“No se puede responder a una noticia cometiendo un delito”, sentencia el Tribunal

El Tribunal Supremo (TS) de España emitió una sentencia significativa que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La decisión se centra en la revelación de secretos y la respuesta a noticias falsas, estableciendo un precedente importante en la jurisprudencia relacionada con el ejercicio del cargo de fiscal.

El caso se origina en la filtración de un correo electrónico que contenía información sensible sobre Alberto González Amador, quien es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia del TS aclara que la revelación de secretos se produjo tanto por la filtración del correo electrónico como por la posterior publicación de una nota de prensa relacionada.

El Tribunal Supremo dictó una condena de dos años de inhabilitación para García Ortiz, además de imponerle una multa de 7.200 euros. También se le ordenó indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales. Esta decisión se conoció casi tres semanas después de que el tribunal que juzgó a García Ortiz anunciara su fallo.

Tras la comunicación del fallo, Álvaro García Ortiz presentó su dimisión el 24 de noviembre, solo cuatro días después de que se hiciera pública la sentencia. Su renuncia marcó un momento crucial en la política española, dado su alto cargo como fiscal general del Estado.

El Gobierno español, tras la dimisión de García Ortiz, propuso a Teresa Peramato, fiscal de sala del TS, como su sucesora para liderar el Ministerio Público. Esta decisión refleja la necesidad de una rápida transición en un momento de controversia y atención mediática.

La sentencia incluye un voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes se distancian de la mayoría de sus compañeros en el tribunal. Este voto particular resalta las diferencias de opinión dentro del TS y la complejidad del caso.

La magistrada Polo, que inicialmente estaba encargada de redactar la sentencia, se vio obligada a ceder esta tarea a su colega Andrés Martínez Arrieta debido a su desacuerdo con el enfoque mayoritario. Esta situación llevó a que el fallo se comunicara de manera anticipada a las partes involucradas, según fuentes jurídicas.

La sentencia subraya que el fiscal general no puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito, lo que pone de relieve la importancia de la ética y la legalidad en el ejercicio de funciones públicas. El fallo del tribunal, conocido el pasado martes, se produce casi tres semanas después de que se anunciara la condena a García Ortiz. Las sanciones impuestas incluyen:

Inhabilitación: Dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado.

Multa: Una multa de 7.200 euros.

Indemnización: García Ortiz deberá indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

La gravedad de estas sanciones refleja la seriedad con la que el tribunal ha tratado la violación de secretos y el impacto que esta acción tuvo en la vida personal de González Amador.

El cambio de ponente y la necesidad de comunicar este cambio a las partes involucradas fueron factores que contribuyeron a la aceleración del fallo. Esto resalta la complejidad del proceso judicial y la importancia de la transparencia en la administración de justicia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un discurso realizado en un nuevo campus universitario en Torrejón de Ardoz, destacó la importancia del Estado de Derecho, afirmando que este "funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno" de la nación. Esta declaración surge tras una sentencia del Tribunal Supremo que afecta al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La sentencia del Tribunal Supremo establece que García Ortiz "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito". Este fallo se relaciona con la revelación de secretos que involucró a Alberto González Amador, quien es el novio de la presidenta. La filtración de un correo electrónico y la posterior publicación de una nota de prensa que mencionaba a González Amador fueron el foco de la controversia.

Ayuso expresó su preocupación por el impacto que sentencias como la de García Ortiz pueden tener en la estabilidad de un gobierno en una democracia liberal. En sus palabras, tales situaciones deberían "hacer caer a plomo" a cualquier gobierno, sugiriendo que no se debe normalizar la falta de respeto hacia el Estado de Derecho.

La presidenta también criticó abiertamente la "utilización de las instituciones" por parte del Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez. Según Ayuso, estas instituciones son patrimonio de todos los españoles y no deben ser utilizadas para atacar a adversarios políticos. Subrayó que "no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político", enfatizando la necesidad de proteger la integridad de las instituciones.