11
Sep
2020
La Comunidad abre su Registro de Transparencia a los Ayuntamientos Imprimir
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Foto cedida por CAMTodos los altos cargos deberán informar de las reuniones que mantengan

El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid, un organismo en el que figurarán inscritos todos aquellos sujetos que quieran realizar aportaciones y participar directa o indirectamente en las políticas públicas de la administración regional.

El Registro de Transparencia se concibe como una herramienta para optimizar las funciones del Ejecutivo y mejorar el buen gobierno de la Comunidad de Madrid. A través de ese mecanismo, se exige a los altos cargos de la administración que publiquen en su agenda de trabajo los encuentros y reuniones que mantienen con todas las personas, entes o agentes inscritos en el Registro.

Tal y como estipula la Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, es necesario contar con un instrumento de estas características con el fin de evitar la opacidad en la elaboración y aplicación de decisiones y políticas públicas, afianzando la confianza de la ciudadanía.

Al Registro de Transparencia regional se sumarán los entes obligados por la Ley homónima, en vigor desde el 1 de enero de 2020, y también permite la posibilidad de adhesión por parte de los ayuntamientos madrileños, facilitando la coordinación y colaboración entre administraciones.

Este organismo cuenta con todos los informes preceptivos y ha superado tanto el proceso de consulta pública como los trámites administrativos correspondientes a su puesta en marcha. En el mismo decreto se crean los Ficheros de participación y colaboración ciudadana. En estos podrán inscribirse las entidades ciudadanas o quienes a título personal estén interesados en participar y colaborar en los asuntos públicos y en recibir información sobre materias específicas.

Con la entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2020 de la Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad, aprobada en la pasada legislatura, el Gobierno regional apuesta decididamente por el buen gobierno y la participación de los ciudadanos. Precisamente, esta normativa contempla la constitución de unidades de Transparencia en cada una de las Consejerías del Ejecutivo, la creación de registros de acceso y reclamaciones, así como la puesta en marcha del Consejo de Transparencia, un órgano formado por tres miembros cuya misión será garantizar el cumplimiento de la ley.

En paralelo a estos procedimientos, el pasado 1 de enero comenzó a funcionar el nuevo Portal de Transparencia, donde se incorpora información referente a distintos ámbitos de actuación del Gobierno regional: agenda de altos cargos, información de listas de espera en el ámbito sanitario, planes económico-financieros y desviación presupuestaria.

La Comunidad de Madrid ha autorizado en su reunión de Consejo de Gobierno el contrato que permitirá el cuidado de siete personas adultas dependientes con discapacidad intelectual con trastornos del espectro del autismo en la ciudad de Madrid, aumentando con ello las plazas de atención especializada a 189 en los diez centros de la región.

Este contrato ha sido firmado con la Asociación Pauta por un importe de 383.425,56 euros y con un plazo de duración de trece meses, desde el 1 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021. Deriva del Acuerdo marco que en septiembre de 2019 estableció las condiciones para los contratos de servicios en este campo, por un período máximo de cuatro años y sin posibilidad de prórroga.

El centro de día y centro residencial con atención diurna gestionado por esta asociación es uno de los diez centros regionales especializados en apoyar a las personas con estos trastornos, en los que el personal experto trabaja para lograr que incrementen su calidad de vida y puedan cumplir con sus expectativas y proyectos personales.

La Red pública de atención social a personas con discapacidad intelectual, física y sensorial de la Comunidad de Madrid cuenta con diversos tipos de centros y recursos de atención social especializada para personas adultas dependientes con discapacidad intelectual.

El total de 189 plazas para personas con trastornos del espectro del autismo, con las siete recientemente aprobadas, se reparte en 88 plazas en cuatro centros de día y 94 plazas en seis centros residenciales con atención diurna, repartidos por la Comunidad de Madrid a fin de atender a todas las personas que lo necesiten en nuestra región.

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la convocatoria para el año 2020 de subvenciones de hasta 50.000 euros para entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos de atención a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad, y de sensibilización de la sociedad madrileña, dirigidos a la consecución de la igualdad real y efectiva del colectivo.

A este fin se ha destinado un importe de 550.000 euros, al que podrán optar las entidades sociales que trabajen principalmente por los derechos de las personas LGTBI o aquellas organizaciones del tercer sector que dispongan de recursos o programas específicos dirigidos a este grupo de población.

Se podrán subvencionar los gastos de personal, así como otros gastos materiales o de alquiler de inmuebles y suministros siempre que estén directamente relacionados con la acción subvencionable y sean indispensables para su ejecución.

El procedimiento de concesión de las subvenciones será en régimen de concurrencia competitiva hasta agotar el crédito disponible. La cuantía a percibir por la entidad solicitante no podrá superar el importe requerido, ni el máximo subvencionable según el tipo de proyecto.

En este sentido, para proyectos específicos destinados a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad o especial vulnerabilidad, la cuantía será de 40.000 y 50.000 euros respectivamente por periodos de ejecución de un año.

En el caso de que sean proyectos de sensibilización y fomento de la convivencia dirigidos a la población madrileña, podrán optar hasta a 30.000 euros, ejecutados en doce meses. El pago de las subvenciones otorgadas se efectuará mediante anticipo a cuenta en el año 2020, del 100% del importe de la subvención concedida.

La Comunidad de Madrid tiene como objetivo prioritario, desde el comienzo de la legislatura, intensificar la coordinación entre el Ejecutivo regional y los ayuntamientos para mejorar la gestión de episodios relacionados con la seguridad y las emergencias.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha explicado en Arroyomolinos que la gestión de la crisis sanitaria por el COVID-19 “ha demostrado la necesidad de profundizar y perfeccionar los mecanismos de coordinación entre distintas administraciones”.

“Dicha colaboración debe mejorar la respuesta ante actuales y futuras crisis, resolver los problemas inmediatos de los ciudadanos y, a largo plazo, poner en marcha un modelo de gestión basado en la seguridad, la eficiencia y la protección ciudadana”, ha defendido el consejero.

Para visualizar esta estrategia, López se ha reunido con Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, con la que ha visitado la sede de la Policía Local y de la agrupación de Protección Civil de dicho municipio.

El consejero se ha comprometido a seguir facilitando la colaboración y el refuerzo de los medios materiales de las agrupaciones de Protección Civil, y ha querido reconocer expresamente “la enorme y valiosa labor que, desde marzo, han desempeñado estos equipos de voluntarios en la gestión de la crisis sanitaria”.

El titular de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional ha destacado también el compromiso del Ayuntamiento de Arroyomolinos con la gestión de emergencias, en referencia al convenio que, próximamente, firmará este consistorio con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Este acuerdo, que ya han suscrito municipios como Brea de Tajo, Campo Real, Fresno de Torote, Fuentidueña de Tajo, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, Valdeavero y Villalbilla, facilita la colaboración entre la Comunidad de Madrid y los Servicios Municipales de Protección Civil y sus agrupaciones de voluntarios.

En el caso de Arroyomolinos, término municipal que es atendido por el parque de bomberos de Villaviciosa de Odón, este acuerdo permitirá garantizar, con el apoyo de las agrupaciones de Protección Civil, un servicio rápido y eficaz en materia de prevención y extinción de incendios, beneficiando a las casi 34.000 personas que lo habitan.

Asimismo, este convenio persigue mejorar el intercambio de información entre administraciones y la coordinación en actuaciones conjuntas, así como intensificar la labor preventiva en el conjunto del municipio, identificando las zonas de riesgo y especial protección. Se pretende, en conclusión, profundizar las cotas de seguridad de la población.

Ese mismo espíritu es el que rige el desarrollo, por parte de la Comunidad de Madrid, del nuevo modelo de Policía Local con el que el Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso pretende relanzar y rediseñar el proyecto BESCAM, que desde su creación, en 2004, ha invertido 1.080 millones en seguridad.

López ha analizado con Millán las claves de un proyecto en fase de desarrollo y basado en el consenso y diálogo con los alcaldes de la región, con el que la Comunidad de Madrid quiere impulsar una Policía Local multidisciplinar y de cercanía, que esté mejor formada y equipada y que se centre en resolver los problemas reales de los madrileños.

Como ha explicado López, “con la actualización del proyecto de seguridad, la Comunidad de Madrid quiere contribuir, desde la generosidad, al refuerzo de competencias de seguridad que, siendo exclusivas del Estado y los ayuntamientos, son muy relevantes y sensibles para la mejora del bienestar y la tranquilidad de los ciudadanos”.

La Comunidad de Madrid ha finalizado los trámites para la constitución del Observatorio de Víctimas del Delito, un órgano de nueva creación impulsado por el Gobierno regional, para mejorar la atención y protección integral a las víctimas de delitos en nuestra región. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Ejecutivo regional, Enrique López, ha firmado hoy el acta de composición de este nuevo Observatorio, cuyo objetivo es la protección de todas las víctimas en general y, en particular, las del terrorismo, las de delitos de odio y hechos violentos. Además, se prestará especial protección al colectivo más vulnerable, como son las víctimas menores de edad.

El Observatorio estará compuesto por un presidente, un vicepresidente, tres vocales y un secretario. La presidencia recae en el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid; la vicepresidencia será asumida por la viceconsejera, y los tres vocales designados serán el director general con competencia en Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito; el de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), y la gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. Por último, la secretaría recaerá en el Comisionado del Gobierno para la Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid.

El Observatorio se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez cada seis meses   y, de manera extraordinaria, cuando lo convoque la presidencia a través de la secretaría. La pertenencia a este órgano o la asistencia a sus reuniones no dará  lugar a remuneración ni indemnización alguna.

Entre sus funciones destaca asesorar a los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad de Madrid en materia de atención integral y protección a las víctimas de delitos. También se le atribuye la capacidad de analizar los datos estadísticos recopilados por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, así como la memoria anual elaborada por éstas. El Observatorio podrá también realizar estudios técnicos sobre las actuaciones de estas oficinas y sobre la red de coordinación.

Asimismo, promoverá la elaboración de protocolos de actuación en su ámbito competencial y se encargará de actualizarlos de acuerdo con la normativa nacional e internacional.  También creará una guía de recursos y servicios de las víctimas y propondrá mecanismos de coordinación de las actuaciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas con los diferentes órganos y entidades competentes que prestan asistencia a este colectivo.

Por último, se encargará de proponer pautas encaminadas a la elaboración de un protocolo básico de actuaciones en los casos en los que las víctimas menores de edad se convierten en infractores, así como en los supuestos en los que los infractores menores de edad se convierten en víctimas, con el fin de armonizar criterios de actuación y de evaluación.

h) Colaborar con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Juzgados y Tribunales y otros organismos o entidades que trabajen con menores para reforzar una coordinación interprofesional especialmente en aquellas intervenciones dirigidas a atender a las personas menores de edad y a evitar que se genere la victimización secundaria, entendida como la producción de consecuencias negativas derivadas de una atención inadecuada por parte de las instituciones públicas.

i) Impulsar la colaboración con entidades públicas y privadas que asisten a las víctimas, entre las que se encuentran, sin ánimo exhaustivo: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios Sociales, Ayuntamientos, Servicios de Salud, Servicios de Emergencias, Educación, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.

j) Coordinarse, en el caso de catástrofes o sucesos con víctimas múltiples que tengan su origen o causa en un hecho delictivo, con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas para garantizar la asistencia a las víctimas.

k) Cualquier otra función que, en el ámbito de sus competencias, se le atribuya por alguna disposición legal o reglamentaria