Dos grafólogos confirman la autoría de Bárcenas, dos concejales se dan de baja en el partido, la UDEF comienza a investigar a Ana Mato y ya son cuatro los que reconocen los pagos

El terremoto político en Génova continúa, y va creciendo de intensidad hora a hora. Ayer El País abría su edición afirmando que el 70% de los pagos habrían vulnerado la Ley vigente, si bien ya estarían prescritos, un nuevo varapalo para un Presidente del Gobierno que vivió un día para olvidar: otros dos periódicos informaban de que la letra de los papeles que han revolucionado la vida política en el país corresponde, con un 80% de fiabilidad, a la del ex tesorero popular Luis Bárcenas. Además, ya son cuatro los nombres que aparecen en los polémicos asientos que han reconocido los pagos.

La tormenta, que no para de crecer provocaba ayer la renuncia a la afiliación de dos concejales del Partido Popular: Eduardo Junquera, concejal en Gijón; y David Pasarin-Gegunde, de Galdácano. Así las cosas, cada vez son más, dentro y fuera, los que piden medidas: el partido habla de la convocatoria de un Congreso Extraordinario y Urgente con primarias, mientras que la Oposición también pide elecciones, pero Generales.

Y mientras, el día terminaba con otra bomba de relojería: la UDEF enviaba al juez del Gurtel un nuevo informe en el que ampliaba la supuesta relación de la ministra Ana Mato con el Gurtel. Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Mato habría recibido regalos de alto valor, tales como bolsos, en relación con la causa en la que se investiga a su marido Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo. Mato afirmaba anoche que todo es falso, al igual que su marido, pero sin duda será uno de los temas estrella de un Comité en el que puede pasar de todo.

El vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado que "estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano" para demostrar que las finanzas de la formación se ajustan por completo a la legalidad y ha negado que él haya recibido o visto que alguien recibiera algún sobre de dinero fuera de contabilidad.

En una entrevista en el programa Herrera en la Onda, de Onda Cero, González Pons ha recordado que él mismo ya ha prestado una declaración jurada "en la que cuento no sólo cómo percibo mis honorarios por mi trabajo en el partido, sino que también juro que nunca he cobrado de una manera que no sea legal y que he declarado todos mis ingresos".

Igualmente, "hemos hecho una nueva auditoría interna y hemos encargado una auditoría externa; la tesorera ha encargado una investigación; y la Fiscalía, hasta donde sabemos, también está dispuesta a hacer esa investigación y eso nos debe tranquilizar a todos, porque de las investigaciones de la Fiscalía siempre sale la verdad absoluta", ha añadido.

De la misma manera, el vicesecretario ha incidido en que mañana mismo se celebra "un importantísimo Comité Ejecutivo Nacional extraordinario en el que Mariano Rajoy va a intervenir y el propio presidente del partido nos va a enviar un mensaje de tranquilidad a todos y si hay alguna duda va a ser tratada".

Respecto a las noticias aparecidas durante esta semana, González Pons ha insistido en que "nunca he cobrado un sobre negro de mi partido, todo lo que he cobrado siempre ha sido con transferencias y retenciones y lo he pagado a Hacienda; pero tampoco conozco a ningún compañero que haya cobrado algún sobre en negro en el partido".

También ha descartado por completo el dirigente nacional que las informaciones publicadas demuestren una contabilidad oculta. "En el PP, además de indignados, estamos muy desconcertados", ha puntualizado González Pons antes de añadir que "las cifras que ahí aparecen no responden a las que a nosotros nos constan, que las personas que aparecen ahí señaladas no han cobrado nunca en B y además el respeto que les tenemos hace que sea imposible que las imaginemos haciendo esas prácticas". En resumen, el dirigente popular ha dejado claro que lo publicado "no es la contabilidad del PP".

Sin embargo, González Pons ha concluido subrayando que el principal perjudicado de esta polémica sigue siendo el partido, ya que "hablar de contabilidad B del PP está haciendo un daño enorme al PP y a muchos políticos del PP que sin comerlo ni beberlo nos estamos viendo señalados de una manera muy injusta".

El vicesecretario general de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha pedido a Rubalcaba que "barra y limpie su casa porque no le necesitamos para barrer la nuestra, que está muy limpia".

En este sentido ha invitado al Partido Socialista y a su secretario general a que se sometan a la misma transparencia que el PP.

Floriano ha criticado que Rubalcaba "se rasgue ahora las vestiduras y llame a movilizaciones" y, sin embargo, mire para otro lado en el caso de los ERE en Andalucía. "¿No se preguntaba el señor Rubalcaba qué hacía el vicesecretario general de su partido y ministro de Fomento reuniéndose en una gasolinera con una persona beneficiaria de obras públicas?".

A su juicio, sólo se preocupa por las calumnias que se están diciendo sobre el Partido Popular. "El señor Rubalcaba tiene el aval de que siempre que ha negado algo, desde los GAL hasta FAISÁN pasando por la Fundación IDEAS, todo, al final, ha sido cierto", ha dicho

Informaciones falsas y Justicia
El dirigente popular, que ha inaugurado la Escuela de Invierno del PP de Andalucía en Cádiz, ha reiterado que las informaciones que se están publicando y que hacen referencia a los líderes del PP "son falsas". "En el Partido Popular no hay contabilidad "B". Hay contabilidad "A", limpia, transparente, clara y diáfana. Las nominas se pagan a través de transferencia bancaria con la correspondiente retención de Seguridad Social y de IRPF", ha asegurado.

En este sentido, Floriano ha insistido en que "en el Partido Popular no hay otra contabilidad que no sea la que es conocida y auditada". Por eso "no tenemos miedo a la transparencia y hemos puesto en marcha una auditoría interna y externa", ha recordado. "Haremos- ha asegurado- todo lo que sea necesario y esté en nuestra mano para clarificar cualquier duda que pueda haber al respecto".

Además ha anunciado que, en defensa de los infundios que se están lanzando contra el PP y sus dirigentes, "vamos a querellarnos, porque, aquí, también queremos que intervenga la justicia hasta el final". "Podemos seguir llevando muy a gala que el PP ha sido el único partido nacional que nunca ha sido condenado por financiación ilegal", ha afirmado.

Desestabilizar al PP
El vicesecretario popular ha criticado además la "intención" de las informaciones publicadas que ponen en cuestión a altos dirigentes del PP y al Presidente del Gobierno. "Es una intención desestabilizadora, que pretende falsear, injuriar el nombre de un partido y de mucha gente que apoya al PP", ha insistido. "Nosotros no reconocemos esos papeles -ha continuado- no forman parte de la contabilidad del PP".

Floriano, ha reivindicado la política y las personas que, honestamente, defienden sus ideas y dedican su tiempo y esfuerzo, sin pedir nada a cambio, a defender los intereses de los españoles. En este sentido ha recordado que "ni todos los partidos son iguales, ni todos los que estamos en los partidos somos iguales".

Por último, el dirigente del Partido Popular, ha puesto en valor el primer año de Gobierno popular. Así, ha asegurado que España ha pasado de ser un país sin rumbo, a ir en la buena dirección con un capitán, Mariano Rajoy, "que ni se va, ni se asusta ante las dificultades, sino que está dispuesto a sacarnos de la crisis y crear empleo". Así, ha lamentado que, precisamente en Andalucia, y Cataluña, cuyos gobiernos sólo piensan en "enredarse" con el Gobierno nacional y en la ruptura con España y Europa, sean las comunidades más perjudicadas por el desempleo.

"El camino no va a ser fácil y habrá dificultades, pero nuestro crecimiento económico está asentado sobre bases mucho más sólidas y seremos capaces de resolver la situación actual", ha concluído.

Por otra parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, ha exigido hoy en nombre de su formación política que el gobierno regional haga público un registro con todos los convenios y contratos que realiza, de modo que "sea pública la relación de empresas que contratan, reciben subvenciones y tienen algún convenio con la Comunidad".

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa en la sede de los socialistas madrileños tras una reunión del Grupo Parlamentario Socialista para analizar el pasado curso político y el periodo de sesiones que comienza la próxima semana. Un nuevo periodo “que no puede empezar con la Asamblea en estado de excepción” por la prohibición del PP de que asista público a los debates parlamentarios, del mismo modo que no puede ser que "cada vez que se produce un escándalo que afecta al gobierno de Ignacio González o al PP esa mayoría, utilizada como un rodillo, impide que esos asuntos sean tratados” en el Hemiciclo de Vallecas.

En este sentido, Valcarce señalaba que hay un clamor social que es la transparencia, algo “más necesario que nunca” de lo que carece el Ejecutivo presidido por el heredero de Aguirre, al que nuevamente ha exigido "transparencia en sus cuentas, en las personales y en las de su Gobierno". Y ante el nuevo escándalo ligado al PP, la publicación de la llamada lista de Bárcenas, en la que se pone de manifiesto que "tiene una ramificación muy importante en Madrid", la diputada socialista también ha exigido a Ignacio González que explique qué pasa con esas empresas concesionarias que gestionan cinco hospitales de la región y que según un medio nacional "presuntamente llenaban los sobres" de la lista del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

Sacyr, FCC, OHL y Ploder son las constructoras cuyos presidentes donaron dinero al Partido Popular, según ha publicado el diario El País. Empresas que precisamente son concesionarias de cinco hospitales construidos bajo distintos modelos de financiación y gestión privada en la Comunidad de Madrid: Coslada, Parla, Sureste, Torrejón y Vallecas. Por ello, como responsable del gobierno regional que ha contratado con dichas empresas “Ignacio González no puede mirar hacia otro lado, ni decir que esto no es de su incumbencia", ha subrayado Amparo Valcarce.

"¿Acaso no tenemos derecho los madrileños a saber lo que ha sucedido?", se ha preguntado la responsable socialista, quien también ha considerado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también "tiene que salir y explicar a los ciudadanos una denuncia tan seria", sobre todo, “si está preocupado por España y los españoles”.

Amparo Valcarce ha querido destacar que frente este modo de actuar de los populares, el Partido Socialista de Madrid es un partido “útil a los madrileños y activo en la Asamblea de Madrid”. Así, en el pasado curso político, el PSM ha presentado un total de 5.703 iniciativas, esto es el doble que el resto de grupos parlamentarios y diez veces más que el PP. Iniciativas (13 de ellas proposiciones no de Ley) que han abordado “los asuntos que preocupan a los madrileños”, empezando por la Sanidad, ante el mayor ataque sufrido en Democracia al sistema público de salud, y continuando por la Educación pública, la Economía y el Empleo, el Transporte, iniciativas sobre el Canal de Isabel II contra la pretensión de la privatización del agua de los madrileños, Políticas sociales, Medioambiente, Vivienda…

El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, por su parte, cree que el caso de los supuestos sobresueldos a la cúpula del PP es tan grave que daña los intereses y la confianza de España. Además, afirma que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cobró dinero en B deberían contemplarse las elecciones generales anticipadas. "Lo que menos necesita España es falta de estabilidad política y de estabilidad en el Gobierno, pero si el señor Rajoy ha hecho lo que parece que ha hecho, aquí no hay que descartar ningún escenario, incluso el escenario de elecciones anticipadas, y el PSOE debe prepararse para ello", explica.

Además, IUCM cree llegado el momento de prepararse para convertir la movilización social y la creciente debilidad política del PP en alternativa de cambio y de gobierno. El Partido Popular en todo el país y de manera singular, en Madrid, vive una grave crisis social y política: la corrupción, la movilización social contra la eliminación de derechos y los recortes, y la privatización de los servicios públicos -incluidos los impagos de las empresas privadas que gestionan varios centros públicos- le tienen contra las cuerdas, y su empecinamiento puede llevarle a confundir sus intereses con los de la ciudadanía, con serios riesgos para la estabilidad política y democrática.

El coordinador general de IUCM, Eddy Sánchez, cree que el fuerte deterioro institucional que vive la Comunidad de Madrid, consecuencia de unas políticas antisociales y de la larga sombra de sospecha que acompaña a la acción de gobierno puede acercarse al abismo y quebrar el modelo de convivencia que hemos construido entre todos. La desafección de la ciudadanía hacia la actividad política, hecho de imprevisibles consecuencias si no mejoramos sustancialmente la transparencia, la participación y la relación de los partidos con la sociedad, no puede llevarnos, sin embargo, a la demagogia de impugnar globalmente el sistema democrático y sus pilares básicos, los partidos políticos. Si lo hiciéramos así, estaríamos superando la delgada línea roja que separa la democracia del populismo autoritario.

En Madrid, denuncia Eddy Sánchez, a la situación generalizada de sospecha y crispado clima social, hay que sumar la insoportable tasa de paro que está provocando una grave fractura social, y el despiadado ataque del gobierno regional a los derechos esenciales de ciudadanos y ciudadanas, como la salud o la educación, que además viene acompañado de un intolerable escándalo en la gestión privada de algunos centros sanitarios: reciben ingentes recursos de los poderes públicos para burlar más tarde sus obligaciones económicas con estos. "La eficiencia de la gestión privada que tanto gusta exhibir a los portavoces de la derecha madrileña, se torna en sarcasmo cuando estos escándalos salen a a luz", denuncia Sánchez.

Por todo ello el coordinador general de IUCM hace un llamamiento a la afiliación de IU, a la izquierda y a la ciudadanía, conscientes de que la llamada opción bipartidista, el PSOE, no transmite credibilidad cuando denuncia la corrupción del PP o sus medidas de ajuste, por su propia trayectoria política. Llamamiento que debe derivar en un diálogo abierto con el tejido social, sindical y profesional organizado para la más amplia convergencia de las izquierdas que nos permita derrotar al PP y a las políticas conservadoras.

En este sentido, IUCM cree imprescindible mantener vivo el conflicto social y las movilizaciones sectoriales y generales, en estrecha colaboración con las organizaciones convocantes, y a su vez, desplegar una sostenida iniciativa institucional en defensa de sus reivindicaciones. En consecuencia, IUCM intensificará su agenda de elaboración y propuesta para que la respuesta social en la calle pueda ir madurando en alternativa de cambio y de gobierno, sin descartar ningún escenario político o electoral.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados la proposición de ley orgánica para luchar contra la corrupción que ha elaborado su grupo parlamentario. Esta es la iniciativa más completa elaborada en las últimas legislaturas por una formación parlamentaria y completa las que IU ha registrado en las últimas semanas a raíz del estallido y las nuevas revelaciones del ‘caso Bárcenas’. La contabilidad paralela del ex tesorero y ex senador del PP vincula a esta formación y a su cúpula directiva con supuestos cobros de sobresueldos en ‘negro’ y con una presunta financiación irregular del partido.

Lara explicó de forma resumida que en la proposición de ley se plantean reformas importantes de varias leyes –la de Financiación de Partidos o el Código Penal, entre otras- para “endurecer las penas de prisión e inhabilitación para los políticos corruptos y también para los empresarios que los corrompen, así como una batería de propuestas para que la financiación sea más transparente, más clara y nadie se pueda aprovechar del dinero público”.

Además de esta proposición de ley, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA ha registrado, conjuntamente con el Grupo Mixto, la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la corrupción política y “sus vinculaciones con la financiación irregular e ilegal de los partidos políticos”.

El máximo responsable de IU ha mostrado su confianza en que esta iniciativa no sea rechazada de inicio por el resto de grupos y que así se pueda abrir un “debate nacional sobre la corrupción” en un momento crítico de “degradación de la política y de los políticos”.

Emplazó de forma especial al PP a permitir la toma en consideración de esta proposición si quiere demostrar “que tiene una voluntad real de tomar medidas” para acabar con una lacra que “invade España y socava las bases de la democracia”.

Cayo Lara responsabilizó al Gobierno del PP de que con su inacción en el ‘caso Bárcenas’ y la falta de medidas concretas contra la corrupción, lo que calificó como su “posición del avestruz” en esta materia, contribuye a que pueda darse un “estallido social” como respuesta.

“El Gobierno –dijo- está propiciando que se puedan producir situaciones, no sabemos cómo, pero de estallido social. La gente está muy harta en este país y hay un importante deterioro social”.

Respondió a los periodistas que, a falta de la decisión oficial que tome la dirección de IU, esta organización apoyará las movilizaciones que se convoquen para protestar contra la corrupción, especialmente la que ya han planteado varios colectivos sociales, también contra los recortes, para el próximo 23 de febrero.

Lara ha insistido en que si se confirma que altos cargos del PP, entre ellos Mariano Rajoy, recibieron sobresueldos en ‘negro’, el presidente del Gobierno debe dimitir de inmediato y convocar elecciones anticipadas. Del mismo modo, ha descartado presentar por ahora una moción de censura.

Entrando ya en la materia concreta de la proposición de ley orgánica registrada hoy en el Congreso, ésta busca legislar en cuatro sentidos: endurecimiento de penas y mejor tipificación de los delitos relacionados con la corrupción; mejorar la transparencia en la gestión y la contratación pública; mayor control y restricción para las donaciones privadas a los partidos y consensuar reformas legales en los procesos urbanísticos susceptibles de generar plusvalías.

Entre los delitos cuyas penas se busca endurecer están los vinculados con el urbanismo, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y cohecho impropio.

Se plantea también una profunda reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos para que no puedan recibir directa o indirectamente donaciones de personas o empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para el sector público.

La PL rebaja el tope máximo para las donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica y establece en 500.000 euros el valor máximo anual de las donaciones en especie o en bienes inmuebles.

Izquierda Unida apuesta por limitar el coste de las campañas electorales y se tenga que garantizar al Tribunal de Cuentas que la condonación de deudas a los partidos por parte de entidades bancarias o proveedores privados no obedezcan en ningún caso a un intercambio de favores.

La iniciativa propone también un aumento de la transparencia de los bienes y actividades de todos los cargos públicos, incluidos los de las corporaciones locales. Para ello, se reclama que se haga público el registro de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración. Esta medida también abarcaría a los concejales de los ayuntamientos, que deberían publicar su declaración de incompatibilidades en la página web del consistorio.

Además de la reforma del Código Penal, la iniciativa parlamentaria presentada por Lara establece cambios en la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica y la ley de Contratos del Sector Público y la Ley del Suelo aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008.

Cayo Lara trasladó que buena parte de los problemas de corrupción provienen de la inadecuada financiación pública de los partidos, que arrastra a determinadas formaciones a “abrir la puerta de atrás” a las empresas.