursos, de modo que las resoluciones sancionadoras del Comité Sancionador Antidopaje serán inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la vía administrativa y manteniendo la jurisdicción contencioso-administrativa.

El texto consta de 59 artículos estructurados en cinco títulos: I. Disposiciones generales (relativas al ámbito de aplicación de la ley y la organización administrativa para la lucha contra el dopaje); II. Controles antidopaje (estableciendo las clases de controles, competencia y procedimientos); III. Régimen sancionador en materia de dopaje; IV. Protección de datos personales (de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 28 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales) y V. Control y supervisión de los productos susceptibles de producir dopaje en el deporte sin cambios significativos); tres disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y seis finales. Así como un Anexo de definiciones.

El documento, cuyo desarrollo está contemplado en el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, incluye 60 medidas y fija objetivos nacionales -alineados con la Estrategia Europea del Hidrógeno- a 2030. Entre otros, 4 gigavatios (GW) de potencia instalada de electrolizadores, un mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria deberá ser renovable e implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado propulsados por este producto.

La consecución de los objetivos a 2030 que refleja la Hoja de Ruta facilitarán posibilitará reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 4,6 millones de toneladas equivalentes de CO2 (CO2eq).

Por último, la Hoja de Ruta anticipa una visión de cuál será el papel del hidrógeno en las siguientes tres décadas, en las que España busca liderar un proyecto país hacia una economía descarbonizada, de manera que se fomente la cadena de valor innovadora, el conocimiento aplicado de la industria, el desarrollo de proyectos piloto a lo largo del territorio nacional y el apoyo a las zonas de transición justa.

El hidrógeno no es una fuente primaria de energía, como lo pueden ser el sol o el viento, sino un vector energético, es decir, un producto manufacturado que es capaz de almacenar energía para, posteriormente, pueda ser liberada de forma gradual. En el caso de que se empleen energías renovables en su fabricación, el hidrógeno obtenido tendrá la consideración de "hidrógeno verde" o "hidrógeno renovable".

La Hoja de Ruta identifica este vector energético como una solución sostenible clave para la descarbonización de la economía y el desarrollo de cadenas de valor industriales y de I+D+i, convirtiéndose así en una de las palancas de reactivación económica ligadas a la transición energética, junto a otros ámbitos como el despliegue renovable, la movilidad sostenible y conectada o la rehabilitación energética de edificios.

En este sentido, la Hoja de Ruta identifica las oportunidades que representan para España el fomento de la producción nacional y la aplicación del hidrógeno renovable.

En primer término, la apuesta por el hidrógeno renovable activará el desarrollo de cadenas de valor. Se abren nuevas oportunidades de generación de empleo sostenible y de actividad económica en ámbitos como la fabricación de ensambladores de electrolizadores, de pilas de combustible, de componentes (electrónica, control, automoción, mecánica), de vehículos, astilleros, de depósitos a presión, hidrogeneras o plantas de producción de hidrógeno renovable, así como su gestión, soluciones de almacenamientos a gran escala, equipos para el transporte de hidrógeno o de servicios de movilidad basados en hidrógeno renovable.

Este fortalecimiento de la cadena de valor vendrá acompañado de una mayor I+D+i energética española, que se convertirá además en un pilar para un desarrollo económico sostenible. Al respecto, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, incluye entre sus líneas estratégicas de I+D+i nacional la aplicación del hidrógeno renovable en la industria y como recurso para el cambio climático y la descarbonización.

El hidrógeno verde será clave en la senda que ha emprendido el país para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, así como de otros contaminantes ligados a segmentos como el transporte, la generación de energía y el sector industrial. De hecho, la Hoja de Ruta subraya el potencial del hidrógeno renovable para descarbonizar sectores o procesos con mayor complejidad de descarbonización como pueden ser el transporte aéreo o los procesos industriales que requieran altas temperaturas.

Además, el documento destaca su potencial para acelerar el despliegue renovable en nuestro país, con los efectos positivos asociados que tiene una mayor presencia de energías renovables en el sistema sobre los precios de electricidad y sobre la competitividad industrial. En este ámbito, la Hoja de Ruta subraya su papel en el desarrollo de redes inteligentes y, especialmente, para almacenar energía renovable a gran escala y de manera estacional, aportando gestionabilidad al sistema. Este despliegue se hará en línea con la Estrategia de Almacenamiento, cuyo borrador ultima en estos momentos el MITECO.

Estos dos factores, según la Hoja de Ruta, harán del hidrógeno uno de los principales activos para lograr que España sea una de las potencias europeas en generación renovable. A ello se añade la implantación de otras tecnologías, como las que recogerá la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y las Energías del Mar en España, también en fase de elaboración, y que propiciarán un cambio radical al paradigma energético actual, consolidando un sistema eléctrico 100% renovable no más tarde de 2050.

Otro aspecto destacado por la Hoja de Ruta es el potencial del hidrógeno renovable para favorecer la descarbonización de los sistemas energéticos aislados, con especial atención a los territorios insulares.

La Hoja de Ruta plantea objetivos nacionales de fomento del hidrógeno renovable a 2030 y, en base a los mismos, diseña una visión a 2050, cuando España habrá de alcanzar la neutralidad climática y contar con un sistema eléctrico 100% renovable. Los objetivos son coherentes con las metas que se ha fijado la Comisión Europea en su Estrategia de Hidrógeno. Son estos:

• Producción: 4 GW de potencia instalada de electrólisis -el sistema de producción de hidrógeno renovable empleando energías limpias y agua-, lo que representa un 10% del objetivo marcado por la Comisión Europea para el conjunto de la UE. Adicionalmente, como hito intermedio, se estima que para el año 2024 sería posible contar con una potencia instalada de electrolizadores de entre 300 y 600 MW.

• Un 25% del consumo de hidrógeno industrial será de origen renovable en 2030. En la actualidad, la industria emplea la práctica totalidad de las 500.000 toneladas de hidrógeno que consume España anualmente. En su mayoría, el producto utilizado es hidrógeno de origen fósil (o hidrógeno gris), es decir, emplea gas natural como materia prima en su elaboración. Por cada kilogramo de hidrógeno renovable que sustituye a un consumo existente de hidrógeno no renovable, se evitan 9 kg de CO2 a la atmósfera.

• En cuanto a movilidad, para 2030, se plantea una flota de al menos 150 autobuses; 5.000 vehículos ligeros y pesados; y 2 líneas de trenes comerciales propulsadas con hidrógeno renovable. De igual modo, debería implantarse una red con un mínimo de 100 hidrogeneras y maquinaria de handling propulsada con hidrógeno en los 5 primeros puertos y aeropuertos.

A partir de estos objetivos, la Hoja de Ruta anticipa los cambios que se producirán en la economía del hidrógeno más allá de 2030 y hasta 2050. El documento destaca que, una vez concluida esta década, se producirá una aceleración de la producción y aplicación del hidrógeno renovable en España, que serán plenamente competitivas frente a otras tecnologías de producción. Este hecho facilitará la expansión del consumo de hidrógeno renovable en sectores difíciles de descarbonizar y en nuevas aplicaciones, incluyendo el transporte marítimo y aéreo, y los procesos energéticos industriales de alta temperatura. Por último, debido a su potencial como productor, la Hoja de Ruta prevé que España pueda convertirse en un exportador de hidrógeno renovable al resto de Europa.

El documento plantea un conjunto de 60 medidas, agrupadas en cuatro ámbitos de actuación. En primer lugar, se recogen actuaciones de carácter regulatorio que incluyen, entre otras, la introducción de un sistema de garantías de origen que asegure que el hidrógeno se ha producido a partir de energía 100% renovable. Un segundo capítulo está dedicado a las medidas de carácter sectorial para incentivar el uso de hidrógeno renovable y la puesta en marcha de proyectos en ámbitos como el industrial, el energético o el de la movilidad.

Por otro lado, la Hoja de Ruta recoge medidas de carácter transversal para fomentar el conocimiento del potencial del hidrógeno renovable en el conjunto de la sociedad; y, por último, se aborda el fomento de la I+D+i vinculada estas tecnologías.

Entre otras medidas, la Hoja de Ruta impulsará el diseño de instrumentos financieros de apoyo a la industria española consumidora intensiva de hidrógeno para la adaptación de sus procesos e infraestructuras al suministro continuo de hidrógeno renovable. Asimismo, se identificarán los polos de consumo de hidrógeno en la actualidad, fomentando e incentivando la creación de "valles de hidrógeno"; y se promoverá la constitución de Mesas del Hidrógeno Industrial junto a comunidades autónomas, administraciones locales, consumidores de hidrógeno y promotores de proyectos de producción de hidrógeno renovable.

De igual modo, se incluyen medidas para propiciar el desarrollo nacional de electrolizadores de grandes potencias (100 MW), así como para impulsar su fabricación en masa y la aplicación de nuevos materiales; y para fomentar la I+D+i a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno, de manera que la ciencia española y las empresas puedan participar en su desarrollo, lo que permitirá crear conocimiento y ventajas competitivas, incluyendo la industria española del automóvil, el transporte ferroviario, marítimo y aéreo. Al respecto, se creará una línea de financiación exclusiva para proyectos de la cadena de valor del hidrógeno renovable en los sucesivos Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

Por otro lado, se potenciarán nuevos núcleos energéticos de producción de hidrógeno renovable que contribuyan a evitar la despoblación rural y a conseguir los objetivos de reto demográfico, con especial atención a las regiones de transición justa.

La Hoja de Ruta concluye identificando los diferentes instrumentos de financiación para su despliegue, que incluyen los fondos de EU Next Generation y la Clean Hydrogen Alliance, creada por la Comisión Europea. Asimismo, el documento incorpora un anexo con proyectos de hidrógeno identificados en España.