Han sido llamados más de 1.1 millones de habitantes

La Comunidad de Madrid ha realizado ya más de 319.000 test de antígenos y se han convocado a 1.119.941 ciudadanos para llevarlos a cabo. Precisamente, el Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a dos expedientes para la contratación de test rápidos de antígenos para SARS Cov-2 por un importe de 394.547,56 euros.

Estos se enmarcan en la Estrategia de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional para agilizar el diagnóstico de COVID-19, con estas pruebas que ofrecen el resultado entre 15 a 20 minutos y permiten la adopción temprana de medidas sanitarias. En concreto, el Consejo de Gobierno ha autorizado, por importe de 169.919,89 euros, la contratación del servicio para la ampliación y realización de pruebas de antígenos, a la empresa Quirónprevención, S.L.

También, se ha informado al Consejo de Gobierno de la contratación del servicio de gestión de dispositivo y el servicio para la aportación de Tes/Auxiliares, por un importe total de 224.627,67 euros, con la entidad Cruz Roja Española. Ambos contratos se han cursado por la vía de emergencia conforme a la normativa actual y con el fin de atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia hasta la semana pasada, en la Comunidad de Madrid se han realizado 2.445.497 pruebas diagnósticas para COVID-19. De éstas, un total de 319.283 corresponden a la realización de test rápidos a la población de las zonas con mayor índice de contagios, que han arrojado 1.243 positivos.

La técnica rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 Panbio COVID-19 Ag es una técnica fiable en nuestro medio con sensibilidad (capacidad para detectar el antígeno) superior al 93% y especificidad (tipo específico de antígeno, y en este caso de covid-19) superior al 99%.

La Comunidad de Madrid decidió a mediados de septiembre utilizar estos test en su estrategia de diagnóstico y control de casos y contactos, y avalado por el Ministerio de Sanidad como prueba de detección de COVID-19, que queda equiparada a la PCR.

Los test antigénicos comenzaron a mediados de septiembre a emplearse en las urgencias de los hospitales, posteriormente en los centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) e igualmente, desde finales de septiembre, se están aplicando en los cribados poblaciones que la Comunidad de Madrid realiza en las zonas de mayor transmisión del COVID-19.

Los test antigénicos están indicados en personas con síntomas sospechosos de COVID-19 con cinco o menos días de evolución y en determinados contactos estrechos, como son convivientes y personas vulnerables.

La Comunidad de Madrid invertirá cerca de 430.000 para adquirir e instalar un total de 8.826 mamparas y biombos para separar a los alumnos en los centros educativos y evitar la transmisión de COVID-19. Estos nuevos elementos se suman a las otras 8.137 mamparas que ya había comprado el Ejecutivo madrileño para la vuelta a las clases en septiembre y que ya están distribuidas donde eran necesarias.

El Consejo de Gobierno ha conocido el procedimiento de emergencia gracias al cual los colegios e institutos de la región dispondrán de 5.014 mamparas de comedor, 3.255 mamparas individuales para los pupitres y 557 biombos. Se trata de una medida contemplada en la estrategia de Inicio de Curso de la Comunidad de Madrid, y está siendo implementada en aquellos centros educativos públicos que lo requerían y lo han solicitado.

Las individuales tienen unas medidas de 60 centímetros x 60 centímetros, lo que garantiza la protección del alumno frente a sus compañeros dentro del aula. Son de fácil instalación, y se han ubicado en aquellas clases de centros educativos en los que no hay espacios alternativos. Las mamparas de los comedores son elementos con otras características, ya que sirven para separar el espacio entre cuatro alumnos en los puestos de comedor escolar.

En cuanto a los biombos, tienen una dimensión de 1 metro x 1,8 metro de ancho, y son de policarbonato traslucido. Estos componentes sirven para compartimentar espacios de un modo sencillo y dotar de flexibilidad espacio en los centros educativos.
Más prefabricados y más seguridad

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy la compra de 56 nuevas aulas prefabricadas que supondrán una inversión de 5,1 millones de euros. Estos módulos se suman a los 190 que ya había adquirido el Ejecutivo autonómico, con lo que en total serán 246 los prefabricados instalados en los 63 centros educativos que presentaban la necesidad de generación de espacios adicionales.

Se trata de aulas que permiten que los grupos estables de convivencia no tengan contacto entre sí, algo muy útil para prevenir los contagios por el virus. Las aulas disponen de salida directa a los patios de los centros, ventilación natural, y aislamiento térmico y acústico, y cuando es necesario disponen de un aseo adosado. Estas construcciones tienen la misma vida útil que las convencionales, se instalan de una forma rápida y limpia, pueden adaptarse a las necesidades de los centros según las circunstancias y cumplen con todos los estándares técnicos.

El Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha adjudicado seis de los once lotes recogidos en el Acuerdo Marco para la adquisición del material necesario para hacer frente al COVID-19. La licitación del Acuerdo Marco se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el 4 de agosto.

Esta medida se enmarca en el conjunto de actuaciones que el Ministerio de Sanidad está desarrollando para el abordaje de la crisis de la COVID-19 y pretende agilizar el acceso a los suministros a través de la mayor compra centralizada que ha abordado la Administración española en toda su historia. Este proceso evitará que las Comunidades Autónomas (todas se han sumado excepto la Comunidad Valenciana), las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla, el INGESA y los ministerios de Defensa e Interior tengan que iniciar procesos de licitación cada vez que precisen un suministro.

El objetivo es seleccionar suministradores y productos para hacer frente a la COVID-19, y fijar las condiciones a las que deberán ajustarse los suministros basados en el Acuerdo Marco. Los productos engloban batas, guantes, gafas, mascarillas, tests moleculares COVID-19 y kits de extracción.

El importe económico total de la adquisición una vez concluido el proceso es de 2.578.739.505 € (IVA y prórroga incluidos) para casi 3.700 millones de unidades de producto. En cuanto al número de empresas presentadas en plazo han sido 155, que suman un total de 475 ofertas a los once lotes.

El proceso de evaluación ha sido muy complejo por diversas razones, sobre todo, por el gran número de empresas y productos que se han sometido a evaluación y por la necesidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos, tanto técnicos, como económicos y administrativos. Ha sido necesario revisar, contrastar y pedir aclaraciones sobre miles de documentos presentados por las distintas empresas participantes.

En este proceso de evaluación han participado expertos designados por las Comunidades Autónomas, por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), por el Instituto de Salud Carlos III y por el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) dependiente del Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, así como el equipo técnico del INGESA.

Estos seis lotes que se acaban de adjudicar, corresponden a un total de 64 productos de 52 empresas. El resto de los lotes, hasta completar los once licitados, se adjudicarán en los próximos días.

A partir de este momento, las administraciones autonómicas y nacionales adheridas podrán contactar con las empresas adjudicatarias e ir reservando el material que precisen. Los pedidos se podrán formalizar una vez las empresas adjudicatarias hayan firmado el Acuerdo Marco y se haya enviado esta firma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Desde INGESA se estima que este proceso no se alargue más allá de diez días.

El procedimiento de emergencia está recogido en los artículos 16 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo y en el 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Esta tramitación es la única opción posible para conseguir en un corto espacio de tiempo disponer, por parte del SNS, del material necesario para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse en los próximos meses en relación con la COVID-19.

La Comunidad de Madrid ha colaborado con el Ayuntamiento de Madrid a la hora de llevar a cabo un total 4.435 inspecciones en establecimientos de la capital durante tres meses, en el marco de las labores realizadas en colaboración con la Policía Municipal para velar por el cumplimiento de la normativa establecida frente al COVID-19.

Así lo ha explicado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, acompañada por el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, en la rueda de prensa que han ofrecido ambos por vía telemática para informar sobre la situación epidemiológica en nuestra región.

Como ha señalado, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha trabajado desde el pasado mes de junio con los ayuntamientos de la región para reforzar las actividades de información y control de la normativa de medidas preventivas frente al COVID-19, y en especial, con la capital. En el caso de esta última, se han elaborado protocolos de actuación conjuntos en el marco del Control Oficial de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental para minimizar los riesgos de transmisión del virus en los establecimientos.

Entre las actividades de coordinación entre Salud Pública y el Ayuntamiento de Madrid se han llevado a cabo 4.435 inspecciones en establecimientos, destacando el comercio minorista con 1.440 procedimientos; la restauración, con 1.214; o las industrias, con 608. También se han realizado labores de inspección en piscinas, comedores escolares, mataderos, centros de estética, gimnasios e instalaciones deportivas, o centros infantiles, entre otros.

Del total de los controles efectuados, se han observado 3.666 incumplimientos (se han registrado más de un incumplimiento por establecimiento en algunos casos) y la mayoría son de carácter leve y de corrección inmediata, tal y como ha detectado la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

Así, ha primado la labor de educación e información frente a la actividad sancionadora, y se están ofreciendo plazos para la subsanación a los titulares de los establecimientos. En caso de incumplimiento reiterado es cuando se procede a realizar la propuesta de sanción.

En términos generales, el principal motivo de incumplimiento está motivado por la inadecuada limpieza y desinfección del establecimiento (679 casos), seguido de la superación del límite de aforos (428) que se establece en función de las características de la actividad y del espacio.

La Dirección General de Salud Pública está desarrollando actuaciones de vigilancia intensiva y seguimiento de casos con infección activa por SARS-CoV-2 y sus contactos estrechos contando con la colaboración de la Policía Municipal de Madrid, que ha participado en 686 procedimientos para el cumplimiento de aislamientos y cuarentenas.