"Vivimos en una sociedad con un alto desarrollo tecnológico en la que el móvil no es ya un simple medio de telecomunicación, sino que ha pasado a ser una herramienta con la que el ciudadano gestiona la mayoría de sus trámites vitales. Nuestro proyecto convertirá los smartphones en soportes de identidad digital que permitirán a los ciudadanos acreditar sus datos de filiación, domicilio, firma manuscrita y validez del DNI", ha señalado Grande-Marlaska.

El Proyecto DNI 4.0 culminará una estrategia de evolución impulsada por la Dirección General de la Policía, con la colaboración de la FNMT, para dotarlo de "mayores fortalezas contra los ciberdelitos, más seguro para el comercio telemático y más ágil en la gestión de las relaciones con las administraciones públicas y con organismos privados, porque somos conscientes de que el DNI es, sin duda, la piedra angular de toda la administración electrónica", ha señalado el ministro del Interior.

El libro "El DNI y los españoles. 75 años de historia en común" es la obra más completa y específica en esta materia, pues abarca la totalidad de su historia. La obra, que incluye textos de numerosos autores, ha sido coordinada por la catedrática María Dolores Herrero Fernández-Quesada, comisaria también de la exposición que, con el mismo título y objeto, ha recorrido diversas ciudades españolas y ha recibido ya más de 26.000 visitas.

Desde que la Policía Nacional comenzara a expender el DNI, el número total de documentos realizados es de 328.407.151 ejemplares. Fue en 2018 cuando se alcanzó la mejor marca de expedición en un año, con un total de 7.105.377 unidades. En la actualidad, Policía Nacional dedica a este cometido 289 Unidades de Documentación repartidas por toda la geografía nacional, integradas por un total de 2.161 personas repartidas entre 1.582 puestos fijos de expedición y 80 equipos móviles, que acercan el servicio a esa España vaciada y alejada de las urbes, al mismo tiempo que atienden a personas con limitación de movimiento.

La Policía Nacional trabaja ya en un modelo uniforme del Permiso de Residencia dentro de la Unión Europea, así como en la creación de nuevas unidades de documentación; la ampliación de los puestos de actualización del DNIe, DNI Exprés yDNIe UE; la potenciación de la actividad de los equipos móviles; el pago mediante terminales punto de venta (TPVs); la actualización de la aplicación de expedición y, por último, la instalación de gestores de espera.

Una vez finalizado este proceso de equiparación salarial, los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han visto incrementadas sus nóminas en una media de un 20 por ciento con respecto a los salarios anteriores al proceso de equiparación.

Este tercer tramo completa el acuerdo que el Ministerio del Interior suscribió en el año 2018 con sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil.

En total, el Gobierno ha destinado 807 millones de euros para llevar a cabo este proceso. Para el abono de este tercer tramo se han destinado 247 millones de euros.

El acuerdo de equiparación salarial fue suscrito el 12 de marzo de 2018 entre el Ministerio del Interior y los sindicatos y organizaciones representativas de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, y desde su llegada al Ministerio, el equipo que encabeza el ministro Fernando Grande-Marlaska impulsó la tramitación del acuerdo, que pese a haberse firmado meses antes no había sido puesto en marcha, lo que requirió la implementación de las actuaciones técnicas necesarias para ejecutarlo y la implicación de los órganos pertinentes de los ministerios de Hacienda y Política Territorial y Función Pública.

Desde el Ministerio del Interior se quiere hacer un especial reconocimiento al esfuerzo y calidad de los trabajos de planificación, coordinación y ejecución llevados a cabo por la División Económica y la División Técnica y de Personal de Policía Nacional y de la Jefatura de Personal y el Servicio de Retribuciones de la Guardia Civil y de todas las personas que han hecho posible que la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado haya podido ser cumplimentado satisfactoriamente en dos años.

El Ministerio también quiere agradecer el trabajo realizado por los sindicatos y organizaciones representativas de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, así como el desarrollado por otros ministerios en el proceso de equiparación salarial.

El documento refleja asimismo que Policía Nacional y Guardia Civil detuvieron a 732 personas por delitos relacionados la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad, para matrimonios forzados o para la comisión de actividades delictivas, así como por los delitos de explotación sexual y laboral. Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarticularon 93 organizaciones y grupos criminales vinculados a estos fenómenos delictivos. Entre estas 1.561 víctimas liberadas en 2019, había 29 menores de edad, de los que 24 los fueron por trata de seres humanos.

La trata de seres humanos constituye una de las violaciones de derechos más graves que siguen aún produciéndose en pleno siglo XXI. Sus víctimas son captadas aprovechando diversas situaciones de vulnerabilidad o necesidad, para posteriormente ser explotadas en multitud de actividades entre las que destacan la prostitución y la pornografía, el trabajo forzado, la comisión de actividades delictivas, la mendicidad, la extracción de órganos o los matrimonios forzados.

Es un delito en el que el perfil de las víctimas es principalmente femenino ya que mujeres y niñas están expuestas a un mayor riesgo de ser victimizadas, especialmente aquellas en situaciones de especial vulnerabilidad vinculadas a la pobreza, situaciones de conflicto armado o inestabilidad política.

Las cifras a nivel internacional y nacional así lo atestiguan. En 2019 el 71% del total de víctimas identificadas en España fueron mujeres y niñas; un porcentaje que llegó hasta el 96% en el caso de trata con fines de explotación sexual.

Además, otras formas de trata presentaron en 2019 una notable presencia de mujeres y niñas, como es el caso de la que tiene por finalidad la explotación laboral donde ambas alcanzaron el 42% de las víctimas identificadas.

De hecho, la trata es considerada una de las formas de violencia contra las mujeres más grave, siendo reconocida como tal en las Recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993) y en la Plataforma de Acción de Beijing (1995).

Por todo ello, el Ministerio del Interior desarrolla acciones en la lucha contra este fenómeno criminal, así como en la asistencia, protección y recuperación de las víctimas. Dado el perfil de las víctimas, su atención requiere de un enfoque de género que reconozca las especiales necesidades de éstas en función del género y del tipo de explotación de la que han sido objeto, todo ello con el objetivo de restituirlas y garantizar sus derechos.