La Presidenta fija la posición del Gobierno ante el "pin parental"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que el Gobierno regional pondrá “todos los mecanismos” a su alcance para blindarse de “de cualquier tipo de adoctrinamiento político en las aulas” frente a la “amenaza” del Ejecutivo central en esta dirección. Además, ha enfatizado que no es algo nuevo porque ya lo hicieron con su última ley educativa y la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

“Madrid ya ha sido muro de contención cuando el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizó la educación con fines políticos. Mientras Zapatero imponía Educación para la Ciudadanía, la Comunidad de Madrid abríamos nuevos colegios y estábamos implantando en la educación pública, de materia pionera, la enseñanza bilingüe”, ha afirmado Díaz Ayuso durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos.

La presidenta ha enviado un mensaje de tranquilidad al sector educativo de la región tras el debate abierto, “estéril e inexistente en la Comunidad de Madrid”, ha dicho. Esa “tranquilidad” se basa en contar con un modelo educativo que se basa en “la libertad, calidad e igualdad de oportunidades”. Díaz Ayuso se ha comprometido a mantener un sistema basado “en dos principios fundamentales: primero, la libertad de elección de centro por parte de los padres. El 94% de las familias en Madrid lleva a sus hijos al centro elegido. Segundo, nuestra defensa absoluta de la autoridad y valía del profesorado. Por eso, quiero hoy enviar un mensaje de apoyo y confianza a los más de 95.000 profesores de la Comunidad de Madrid, pública, concertada y privada”, ha resaltado.

Según los datos de la Consejería de Educación y Juventud, en la Comunidad de Madrid no se han registrado denuncias por adoctrinamiento, mal uso de las actividades académicas o invasión de los centros en materias que afecten a la moral.

La presidenta del Gobierno regional ha indicado que para seguir potenciando esa libertad, tres fuerzas políticas asumieron un acuerdo de investidura en el que se contempla que los centros madrileños faciliten a las familias, en el período de matriculación, el listado de actividades extracurriculares previstas durante el curso, especificando el origen de la materia y las personas u organizaciones que se responsabilizarán de su desarrollo. “Esto se ha acordado y es lo que vamos a hacer a partir del próximo curso. Cualquier otra petición queda al margen del acuerdo de investidura”, ha señalado.

Lo “realmente preocupante” en estos momentos, a juicio de Díaz Ayuso, es el giro del Gobierno de la nación en materia de libertad educativa, poniendo “en tela de juicio esa potestad de las familias para elegir el tipo de educación o con anuncios como eliminar la Educación concertada, excluir los colegios de Educación Especial o la Educación diferenciada”.

“Si eso fuera así, la Comunidad de Madrid defenderá por todos los medios su actual modelo educativo, que es un modelo de éxito fundamentado en tres pilares básicos: libertad, calidad e igualdad de oportunidades”, ha asegurado, para recalcar que, por tanto, el asunto del ‘pin parental’ no está en el acuerdo de investidura, que el Gobierno cumple lo pactado y que “en Madrid no ha pasado nada para que esto cambie”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha incidido en que los problemas reales de la educación son otros: la dependencia de los jóvenes a los móviles y a las nuevas tecnologías, la lucha contra el acoso escolar, la mejora de la comprensión lectora de nuestros alumnos o las amenazas contra la libertad educativa de las familias.

Durante su intervención, Díaz Ayuso se ha apoyado en dos documentos esenciales: la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959 y la Constitución española de 1978. En el primero, se recoge que “el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación” y que dicha responsabilidad “incumbe, en primer término, a sus padres”.

En la Carta Magna -artículo 27-, se establece que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

“A partir de la lectura de estas disposiciones, debatir sobre quién tiene la responsabilidad de educar a sus hijos significa incumplir la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Constitución española”, ha manifestado la presidenta madrileña.