Se publicarán en la web del Gobierno después de aprobarse en Consejo de Ministros

El Gobierno español, bajo la dirección del presidente Pedro Sánchez, ha anunciado la inminente desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado ocurrido el 23 de febrero de 1981, conocido como 23F. Esta decisión se tomará en el Consejo de Ministros programado para este martes y tiene como objetivo principal "saldar una deuda histórica con la ciudadanía" y promover la transparencia democrática en el país.

El 23 de febrero de 1981 es considerado uno de los momentos más críticos en la historia contemporánea de España. Durante este episodio, un grupo de militares intentó tomar el control del gobierno español, lo que generó una crisis política significativa. A lo largo de los años, muchos de los documentos oficiales relacionados con estos eventos han permanecido clasificados, lo que ha limitado el acceso a información crucial para comprender plenamente lo sucedido durante ese periodo.

Hasta la fecha, gran parte de la documentación sobre el 23F estaba protegida bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta legislación, que fue promulgada antes de la aprobación de la Constitución española de 1978, no establecía plazos automáticos para la desclasificación de documentos. Como resultado, muchos archivos permanecieron inaccesibles durante décadas, lo que ha dificultado la investigación y el análisis histórico de estos eventos.

La desclasificación anunciada por el Gobierno incluye una variedad de documentos que podrían ser de gran interés tanto para investigadores como para el público en general. Entre los archivos que se espera que sean liberados se encuentran:

Sumarios Judiciales: Documentos que contienen información sobre las investigaciones legales llevadas a cabo tras el intento de golpe de Estado.
Grabaciones: Posibles grabaciones de comunicaciones y eventos relacionados con el 23F.
Documentos de Servicios de Inteligencia: Archivos de los antiguos servicios de inteligencia que han estado restringidos y que podrían ofrecer una perspectiva más clara sobre las circunstancias que rodearon el intento de golpe.

El Gobierno argumenta que la apertura de estos documentos no solo permitirá un mayor conocimiento histórico sobre el 23F, sino que también reforzará el compromiso democrático con la memoria institucional. La transparencia en la divulgación de información sobre eventos tan significativos es vista como un paso necesario para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

La desclasificación de los documentos se hará efectiva una vez que sea aprobada formalmente en el Consejo de Ministros y posteriormente publicada de manera oficial. Este proceso es crucial, ya que marcará el momento en que los documentos estarán disponibles para el acceso público, permitiendo así que investigadores y ciudadanos puedan consultar la información y contribuir al entendimiento de este capítulo de la historia española.

Pedro Sánchez hizo el anuncio a través de su canal en la red social X, donde subrayó que "la memoria no puede estar bajo llave". El presidente considera que es fundamental que las democracias conozcan su pasado para poder construir un futuro más libre. Con esta acción, busca saldar una deuda histórica con la ciudadanía y agradeció a aquellos que han trabajado para abrir caminos hacia la verdad.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá información detallada en una rueda de prensa programada para el mismo día del anuncio. Según fuentes de Moncloa, la desclasificación se hará efectiva el miércoles 25 de febrero, cuando los documentos serán publicados en el Boletín Oficial del Estado. Posteriormente, estarán disponibles para el público en la página web oficial de Moncloa.

El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que busca reemplazar la legislación franquista sobre secretos oficiales. Este proyecto, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, establece un marco para la desclasificación automática de documentos, según el tiempo que hayan estado clasificados:

45 años para documentos clasificados como "alto secreto".
35 años para documentos clasificados como "secreto".
7 a 9 años para información "confidencial".
4 a 6 años para información "restringida".

El 23 de febrero de 1981 es un evento crucial en la historia reciente de España, y su desclasificación busca arrojar luz sobre los acontecimientos de esa noche. En un tuit, Pedro Sánchez incluyó una grabación de una intervención del escritor Javier Cercas en el Parlamento, donde este solicitó la desclasificación de toda la información posible sobre el golpe de Estado. Cercas, autor del libro "Anatomía de un instante", destacó que persisten mitos y desinformación sobre el 23-F, y argumentó que la desclasificación podría ayudar a reducir la propagación de bulos.

El 23 de febrero de 1981, España vivió un intento de golpe de Estado liderado por el teniente coronel Antonio Tejero, quien irrumpió en el Congreso de los Diputados. Este evento marcó un hito en la historia contemporánea de España y, con el paso del tiempo, ha suscitado un interés significativo en la revisión y estudio de los documentos relacionados con este suceso.

Ester Muñoz, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha criticado fuertemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de intentar desviar la atención pública a través de lo que ella denomina una “cortina de humo”. Esta acusación surge tras el anuncio de Sánchez sobre la desclasificación de los documentos relacionados con el 23-F, justo en el momento en que se cumplen 45 años de este acontecimiento.

Muñoz expresó su descontento a través de la red social X, donde afirmó que “vamos a cortina de humo al día”, sugiriendo que este tipo de acciones son una estrategia recurrente del Gobierno para eludir temas más relevantes o problemáticos. La portavoz del Grupo Popular considera que la decisión de desclasificar los documentos es parte de un proceso que lleva al “colapso total” del Gobierno.

En respuesta a las críticas, Pedro Sánchez defendió su decisión de desclasificar los documentos, argumentando que “la memoria no puede estar bajo llave”. Según el presidente, esta acción es un paso necesario para “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”, sugiriendo que el acceso a estos documentos es fundamental para la transparencia y el entendimiento del pasado reciente de España.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado su opinión sobre el anuncio del presidente del Gobierno. Este anuncio coincide con el 45 aniversario del suceso, lo que ha llevado a Almeida a considerar que se trata de una estrategia política para desviar la atención de los problemas actuales del país.

Martínez-Almeida utiliza la metáfora del "conejo de la chistera" para describir el anuncio de Sánchez, sugiriendo que este acto es una táctica de distracción. Según él, el presidente del Gobierno no tiene propuestas concretas para el futuro de España y, por lo tanto, recurre a eventos históricos como el 23-F para captar la atención del público.

El alcalde argumenta que, en lugar de abordar temas relevantes y contemporáneos, como la situación de las infraestructuras, el empleo juvenil y el aumento del costo de la vida, Sánchez opta por rememorar un evento histórico. Almeida critica esta elección, afirmando que refleja un "proyecto político agotado" y que no responde a las necesidades actuales de los ciudadanos.

Martínez-Almeida señala que la estrategia de Sánchez podría estar contribuyendo a la baja participación electoral. Asegura que muchos ciudadanos prefieren no votar cuando se sienten ignorados en sus preocupaciones diarias. En su opinión, el enfoque en el 23-F en lugar de en asuntos cotidianos, como la economía, es contraproducente y podría llevar a un desinterés generalizado por parte de los votantes.

El alcalde de Madrid concluye su crítica advirtiendo a Sánchez que, si continúa desviando la atención hacia el pasado en lugar de enfocarse en los problemas actuales, será difícil recuperar la confianza de aquellos que eligen quedarse en casa en vez de participar en las elecciones. Esta advertencia subraya la necesidad de que el Gobierno se centre en las preocupaciones inmediatas de los ciudadanos para mejorar su imagen y aumentar la participación electoral.

El partido político Más Madrid ha expresado su satisfacción por la reciente desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado. La portavoz de la formación, Manuela Bergerot, ha declarado que es un paso positivo hacia la transparencia y la memoria histórica. La desclasificación de estos documentos es vista como una oportunidad para comprender mejor los eventos que rodearon el 23-F y el papel de diversas figuras clave, incluido el entonces rey de España, Juan Carlos I.

Bergerot ha planteado interrogantes sobre el papel que desempeñó Juan Carlos I durante el intento de golpe de Estado. Según sus declaraciones, existe una percepción entre muchos ciudadanos de que el rey actuó más en defensa de su propia posición que en salvaguarda de la democracia española. Esta afirmación sugiere una crítica hacia la figura monárquica y su relación con los acontecimientos de 1981.

Manuela Bergerot ha subrayado que, aunque la desclasificación es un avance, es fundamental continuar trabajando en la tramitación de una ley de secretos oficiales. Esta ley facilitaría futuros procesos de desclasificación y permitiría un acceso más amplio a la información sobre eventos históricos significativos. La portavoz ha señalado que es crucial conocer los mecanismos que llevaron a que muchas élites políticas, económicas y militares conspiraran contra la democracia en 1981.

Bergerot ha concluido su intervención con un fuerte mensaje sobre la importancia de proteger la democracia. Ha afirmado que nunca más debe haber una democracia tutelada por militares ni un rey que se alinee con poderes no democráticos. Este comentario refleja una preocupación por la salud de la democracia en la actualidad y la necesidad de estar alertas ante cualquier amenaza a la misma.

Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, ha expresado su opinión sobre esta decisión del Gobierno central. En una rueda de prensa posterior a la presentación del último informe demográfico de la región, García Martín ha calificado la desclasificación como un intento del Gobierno de Sánchez de desviar la atención pública de otros temas más urgentes, especialmente la corrupción.

García Martín ha utilizado la expresión "tinta de calamar" para describir la estrategia del Gobierno, sugiriendo que la desclasificación de documentos es una maniobra destinada a ocultar problemas más serios que afectan a los ciudadanos. Según su perspectiva, este tipo de acciones se llevan a cabo para que la opinión pública no se concentre en la "corrupción de Estado generalizada" atribuida al Gobierno de Sánchez.

El consejero ha subrayado que el momento elegido para la desclasificación no es casual, sino que responde a una necesidad política del presidente del Gobierno. García Martín ha argumentado que la decisión de desclasificar estos documentos se produce en un contexto donde el Gobierno enfrenta críticas por su gestión, incluyendo problemas en la gestión ferroviaria y en el suministro eléctrico. Esto, a su juicio, demuestra que el Gobierno busca cambiar el foco de atención hacia temas históricos en lugar de abordar las inquietudes actuales de los ciudadanos.