Aplauden que el Tribunal de Cuentas pida a Artur Mas el coste del 9-N

Unión Progreso y Democracia ha calificado como “Golpe de Estado contra la democracia” la aprobación de la ley del referéndum que tiene lugar hoy en el Parlament catalán. La formación progresista ha considerado como excepcionalmente grave este ataque a la democracia, que vulnera el principio de soberanía nacional consagrado en la Constitución y hurta a los españoles una decisión que afecta a toda España. Estas acciones ilegales e ilegítimas no pueden quedar impunes en un estado de derecho, por lo que el partido magenta anuncia que emprenderá acciones para que sus responsables respondan por ellas.

UPYD recalca que el texto ha sido introducido por la Mesa en el orden del día, votado y publicado en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma sin garantía alguna, contra el criterio de los abogados y del secretario general de la cámara, y sin dar a los parlamentarios de la oposición las 48 horas preceptivas para presentar enmiendas. Por todo ello la formación progresista considera que los responsables del proceso secesionista han convertido el Parlament y su mesa en  un instrumento a su servicio, ridiculizando la institución y a los catalanes a los que representa.

Ante estos hechos, el portavoz de la formación Cristiano Brown insta a Mariano Rajoy a tomar las medidas necesarias para detener el golpe de estado que representa el referéndum previsto para el 1 de octubre. Si bien Brown apoya la impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional, que previsiblemente decretará su suspensión, considera que el Gobierno no puede limitarse a la acción judicial. El acto de hoy es el penúltimo paso en un proceso perfectamente diseñado y que se ha visto fortalecido por la pasividad del Ejecutivo popular. En este sentido, UPYD pide a Rajoy que aplicar el artículo 155 de la Constitución para impedir que la Generalitat utilice sus competencias en beneficio del proceso. Brown ha concluido anunciando que se pondrá en contacto con el Presidente para solicitar una reunión de todos los partidos constitucionalistas en la que acordar las medidas a adoptar de forma firme y unitaria.

Por otra parte, Unión Progreso y Democracia celebra que se exija a los responsables de la consulta fraudulenta del 9-N que abonen el coste del referendum ilegal. El Tribunal de Cuentas exige a Artur Mas y a otros cargos de su gobierno que paguen de su bolsillo los gastos causados al erario público por organizar la consulta, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. La suma asciende a 5,1 millones. En caso de que no puedan aportar esa fianza, les podría embargar bienes hasta cubrir el dinero reclamado por el organismo fiscalizador del Estado.

El líder de UPYD, Cristiano Brown ha criticado las acusaciones realizadas contra el Tribunal de Cuentas por parte del Gobierno de la Generalitat dejando claro que “la reclamación del Tribunal es la consecuencia de promover una consulta ilegal como la que los independentistas promueven para el próximo 1 de octubre; para la que también están empleando dinero público en su promoción” afirma.

Aunque la decisión no es firme, UPYD confía en que “finalmente sean los responsables de la consulta y no los catalanes, los que asuman su coste”. Así mismo, la formación recuerda que en su día presentó una querella contra el president, tres de sus consejeros y la Mesa del Parlamento por prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones, malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otro bloque de delitos electorales.