Entre otras medidas, la creación de una Junta de Expurgo y de una Delegación Judicial en Estremera

La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presupuesto que aportará para 2013 para todos aquellos temas de la administración de justicia que afectan al correcto funcionamiento y mejora de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. En total, se invertirán 10,6 millones de euros para el personal de esta administración, mobiliario, sistemas informáticos y equipamientos, para cumplir con el objetivo comprendido en el informe sobre el estado de la Administración de Justicia en la región.

Plañiol, que presidió la Comisión junto al fiscal Manuel Moix, explicó que con este dinero se creará una Unidad de Apoyo al Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, en la que se podrá integrar personal para labores de apoyo y asistencia en materia de estadística, informática, traducción de lenguas extranjeras u otras que tenga encomendada el Fiscal.

En la Comisión Mixta se abordó también la colaboración con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior para crear dos Delegaciones Judiciales en los centros penitenciarios de Estremera y Soto del Real. Esta medida permitirá agilizar las actuaciones procesales de las personas ingresadas en centros penitenciarios para tratar autos de libertad. Estas delegaciones estarán compuestas por funcionarios de la Administración de Justicia y coordinados con las distintas sedes judiciales para realizar las notificaciones de una manera más ágil y eficiente.

Plañiol destacó también la creación de la Junta de Expurgo, que determinará la exclusión o eliminación de los expedientes procesales o gubernativos del patrimonio documental judicial. Así, dada la extensa documentación que conlleva la tramitación de procedimientos judiciales, esta Junta de Expurgo permitirá a los órganos y sedes judiciales desprenderse de aquella documentación que no resulte ya necesaria. Todas estas medidas se incluyen en el Informe sobre el estado de la justicia madrileña, que pretende dotar de mayor efectividad de la misma tanto al ciudadano como al empleado de la administración y que cuenta ya con algunas de las medidas propuestas en funcionamiento.