30
Mar
2021
El Consejo de Ministros despide a Pablo Iglesias y nombra a sus sustitutas Imprimir
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Foto cedida por MoncloaLas nuevas Ministras tomarán hoy posesión del cargo

Nadia Calviño será vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Como vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, reemplaza a Pablo Iglesias y conserva la cartera del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ione Belarra asumirá el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. España se posiciona como el sexto país del mundo con mayor proporción de mujeres en el Gobierno, y el cuarto en la Unión Europea.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado, tras haberlo comunicado al Jefe del Estado, Felipe VI, los cambios que se producen en el Gobierno de España como consecuencia de la salida del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. El segundo nivel de la vicepresidencia será ocupado por Nadia Calviño, quien conserva a su cargo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Yolanda Díaz sustituye a Pablo Iglesias y se convierte en vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social. Ione Belarra, actual Secretaria de Estado para Agenda 2030, será titular del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Tras esta remodelación, todas las vicepresidencias quedarán lideradas por mujeres, a saber, Carmen Calvo como vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Nadia Calviño, vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social y Teresa Ribera como vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El decisivo peso de las mujeres en el nuevo Ejecutivo es un "motivo de orgullo para mujeres y también para hombres", según Sánchez, y que permite a España posicionarse como el sexto país del mundo con mayor proporción de mujeres en el Gobierno, y el cuarto entre los países de la Unión Europea.

"Con independencia de las preferencias políticas de cada cual, todos los españoles podemos sentirnos orgullosos al comprobar cómo nuestro país vuelve a ser una referencia internacional en derechos y libertades", ha expresado el presidente.

El presidente del Gobierno ha manifestado que con esta nueva composición, el Gobierno de España seguirá atendiendo con la máxima prioridad la emergencia sanitaria, económica y social como consecuencia del Covid-19, además de seguir abordando las cuatro transformaciones que el país necesita: una España verde, digital, cohesionada y feminista, ofreciendo estabilidad a España con un Gobierno de Coalición progresista hasta 2023.

La renovación del Gobierno es un reajuste necesario para el cumplimiento del acuerdo de coalición progresista tras la dimisión de Pablo Iglesias, hasta ahora vicepresidente segundo del Gobierno, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, que concurrirá a las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo. El jefe del Ejecutivo ha expresado su agradecimiento a Iglesias por el trabajo del último año en el que el primer gobierno de coalición de la historia de España ha compartido el reto de sacar al país del bloqueo, y ofrecer un camino de estabilidad y de progreso a la sociedad española.

"Tengo que decir que, desde las diferentes visiones de nuestros partidos políticos y nuestras propuestas, en el Gobierno de coalición siempre ha prevalecido la unidad, la responsabilidad y el interés general", ha finalizado Sánchez.

El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia del conocimiento y mejorar la gobernanza del sistema español en la materia.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que una de las grandes prioridades del Ejecutivo, comunicada por el presidente en su discurso de investidura, es la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación como motor del progreso económico y fuente del bienestar social. Además, ha destacado que la pandemia ha puesto de manifiesto que "la ciencia tiene que ocupar un lugar centro dentro de cada política que desarrolla el Gobierno, que es una política transversal".

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, Montero ha resaltado que los Presupuestos Generales del Estado asignan una financiación sin precedentes para actividades de investigación y desarrollo impulsados por los fondos de recuperación. "Tenemos que demostrar que queremos ser un país de ciencia, que deje a la siguiente generación más conocimiento y más competitividad", ha dicho.

Pedro Duque ha afirmado que la situación de los científicos en España es anómala con respecto al resto de países punteros en ciencia porque no cuentan con estabilidad laboral hasta después de cumplir los 40 años.

Por ello, el primer objetivo de la reforma es conseguir que los investigadores tengan una carrera atractiva, predecible y estable, que permita atraer y retener el talento. El Gobierno propone la creación de un modelo de contratación tipo 'tenure track', utilizado en Estados Unidos, Canadá, y ocho países europeos, que consiste en una contratación fija sujeta a una evaluación externa objetiva y transparente. Con este modelo, ha indicado el ministro, la entrada al sistema garantizará la igualdad de oportunidades y que se premie el talento y la dedicación real.

Duque ha añadido que el Ejecutivo introducirá un sistema para atraer talento temprano mediante ayudas de consolidación científica destinadas a iniciar nuevos proyectos de investigación.

El ministro ha anunciado que se mejorarán los incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad, se facilitará la gestión directa de sociedades 'start-up' derivadas de resultados de investigación y se orientará a las oficinas de transferencia de conocimiento existentes en los centros de investigación hacia el mercado, el tejido productivo y la producción de riqueza.

Duque ha indicado que España se sitúa en el puesto 30 mundial en solicitud de patentes por habitante, aunque, en realidad, la producción científica está entre los puestos 20 y 12: "Tenemos ahí mucho recorrido que mejorar en transferencia de conocimiento".

La futura ley también tiene como finalidad mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con nuevos programas complementarios del Gobierno con las comunidades autónomas para financiar y realizar acciones de I+D+I conjuntas y estratégicas. Pedro Duque ha avanzado que se contemplan, asimismo, reformas normativas para fomentar la creación de centros e infraestructuras de investigación entre el Estado y las comunidades, y la agilización administrativa para nuevos proyectos de infraestructuras de investigación.

El Gobierno ha aprobado la integración del Instituto Geominero de España (IGME), del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Instituto Nacional de Investigación y del Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIF). El ministro ha argumentado que, con la absorción, estos centros multiplicarán sus capacidades organizativas y de gestión administrativa científica y técnica: "Se aumenta así la capacidad de asesoramiento experto en materias clave para el país".

Pedro Duque ha defendido que, con las reformas impulsadas hoy en el área de las ciencias, España tiene la oportunidad de convertirse en un país puntero en ciencia e innovación, que deje a la siguiente generación un futuro mejor, más eficiencia en sus empresas y en el tejido productivo.

El Ejecutivo ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 283 millones de euros para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Los fondos se corresponden con el llamado 'Nivel Acordado', una partida suprimida en 2012, que hace referencia al número de personas que se incorporan al sistema de dependencia. Junto a la recuperación de esta medida, el Gobierno también ha elevado una media del 17% las cuantías del Nivel Mínimo, que atañe a las transferencias que el Estado hace a las comunidades por cada persona dependiente atendida.

"Es un doble mecanismo para impulsar que, cuantas más personas se incorporen al sistema, mejor financiación haya, para el pago de los servicios que se prestan en residencias de mayores, atención domiciliaria y unidades de día", ha explicado Montero. Otros fines que se persiguen son la reducción de listas de espera y la mejora tanto de las prestaciones como de las condiciones de los trabajadores del sector. En conjunto, este año aumentará la financiación en 600 millones de euros, lo que supone un aumento del 43% en la aportación que hace el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que entrará en vigor el próximo 2 de abril. Montero ha afirmado que esta nueva norma servirá para mejorar la eficiencia y transparencia de las administraciones, haciéndolas más accesibles y con ello, permitiendo a la ciudadanía hacer sus trámites vía electrónica de forma segura, ágil y sin desplazamientos innecesarios. Para ello, ha dicho Montero, será necesario disponer de servicios digitales amigables y accesibles, para que la navegación por las páginas webs y sedes electrónicas sea intuitiva. Asimismo, se pretende mejorar la relación electrónica a nivel interno en la Administración General del Estado, y la interadministrativa entre esta y el resto de administraciones autonómicas y locales.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto para el fomento de uso de energías limpias y reducción de la huella de carbono, mediante el que se regulan los objetivos de venta o consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022. La norma obliga a que las ventas de biocarburantes sean, este año, de un 9,5% sobre el total de combustibles consumidos en España, y un 10% el año que viene. El objetivo final, en consonancia con lo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es llegar a una cuota mínima de energía renovable en el transporte del 28% en 2030, para favorecer la reducción de gases efecto invernadero asociadas a este sector. Los biocarburantes, ha explicado Montero, son una solución puente hasta que la movilidad eléctrica sea realmente una alternativa sostenible a los vehículos de combustión.

El Gobierno subvencionará con 665.000 euros los trabajos de exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista enterrados en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que hayan sido reclamados por sus familiares. Los restos de más de 33.000 víctimas, provenientes de casi todas las provincias de España, fueron trasladados desde 1959 para ser inhumados en las criptas del Valle de los Caídos.

Las obras para acceder a estas criptas, que fueron tapiadas y permanecen cerradas desde el momento de la finalización de las inhumaciones, no supondrán ninguna modificación urbanística y se centrarán en asegurar las condiciones de dignidad y respeto propios de un cementerio, la reparación y dignificación de los osarios, y la seguridad y salud de las personas y operarios que accederán a las mismas.

Montero ha recordado, asimismo, que ayer se constituyó la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática en la que se aprobó el reparto a las comunidades autónomas de 3 millones de euros para la búsqueda, identificación y dignificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

El Gobierno ha acordado interponer recurso de inconstitucionalidad contra el apartado 5 de la Ley de Galicia 8/2021, que modifica la ley de salud autonómica, por considerar que establece medidas preventivas sobre salud pública que restringen y limitan derechos fundamentales.

María Jesús Montero ha explicado la norma contempla, entre otras, medidas de control sobre personas enfermas que incluyen aislamiento en domicilio o internamiento en centros hospitalarios, o la obligación de someterse a determinadas medidas de prevención como la vacunación obligatoria. Los derechos fundamentales, ha recordado, solo se pueden regular en una ley orgánica que, por tanto, solo puede ser dictada por el legislador estatal.

La interposición del recurso se ha decidido con el aval del dictamen del Consejo de Estado y su presentación conllevará la suspensión del apartado recurrido hasta que el Tribunal Constitucional decida después, en un máximo de cinco meses, ratificarla o levantarla.

Las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana han sido declaradas, por acuerdo del Consejo de Ministros, como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Este movimiento registra 550 Sociedades Musicales federadas, con más de 1.100 bandas de música, 200.000 socios y socias y 60.000 alumnos. María Jesús Montero ha destacado su carácter único en el mundo como "fenómeno de asociación en el territorio y herramienta fundamental para la convivencia intergeneracional y entre diferentes estratos de la sociedad".

La portavoz del Gobierno ha manifestado su preocupación por la evolución de la pandemia, con una incidencia acumulada semanal de contagios en aumento, y ha insistido en la necesidad de intensificar las medidas de prevención y afrontar con responsabilidad individual la movilidad y las interacciones sociales, especialmente en esta Semana Santa: "Todos tenemos ganas de dejar atrás las restricciones, pero no hemos llegado a esta fase de relajación y no podemos permitirnos ningún tipo de descuido".

Montero ha informado de que ayer se distribuyó entre las comunidades autónomas más de un millón de dosis de vacunas y ha confiado en que, en abril, se pueda generar un punto de inflexión al triplicarse el número de las que están por llegar.

La ministra ha adelantado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a conocer la remodelación del Ejecutivo, causada por la salida del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, para concurrir a las elecciones autonómicas en Madrid. Montero ha señalado que en la reunión del Consejo de Ministros, la última a la que ha asistido Iglesias, el presidente le ha mostrado "el reconocimiento, el afecto y el agradecimiento por la labor realizada". Asociados a estos cambios, Montero ha avanzado los nombramientos, aprobados en Consejo de Ministros, de nuevos altos cargos, como varios secretarios de Estado y los delegados del Gobierno en Andalucía, Galicia y Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este plan de impulso al sector audiovisual, uno de los ejes de la agenda España Digital 2025. Sus objetivos son convertir a España en un país líder en la producción audiovisual en la era digital, polo de atracción de inversión internacional y talento, y con un ecosistema de industria-servicios reforzado para exportar y competir en los mercados internacionales.

El plan tiene prevista una inversión pública de 1.603 millones de euros para el periodo 2021-2025 y su meta es aumentar un 30% la producción audiovisual realizada en España al final del periodo. Durante la presentación del plan, Pedro Sánchez ha señalado que "la industria audiovisual es clave por su peso en el empleo y en la economía. Pero también por su peso en nuestras identidades culturales y en nuestra proyección internacional".

El presidente del Gobierno ha explicado que en un momento en el que la industria audiovisual española goza de un extraordinario reconocimiento mundial, hay que "construir un ecosistema sostenible, más rico y fructífero que posibilite el crecimiento que merece el inmenso talento que alberga nuestra industria". Sánchez ha añadido que "para hacer realidad ese nuevo ecosistema necesitamos que el modelo sea sostenible. Tiene que ser rentable, capaz de autoabastecerse y crecer como fuente de riqueza. Vamos a alcanzar el encuentro entre la vocación expresiva de nuestros creadores y su conversión en productos industriales competitivos y rentables".

En el acto de presentación de 'España, Hub Audiovisual de Europa' también han participado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. De manera telemática han intervenido Nicolás Matji, presidente de la federación de animación y efectos audiovisuales DIBOOS, James Costos, ex embajador de EEUU en España, y la directora de cine Isabel Coixet.

Durante la presentación se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado la productora de cine Belén Atienza, el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Mariano Barroso, la desarrolladora del sector de videojuegos Valeria Castro y el presidente de la Asociación Española de Vídeo Bajo Demanda, José Antonio Luna.

El plan recoge inversiones públicas y reformas para lograr un impulso significativo de toda la cadena de valor de la industria audiovisual a partir de las fortalezas que posee España, tales como una industria audiovisual solvente, profesionales bien formados y de prestigio, una capacidad creativa reconocida mundialmente y una ventaja comparativa en el mercado global creciente de producción audiovisual en español.

El plan parte de una óptica integral del sector audiovisual en todos sus formatos (cine, series, cortos, publicidad, videojuegos o animación) y una visión integradora que trasciende del audiovisual para enlazar con la cultura, el turismo y la propia imagen país.

Las medidas que se incluyen en 'España, Hub Audiovisual de Europa' están articuladas en cuatro ejes basados en tres prioridades: convertir España en polo de atracción de la producción audiovisual, reduciendo los costes administrativos y regulatorios; mejorar la competitividad de las empresas a través de la aplicación de nuevas tecnologías que les permitan competir en un mercado digitalizado; y generar talento reduciendo la brecha de género.

El primer eje del plan, con una inversión prevista de 240 millones de euros, incluye actuaciones para digitalizar tanto la producción audiovisual como el seguimiento de audiencias, para impulsar la puesta en marcha y mejora de plataformas dedicadas a la producción audiovisual española y su distribución, que favorezcan su comercialización internacional, especialmente la de aquellos proyectos que generen ecosistemas de colaboración entre pymes.

Además, se creará un punto único de información y un punto centralizado de contacto, el 'Spain Audiovisual Hub Bureau', que proporcionará información, asistencia y acompañamiento a potenciales inversores en el sector, tanto a las empresas extranjeras que deseen invertir en España, como a las empresas españolas interesadas en la internacionalización de su actividad. En este eje se desarrollará un Programa de internacionalización del sector audiovisual, desarrollado por el Ministerio de Cultura y Deporte e ICEX España Exportación e Inversiones, y un Programa de atracción de rodajes e inversión exterior.

El segundo eje incluye dos tipos de medidas: las orientadas a facilitar el acceso a financiación, por un lado, y las dedicadas a la aplicación de incentivos fiscales para la producción audiovisual en España, por otro. Cuenta con una inversión de 1.330 millones de euros hasta 2025.

Se amplía el tipo de proyectos susceptibles de recibir financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se amplían los proyectos que podrán ser financiados por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) a proyectos innovadores en el ámbito de la animación, los videojuegos o los efectos visuales. Ambas entidades reforzarán sus actuales líneas de financiación al sector y crearán líneas nuevas, con el objetivo de favorecer su digitalización y fomentar la reducción de la brecha de género.

Respecto a los incentivos fiscales, el marco fiscal español para estas actividades se modificó a lo largo del año 2020 con la aprobación del Real Decreto-ley 17/2020, del Real Decreto-ley 34/2020, así como con la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el 2021. Una vez aprobado el citado marco normativo, se establecen medidas para facilitar su aplicación y seguimiento, dotándolas de la mayor certidumbre y predictibilidad para los inversores.

Este eje también incluye facilidades de acceso a la financiación bancaria y refuerzo de los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), de COFIDES y del ICO.

El objetivo de este eje es adecuar los planes de formación a las competencias demandadas por la industria y apoyar la formación que las propias empresas ofrecen a sus trabajadores. En colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se pondrá en marcha un programa de formación para el empleo en economía digital.

Además, se proporcionará apoyo institucional a la realización y difusión de programas de formación que pongan en marcha las empresas del sector audiovisual. Por otra parte, este eje se complementa con medidas incluidas en el Plan Nacional de Competencias Digitales, presentado el pasado mes de enero, que dedica un espacio específico al acceso de las mujeres a la formación y titulaciones en el ámbito audiovisual. Contará con 15 millones de euros de inversión.

El cuarto eje cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros y tiene que ver con reformas tendentes a mejorar la regulación y eliminar barreras administrativas. Entre las reformas contempladas en el Plan se encuentran los proyectos de Ley General de Comunicación Audiovisual y de Ley del Cine. Este eje incluye también la simplificación y reducción de cargas administrativas del sistema de inmigración por razones de interés económico y la creación de una ventanilla digital para los visados y/o autorizaciones de residencia y trabajo relacionados con proyectos audiovisuales en oficinas consulares.

Por último, y con el fin de realizar un seguimiento adecuado sobre las medidas de este plan, se elaborará anualmente un informe del sector audiovisual que recoja una descripción de los distintos subsectores (cine, series, animación, videojuegos, eSports, publicidad cinematográfica, efectos visuales…), su evolución y perspectivas de crecimiento.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Orden Ministerial de Hacienda que establece el reparto entre las comunidades autónomas (CCAA) y las Ciudades de Ceuta y Melilla de los 7.000 millones de euros con que está dotada la Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas. Esta línea de ayudas está prevista en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia.

El Real Decreto-ley prevé que se efectúen las correspondientes transferencias a cada ente territorial con cargo a dos créditos extraordinarios. Uno, por importe de 5.000 millones de euros, con destino a las comunidades autónomas -con la excepción de Baleares y Canarias- y a las Ciudades de Ceuta y Melilla. Y el segundo, dotado con 2.000 millones de euros, para los dos archipiélagos, que han sufrido un impacto económico superior por la pandemia, dada su especial dependencia del sector turístico. Estos créditos deben repartirse sobre la base de los indicadores recogidos en el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley, que se concretan en la orden ministerial que se publica hoy en el BOE.

Los recursos del primer compartimento de 5.000 millones de euros se reparten entre las comunidades autónomas -menos Baleares y Canarias- y Ceuta y Melilla atendiendo a los mismos indicadores y con la misma ponderación que tienen en la asignación del fondo REACT EU, solo que actualizados a la fecha de publicación del Real Decreto-ley.

  • Dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada comunidad autónoma y Ciudad, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas. El indicador de renta de cada comunidad y ciudad es la cifra resultante de dividir el peso relativo de cada entidad territorial en la caída del PIB de 2020 en relación con 2019 entre su respectiva prosperidad relativa, medida a través de su renta per cápita respecto de la renta per cápita nacional.

  • Dos novenas partes del importe se distribuyen según el indicador de desempleo, que considera la media ponderada entre el peso de la comunidad autónoma y Ciudad en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional desde el 31 de enero y hasta final de ese ejercicio.

  • Una novena parte de su importe se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años) que, análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la comunidad autónoma o Ciudad en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su aportación al incremento del paro juvenil registrado a lo largo del año pasado en todo el país.

En cuanto al segundo compartimento de 2.000 millones de euros reservado para las comunidades de Baleares y Canarias, su reparto se realizará de forma proporcional a su peso relativo en la caída en 2020 de los afiliados a la Seguridad Social en términos netos. Este indicador se medirá con la reducción del número medio anual de afiliados en alta entre 2019 y 2020, descontando el efecto del número de trabajadores en ERTE medios en 2020.

El Ministerio de Hacienda efectuará la transferencia de estos recursos a cada comunidad autónoma y a las Ciudades de Ceuta y Melilla dentro de los diez días siguientes en que adquiera eficacia el convenio que se celebre con cada uno de estos territorios. Aunque los entes territoriales también podrán solicitar que la liberación de estos fondos pueda realizarse con posterioridad.

De acuerdo con el Real Decreto-ley 5/2021, la Línea Covid se configura como una dotación de carácter presupuestario, cuyo objeto es la canalización de ayudas directas a autónomos y empresas, para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. Esa misma norma contempla también una línea destinada a la reestructuración de deuda financiera dotada con 3.000 millones de euros. Y además un fondo de recapitalización de empresas afectadas por la Covid-19 de 1.000 millones de euros.

Con esta medida el Gobierno muestra de nuevo su compromiso con el tejido productivo español, especialmente con las pymes y los autónomos. Esta iniciativa se suma otras decisiones adoptadas para proteger directamente a estos colectivos como la prestación por cese de actividad para los autónomos o las exoneraciones de las cotizaciones sociales. Además de la línea de crédito del ICO de 100.000 millones de euros que garantiza la liquidez de pymes y autónomos. Posteriormente, se dictará otra Orden Ministerial en la que se especificarán cuestiones técnicas que resultan necesarias para el desarrollo de las ayudas previstas en el Título I del Real Decreto-ley.

La cifra anual de crecimiento mejora en dos décimas la estimación inicial hecha en enero por el INE. La actualización incluye la revisión al alza del crecimiento de la economía española en el tercer trimestre, que pasa del 16,4% al 17,1%, y el ajuste del cuarto trimestre que se sitúa en el 0%. El Producto Interior Bruto de la economía española se redujo un 10,8% en 2020, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), como consecuencia de los efectos de la COVID-19.

La cifra final mejora en dos décimas la estimación inicial realizada por el INE el pasado mes de enero. La actualización del INE incluye la revisión al alza del crecimiento de la economía española en el tercer trimestre, que se incrementa del 16,4% al 17,1%, y el ajuste del cuarto trimestre que se sitúa en el 0%.

Durante el último trimestre del año siguió recuperándose la demanda interna, con un crecimiento del 0,4%. Todos sus componentes registraron una aportación positiva, a excepción de vivienda y construcción, destacando el crecimiento de los productos de propiedad intelectual, la formación bruta de capital y el consumo de las Administraciones Públicas.

En términos interanuales la aportación de la demanda nacional al PIB fue negativa, −6,2 puntos, lastrada por el consumo final de los hogares y las ISFLSH, con una reducción de 5,3 puntos, seguida de la formación bruta de capital, con una aportación negativa de 1,8 puntos.

Por lo que respecta a la demanda externa, también mantuvo su recuperación en el cuarto trimestre, con un crecimiento del 4,6% de las exportaciones de bienes y servicios y un incremento de las importaciones del 6,2%.

En términos interanuales, la demanda externa tuvo una aportación de −2,7 puntos, con una contribución de −5,7 puntos al PIB de las exportaciones de bienes y servicios, compensada, en parte, por la aportación positiva de las importaciones de bienes y servicios.

Los datos del INE muestran que en el cuarto trimestre siguieron recuperándose las horas trabajadas, con un crecimiento del 1% intertrimestral. En términos interanuales, la reducción de horas trabajadas se sitúa en el 6,1%.

El empleo mantuvo la recuperación iniciada en el trimestre anterior, con un crecimiento del 1,2% en el cuarto trimestre, lo que deja la caída interanual en el 5,2%, reducción inferior a la del PIB, por el efecto positivo de las medidas adoptadas para proteger el empleo.

Finalmente, la renta nacional bruta y la renta nacional disponible bruta crecieron un 0,6% y un 0,1%, respectivamente, en el cuarto trimestre, lo que deja la reducción interanual de la renta nacional en el 7,7% y la de la renta nacional disponible en el 8,2%.

El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2020 con este déficit que supone 113.172 millones de euros, excluida la ayuda financiera. Unas cifras que recogen el impacto en las cuentas públicas de la mayor pandemia mundial en el último siglo pero también el esfuerzo sin precedentes realizado por España para combatir esta emergencia sanitaria.

El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2020 con un déficit del 10,09% del PIB, lo que supone 113.172 millones de euros, excluida la ayuda financiera. Unas cifras que recogen el impacto en las cuentas públicas de la COVID-19, la mayor pandemia mundial en el último siglo. Pero también reflejan el esfuerzo sin precedentes realizado por España para combatir esta emergencia sanitaria y desplegar una batería de medidas centradas en mitigar la crisis económica y social derivada de esta pandemia.

Si se incluye la ayuda financiera, el déficit se eleva hasta los 123.072 millones, el 10,97% del PIB, debido a la reclasificación de SAREB ordenada por Eurostat, que supone un impacto de 9.891 millones y computa en este apartado. En cualquier caso, incluso con este incremento el dato de déficit de 2020 es inferior a la previsión del Gobierno (11,3%) incluida en el Plan Presupuestario o a la estimación realizada por organismos como el FMI (11,7%) y la Comisión Europea (12,2%).

En este contexto, se ha producido un descenso de los ingresos en términos de contabilidad nacional del 5%, lo que supone 24.487 millones menos. Sin embargo, a diferencia de crisis anteriores, en esta ocasión los ingresos de la Agencia Tributaria en términos de caja han caído menos (8,8%) que el PIB nominal (9,9%), lo que pone de manifiesto la mejor resistencia del sistema fiscal y una mayor capacidad de recuperación. Por otra parte, el gasto público ha aumentado un 10,1%, lo que implica un aumento de 53.070 millones respecto a 2019.

En este contexto, los datos publicados hoy por el Ministerio de Hacienda muestran el compromiso histórico del Estado para mitigar la crisis. En concreto, casi 9 de cada 10 euros de incremento del gasto público registrado en 2020, excluida la ayuda financiera, se han destinado a medidas específicas para proteger las rentas de trabajadores, autónomos y al tejido productivo.

De hecho, de los 53.070 millones de incremento del gasto público, excluida la ayuda financiera, registrado en 2020, un 85% de esa cifra, (44.907 millones) es gasto consolidado derivado de la COVID-19 relativo a medidas aprobadas específicamente para amortiguar los efectos socioeconómicos de la pandemia (refuerzo sanitario y educativo, ERTEs, ceses de actividad, incapacidad temporal, etc.).

Otro dato relevante es que la Administración Central ha pagado o financiado a través de transferencias a otras administraciones el 90% del gasto público ligado a la COVID. En concreto, la Administración Central ha computado hasta 40.443 millones de gasto para combatir los efectos sanitarios y sociales de la pandemia.

El resto del incremento del gasto se debe al juego de los estabilizadores automáticos, como por ejemplo, el aumento de las prestaciones ordinarias de desempleo. La adopción rápida y decidida de estas medidas ha evitado un mayor deterioro del tejido productivo (un aumento del cierre de empresas y mayor pérdida de empleo), hasta el punto que, de no haberse puesto en marcha estos paquetes de ayudas, el coste fiscal a largo plazo hubiera sido mucho mayor.

Otro importante elemento que ha supuesto un aumento de gasto es la reclasificación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), creada en 2012, para incluirla en el sector de las Administraciones Públicas. En concreto, se incorpora en el subsector Administración Central, con un impacto en el déficit de 9.891 millones correspondiente al valor a finales de 2020 de su patrimonio negativo.

Hasta la fecha esta sociedad estaba incluida en el sector sociedades financieras. Esta reclasificación se produce por decisión de Eurostat de acuerdo con lo establecido en el sistema metodológico SEC 2010 respecto a este tipo de organismos de reestructuración creados con motivo de la crisis financiera o bancaria. Esta operación con un impacto de 9.891 millones se incluye en el saldo de la ayuda financiera, con un total a finales de 2020 de 9.900 millones.

Por último, también se ha producido en 2020 la reversión al Estado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y AP-4 como consecuencia de la finalización del contrato de concesión. Esta operación no tiene incidencia en el déficit, pero sí tiene un impacto en los gastos, en la rúbrica formación bruta de capital fijo por el valor de los activos que revierten a su patrimonio, que se ha estimado en 1.745 millones, y en los ingresos, anotándose por el mismo importe una transferencia recibida en la rúbrica otras transferencias de capital.

Por subsectores, la Administración Central cierra con un déficit de 84.051 millones (7,49% del PIB) sin contar las ayudas financieras (ni el impacto de la SAREB ya mencionado); las CCAA registran un déficit de 2.306 millones (0,21% del PIB); las EELL alcanzan un superávit de 2.870 millones (0,26% del PIB); y los Fondos de la Seguridad Social un déficit de 29.685 millones (2,65% del PIB).

En el lado de los recursos, en términos de contabilidad nacional, los ingresos han disminuido un 5% (24.487 millones) debido fundamentalmente a los menores ingresos fiscales (21.674 millones). Esta caída se concentra en los impuestos sobre la producción y las importaciones (-11,8%), que recoge el descenso en la recaudación de tributos como el IVA y los Impuestos Especiales (-12,8%, en ambos casos) directamente relacionada con la disminución de la actividad económica asociada a las medidas de confinamiento y paralización de diversos sectores derivadas de la crisis sanitaria, así como a medidas normativas adoptadas como la aplicación de tipo cero reducido en el IVA de determinados bienes necesarios para combatir la pandemia.

Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio también se han visto afectados con el impacto de la crisis habiendo disminuido su recaudación un 3%. Más significativa es la disminución registrada en el Impuesto de Sociedades (-12,7%).

Si se analizan los ingresos tributarios en términos de caja, los datos de recaudación impositiva de la Agencia Tributaria muestran un descenso del 8,8% hasta situarse en los 194.051 millones. Se trata de un retroceso inferior al del PIB nominal (9,9%), lo que demuestra que el sistema fiscal ha resistido mejor que la economía a diferencia de lo que ocurrió en crisis anteriores como la de 2008, cuando los desplomes de los ingresos fiscales eran superiores al retroceso económico.

Cabe destacar el comportamiento del IRPF, único impuesto que registra un comportamiento positivo con un incremento del 1,2% en los ingresos hasta alcanzar los 87.972 millones. Esta evolución se debe a la protección del empleo mediante los ERTE. Además, la subida de las pensiones y del sueldo de los empleados públicos ha permitido que la recaudación de esta figura tributaria resista mejor la crisis.

Por otra parte, el IVA retrocedió un 11,5% hasta los 63.337 millones con motivo de la caída del consumo por la menor actividad económica. Un comportamiento similar ha tenido los Impuestos Especiales con un retroceso del 12,1% hasta los 18.790 millones.

Por último, el Impuesto sobre Sociedades ha registrado la mayor caída de la recaudación al aportar solo 15.858 millones, lo que supone un descenso del 33,2%. Este comportamiento no obedece solo a los menores beneficios empresariales por culpa de la pandemia, sino que también está relacionado con las mayores devoluciones que se produjeron en 2020. En concreto, se abonaron muchas devoluciones solicitadas en el ejercicio 2018, que fueron especialmente elevadas porque ese año aumentaron los pagos fraccionados.

Además, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Real Decreto Ley aprobado en 2016 por un Gobierno anterior y que exigía calcular los pagos fraccionados sobre el resultado contable. Esta sentencia ha generado devoluciones por importe de 406 millones. Por tanto, si solo se tuvieran en cuenta los beneficios empresariales, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades habría caído en torno al 23%, diez puntos menos que el descenso real que ha registrado.

Por el lado del gasto, que se ha incrementado un 10,1% (sin incluir la ayuda financiera), caben destacar las siguientes partidas que provocaron este comportamiento: remuneración de asalariados (4,5%), subvenciones (71%), prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie (15,9%) y resto de empleos (52,3%).

En concreto, la evolución de la remuneración de asalariados se explica por el incremento general de las retribuciones de los empleados públicos del 2% derivado del II Acuerdo Gobierno-Sindicatos alcanzado en marzo de 2019. También por el último tramo de la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos y a la paga extraordinaria a personal sanitario concedida por algunas CCAA, junto con el aumento de efectivos contratados en los ámbitos de educación y sanidad.

El incremento de las subvenciones se debe al registro en esta rúbrica de las exoneraciones de cuotas asociados a los ERTE y a la prestación extraordinaria de cese de actividad de autónomos, así como a las bonificaciones de cuotas en sectores de comercio, turismo y hostelería vinculados a la actividad turística, en lugar de registrase como menor ingresos por cotizaciones.

Del incremento por 31.276 millones que han experimentado las prestaciones sociales, 21.520 corresponden a prestaciones directamente asociadas a medidas COVID: los ERTE y demás subsidios de desempleo relacionados con la pandemia, prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos y prestación de incapacidad temporal por periodos de aislamiento.

En el resto de gastos, se recoge el derivado de la ejecución de diversas sentencias, como la dictada con ocasión del cierre del almacén submarino de gas Castor; la sentencia que declaró inconstitucional y nulo el Real Decreto-Ley 2/2016 por el que se modificó la regulación de los pagos fraccionados de Sociedades; el mayor impacto en 2020 de la sentencia relativa a la devolución de la prestación de maternidad y/o paternidad; y se incluyen asimismo ayudas destinadas a empresas y autónomos con motivo de las pérdidas excepcionales ocasionadas por la pandemia.

En sentido contrario, la única rúbrica que disminuye es la del gasto en intereses, que cae un 11,1% como consecuencia de la evolución descendiente de los tipos de interés. Una evolución que demuestra la confianza de los mercados en la solidez de la economía española.

El déficit de la Administración Central en 2020 (excluida la ayuda financiera), ha alcanzado los 84.051 millones de euros, lo que equivale al 7,49% del PIB. Si se incluye la ayuda financiera el déficit se eleva a 93.951 millones (8,38% del PIB). De esta cifra, 84.861 millones (7,57% del PIB) corresponden al Estado, mientras que los Organismos de la AACC registran superávit por importe de 810 millones (0,07 % del PIB).

Hay que destacar que la Administración Central ha asumido voluntariamente el mayor coste de la pandemia y se ha erigido como agente financiador de una parte muy significativa de los gastos en los que han incurrido las administraciones territoriales y los fondos de la Seguridad Social para atender las necesidades sanitarias, educativas y sociales surgidas como consecuencia de la crisis del COVID.

De hecho, la Administración Central ha aumentado las transferencias a otras administraciones públicas en 42.000 millones. Entre los gastos por esas transferencias destacan:

  • 20.003 millones al Sistema de Seguridad Social para equilibrar el impacto económico de la pandemia en sus cuentas.

  • 2.300 millones al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para financiar prestaciones contributivas y cuotas de subsidios desempleo.

  • 16.000 millones a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas correspondientes al Fondo COVID-19 y que han supuesto la mayor transferencia a los territorios al margen del sistema de financiación.

Los Fondos de las Seguridad Social elevan su déficit hasta los 29.685 millones de euros (2,65% del PIB). Este incremento se debe, en gran parte, a las medidas de protección de rentas de trabajadores y autónomos. El despliegue de esta red de seguridad para los colectivos más afectados por la pandemia alcanza los 29.311 millones de euros (el 2,6% del PIB), cuyas principales partidas son:

Por el lado de los ingresos, las cotizaciones crecen en términos interanuales un 0,9%. Hay que recordar, como ya se ha indicado, que a efectos de contabilidad nacional el registro de las exoneraciones de cuotas asociados a los ERTE y a la prestación extraordinaria de cese de actividad de autónomos, así como a las bonificaciones de cuotas en sectores de comercio, turismo y hostelería vinculados a la actividad turística, se registra como gasto por subvenciones en lugar de registrase como menor ingresos por cotizaciones.

Por tanto, todo el gasto correspondiente a exoneraciones por cuotas de la Seguridad Social no se registra con un menor ingreso por cotizaciones, sino como un mayor gasto por subvenciones. De los 23.371 millones que crecen los ingresos de los Fondos de la Seguridad Social, 22.404 millones corresponden a ingresos por transferencias de otras AAPP, que crecen un 144% respecto a 2019.

Los gastos se elevan un 20,3% (37.197 millones) respecto al mismo periodo de 2019. Este incremento se concentra fundamentalmente en las dos rubricas en las que impactan las medidas adoptadas para paliar la COVID-19. Así, las prestaciones sociales crecen un 17,4% (29.913 millones) y las subvenciones crecen un 292,3% (7.636 millones).

Por agentes, el Sistema Seguridad Social ha obtenido un déficit de 15.484 millones, supone un descenso respecto a 2019 en un 11,7%, como consecuencia de la transferencia recibida del Estado de 20.003 millones, para equilibrar el impacto económico de la pandemia en sus cuentas.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registra un déficit en 2020 de 14.343 millones por el aumento del gasto en prestaciones sociales en un 92,1%, (17.374 millones más) hasta los 36.234 millones. Y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) obtiene un superávit de 142 millones.

El déficit de las Comunidades Autónomas se situó en 2.306 millones de euros, el 0,21% del PIB, lo que supone un descenso del 67,5% respecto al ejercicio 2019 cuando cerró con un 0,57% del PIB.

El compromiso del Gobierno con las Comunidades Autónomas se refleja en que estas administraciones recibieron la mayor financiación de su historia en un contexto de pandemia mundial. En concreto, las CCAA han obtenido del Estado 16.889 millones para hacer frente a las nuevas necesidades surgidas con la pandemia. La mayor parte de esos recursos (16.000 millones) corresponden al Fondo COVID-19, de carácter no reembolsable. El Estado también ha transferido otros 325 millones del fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales o 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia.

Asimismo, la liquidación definitiva de 2018, efectuada en julio de 2020, con un resultado neto a favor de las Comunidades de 10.754 millones, es superior en 4.657 millones al de la liquidación definitiva de 2017. Por último, el incremento neto de las entregas a cuenta del sistema de financiación, ha sido del 3% (3.067 millones más) hasta 106.663 millones, ya que el Ministerio de Hacienda decidió actualizarlas manteniendo la previsión de crecimiento del 1,6% previo a la pandemia para evitar una pérdida de recursos a las CCAA.

Conforme a lo anterior, los ingresos de este subsector registran un incremento del 9,4% interanual (17.571 millones). En esta evolución como ya se ha indicado, destaca el incremento del 17,3% que registran las transferencias recibidas de otras AAPP por los mayores recursos recibidos del Estado y el aumento del 2,5% de los recursos impositivos, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 10,6% por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 20,9% (3.346 millones), donde la figura que más retrocede es la del ITP y AJD por la disminución de las transacciones económicas por la ralentización de la actividad.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta respecto al año anterior un 6,6%, destacan especialmente los consumos intermedios, que crecen un 10,7% (3.249 millones), debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 6,2% (5.057 millones) debido a la subida retributiva general como al incremento derivado del impacto de la COVID-19 a lo largo de todo el ejercicio. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 5% (1.486 millones), destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia.

Las subvenciones se elevan un 8,4% y las prestaciones sociales un 10%. Por su parte la formación bruta de capital fijo crece un 9,9% y el resto de empleos crece un 37,9% principalmente por las ayudas a la inversión. Entre los gastos que descienden están las transferencias entre AAPP, que caen en un 2,3%, así como los intereses que disminuyen un 14,9%.

cierre del ejercicio hay nueve Comunidades Autónomas que registran superávit: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Rioja. Destaca, asimismo, que todas las CCAA salvo Canarias, Navarra y País Vasco, registran un mejor comportamiento al del año anterior.

En lo que respecto a los gastos COVID, de acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas a finales de diciembre, el gasto derivado de la COVID-19 asciende a 13.149 millones, de los cuales 8.284 millones corresponden a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19, tal y como recoge el siguiente cuadro:

Las Entidades Locales registraron superávit por octavo año consecutivo con un importe de 2.870 millones de euros. En términos de PIB el superávit asciende al 0,26% del PIB, cifra similar a la obtenida el ejercicio anterior (0,30%). En concreto, los recursos de las Corporaciones Locales descendieron un 5,7%, hasta los 73.853 millones de euros, compensado parcialmente con el descenso de los gastos que retrocedieron un 4,8% hasta alcanzar los 70.983 millones.

El compromiso del Gobierno con las Entidades Locales se muestra en el incremento de los recursos procedentes del Estado, que alcanzaron los 19.119 millones, un 3,5% más. De acuerdo con la información transmitida por las Corporaciones Locales, el gasto derivado de la COVID-19 ha ascendido a 1.250 millones.