La propuesta lanzada por la ministra en el acto de presentación del informe sobre la situación socioeconómica de las familias españolas (que ha coordinado la directora de la cátedra de políticas familiares de la Universidad Complutense, María Teresa López) parte de la siguiente realidad legislativa: la Ley de protección de las familias numerosas, que data de 2003, indica que las unidades familiares formadas por ascendientes con tres hijos o más, o con dos hijos (uno de ellos con discapacidad), tienen derecho a ser familia numerosa. En el primer caso, los hijos han de ser menores de 21 años, o de 26, si éste estudia o efectúa actividades orientadas a la obtención de un puesto de trabajo. No hay límite de edad si uno de los descendientes tiene discapacidad.

Sucede en los casos de familia numerosa con tres hijos (el 84% del total de familias numerosas que hay en España) que cuando el mayor cumple el límite de edad, la familia pierde el derecho al título de "familia numerosa", y en consecuencia, los hijos pequeños pierden las ventajas (becas o descuentos en transporte, por ejemplo) a pesar de que son ellos los que otorgan la categoría. Ana Mato ha recalcado hoy que su Ministerio quiere cambiar esta situación.

"El Gobierno va a estudiar la modificación de la Ley de Familias Numerosas para que no dejen de serlo hasta que el último de los hijos cumpla el límite de edad establecido", ha reseñado la ministra antes de hacer hincapié en que la motivación que guía esta propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no es otra más que "la garantía de que los hijos de las familias numerosas tengan las mismas oportunidades". Se satisface así una de las demandas más reiteradas de los colectivos que agrupan a familias numerosas.

Mato, además, ha avanzado la que será otra de las medidas del próximo Plan de Familia, cuya aprobación se prevé para el primer semestre de 2014: la creación (no existen precedentes) de un protocolo socio-sanitario para regular de modo homogéneo en toda España los procedimientos a seguir cuando una madre decide dar a su hijo en adopción en el mismo hospital. Alrededor de 300 casos se dan año tras año.

La intención de una propuesta como ésta consiste en que a las mujeres que se encuentren en una tesitura como la descrita se les proporcione la misma información y las mismas garantías, y así, se subsanen lagunas que se producen actualmente y que pueden afectar a la mujer hasta en el plano personal (en ocasiones es la propia madre biológica la que debe registrar a los hijos que acaba de entregar en adopción). La ministra lo ha dejado claro: "Tenemos que ofrecer a estas madres todas las garantías jurídicas, sanitarias y sociales para que puedan dar a su hijo en adopción sin que ello repercuta en su ámbito privado o personal".

Mato ha explicado que cualquier iniciativa que piense en la igualdad social y en la protección de los derechos de los más vulnerables "requiere conocer la importancia y el valor de la familia como garantía de vertebración, fortaleza y equilibrio social". Por tal razón, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha embarcado en la elaboración de un Plan de Familia, cuya redacción se basará en gran medida en las conclusiones y datos aportados por el exhaustivo informe que hoy ha desgranado María Teresa López.

La familia es "la más importante red de protección social frente a la pobreza y la exclusión", y por tanto, "ayuda a soportar el peso de la crisis", ha afirmado la ministra. Precisamente la situación económica que se originó hace cinco años está afectando de modo incisivo a muchas familias, así que urge un Plan que facilite la cobertura y el apoyo de los poderes públicos. En la configuración de dicho Plan están trabajando hasta nueve ministerios, así como las CCAA, lo que refleja la relevancia que el Gobierno ha dado a esta medida que coordina el Ministerio de Mato.

Así que el Gobierno, como ha dicho la ministra, "quiere estar cerca de las familias, escuchar y atender sus demandas", y ya no sólo porque es una prioridad del Ejecutivo, sino también porque se trata de "un compromiso y de un mandato constitucional".