Solicitan un incidente de nulidad de las actuaciones

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido objeto de controversia tras ser condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Esta condena se relaciona con un caso que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La situación ha llevado a la Fiscalía a solicitar la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo que dictó esta condena.

La Fiscalía, mediante un incidente de nulidad de actuaciones, ha presentado una solicitud formal ante el Tribunal Supremo. Esta petición, firmada por la teniente fiscal María de los Ángeles Sánchez Conde, busca no solo la anulación de la sentencia, sino también la eliminación de la indemnización a favor de González Amador por daños morales y la condena al pago de las costas de la acusación particular.

En su escrito, la Fiscalía argumenta varios puntos clave que justifican su solicitud de nulidad:

Vulneración de Derechos: Se alega que la sentencia vulnera varios derechos fundamentales, incluyendo:

Derecho a la presunción de inocencia.

Derecho a la legalidad penal (artículo 25.1 de la Constitución Española).

Derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española).

Análisis de Testimonios: La Fiscalía critica que el Tribunal Supremo "prescinde sin explicación alguna" del análisis de numerosos testimonios y del hecho de que el correo electrónico en cuestión ya había sido divulgado por los medios de comunicación antes de que García Ortiz lo recibiera. Este hecho es considerado crucial y su omisión en la sentencia es como un error grave.

Motivaciones Políticas: Se menciona que diversos medios de comunicación habían difundido informaciones que atribuían a la Fiscalía motivos políticos en su actuación, lo que se considera una calumnia que afecta la percepción del caso.

Implicaciones de la Investigación: La Fiscalía subraya que la investigación penal estaba dirigida contra González Amador, quien estaba implicado en una supuesta trama de defraudación tributaria. Esto añade un contexto de presión política sobre la actuación de la Fiscalía.

La Fiscalía considera que la sentencia del Tribunal Supremo ha analizado de manera "sorprendente" un número "escaso" de testimonios de descargo. Se destaca que, aunque se reconoce que los periodistas conocían el contenido del correo por fuentes ajenas, la sentencia no otorga la relevancia necesaria a este hecho.

El documento de la Fiscalía también señala que existe una disparidad en la calificación jurídica de los hechos entre la acusación particular y la sentencia. A pesar de que la sentencia afirma que hay "homogeneidad esencial", la Fiscalía argumenta que esta afirmación es incorrecta, ya que las peticiones de la acusación particular no fueron aceptadas por la Sala. Esto implica que la imposición de costas a la acusación particular carece de fundamento legal.

La condena de García Ortiz ha tenido un impacto significativo en su carrera, resultando en su salida del cargo de fiscal general. Este puesto ya estaba marcado por controversias, dado que García Ortiz había sido considerado la 'mano derecha' de su predecesora, la exministra de Justicia Dolores Delgado. La decisión del Tribunal Supremo fue tomada por un tribunal de siete magistrados, con una mayoría conservadora y el voto discrepante de dos magistradas progresistas.