26
Nov
2020
Ayuso mantendrá los contratos de sanitarios de refuerzo hasta junio Imprimir
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Foto cedida por CCOO MadridLos sindicatos piden que se extiendan todo el año y critican la apertura del Hospital de Valdebebas dentro de cinco días

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid renovará un total de 11.324 contratos de refuerzo que ya están en vigor en la red sanitaria pública hasta el próximo 30 de junio de 2021 debido a la situación extraordinaria de pandemia por el COVID-19.

La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales informará hoy sobre estas renovaciones a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad con la distribución por categorías y centros sanitarios.

Entre los 11.324 contratos, destacan los 1.067 contratos de facultativos de distintas especialidades, 5.063 contratos correspondientes a profesionales de Enfermería y 3.274 correspondientes a técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería. Asimismo, 1.247 corresponden a contratos de profesionales de distintas categorías no sanitarias.

Hasta el pasado lunes, cuando se cerró el proceso de adscripción de profesionales que quieren trabajar en el nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal, se han presentado un total de 111 solicitudes que cumplen los perfiles profesionales requeridos. Por ello, la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales completará las plantillas requeridas para los tres turnos de trabajo con profesionales de todas las categorías necesarias procedentes de las renovaciones de contratos que la Comunidad de Madrid va a renovar atendiendo a las necesidades ocasionadas por la actual pandemia.

El nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal, que se abrirá de manera progresiva, se destinará principalmente a disminuir la presión asistencial del resto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud, para que éstos puedan ir recuperando progresivamente la actividad no COVID, tanto de lista de espera, como actividad quirúrgica y actividad de consultas. El objetivo es que esta nueva dotación sirva de apoyo y soporte al resto de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid.

La última instrucción de la Gerencia de Atención Primaria indica que “el aforo establecido para cada centro de salud es el único límite a contemplar en el acceso presencial de los usuarios al mismo, siendo el resultado de la toma de temperatura y la identificación de sintomatología compatible con la Covid determinantes solamente para realizar la distribución de los flujos de usuarios”.

Desde la Administración, y es algo que coincide con los planteamientos de SATSE Madrid, se aboga por que los centros de salud comiencen a funcionar al 100%, con la única limitación del aforo y que los profesionales sanitarios que en ellos trabajan retomen su actividad sanitaria.

“Hay que volver a cuidar a nuestros mayores, a atender a los crónicos y volver a reiniciar los programas de Salud que llevaban a cabo las enfermeras y enfermeros de los centros de salud y para ello es necesario que las enfermeras vuelvan a poner en marcha sus Consultas de Enfermería”, explican desde el Sindicato de Enfermería que no comprende que haya profesionales que sigan reclamando que las enfermeras y enfermeros de los centros de salud han de estar en las puertas de acceso, regulando la entrada de pacientes.

La tercera ola va a ser la que afecte a pacientes crónicos. Muchos usuarios con diabetes, hipertensión, colesterol, control de Sintrom, Epoc, asma, etc. están siendo infracontrolados por la excesiva presión a la que han sido sometidos los centros de salud y a la falta de enfermeras y enfermeros que son los que abordan este tipo de patologías. Si no volvemos ya a las Consultas de Enfermería muchos de estos pacientes verán cómo empeoran sus patologías y deberán acudir a los centros hospitalarios para su tratamiento, incrementándose, aún más, las ya excesivas listas de espera.

“No comprendemos, añaden desde SATSE Madrid, el motivo por el que hay profesionales sanitarios que presionan para que en el punto de control haya una enfermera y que ésta no pueda retomar su actividad asistencial en su Consulta de Enfermería”. La labor de la Enfermería es esencial, lo mismo que la de los Fisioterapeutas, y el lugar donde deben estar, ahora y siempre, es en la atención directa al usuario, no en la puerta de acceso de los centros para decidir si un paciente tiene que ir a una consulta o a otra.

El punto de control es, según define la propia Administración, el acceso al centro donde se va a distribuir el flujo de usuarios que deseen entrar, con independencia de si están ya citados o quieren solicitar cita. Ese punto, según la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, lo deberá ocupar quien designe el director de centro pero “procurando la mayor eficiencia en el conjunto del trabajo de todos los profesionales del centro”.

En dicho punto de acceso, un control no sanitario en opinión de SATSE Madrid, no ha de estar una enfermera ya que las funciones encomendadas a los trabajadores de éste son “toma de temperatura, comprobar la mascarilla e indicar higiene de manos”. También deberán preguntar al usuario si tienen fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y si han tenido contacto estrecho con un caso confirmado de Covid en los 10 días previos”, acciones que bien puede desarrollar cualquier trabajador no sanitario y de hacerlo una enfermera o enfermero se estaría cercenando el derecho de los madrileños a disponer de una atención enfermera.

“Tener a una enfermera o enfermero en un punto de control es una barbaridad, indican desde SATSE Madrid. Hay que optimizar recursos y tener a un profesional hipercualificado diciendo a los usuarios a qué consulta tienen que ir, tal y como desean algunos, es un despropósito ya que donde deben estar es la Consulta de Enfermería, cuidando de sus pacientes y realizando los programas que, por la Covid, han tenido que postponer en muchos casos”.

Desde el Sindicato de Enfermería en Madrid “confiamos en el buen hacer de los directores de los centros de salud y esperamos que actúen con criterios de eficiencia, tal y como indica  la instrucción de la gerente de Atención  Primaria, Sonia Martínez Machuca. Deseamos que se abstengan de adjudicar esta labor a los profesionales de Enfermería que han de retomar su actividad habitual, además de seguir en primera línea combatiendo la pandemia”, finalizan.

La anunciada renovación de los contratos Covid no servirá para fidelizar a las enfermeras eventuales del Sermas sino para todo lo contrario ya que desde el Gobierno regional las está invitando a irse a otras regiones para conseguir lo que aquí se les niega: estabilidad en los contratos y retribuciones acordes a su responsabilidad.

Por el contrario, el Gobierno regional les ofrece inseguridad y una elevada presión asistencial que se traduce en estrés, fatiga por falta de descanso, imposibilidad de conciliar y un aumento de las agresiones (tanto verbales como físicas) motivadas por el cansancio de parte de la población en la lentitud existente a la hora de acceder a los servicios sanitarios básicos.

El último “error” del Gobierno regional no es otro que anunciar las renovaciones realizadas por la Covid (que finalizan el 31 de diciembre de 2020) hasta el 30 de junio de 2020 y no hasta el 31 de diciembre de 2021 como recomendaba el Sindicato de Enfermería para fidelizar a estas profesionales. Lo peor es que desde el Gobierno lo consideran positivo, sin entender que el “pretendido guiño a la Enfermería” es una falta de respeto a la labor que realizan miles de enfermeras en nuestra comunidad.

Un guiño a las enfermeras sería contratar plantillas exclusivas para el Hospital Enfermera Isabel Zendal, sería renovar contratos a 31 de diciembre de 2021, sería mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales de Enfermería, Enfermería Especialista y Fisioterapia, sería convocar OPEs y finalizarlas en un plazo razonable, sería, en definitiva, escuchar a los profesionales de Enfermería ya que solo ellos saben cuáles son los problemas que les afectan y, sobre todo, sus soluciones. Lo otro, el guiño, es propaganda, nada más.

“Nos tememos que muchas enfermeras van a seguir rechazando contratos y a buscar estabilidad en otras regiones donde les ofrecen contratos que vayan más allá del 30 de junio, explican desde SATSE Madrid, que advierte que, además, muchas se van a quedar sin vacaciones, sin poder descansar y están ya agotadas y con unos niveles de estrés preocupantes”.

“Simplemente pensar que las enfermeras están agotadas debería alertar al Gobierno regional y pensar cómo solucionarlo. Hacen lo contrario a lo que la lógica manda. Una enfermera sin estrés y descansada no está tan expuesta a cometer posibles errores y sí a salvar más vidas”, explican desde el Sindicato de Enfermería que reitera que los estudios internacionales avalan que a más enfermeras, menos muertes.

Estamos hartas de escuchar que hay que cuidar a quien cuida, a las enfermeras, cuando en realidad lo que hacen es seguir sin invertir en la Sanidad Pública madrileña. Estamos hartas de escuchar que Madrid tiene una de las mejores sanidades del mundo cuando lo que hacen es maltratar, sistemáticamente, a las profesionales de Enfermería, invitándolas a irse a otras regiones y negándoles contratos estables y retribuciones acordes a la responsabilidad y peligrosidad que asumimos todos los días en todos los centros asistenciales.

Con el anuncio de renovaciones sólo hasta el 30 de junio, va a empezar la huida de los centros asistenciales madrileños. Hay déficit en nuestro país de enfermeras y, lógicamente, van a buscar las mejores condiciones que no estarán en la Comunidad de Madrid sino en otras comunidades.

“Cuando llegue el verano, reiteran desde SATSE Madrid, empezarán los lamentos públicos y escucharemos a nuestros políticos reiterar que no hay enfermeras que puedan ser contratadas. Otra vez, la enésima, pero  la realidad es que, como ya ocurrió en marzo y en junio, la política del Gobierno regional es errónea ya que no entiende las dinámicas de contratación que se dan en el Sistema Nacional de Salud”.

La estrategia nacional marca que a lo largo de 2021 se lleve a cabo la vacunación masiva de la población madrileña ¿Cómo lo van a hacer si no renuevan a las enfermeras que son las únicas habilitadas legalmente para hacerlo? ¿Se va a exigir, nuevamente, un esfuerzo a unas profesionales a las que luego denigran y a las que se falta el respeto reiteradamente desde un gobierno regional que no vela por la salud de sus trabajadores?

La estrategia diseñada desde el Gobierno, y así lo ha reiterado el presidente Sánchez, pasa por el refuerzo de la Atención Primaria. ¿Cómo se va a hacer sin contratar enfermeras y enfermeros? Madrid, a diferencia del resto de comunidades va a contracorriente. Llega tarde en la contratación de rastreadores, llega tarde en el refuerzo de los centros de salud (de hecho los cerró para abrir un espacio, Ifema, del que muchos dudaron como válvula de escape de la pandemia) y sigue sin reforzar unas plantillas enfermeras que son las que peores índices enfermera/paciente tiene de todo el Estado.

Las enfermeras no se merecen la falta de respeto de las instituciones sanitarias madrileñas y ya no quieren buenas palabras. Necesitan hechos, esos que no llegan a la Sanidad Pública madrileña y cuando lo hacen llegan tarde y mal.

CCOO solicita la reunión de las Mesas Sectoriales extraordinarias que hagan falta para abordar, debatir y consensuar este plan integral. El sindicato reclama que la renovación de los contratos de refuerzo COVID sean, al menos, de un año más hasta el 31 de diciembre de 2021 y la reconversión a plazas estructurales.

La Consejería de Sanidad ha intentado liquidar en 10 minutos, en la reunión de la Mesa Sectorial con los sindicatos con representación en la sanidad pública madrileña, el Plan Integral de mejoras de la Atención Primaria en la región en el que habían comprometido 80 millones de euros en tres años para mejoras salariales, contratación de personal, apertura de nuevos centros y modernización y descongestión de la primera línea de atención sanitaria pública.

La Atención Primaria es la primera línea de acción en la asistencia sanitaria, también contra el coronavirus. CCOO lleva años denunciando su progresivo deterioro en la Comunidad de Madrid, la escasez de personal, de infraestructuras adecuadas, de medios, así como el abandono de los profesionales y las diferencias salariales con la Atención Especializada. Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria continúan cerrados desde el inicio de la pandemia. Los 80 millones en tres años y las plantillas anunciadas son insuficientes para CCOO, pero es el cimiento para comenzar a abordar un plan integral de mejoras.

CCOO recuerda que a esta falta de apoyo a la Atención Primaria en Madrid se suma el incremento de necesidades en el corto plazo. Porque desde centros de salud y ambulatorios se tendrá que hacer frente no solo a las campañas de vacunación programadas y estacionales sino también a la que ya se anuncia para el próximo año contra la COVID-19.

La Consejería de Sanidad se ha limitado a informar de que han presentado en el mes octubre el informe de memoria económica a la Consejería de Hacienda, y que están esperando a que por su parte el informe sea favorable para traerlo a Mesa Sectorial.

CCOO considera que se debe cumplir el acuerdo de Mesa Sectorial de septiembre de 2020 donde se decidió y estableció que la negociación del Plan Integral de Atención Primaria, así como diversas medidas referentes a esta área asistencial sean negociadas y desarrolladas en las Mesas Sectoriales extraordinarias que sean necesarias.

Sobre la contratación de personal eventual por refuerzo COVID, también abordada en la Mesa Sectorial, CCOO deja clara la deslealtad de la Consejería de Sanidad al informar a los medios de comunicación antes que a los sindicatos en el órgano correspondiente.

CCOO ha solicitado a la Consejería de Sanidad que la renovación de los 11.324 contratos de personal de apoyo COVID anunciados hasta el 30 de junio de 2021, se hagan, al menos, con duración de un año, hasta el 31 de diciembre de 2021 y que se proceda a una reconversión paulatina a puestos de carácter estructural.

El sindicato explica que con estos refuerzos hay que hacer frente al Plan estacional de Gripe. Además, hay que seguir dando descanso a los profesionales, hay que buscar solución a las listas de espera, y hay que mantener las sustituciones de los profesionales que están en situación de baja por COVID, que superan los 1.500 profesionales en la sanidad pública.

Asimismo, la Consejería de Sanidad ha presentado una propuesta de Oferta de Empleo Público (OPE 2020) de 2.096 plazas, que son exclusivas de tasa de reposición. Se ha abordado el procedimiento de reasignación profesionales adaptados por COVID para realizar otras funciones diferentes.

La Dirección General ha planteado a las organizaciones sindicales establecer un procedimiento voluntario sobre los profesionales que tengan adaptación de puesto de trabajo, para incorporarse en la ayuda posible de los Tribunales Calificadores de OPE, baremación de bolsas de empleo o como rastreadores. CCOO da la bienvenida a esta decisión que es una propuesta del sindicato planteada durante las últimas reuniones.

Por último, en la reunión se ha abordado el fallo en los sistemas informáticos que ha paralizado el registro on-line de las solicitudes de concursos de traslados ordinarios dentro de las plantillas del SERMAS. Los servicios jurídicos de la consejería están estudiando la ampliación de plazo de los registros. La previsión de ampliación de plazo sería de dos días, que es lo que ha permanecido el sistema sin funcionar.

CCOO Sanidad Madrid califica de inaudito que la Consejería de Sanidad, con el beneplácito de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su vicepresidente, Ignacio Aguado, pretenda estructurar la plantilla del nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal tres días laborables antes de inaugurar las primeras 240 camas que albergarán a otros tantos pacientes afectados por COVID-19.

De los 669 profesionales voluntarios, fijos o interinos de 31 hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), que se habían reclamado desde la Consejería de Sanidad para trasladarlos al nuevo hospital, solo se han presentado 111, según los datos de la propia consejería. Esta cifra incluye médicos, enfermeras, TCAE (Auxiliares de Enfermería), celadores y técnicos de unidades administrativas.

Ante la situación generada por la escasez de profesionales voluntarios para el hospital de pandemias, desde la Dirección de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad se ha comunicado a los sindicatos en Mesa Sectorial que les reunirá el viernes 27 o el lunes 30 de noviembre para debatir sobre la citada plantilla. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que el centro se inaugurará el próximo martes 1 de diciembre y que estará a pleno rendimiento antes de que termine el año.

Sobre la mesa estará, según ha avanzado hoy la Dirección de Recursos Humanos, que la voluntariedad para trasladarse al Zendal se amplíe al personal eventual de los hospitales, hasta ahora solo era fijo o interino. CCOO insiste en que aunque con esta medida se cubra el total del personal que necesita el primer ala abierta en el nuevo hospital, hay que iniciar la contratación de los 669 profesionales que se detraigan de las plantillas del resto de hospitales y cubrir el vacío que dejan. Además, el sindicato reclama que se empiece a preparar ya la contratación de más personal para el resto del hospital y que se haga con seriedad y procesos selectivos adecuados, no 24 horas antes de su puesta en funcionamiento.

CCOO y el resto de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de la Sanidad Pública madrileña fueron unánimes en su rechazo a la intención de la Consejería de Sanidad de poner en marcha el nuevo hospital detrayendo profesionales de las plantillas de otros hospitales madrileños, algunas de las cuales están infradotadas y a niveles muy por debajo de lo que requiere la presión asistencial que soportan, incrementada desde que hizo irrupción el coronavirus.

CCOO siempre ha manifestado su oposición a la construcción de un hospital que no era necesario teniendo en cuenta que la actual infraestructura sanitaria de la región tenía aún la posibilidad de contar con espacios que ya están construidos pero que no se han utilizado desde su inauguración, o con la opción de renovar hospitales como el antiguo Puerta de Hierro que lleva una década cerrado, con gastos para las arcas públicas y esperando su remodelación para ampliar el número de camas sanitarias que han desaparecido en los últimos años en la Comunidad de Madrid, más de 3.000 camas hospitalarias.

No se puede poner en marcha un hospital si este no va acompañado de la contratación de profesionales que garanticen una atención sanitaria universal, eficaz y de calidad. No se puede desalojar de personal hospitales cuyas carencias en recursos humanos pueden generar más riesgos que beneficios en la atención sanitaria. Y si se hace es preceptivo que se contrate personal suficiente y adecuado para atender a la población porque “estamos hablando de personas enfermas no de clientes de una taberna”.

El Hospital Isabel Zendal, a juicio de CCOO, es solo y exclusivamente «el juguete propagandístico y de entretenimiento de Isabel Díaz Ayuso, un juguete diabólico que pretende utilizar los sentimientos de los ciudadanos y ciudadanas sumidos en una pandemia de dimensiones inesperadas. Un entretenimiento que pone en jaque la atención sanitaria pública y la responsabilidad profesional del personal de la sanidad pública madrileña. Esta actuación por parte de las autoridades sanitarias madrileñas es frívola pero también temeraria e irresponsable y un ataque directo a los trabajadores y trabajadoras del SERMAS».

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), ampliar a nuevos colectivos de pacientes esta prestación, incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

De esta forma, aquellos pacientes no diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1 ni tipo 2, pero insulinodependientes, que realicen terapia intensiva con insulina y requieran realizar al menos seis punciones digitales al día, podrán usar de forma gratuita este sistema alternativo a las tiras reactivas de glucemia.

Son pacientes con diabetes monogénica, fibrosis quística, pancreopriva, hemocromatosis u otros tipos específicos de diabetes que precisen insulina de forma crónica. Hasta el momento, solo podían beneficiarse los niños de 4 a 17 años y los adultos con diabetes mellitus tipo 1.

Previamente al uso del dispositivo, los usuarios recibirán una instrucción estandarizada donde se les informará del procedimiento de implantación y retirada del sensor, las limitaciones de la información aportada por el dispositivo, las recomendaciones de uso, así como otra información relacionada con el funcionamiento del dispositivo.

Por otra parte, se ha acordado para qué indicaciones y en qué condiciones se financiará la protonterapia, una técnica de radioterapia. Con este acuerdo, se trata de facilitar el acceso a todos los pacientes que en base a las evidencias científicas disponibles se pueden beneficiar de esta técnica.

Para ello, cada comunidad autónoma contará con una comisión interdisciplinar integrada por oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos, pediatras, radiofísicos y los profesionales implicados en la atención de estos pacientes para valorar las solicitudes de protonterapia.

Una vez analizado el caso clínico en el correspondiente Comité de Tumores, el oncólogo radioterápico, en caso de que se haya considerado indicada la protonterapia, remitirá a la Comisión Interdisciplinar u organismo que determine la Comunidad Autónoma, la solicitud de tratamiento.

Para considerar un tratamiento con protonterapia, se cumplirán determinados criterios que permite una adecuada selección de los pacientes. Entre ellos, se valorarán especialmente los tumores en niños menores de 3 años o los síndromes genéticos con riesgo elevado de toxicidad.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica las dos órdenes ministeriales de Hacienda que establecen el reparto de los 8.000 millones restantes del Fondo COVID a las CCAA, lo que permite culminar la asignación de los 16.000 millones totales de este mecanismo habilitado por el Gobierno para garantizar los recursos de las comunidades tras el impacto de la pandemia

En concreto, el BOE publica una orden ministerial que distribuye los 3.000 millones correspondientes al segundo tramo sanitario, que se transferirán en los próximos días, y otra orden con el reparto de los 5.000 millones para compensar la minoración de los ingresos autonómicos por la menor actividad económica por la pandemia, que se distribuirán en el mes de diciembre.

De esta forma, se da cumplimiento al Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.

El objetivo de este fondo es dotar a las comunidades y ciudades de Ceuta y Melilla de la financiación necesaria para hacer frente a la pandemia y garantizar unos servicios públicos de calidad para los ciudadanos. Por ese motivo, el fondo se reparte atendiendo al impacto que la COVID-19 ha tenido en la sanidad, la educación y en la actividad económica.

Con la publicación hoy de las órdenes ministeriales se completa la asignación de los 16.000 millones de euros de este fondo después de que en julio las comunidades recibieran los 6.000 millones del primer tramo sanitario y que en septiembre obtuvieran los 2.000 millones del tramo asociado al gasto educativo.

Este fondo no reembolsable, es decir, que las CCAA no tendrán que devolver ni les generará más deuda ni intereses, supone la mayor transferencia del Estado a las Comunidades Autónomas al margen del sistema de financiación. Por tanto, muestra el compromiso del Gobierno con el modelo autonómico, máxime en esta situación de emergencia.

En julio se aprobó el primer tramo de 6.000 millones del Fondo COVID asociado al coste sanitario de la pandemia. Hoy se aprueba el criterio de reparto del segundo tramo sanitario por importe de 3.000 millones, lo que implica que más de la mitad del fondo -hasta 9.000 millones- se asigna en función del impacto que la COVID-19 ha tenido en la sanidad.

En concreto, los criterios de reparto fijados en la normativa para este segundo tramo sanitario se basan en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Las variables sanitarias utilizadas para el cálculo han sido las certificadas por el Ministerio de Sanidad sobre la base de los datos notificados a 31 de octubre por las CCAA.

El cuarto tramo del fondo está dotado con 5.000 millones de euros y se repartirá en diciembre a las CCAA de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica.

En concreto, tal y como recoge la normativa de creación de este fondo, el reparto de 4.200 millones se hace en un 60% en función del peso relativo de los derechos reconocidos medios de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y los tributos sobre el juego, excluidos los pagos efectuados por la AEAT a cada comunidad en los ejercicios indicados en relación con el Impuesto sobre actividades de juego. El 40% restante se repartirá en función de la población ajustada definida en el sistema de financiación autonómica.

Este cuarto tramo reserva 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público. De esta cantidad, el 34% se distribuirá considerando los servicios de transporte regular interurbano de viajeros; el 13%, considerando servicios de metro, tranvía o ferroviarios; el 49%, se distribuirá en base a los datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona; y un 4% se asignará a Canarias por su transporte interurbano.

La distribución del Fondo COVID se incluye en la estrategia del Gobierno de no dejar a nadie atrás, incluidas las administraciones territoriales. De hecho, este fondo se suma a otros recursos aprobados ya por el Gobierno para garantizar los recursos de las Comunidades Autónomas. En concreto, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación la cifra récord de 115.662 millones, un 7,11% más que en 2019, lo que supone 7.682 millones más.