María Jesús Montero vota en contra de las ayudas a las víctimas de Adamuz

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026, así como otras medidas relevantes en materia de Seguridad Social. La subida, que ya fue efectiva en las nóminas de enero y febrero tras su aprobación por parte del Consejo de Ministros, supone un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones contributivas.

"Se trata de una medida trascendental que afecta directamente al bienestar y la seguridad económica de millones de personas", ha expuesto la ministra Elma Saiz en el pleno del Congreso, donde ha reivindicado que "nuestro sistema de pensiones está acreditado como uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar". Las pensiones mínimas, por su parte, aumentan su cuantía más del 7%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital lo hacen un 11,4%.

En total, se han revalorizado cerca de 13 millones de pensiones y prestaciones con el objetivo de que los pensionistas mantengan o aumenten su poder adquisitivo, en el caso de las de menor cuantía. Entre los beneficiarios, se encuentran los perceptores de pensiones contributivas y no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares a los que alcanza el Ingreso Mínimo Vital y quienes tengan reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.

El texto convalidado en la Cámara baja también contempla modificaciones en materia de cotizaciones, una prórroga de la compatibilidad de jubilación y trabajo para profesionales sanitarios y otros ajustes técnicos, entre otras medidas.

La revalorización del 2,7% con carácter general se ha calculado en base al índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en aplicación de la fórmula establecida en la Ley 20/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Esta media fue aprobada en 2021 y acordada con los interlocutores sociales, dando cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC.

Este año, la revalorización supone unos 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación. La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión contributiva (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares) aumenta en torno a 500 euros anuales. En conjunto, la subida beneficia a los 9,5 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 736.800 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

También el complemento para la reducción de la brecha de género, por su parte, se revaloriza un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025. "Nuestra responsabilidad es proteger a quienes sostuvieron este país durante décadas y también generar confianza en las generaciones más jóvenes", ha expuesto la ministra Elma Saiz en el Congreso.

El Real Decreto-ley convalidado en el Congreso también incluye un mayor incremento para las pensiones mínimas, las no contributivas (PNC) y el IMV, que también se ha aplicado en las nóminas de enero y febrero tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros.

En concreto, las pensiones mínimas suben más del 7% en 2026. Y este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 11,4%. Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se han revalorizado también un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales se fija en 13.106,80 euros anuales (frente a los 12.241,6 euros de 2025) y de 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2025 ha sido de 15.786,4 euros).

La asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2026 los 5.962,80 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.942,40 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,7%.

El Real Decreto-ley incluye además otras medidas relevantes que afectan a colectivos específicos y a la gestión del sistema. Con el objetivo de posibilitar la anticipación de la jubilación de los bomberos forestales y los agentes forestales y medioambientales, este texto regula una cotización adicional que permite activar coeficientes reductores en la edad de jubilación. Se reconoce de esta forma la especial penosidad y peligrosidad de su trabajo.

Además, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de que los facultativos de Atención Primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con el ejercicio de su actividad profesional. Esta medida se prorroga tras los resultados positivos obtenidos, ya que entre 2023 y 2025 más de 1.200 profesionales sanitarios se han acogido a esta modalidad, contribuyendo a reforzar la atención sanitaria y a paliar la escasez de profesionales en el primer nivel de atención.

El texto aprobado incluye también distintos ajustes técnicos en materia de cotizaciones. En este sentido, se actualiza la base mínima de cotización y los grupos de cotización; el tope máximo de cotización se fija en 5.101,20 euros, y se actualiza la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, así como la cuota de solidaridad. En el caso de los trabajadores autónomos, se prorrogan durante 2026 los tramos de rendimientos netos vigentes en 2025.

El Pleno del Congreso fue escenario de una votación significativa en la que los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP), Vox y Junts se unieron para derogar dos decretos leyes del Gobierno. Estos decretos eran de vital importancia, ya que abordaban cuestiones relacionadas con la protección social y la regulación de precios en situaciones de emergencia.

Decretos Derogados

1. Decreto sobre el Escudo Social

El primer decreto que fue derogado contenía medidas para prorrogar el escudo social, que incluía:

Moratoria Antidesahucios: Esta medida tenía como objetivo proteger a las personas vulnerables de los desahucios, ofreciendo una moratoria que impedía que estas personas fueran desalojadas de sus hogares.
Prohibición de Cortes de Agua y Luz: La norma también prohibía el corte de suministros esenciales como agua y electricidad para aquellos en situación de vulnerabilidad.
Actualización de Entregas a Comunidades Autónomas: Se preveía la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
Ampliación de Descuentos en el Bono Social Eléctrico: Se incluían más descuentos para las familias que necesitaban apoyo en sus facturas de electricidad.
Exenciones Fiscales: Se establecían exenciones fiscales para las ayudas destinadas a las víctimas de incendios y otras catástrofes naturales.

2. Decreto del Ministerio de Consumo

El segundo decreto que fue derogado otorgaba al Gobierno la capacidad de fijar un precio máximo para productos y servicios en situaciones de emergencia. Este mecanismo se activaría en circunstancias excepcionales, como desastres naturales, y establecía que el precio no podría ser superior al que se había registrado en los treinta días anteriores a la declaración de la emergencia.

En la votación, UPN optó por la abstención, mientras que el resto de los partidos en el hemiciclo votaron a favor de las normas. Sin embargo, la coalición de PP, Vox y Junts logró derogar ambos decretos con un total de 177 votos.

Tras la derrota de los decretos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó su descontento a través de redes sociales, calificando a PP, Vox y Junts de "irresponsables" en su trato hacia la clase trabajadora y de ser "protectores" de los privilegiados.

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, criticó duramente a PP y Vox, acusándolos de actuar en contra de los intereses de la ciudadanía. En sus declaraciones, enfatizó que su voto en contra del decreto de precios permitiría que las empresas abusaran de las situaciones de vulnerabilidad, especialmente en momentos de crisis, como los recientes temporales en Andalucía.

Bustinduy también mencionó un escándalo relacionado con la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante, insinuando que el PP estaba favoreciendo a sus allegados en la gestión de estos recursos.

A pesar de la derogación de los dos decretos mencionados, el Gobierno logró aprobar otros dos importantes:

1. Revalorización de Pensiones

Este decreto, que establece la revalorización de las pensiones para el año 2026, fue aprobado con el único voto en contra de Vox. Las pensiones contributivas y de clases pasivas aumentarán un 2,7%, mientras que las pensiones mínimas tendrán un incremento superior al 7%. Además, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

2. Ayudas a Víctimas de Accidentes Ferroviarios

El segundo decreto aprobado se refiere a las ayudas económicas para las víctimas de accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Este decreto fue respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto por un error de votación de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien votó en contra por equivocación. Las ayudas oscilarán entre 2.404 y 84.141 euros, dependiendo de la gravedad de los daños sufridos.

En una votación que refleja la coalición entre el Partido Popular (PP), Vox y Junts, se ha derogado por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de desahucios para familias vulnerables. Este decreto también incluía la prohibición de cortar suministros básicos, lo que ha generado un amplio debate sobre la protección social en momentos de crisis.

Resultados de la Votación: Votos a favor: 172
Votos en contra: 177
Abstención: 1 (Unión del Pueblo Navarro - UPN)

El decreto derogado contenía varias medidas significativas que ahora quedan sin efecto:

Suspensión de Desahucios: Protección para familias vulnerables frente a desalojos.
Prohibición de Cortes de Suministros: Aseguraba el acceso a servicios básicos.
Congelación de Cuotas para Autónomos: Medida destinada a aliviar la carga económica de los trabajadores autónomos.
Ayudas Fiscales: Incentivos para la compra de vehículos eléctricos y asistencia para quienes sufrieron daños por desastres naturales.
Actualización de Entregas a Cuenta: Ajustes financieros para comunidades autónomas y entidades locales en 2026.
Prohibición de Despidos: Restricciones para empresas que reciben ayudas públicas.
Eliminación de Obligaciones Fiscales: Exoneración de la presentación de la declaración de la renta para perceptores de prestaciones por desempleo.
Suspensión de Causas de Disolución: Protección para empresas afectadas por pérdidas debido a desastres naturales.

En contraste con la derogación anterior, el pleno ha convalidado un decreto ley que revaloriza las pensiones en un 2,7% de manera general. Este incremento es aún mayor para las pensiones mínimas, que se revalorizan un 7%, y las pensiones no contributivas, que aumentan un 11,4%. Este decreto ha sido respaldado por toda la Cámara, excepto por los votos en contra de Vox.

Tramitación: El decreto será tramitado como un proyecto de ley, lo que implica un proceso legislativo adicional.

El Congreso también ha aprobado un decreto que establece ayudas económicas para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Esta medida busca brindar apoyo a quienes han sufrido las consecuencias de estos trágicos eventos.

Por otro lado, el pleno ha rechazado un decreto ley que pretendía establecer un límite a los precios de productos y servicios esenciales en situaciones de emergencia. Este decreto tenía como objetivo evitar que las empresas se beneficiaran de la vulnerabilidad de la ciudadanía, especialmente tras el accidente de tren en Adamuz, que provocó un aumento de precios en servicios como los de aerolíneas. Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, defendió la necesidad de esta norma para proteger a los consumidores de subidas abusivas. La votación en contra de este decreto también fue respaldada por PP, Vox y Junts, lo que evidencia una tendencia en el Congreso hacia la desregulación en este ámbito.