Según el Consistorio, no se han realizado las obras de reparación que exigieron los técnicos municipales

Tras años de incumplir reiteradamente las órdenes de ejecución dictadas desde 2001 para la reparación de las graves deficiencias que dificultan la habitabilidad del edificio situado en la calle Ventorrillo 7 por parte de sus propietarios, el Ayuntamiento de Madrid va a iniciar el procedimiento para declarar el incumplimiento del deber de conservar o rehabilitar que puede concluir con la expropiación del edificio, tal y como prevé el artículo 46 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones.

Se inicia esta vía al constatarse en la última inspección, realizada el pasado 6 de febrero, que las obras de reparación ordenadas por los técnicos municipales no habían sido realizadas, lo que además supondrá la imposición de la tercera multa coercitiva por importe de 3.000 euros para el actual propietario de la finca, una entidad bancaria que lo adquirió tras una ejecución hipotecaria.

El Ayuntamiento de Madrid recurre de esta forma a lo previsto en el artículo 138 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, para garantizar la conservación del patrimonio residencial de la ciudad y adquirir viviendas para destinarlas al alquiler social en un barrio, con un mercado inmobiliario especialmente tensionado por el alza de precios que está sufriendo casos de expulsión de sus residentes.

Madrid se sumaría así otras ciudades europeas que empiezan a adoptar medidas contra la creciente especulación como Barcelona, que ha reactivado el proceso de expropiación de pisos vacíos de bancos para necesidades sociales, o Berlín, donde se prepara un referéndum sobre la expropiación de viviendas a grandes propietarios.

La finca de Ventorrillo 7 fue construida en el año 1900 y forma parte del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid. Con una superficie de 1.977 metros cuadrados cuenta con un local comercial, dos almacenes y 43 viviendas, de las cuales solo dos pudieron ser inspeccionadas en la última visita por hallarse el resto tabicadas. Sus actuales inquilinas son personas de la tercera edad con rentas antiguas a las que, en caso de producirse la expropiación, el Ayuntamiento de Madrid ofrecería una nueva vivienda en virtud del convenio con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para la aplicación del programa de emergencia residencial, dada la inhabitabilidad en la que se encuentra el edificio en estos momentos.

Desde el año 2001 se llevan ordenando obras de reparación requeridas a raíz de un acta de Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable, llegando en 2008 a decretarse la ejecución sustitutoria de diversos trabajos en el edificio. Estos únicamente pudieron ser acometidos en las viviendas habitadas debido a que la empresa propietaria negó el acceso al resto que estaban deshabitadas.

Tras estos trabajos, y al ir decreciendo el nivel de ocupación de la finca con motivo de la defunción de algunos de sus antiguos ocupantes, el inmueble requería una actuación integral que supusiera una rehabilitación total para mejorar sus condiciones de salubridad, habitabilidad y seguridad pero los sucesivos propietarios han incumplido de manera reiterada numerosas órdenes dictadas para el deber de conservación del edificio.