13
Jul
2011
La Audiencia de Barcelona afirma que las páginas de enlaces no son ilegales Imprimir
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El Congreso pide a Sinde una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual

Los jueces tumban una de las peticiones de la SGAE2011-07-14

La Audiencia de Barcelona ha confirmado una sentencia que exoneraba a una web de enlaces a páginas P2P que permiten la descarga de archivos audiovisuales --películas, series y música, especialmente--, al entender que dirigir a los usuarios a páginas que permiten las descargas, no vulnera la ley Sinde, sobre el derecho a la propiedad intelectual.

El juzgado mercantil número 6 de Barcelona se pronunció en este sentido tras la denuncia presentada por la SGAE contra la página de enlaces indice-web.com, que ofrece enlaces para descargas en redes P2P, pero no almacena ningún tipo de contenido, realizándose la descarga entre esas redes y el usuario sin que la web denunciada medie para hacerlo, y sin cobrar un servicio directo ni a través de publicidad.

La Audiencia, sobre la que ha recaído el recurso de la SGAE, ha determinado que la cuestión de debate es "si enlazar una obra que el demandado no aloja puede suponer una infracción de los derechos de propiedad intelectual y, en concreto, si puede ser una copia o comunicación pública", según relata en la sentencia.

Para la SGAE está acreditada la participación activa de esta web en la oferta de contenidos musicales, ya que no se limita a crear un índice que favorece y orienta a los usuarios para acceder a redes de intercambio, sino que toma parte directa en la "selección, clasificación, filtrado y organización de los contenidos enlazados", incluyendo la foto de la portada, un comentario ilustrativo y un ranking de los archivos más descargados.

En una red de archivos P2P, quien dispone de una película o archivo musical lo introduce en una carpeta de archivos compartidos, a la que cualquiera puede tener acceso mediante un programa 'cliente P2P' y descargarlo, con lo que se realiza un acto de reproducción no amparado por el uso privado de la ley, y por ello realiza un acto de comunicación pública.

Pero la Audiencia entiende que el titular de la página demandada no lleva a cabo directamente estos actos: no realiza ninguna reproducción, ya que se limita a sustraer el link a través del cual sí se podría llevar a cabo el acto de comunicación pública que la SGAE trataba de imputarle.

"El ofrecimiento del enlace no supone un acto de disposición del archivo, razón por la cual no cabe hablar de la 'puesta disposición' en que consiste la actividad tipificada en la ley de propiedad intelectual, como acto de comunicación pública".

Con todo, la Audiencia ha estimado el recurso de la SGAE sólo en lo que concierne a la no imposición de costas procesales por tratarse de un caso novedoso "que suscita serias dudas de hecho y de derecho".

Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han aprovechado la comparecencia de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en la Comisión de Cultura, para tachar de insuficientes las nuevas medidas de control de las entidades de gestión presentadas por la titular del Departamento, y reclamar una reforma a fondo de la Ley de Propiedad Intelectual.

Así, desde el PP, José María Lassalle ha recordado que su partido fue "el primero en pedir una reforma integral" de dicha ley. "Hay que acometer una reforma de la ley de Propiedad Intelectual, pero usted ya no tiene tiempo político para ello. Tendrá que consensuarse por todos los grupos y tendrá el liderazgo del partido político mayoritario tras las próximas elecciones, y lo haremos seguro", ha resaltado.

En esta línea, Lassalle ha dicho a la ministra que ella "sabe perfectamente que tenía la responsabilidad" de controlar las entidades de gestión y ha criticado que Sinde se haya aferrado a dos ideas básicas: "yo no soy responsable porque existía una laguna legal y un laberinto jurídico".

"Pero usted es responsable político directo de lo que ha estado sucediendo al frente de las entidades de gestión, en la medida que la sentencia del TC de 1997 no exonera de responsabilidad al Ministerio. Quien puede lo más puede lo menos, y si usted puede dar una licencia y revocarla, eso justifica la intervención del Ministerio para poder al menos salvaguardar la buena imagen de vigilancia", ha argumentado.

Por su parte, Joan Tardá (ERC) ha indicado que esta competencia de control de las entidades de gestión para las CCAA en la que se escuda el Ejecutivo "no ha sido transferida, por lo que echar la porquería a los demás no es admisible". Ha añadido que el "Gobierno socialista catalán nunca logró que la SGAE catalana informara sobre todo aquello que se recauda en Cataluña".

"Siempre hemos reivindicado la necesidad de modificar de forma profunda la Ley de Propiedad Intelectual. Por eso rechazamos que hoy se muestre a favor de una modificación parcial, porque no queremos cataplasmas. Si la Guardia Civil no hubiera actuado, usted no estaría aquí. Diga usted hoy aquí que el Gobierno va a presentar un proyecto de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual", ha subrayado Tardá.

Por parte de CiU, Montserrat Surroca ha calificado de "inadmisible" que se "ponga el foco" en estos momentos en las CCAA con "justificaciones inciertas", pues éstas "no tenían ni tienen competencias para abordar la supervisión de lo que está siendo analizado en estos momentos". Así, ha añadido que es necesario "mejorar" la Ley de Propiedad Intelectual, y el Gobierno tenía que "haber tomado medidas y liderar la necesaria e inaplazable reforma de dicha ley".

Aitor Esteban, del PNV, ha afirmado que con el caso de la SGAE "todo se ha venido abajo con estrépito y hay que plantearse todo el modelo de la gestión de derechos". Según ha dicho, "el Ministerio no ha hecho nada y no vale recordar sentencias sobre distribución competencial de 1997, pues ha llovido un poco desde entonces", y ha criticado que se culpe a las CCAA de no controlar las entidades de gestión.

"Una modificación parcial no, que lo de las cataplasmas no, que es tarde, no se trata ya medidas a bote pronto para cubrirnos. Eso no vale, todo el modelo está en cuestión y la sociedad tiene serias dudas sobre la transparencia de estas operaciones. El Gobierno tiene los medios para hacer una reflexión seria y proponer a la Cámara una modificación de todo el modelo de Propiedad Intelectual", ha planteado.

María Nuria Buenaventura (IU-ICV) ha dicho que es "un insulto" que la ministra "ahora venga a plantear estas modificaciones y hay que preguntar por qué ha tenido que saltar una presunta estafa en la SGAE para hacer estos planteamientos, que tampoco llegan al fondo de la cuestión". De este modo, ha remarcado que "no había una clara acotación de la gestión de la SGAE y la propuesta del Ministerio llega con retraso y es tímida".

Francisco Jesús Jorquera, del BNG, ha asegurado que "los mecanismos de control fallaron y el Gobierno no puede eludir sus responsabilidades diciendo que sólo puede autorizar o retirar la autorización para que las entidades de gestión puedan operar, y que las competencias son autonómicas".

"La SGAE es una entidad estatal y difícilmente puede una CCAA vigilar. El Gobierno estaba capacitado para tutelar, pero no lo ha hecho con eficacia. Todo es consecuencia del modelo de defensa de los derechos de autor, que debe ser revisado", ha sentenciado.

Finalmente, el diputado del PSOE José Torres Mora ha considerado que no es necesaria una revisión completa del sistema de propiedad intelectual y ha afirmado que hay consenso para abordar el problema de la propiedad intelectual pero no hay consenso en cómo.

Asimismo, ha acusado a Lasalle de mezclar el canon digital con una presunta corrupción en una de las ocho entidades de gestión que hay en España, y ha recordado que en el caso de la SGAE se examina "sólo una patología concreta que ha aparecido en una" entidad en particular.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, asegura que el Ministerio de Cultura no "se lavó las manos ni miró para otro lado" en el caso de la SGAE y apuesta por cambiar los modelos de las entidades de gestión y crear una auditoria pública obligatoria para su vigilancia y control.

En su comparecencia para informar con carácter urgente sobre las medidas de control del Ministerio de Cultura de las cuentas de la Sociedad General de Autores (SGAE), la titular de Cultura ha sido clara al respecto de las competencias de su Departamento: "¿Qué debería hacer el Ministerio de Cultura al respecto? Nada que no haya hecho", ha asegurado.

Sinde ha propuesto un paquete de cuatro medidas para mejorar el funcionamiento de las entidades entre las que destaca la modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual para impedir "la creación indiscriminada" de sociedades y fundaciones mercantiles.

Además propone crear una "auditoría pública de funcionamiento obligatoria" para todas las entidades de gestión y apuesta por resolver, aunque sea de forma "provisional" mientras Bruselas dicta su directiva sobre derechos de autor, la administración de competencias territoriales sobre el control de entidades de gestión, asuntos que serán debatidos en la próxima Conferencia sectorial.

Por último, la ministra ha propuesto la creación de un régimen sancionador especial para las entidades de gestión que no cumplan con sus actividades. Estas propuestas han sido anunciadas también durante su interpelación en el pleno del Congreso.

Por otra parte, la titular de Cultura ha defendido a los autores que son los "doblemente perjudicados" y ha afirmado que no es admisible una causa general contra la propiedad intelectual y los derechos de autor. "El castigo lo merecen los responsables de las irregularidades no quienes sostienen con su trabajo la cultura", alega la ministra.

Asimismo, recuerda que podrían haber puesto en riesgo su patrimonio y erosionado su imagen pública. En esta línea, ha pedido que no se abra una "causa general" ni se cuestione "su derecho a cobrar por su trabajo y a reclamar a quienes obtienen un beneficio de él una contraprestación justa".

Por otra parte, González-Sinde ha recordado que el Ministerio de Cultura carece de competencias desde el año 1997 como consecuencia de los mecanismos de control dado el reparto competencial que estableció en esta materia la sentencia 196/1997 del Tribunal Constitucional.

La ministra asegura que llevará esta "laguna legal" a la próxima Conferencia Sectorial de Cultura e intentará tratar el asunto en el marco de las competencias territoriales.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha asegurado que el Gobierno está "trabajando" en la nueva regulación en torno al canon digital, pero ha destacado que es "compleja y tiene que discriminar unos usuarios de otros", por lo que ha agregado que esperan poder tenerla "ultimada en las próximas semanas".

En declaraciones antes de la Comisión de Cultura del Congreso, ha señalado que la proposición no de ley aprobada este martes en la Cámara Baja para sustituir el canon digital por otro mecanismo "menos arbitrario" en realidad "reitera, subraya y vuelve a decir" algo en lo que ya habían estado "de acuerdo" los grupos parlamentarios cuando se aprobó la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, es decir, "que el canon actual debe ser sustituido por otro mecanismo que se ajuste a la sentencia europea de Luxemburgo".

Sobre la salida de Teddy Bautista de la SGAE, ha indicado que es una "decisión muy acertada". "Pero sobre todo creo que es importante también ese comunicado de la Junta Directiva en el que proponen un verdadero programa de revisión, refundación y reforma. Es muy bueno y generará seguridad tanto en la ciudadanía como en los socios de SGAE, que finalmente son los afectados y perjudicados si se demuestran los hechos", ha destacado, para después puntualizar que corresponde sólo a los socios de la entidad pronunciarse sobre la posibilidad de repetir las elecciones del pasado 30 de junio.