Yolanda Díaz pide cambio de Ministros y Sánchez se niega

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una serie de acciones en relación con la detención de Leire Díez, una exmilitante del PSOE, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Esta operación ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y se desarrolla bajo la supervisión del juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña.

El viernes, la UCO se personó en varias instituciones, incluyendo Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, para solicitar documentación relevante para la causa. Además, se han requerido expedientes a Patrimonio del Estado y al Tribunal de Recursos Contractuales. Estas acciones son parte de una investigación más amplia que busca esclarecer las irregularidades en las contrataciones públicas.

En el marco de esta operación, no solo fue detenida Leire Díez, sino también Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Las detenciones se produjeron el miércoles, y los tres detenidos están programados para comparecer ante el juez Antonio Piña el sábado a las 10:00 horas.

El juez Antonio Piña será el encargado de decidir el futuro de los detenidos: si serán puestos en libertad o si se les enviará a prisión provisional tras tomarles declaración. Esta decisión es crucial y se espera que se tome después de escuchar las versiones de los implicados.

La investigación se centra en varios delitos graves, que incluyen:

Prevaricación: Acto de un funcionario que dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

Malversación: Uso indebido de fondos públicos.

Tráfico de influencias: Uso de la posición o influencia de una persona para obtener beneficios personales o para terceros.

Organización criminal: Agrupación de personas que se organizan para cometer delitos de manera sistemática.

La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, ha realizado una fuerte reclamación al presidente Pedro Sánchez para que implemente un "cambio profundo en el Gobierno". Esta solicitud se produce en un contexto marcado por varios casos de presunta corrupción que afectan al entorno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Díaz ha enfatizado que ya no es momento para "reflexiones" ni "cambios cosméticos", subrayando que es necesario un "punto y aparte" que conduzca a acciones concretas. En sus declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha insistido en la urgencia de adoptar medidas anticorrupción, afirmando que el Ejecutivo "así no puede seguir".

La vicepresidenta ha criticado la falta de respuesta del Gobierno ante los escándalos de corrupción, instando al PSOE a ofrecer explicaciones y a tomar decisiones decisivas. Según Díaz, el silencio no beneficia a nadie y es fundamental que se realice una "limpieza absoluta" en el Gobierno. Ha expresado que, de estar en su lugar, estaría compareciendo públicamente para abordar la situación.

A pesar de las demandas de Díaz, fuentes de Moncloa han indicado que el presidente Sánchez no tiene previsto realizar cambios significativos en su gabinete. Se espera que el próximo 15 de diciembre, Sánchez ofrezca un balance del año en una rueda de prensa, pero desde el entorno del presidente se sostiene que ningún ministro está implicado en los casos de corrupción mencionados.

El Partido Popular (PP) ha tomado nota de la situación y está intentando forzar una comparecencia de Sánchez en el Congreso para que dé explicaciones sobre los recientes escándalos. El PP busca que esta comparecencia sea extraordinaria, sin esperar al inicio del nuevo período ordinario de sesiones, que no comenzará hasta febrero.

El Partido Popular (PP) ha solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Esta petición surge en medio de una creciente preocupación por los casos de corrupción que afectan a su partido y la "alarma social" provocada por recientes detenciones y registros en ministerios y empresas públicas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha argumentado que es necesario que Pedro Sánchez explique la "corrupción sistémica" que, según él, afecta a su gobierno. Feijóo ha señalado que la situación actual es de "descomposición" y ha instado a los socios de Sánchez a no ser cómplices ni encubridores de esta "espiral de delincuencia" y "corrupción". En sus declaraciones, enfatizó que los ciudadanos españoles ya son conscientes de que el Gobierno les ha robado y que ahora se intenta robar también su decencia, afirmando que "España es un pueblo decente que tiene un Gobierno indecente".

Fuentes del Congreso han informado que la próxima semana no habrá pleno debido a las elecciones convocadas en Extremadura. De acuerdo con el artículo 73 de la Constitución, los plenos fuera del periodo de sesiones son convocados por el Gobierno, la mayoría absoluta de los diputados o la Diputación Permanente, que es convocada por la presidenta de la Cámara.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha instado a Núñez Feijóo a solicitar formalmente su apoyo para un Pleno extraordinario sobre la corrupción. Abascal ha criticado la falta de acción concreta y ha pedido que, en lugar de solo convocar plenos extraordinarios, se presente una moción de censura para "retratar al Gobierno y a sus socios". Según él, es esencial no confundir ni engañar a los ciudadanos y actuar de manera decisiva para devolver la voz al pueblo español.

Desde Sumar, la fuerza coaligada en el Gobierno de Sánchez, su líder y vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha solicitado cambios profundos en la gestión pública y en la estructura del Ejecutivo. Díaz ha enfatizado la necesidad de una reformulación integral del Gobierno. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha propuesto a ERC formar un frente común contra el Gobierno de Sánchez, aprovechando su debilidad y división. Nogueras ha sugerido que en lugar de que solo 7 diputados se opongan al Gobierno, deberían ser 14 para forzar concesiones.

Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, ha expresado que, debido a la crisis que enfrenta el Gobierno, es probable que haya elecciones generales en 2026. Sin embargo, ha reconocido que la decisión de convocar elecciones recae en Pedro Sánchez y ha manifestado incertidumbre sobre cuánto tiempo podrá resistir el Gobierno en su actual estado de crisis.

El Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, realizó declaraciones contundentes sobre la situación política actual del Gobierno de Pedro Sánchez. Estas afirmaciones se produjeron en un contexto de creciente preocupación y controversia en torno a la gestión del Ejecutivo español.

García Martín enfatizó que el "sanchismo" se encuentra en un estado de "descomposición". Este término sugiere una percepción de que el Gobierno está perdiendo su cohesión y efectividad, lo que podría tener repercusiones significativas en su capacidad para gobernar. El consejero no escatimó en críticas, señalando que hay una "corrupción generalizada" y un "caos absoluto" en la gestión del Gobierno. Estas afirmaciones apuntan a un clima de desconfianza hacia las instituciones y un cuestionamiento de la integridad del Gobierno.

Las declaraciones de García Martín se produjeron en el contexto de la reciente intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta unidad ha estado investigando una trama que involucra a la exmilitante socialista Leire Díez, lo que ha llevado a registros en instituciones como Correos, Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica en busca de documentación relevante.

El consejero sugirió que, dada la gravedad de la situación, "nadie descartaría" que la UCO o la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) pudieran entrar en el Palacio de La Moncloa. Esta afirmación implica un nivel de seriedad en las acusaciones y una posible implicación directa del Gobierno en las investigaciones en curso.