Desestiman el recurso presentado por la mujer de Sánchez

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado luz verde a la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su asesora Cristina Álvarez. Ambas están siendo investigadas por un presunto delito de malversación de caudales públicos, lo que ha generado un gran revuelo mediático y político.

En un auto los magistrados de la Audiencia Provincial han desestimado los recursos presentados por Gómez y Álvarez. Estos recursos buscaban anular la decisión del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, que había llamado a ambas a declarar como investigadas por el delito mencionado.

La Audiencia ha señalado que las conductas que están siendo investigadas "parecen encajar en la figura delictiva de la malversación". Se han encontrado indicios que sugieren un posible exceso en las funciones de la asistente de Gómez, lo que ha llevado a considerar la continuación de la instrucción, ya que esta sigue activa.

Los magistrados han destacado que la actividad de Álvarez podría extenderse a lo largo de las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que consideran excesivo. Este tipo de dedicación parece más alineado con una amiga cercana interesada en los asuntos de Gómez que con la labor protocolaria que se espera de una asistente.

La Audiencia ha recordado que, aunque no cuestionan el nombramiento de una asistente para la esposa del presidente, sí se plantean la posible extralimitación de funciones de Álvarez. Esta extralimitación podría estar orientada a favorecer un presunto plan delictivo de Gómez. El hecho de que Álvarez sea una amiga íntima de Gómez, en lugar de una funcionaria experta en protocolo, plantea dudas sobre la legalidad de su nombramiento.

Los magistrados han enfatizado que la investigación no se centra en el desempeño laboral de Álvarez, sino en la posible desviación de sus funciones hacia intereses particulares de las investigadas. Esto implica que su trabajo podría estar siendo utilizado para montar un entramado que beneficie a Gómez de manera personal, en detrimento del patrimonio público.

El 18 de agosto, el juez Peinado decidió imputar a Gómez y Álvarez por malversación de caudales públicos debido a la contratación de Álvarez en Moncloa. Esta imputación representa el quinto delito por el que se investiga a Gómez, quien también enfrenta acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

En el marco de esta causa, el juez mantiene abiertas cuatro líneas de investigación:

Tráfico de Influencias: Se investiga la posible influencia de Gómez en favor del empresario Juan Carlos Barrabés.

Gestión Académica: Se examina la gestión de Gómez en la cátedra y los másteres que codirigía en la Universidad Complutense.

Apropiación Indebida: Se indaga sobre la posible apropiación indebida del software de la cátedra por parte de Gómez.

Nombramiento de Álvarez: Se revisa el proceso de nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.