 Por lo que califican de “escandalosa política de nombramientos”
Juezas y Jueces para la Democracia denuncia la "sectaria política de nombramientos que viene desarrollando el Consejo General del Poder Judicial, que ha alcanzado su cenit con la designación de la presidenta de la Sala Penal y de los magistrados de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional así como de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Una política que supone el flagrante abandono de su cometido institucional y sus deberes constitucionales de defensa de la independencia de los jueces y de mantenimiento de la separación de poderes", tal y como afirman en un comunicado.
"Lo que se denuncia no es un hecho aislado, pues sigue al nombramiento de un Fiscal General del Estado (que obtuvo el plácet casi unánime del Consejo) complaciente con la política de nombramientos diseñada desde el Ministerio de Justicia, y a la consiguiente colocación al frente de la fiscalía anticorrupción de un profesional que, conocidamente, gozaba del favor de investigados por corrupción vinculados al partido del gobierno. Las conversaciones entre algunos de estos, con cargos del máximo nivel hasta hace poco en el gobierno de la Comunidad de Madrid, son un escándalo que ilustra sobre el papel reservado a la jurisdicción y el ministerio público en el imaginario de un sector significativo de la derecha gobernante, que se concreta en la subordinación de ambas instituciones a sus intereses político-partidistas. El Consejo General del Poder Judicial ha cumplido un papel irreemplazable en la hoja de ruta diseñada al detalle desde el Ministerio de Justicia para controlar la actividad judicial relacionada con las innumerables causas por corrupción que afectan al partido del gobierno; y lo ha hecho tanto por acción, al cooperar en la puesta en marcha en tiempo récord (menos de tres meses) de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y completar la sala constituida en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como por omisión, no dando cumplimiento, pudiendo hacerlo, a las previsiones legales que le autorizan desde 2015 a convocar pruebas selectivas y proveer de magistrados especialistas en el orden penal, que son los preferentemente llamados por la ley para cubrir estas plazas. Las personas elegidas para ocupar la presidencia de la sala penal y el tribunal de apelación de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel y Enrique López, habían sido apartados reiteradamente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por su falta de imparcialidad para conocer de causas penales relacionadas con delitos de corrupción del partido del gobierno. Nada menos que en tres ocasiones el tribunal en pleno se vio obligado a admitir las recusaciones apoyadas por la fiscalía. La pertinaz actitud de la magistrada y el magistrado, al tratar de mantener su presencia contra viento y marea, es un hecho inédito en nuestra historia judicial; como lo fue también la aludida posición de la fiscalía. Espejel y López eran los candidatos más inidóneos desde el punto de vista de la separación de poderes y de la imagen de imparcialidad que debe connotar a los tribunales. Otro tanto cabe predicar de quien ha ocupado la plaza creada en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la ex presidenta de su Audiencia Provincial, Carmen Llombart, vocal del Consejo General del Poder Judicial por designación del Partido Popular. Es preciso tener en cuenta que la Audiencia Nacional acumula causas de corrupción que afectan al partido del gobierno, y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha dictado ya, hace pocas fechas, la primera sentencia condenatoria de las numerosas causas que penden en ese tribunal relacionadas con el caso “Gurtel”; unos datos sin los cuales, seguramente, no se habrían producido estos movimientos, o no de esta manera", afirma la Asociación.
"El Consejo General del Poder Judicial ha hecho causa común con el gobierno y su partido y les ha dado satisfacción nombrando, en tal delicadísima coyuntura, a jueces de su preferencia. Esto supone una ruptura de reglas básicas de funcionamiento del estado de derecho, a cuya esencia corresponde someter a los poderes públicos y privados a la Constitución y a la ley, reducir las ilegalidades del poder y sancionar los delitos que cometan los sujetos públicos. Lo sucedido es de una gravedad tal que compromete para el futuro y de manera irreversible la capacidad para desarrollar sus funciones de dos tribunales que son ya, y lo serán aún más en el futuro, la clave en el enjuiciamiento de los más graves casos de corrupción que afectan al partido que sostiene al gobierno. Solo un diseño institucional del Consejo como el actual, trazado asimismo por el gobierno, y centrado en la figura de un todopoderoso presidente, indirectamente designado también por el partido del gobierno, podría haber propiciado una política de nombramientos tan desafortunada y perjudicial para la imagen de jueces y magistrados/as y el funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales. Por eso, Juezas y Jueces para la Democracia se considera obligada, en defensa de la Constitución y de la legalidad, a solicitar la dimisión del Presidente del Consejo General del Poder Judicial, como principal responsable de estas decisiones y omisiones", concluyen. |
