“En algunos casos, se han cerrado de un día para otro”, afirma el líder del PSM

El Secretario General del PSM, Tomás Gómez, denunciaba que "el cierre de Oficinas Judiciales de toda la Comunidad de Madrid supone que las cerca de 50.000 personas que recibían al año atención jurídica gratuita a través de esta red no van a tener ahora dónde acudir, perdiendo un recurso jurídico que en tiempos de crisis se hace más indispensable que nunca".

“El derecho a la justicia gratuita es un pilar del Estado Social de Derecho en España, es uno de los pilares de nuestra Constitución, es uno de los pilares de la igualdad”, ha destacado Gómez, para quien el cierre de oficinas judiciales es un “nuevo recorte a los derechos de los ciudadanos” que significa que "las cerca de 50.000 personas que recibían al año algún tipo de atención jurídica gratuita a través de esta red no van a tener ahora dónde acudir, perdiendo un recurso jurídico que en tiempos de crisis se hace más indispensable que nunca dado que es previsible que los demandantes de estos servicios se incrementen mucho más".

"La Red Regional de Oficinas Judiciales (33 oficinas en total, en 25 municipios de la región y en 8 distritos de Madrid) fueron diseñadas prestar una serie de servicios que desde los Juzgados no estaban implementados, por carencia de recursos que debía prestar la propia Comunidad y por deficiencias en el modelo de gestión cuya mejora, dotación de recursos y modernización no se ha llevado a cabo. Dicha red atendía una media de 40.000 consultas jurídicas, 7.000 solicitudes de asistencia jurídica gratuita y casi 8.000 servicios psicológicos gratuitos, según las últimas estadísticas publicadas por el Colegio de Abogados de Madrid y el Colegio de Psicólogos. Estas oficinas (montadas generalmente en espacios cedidos por los ayuntamientos) han sido fundamentales sobre todo para pequeños municipios, por cuanto cubrían  necesidades de asesoramiento jurídico y asistencia psicosocial de muchos ciudadanos con escasos recursos económicos. Además daban la posibilidad de realizar determinados trámites y actuaciones en localidades sin partidos judiciales, sin tener que desplazarse hasta los juzgados y resolviendo por tanto de forma directa problemas de los vecinos bajo el criterio de cercanía y proximidad.", explica el partido

Concretamente en la zona visitada por Tomás Gómez se han suprimido, prácticamente de un día para otro, las oficinas de El Boalo-Cerceda, de Alpedrete, de Guadarrama, de Colmenarejo, de Moralzarzal y de Torrelodones. "Un servicio muy importante para los vecinos de estas zonas rurales, especialmente en un momento de crisis como la actual, cuya eliminación supone que para todos estos ciudadanos ya no habrá ningún referente jurídico de gestión procesal puesto que no se plantea alternativa para los que solicitan asistencia jurídica gratuita”, ha señalado el alcalde de El Boalo, Javier de los Nietos.