Un 26 de febrero de 1976 España renunciaba oficialmente al Sahara

El 26 de febrero de 1976, España notificó a la ONU su salida definitiva del Sáhara Occidental, un territorio del cual se había comprometido a garantizar la autodeterminación de sus habitantes mediante un referéndum. Esta decisión se tomó sin haber cumplido con dicha promesa, lo que llevó a la renuncia de España a cualquier responsabilidad sobre el territorio, que actualmente es controlado mayoritariamente por Marruecos.

En la carta enviada por el embajador español ante la ONU, Jaime de Piniés, se argumenta que, a pesar de la voluntad del Gobierno español de descolonizar el Sáhara de manera ordenada y pacífica, factores externos impidieron la celebración del referéndum prometido. España había anunciado el 20 de agosto de 1974 que se llevaría a cabo un referéndum en los primeros seis meses de 1975, pero la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que solicitaba el aplazamiento del mismo, lo que generó un clima de incertidumbre.

El Gobierno español accedió al aplazamiento del referéndum, confiando en que se respetaría el derecho a la autodeterminación de la población autóctona. Sin embargo, el embajador comunicó a la ONU que, si no cesaban los factores perturbadores, España se vería obligada a finalizar su presencia en el territorio. Esto se dio en un contexto donde la Misión Visitadora de la ONU había encontrado que la mayoría de la población del Sáhara estaba a favor de la independencia.

El rey de Marruecos, Hassan II, interpretó de manera diferente el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que no encontró vínculos jurídicos que afectaran la descolonización del Sáhara. En respuesta, anunció la "Marcha Verde", una movilización pacífica para reivindicar el territorio.

Las negociaciones entre España, Marruecos y Mauritania culminaron en el Acuerdo Tripartito de Madrid, que estableció que la presencia española en el Sáhara terminaría antes del 28 de febrero de 1976. España defendió su posición de haber hecho todos los esfuerzos necesarios para una descolonización pacífica, aunque lamentó que las circunstancias externas impidieran la organización del referéndum.

En su carta a la ONU, España afirmó que se consideraba desligada de cualquier responsabilidad internacional respecto al Sáhara Occidental, al cesar su participación en la administración temporal acordada. Sin embargo, esta afirmación ha sido objeto de debate, ya que el Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de la ONU de territorios pendientes de descolonización.

A pesar de que el Gobierno español sostiene que dejó de ser potencia administradora del Sáhara, expertos en Derecho Internacional, como Juan Soroeta, argumentan que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Según Soroeta, un Estado puede renunciar a sus derechos, pero no a sus obligaciones. Además, se señala que España continúa controlando el espacio aéreo del Sáhara Occidental, lo que refuerza la idea de que sigue teniendo responsabilidades en la administración del territorio.

La Audiencia Nacional de España también ha respaldado la idea de que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara. En un auto de 2014, se destacó que, a nivel formal y jurídico, el Sáhara español era una provincia y que, con su entrada en la ONU, España asumió el rol de potencia administradora, con obligaciones hasta que se complete el proceso de descolonización.