El Guardia Civil tenía 93 años

El 25 de febrero se confirmó la muerte de Antonio Tejero en Valencia, después de haber estado en un estado de salud delicado durante varios meses. Un comunicado emitido por uno de sus hijos a través del abogado de la familia expresa el profundo dolor por su pérdida y agradece a Dios por la vida de Tejero, resaltando su entrega a la familia, a España y a su fe. Además, se menciona que Tejero falleció en compañía de todos sus hijos y recibió los últimos sacramentos.

Antonio Tejero nació el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande, Málaga. Su notoriedad se debe al asalto que lideró al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981, un evento que marcó un hito en la historia política de España. Durante este asalto, Tejero pronunció la famosa frase "¡quieto todo el mundo!" mientras disparaba al techo del hemiciclo, donde se encontraban los diputados en el proceso de investidura del presidente Leopoldo Calvo Sotelo. Este acto de violencia fue parte de un intento de desestabilizar el gobierno democrático español.

Durante el asalto, Tejero mantuvo retenidos a los parlamentarios en el Congreso, lo que generó una crisis política significativa. Sin embargo, tras varias horas de tensión, permitió la salida de los diputados la mañana del día siguiente, lo que culminó en el fracaso del golpe de Estado. Como resultado de su participación en el golpe de Estado, Tejero fue condenado en junio de 1982 a 30 años de prisión por rebelión militar. Además de la condena, perdió su empleo y fue expulsado de la Guardia Civil, lo que marcó un giro drástico en su carrera y vida personal.

Tejero pasó varios años en la cárcel militar de Alcalá de HenaresMadrid), y no fue hasta 1996 que fue liberado, convirtiéndose en el último de los implicados en el intento de golpe de Estado en ser puesto en libertad. Su salida de prisión marcó el final de un capítulo tumultuoso en la historia reciente de España. Antes del intento de golpe de Estado del 23-F, Tejero ya había estado involucrado en otra intentona golpista en noviembre de 1978, conocida como operación 'Galaxia'. En esa ocasión, fue condenado a siete meses de prisión, lo que demuestra su historial de implicación en actividades subversivas.

El Gobierno de España ha desclasificado un total de 153 documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, los cuales ya están disponibles en la página web del Palacio de La Moncloa. Esta documentación ofrece una visión profunda sobre los eventos que rodearon el golpe y las campañas políticas que se llevaron a cabo en su contexto.

Entre los documentos se incluyen conversaciones mantenidas por el golpista Antonio Tejero desde el Congreso, así como anotaciones del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) en los días previos a la entrada de Tejero en el Congreso. Estos registros son cruciales para entender la planificación y ejecución del golpe.

Uno de los documentos destaca un croquis que detalla los planes del golpe, mientras que otro se centra en desmontar la campaña que buscaba implicar al Rey Juan Carlos I en el intento de golpe de Estado. Este último documento revela que hubo esfuerzos por parte de sectores de la derecha radical para vincular al Rey con el golpe, con la intención de crear argumentos que pudieran ser utilizados en futuros intentos similares.

Entre los escritos desclasificados se encuentra un documento del Partido Comunista de España (PCE) fechado el 11 de mayo de 1981. Este documento advierte sobre un "jaque mate" de la extrema derecha que pretendía implicar a la monarquía y desestabilizarla como institución democrática. Los teóricos del PCE, en una nota confidencial dirigida a su secretario general, Santiago Carrillo, alertan sobre el peligro que representaba permitir que la extrema derecha dominara el "mercado negro del rumor", lo que podría llevar a una supuesta implicación del Rey en el golpe.

Bajo el título 'Campaña contra S.M. el rey en relación con el 23 F', un escrito no firmado del Ministerio del Interior menciona que tanto los abogados de los implicados en el golpe como los grupos políticos afines han distorsionado hechos reales y han creado narrativas falsas. Se enfatiza que la idea de que dos generales, Milans y Armada, pudieran actuar sin el conocimiento del Rey fue un rumor malintencionado.

El documento incluye fotografías de panfletos que propagaron estos rumores, como uno que afirmaba que la operación posterior a la dimisión del presidente Adolfo Suárez se había planificado en el Palacio de la Zarzuela. Otro panfleto sugiere que fue Juan Carlos I quien propuso el golpe al general Armada en Baqueira el 1 de enero de 1981.

Un manuscrito desclasificado evalúa los errores cometidos durante el 23-F, identificando que el primer fallo fue "dejar al Borbón libre" y tratarlo con respeto. Este documento, anónimo, sugiere que, tras el fracaso del golpe, el Rey Juan Carlos I debería ser considerado un "objetivo a batir y anular" en futuras acciones.

El documento también refleja la perspectiva de ciertos militares que creían que el Rey continuaría con su "intento suicida" de gobernar con socialistas, y que no debía ser visto como un símbolo a respetar. Aunque no se permitieron críticas sobre las acciones de los "heroicos camaradas de armas", se hizo hincapié en la necesidad de un análisis sobre lo que debía hacerse a partir de ese momento.

El 23 de febrero de 1981 es recordado como un episodio crítico que puso a prueba la estabilidad de las instituciones democráticas en una etapa temprana de la consolidación de la Constitución Española de 1978. Este intento de golpe de Estado no solo evidenció la fragilidad del proceso democrático en sus inicios, sino que también demostró la firmeza del Estado de Derecho y la responsabilidad de los poderes públicos, así como la respuesta activa de una ciudadanía comprometida con la libertad.

El Gobierno español sostiene que la estabilidad democrática depende de un compromiso cívico constante. Destaca que solo una ciudadanía consciente de su historia puede preservar las instituciones democráticas. Por lo tanto, comprender las lecciones del 23F es fundamental para proteger la sociedad de la repetición de errores pasados y para fortalecer la calidad del sistema democrático.

El acuerdo menciona que, tras los años transcurridos desde el intento de golpe, los autores fueron condenados en 1983 por un delito de rebelión militar, lo que permite que la información relacionada con el evento se desclasifique sin generar riesgos actuales. Esta decisión se enmarca en un ejercicio de transparencia institucional, propio de una democracia madura.

La desclasificación responde a una demanda reiterada en el ámbito parlamentario. Varios grupos han presentado proposiciones no de ley en diferentes legislaturas, solicitando avances en la transparencia de la información relacionada con el 23F. Se ha apelado a la necesidad de mayor claridad frente a una percepción de opacidad y al derecho de investigadores y especialistas a acceder a fuentes adecuadas.

El Consejo de Ministros aprobó la desclasificación de 153 "unidades documentales" relacionadas con el 23F, a propuesta de los ministros de Asuntos Exteriores, Presidencia, Defensa e Interior. Este material estará disponible para su consulta libre en la página web de la Moncloa a partir del mediodía, aunque no se ha especificado la hora exacta de acceso.

El documento desclasificado por el Ministerio de Defensa, titulado “Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero”, ofrece un análisis exhaustivo de los eventos ocurridos durante el golpe de Estado en España el 23 de febrero de 1981, conocido como 23F. Este resumen se centra en la interacción entre el rey Juan Carlos I y el general Alfonso Armada, así como en las reacciones de otros altos mandos militares en el contexto del asalto al Congreso.

Una de las revelaciones más significativas del documento es la negación del rey Juan Carlos sobre la presencia del general Alfonso Armada en el Palacio de la Zarzuela en los momentos posteriores al asalto al Congreso por parte del teniente coronel Antonio Tejero. Según el relato, entre las 18:30 y las 19:00 horas, el general Armada intentó comunicarse con el rey para incorporarse al Palacio, pero el monarca le indicó que debía permanecer en su puesto en el Estado Mayor del Ejército (EME).

El asalto al Congreso tuvo lugar a las 18:22 horas, momento en el que el rey escuchó los acontecimientos a través de la radio. Esta situación generó una serie de contactos telefónicos inmediatos entre el Secretario General del rey, Sabino Fernández Campos, y otros altos mandos militares para evaluar la situación.

Aproximadamente a las siete de la tarde, Fernández Campos tuvo una conversación con el general Juste, quien era el jefe de la División Acorazada. Durante esta conversación, Juste mostró un interés particular en saber si el general Armada se encontraba en el Palacio de la Zarzuela. La respuesta de Fernández Campos fue clara: “en absoluto está en Zarzuela el general Armada”.

La respuesta de Fernández Campos llevó a Juste a afirmar que la ausencia de Armada “cambia totalmente la situación”. Esta afirmación sugiere que la presencia o ausencia de Armada en el Palacio podría haber tenido un impacto significativo en la dinámica del golpe de Estado y en la respuesta del ejército.

En este contexto, el papel del Rey Juan Carlos I se convirtió en un tema de análisis y debate, especialmente en relación con su intervención durante la crisis. A la 01:20 horas del 24 de febrero de 1981, el Rey Juan Carlos I realizó una llamada telefónica al teniente general Jaime Milans del Bosch, quien estaba involucrado en el intento de golpe de Estado.

En esta llamada, el Rey transmitió su "rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente". Este mensaje fue crucial, ya que el monarca dejó claro que no había marcha atrás en su decisión de defender la democracia. El documento desclasificado por el Gobierno, que detalla los acontecimientos según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela, incluye las siguientes órdenes del Rey:

Mantenimiento del Orden Constitucional: El Rey reafirmó su compromiso con la legalidad y el orden constitucional, indicando que cualquier intento de golpe de Estado no podría escudarse en su figura.

Instrucciones a Milans del Bosch: Ordenó al teniente general que retirara todas las unidades militares que había movilizado y que instruyera a Antonio Tejero, el líder del intento de golpe, a que depusiera su actitud.

El monarca también hizo un juramento claro de que no abdicaría la Corona ni abandonaría España. En sus palabras, advirtió que cualquier sublevación podría llevar a una nueva guerra civil, enfatizando la gravedad de la situación. El teniente general Milans del Bosch respondió a la llamada del Rey indicando que "Tejero ya no le obedece". Esta respuesta subraya la descomposición del control militar en el momento crítico del golpe de Estado.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha solicitado la desclasificación de todos los documentos relacionados con el proceso del 23-F. González argumenta que esto es necesario para "comprender de verdad" el papel del Rey Juan Carlos en esos momentos decisivos. Esta petición refleja un interés continuo en analizar el impacto de la monarquía en la consolidación de la democracia en España.

El expresidente del Gobierno español, Felipe González, ha hecho una importante reclamación en el ámbito de la transparencia gubernamental y la historia reciente de España. Durante la presentación de la segunda edición del libro 'El Rey', del jurista Manuel García-Pelayo, González ha abogado por la creación de una ley que permita la desclasificación de todos los secretos oficiales. Además, ha defendido el papel del rey Juan Carlos I durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, considerándolo crucial para la continuidad del orden constitucional en España.

González ha señalado que España enfrenta una "anomalía" en la de secretos oficiales, donde los investigadores encuentran más información sobre eventos significativos en archivos de otros países, como Londres, París o, que en las instituciones españolas. Esta situación ha llevado a González a pedir una ley que garantice la desclasificación de los secretos oficiales, estableciendo límites claros que sean comparables a los de otras democracias consolidadas.

El expresidente ha enfatizado la importancia de la transparencia en la historia reciente de España, sugiriendo que acceso más amplio la información permitiría una mejor comprensión de eventos críticos, como el 23-F. González ha manifestado su deseo de se desclasifique toda la información relevante, subrayando que la falta de acceso a estos documentos es un obstáculo para la investigación y el entendimiento histórico.

González ha defendido que la actuación de Juan Carlos I durante el intento de golpe de Estado fue "ejemplar" y "decisiva". Ha reconocido que existen dudas sobre la rapidez con la que el rey se dirigió a la nación, pero ha argumentado que necesitaba tiempo para evaluar la situación y la posición de las distintas guarniciones militares antes de hacer una declaración pública. Según González, en ningún momento se comprometieron las libertades garantizadas por la Constitución, y la intervención del rey fue fundamental para restaurar el régimen constitucional.

El expresidente ha destacado que la Corona es la institución más respaldada por la mayoría de los españoles tras el proceso constitucional, recordando que el rey ya había cedido poderes antes de la aprobación formal de la Constitución. Esta afirmación refuerza la idea de que la monarquía ha jugado un papel clave en la consolidación de la democracia en España.

González ha expresado su preocupación por el contexto internacional actual, señalando un retroceso en los valores democráticos en todo el mundo. Ha manifestado que aquellos que creen en la democracia sienten que están quedando en minoría, pero también ha visto esta situación como una oportunidad para luchar y recuperar el consenso democrático.

El expresidente ha afirmado que, aunque en España no faltan libertades, sí hay un exceso de insultos y arbitrariedades. Ha hecho un llamado a preservar la convivencia institucional, enfatizando la necesidad de un discurso respetuoso y constructivo en el ámbito político.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, también participó en el acto, defendiendo la figura del Rey como "neutral pero nunca neutralizado". Rollán ha destacado que la actuación de Juan Carlos I durante el 23-F fue crucial, ya que el rey no solo guardó la Constitución, sino que fue la propia Constitución en un momento en que otras instituciones estaban silenciadas por la fuerza.

Rollán ha lamentado que los demócratas liberales enfrentan acosos por parte del populismo y la polarización en la actualidad. Ha reafirmado que la Jefatura del Estado ofrece certeza y una "arquitectura sólida" para la democracia en España, sugiriendo que mientras la Corona continúe protegiendo la Constitución, la democracia parlamentaria estará asegurada.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ofreció una valoración crítica respecto a la decisión del Gobierno de España de desclasificar documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Esta valoración se realizó durante una rueda de prensa posterior a un Consejo de Gobierno en el centro de visitantes de Peñalara, ubicado en Rascafría.

Ayuso expresó su desconfianza hacia el interés del Gobierno en la transparencia, sugiriendo que la desclasificación de documentos históricos no es un signo de apertura, sino más bien una maniobra política. Según su perspectiva, el Gobierno no tiene un verdadero compromiso con la transparencia, lo que la lleva a no esperar "nada bueno" de esta desclasificación.

La presidenta madrileña planteó interrogantes sobre las prioridades del Gobierno al desclasificar documentos del pasado, cuestionando por qué se enfocan en eventos históricos mientras que no se aborda la información sobre incidentes recientes, como accidentes de trenes, apagones eléctricos o acuerdos políticos con Bildu. Esta comparación sugiere que Ayuso considera que hay temas más relevantes y actuales que deberían ser objeto de atención y transparencia.

Ayuso también se refirió a la justificación proporcionada por el Gobierno a través de su portavoz, quien argumentó que la desclasificación busca evitar que jóvenes canten el 'Cara al sol', un himno asociado al franquismo. La presidenta de la Comunidad de Madrid se mostró escéptica ante esta afirmación, cuestionando la realidad en la que vive el Gobierno y sugiriendo que tal fenómeno no es representativo del resto de España.

Finalmente, Ayuso concluyó que el Gobierno está actuando con una intención destructiva, afirmando que su objetivo parece ser "reventarlo todo sin ningún escrúpulo". Además, insinuó que el Gobierno busca polarizar al país entre opciones extremas, como "Monarquía o República", lo cual podría llevar a una división social significativa.