Lo incluirá en la reforma del Estatuto de Autonomía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1983 de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, para la introducción del Decreto-ley y que en casos de extraordinaria y urgente necesidad el Ejecutivo pueda dictar disposiciones legislativas provisionales. Para llevar a cabo esta reforma es necesario que la Asamblea de Madrid apruebe la modificación del artículo 15 del Estatuto de Autonomía.

Los Decretos-leyes tendrán que ser convalidados expresamente por el Parlamento regional en el plazo improrrogable de los treinta días siguientes a su promulgación, o de lo contrario quedarán derogados. La Asamblea sería convocada al efecto si no estuviere reunida, para celebrar un debate y votación de totalidad. En los supuestos de expiración del mandato o de disolución de la cámara, esta facultad será ejercida por la Diputación Permanente. La cámara legislativa autonómica podrá tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

En ningún caso los Decretos-leyes podrán afectar a los derechos, deberes y libertades fundamentales de los ciudadanos recogidos en el Título I de la Constitución Española, a las instituciones de autogobierno reguladas en el Título I del Estatuto, ni al régimen electoral.

Tampoco podrán aprobarse por Decreto-ley los presupuestos de la Comunidad de Madrid, ni las materias para las que el presente Estatuto exije expresamente la aprobación de una ley de la Asamblea, salvo las cuestiones tributarias previstas en el artículo 59.

El mecanismo del Decreto-ley está regulado por el Estado y también por otras comunidades autónomas, lo que permite a los gobiernos respectivos actuar con mayor agilidad y eficacia para adoptar medidas legislativas para responder ante situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, como las que se han dado, por ejemplo, con motivo de la pandemia de COVID-19.

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la tramitación con carácter de emergencia, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, de la contratación de la realización de pruebas, así como la adquisición de test para la detección del COVID-19 y la realización de pruebas serológicas tipo Elisa CLIA para la detección de anticuerpos.

Se ha contratado el servicio de realización de pruebas PCR, con una estimación diaria de 1.400 en el Laboratorio Central situado en el Hospital Infanta Sofía, así como  efectuar 26.400 pruebas serológicas del tipo Elisa CLIA, con una media de 400 pruebas diarias de lunes a viernes, por un periodo de tres meses. Ambos conceptos suponen un coste de 6.496.800 euros.

Además han sido adquiridas pruebas de diagnóstico rápido para el SARS COV-2 destinadas a los diferentes centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud -SERMAS- por valor de 1.015.000 euros.

También se ha comprado el material fungible dentro del marco del estudio de seroprevalencia de anticuerpos IGM e IGG para centros sociosanitarios y fuerzas de orden público, por valor de 80.912,41 euros.

A todos los contratos de las entidades del sector público, para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19, les resulta de aplicación la tramitación de emergencia.

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de la tramitación con carácter de emergencia, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, de la contratación de distinto material sanitario y medicamentos para la lucha contra el coronavirus por un importe de 5.092.980,97 euros y destinado al hospital de IFEMA.

La Comunidad de Madrid ha dedicado 4.524.446,52 euros a la compra de material de protección (mascarillas, guantes, gorros, batas…) y material sanitario quirúrgico y de curas para al hospital temporal instalado por el Gobierno regional en IFEMA entre los meses de marzo y mayo pasados.

El Consejo de Gobierno ha sido informado igualmente de la adquisición de medicamentos y otro material sanitario, también dirigido al hospital de IFEMA, por un importe de 568.534,45 euros, adquirido y gestionado por el Servicio de Farmacia de dicho centro.

El hospital temporal de IFEMA funcionó entre el día 21 de marzo y el 1 de mayo y llegó a habilitar 1.300 camas y 16 puestos de UCI que hubieran podido ampliarse hasta las 5.500 camas; en apenas unos días se habilitaron dos pabellones con todas las necesidades hospitalarias, además del pabellón 5.

El centro recibió a pacientes derivados de los distintos hospitales de la Comunidad de Madrid y fueron atendidos en turnos de mañana y tarde por médicos de Atención Primaria, coordinados por médicos de medicina interna y otras especialidades. De igual modo, los profesionales del SUMMA-112 cuidaron de los pacientes en los turnos de noche.

La Comunidad de Madrid invierte 32 millones de euros para para financiar los gastos de funcionamiento de las escuelas infantiles de titularidad municipal de 46 municipios de la región integradas en red pública regional. Esta medida, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, garantiza la calidad y el correcto funcionamiento de estos centros, que desempeñan su labor gracias a la colaboración entre la administración regional y los ayuntamientos.

Este curso 2020/21 la escolarización en 0-3 es gratuita para todas las familias madrileñas en los centros de la red pública, una iniciativa puesta en marcha ya durante el curso pasado tras ser aprobada por el Gobierno regional.. El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión permitirá financiar los gastos de 109 escuelas infantiles, 35 casas de niños y las sedes de 12 equipos de atención temprana de un total de 46 localidades de la Comunidad de Madrid. Esta es otra muestra más del apoyo del Ejecutivo autonómico al primer ciclo de Educación Infantil (entre 0 y 3 años), para lo que destina cerca de 170 millones de euros. Se trata de una cantidad de la que la mayor parte de ese presupuesto, cerca de 121 millones (71,1%), se destinan a la red pública.

Asimismo, durante este año y con el objetivo de paliar los efectos económicos generados por el COVID-19 en las escuelas infantiles de titularidad privada, el Gobierno autonómico ha realizado un gran esfuerzo destinando 8,4 millones de euros para ayudar a estos centros que reanudaron su actividad el pasado 1 de julio. Se trata de una de las iniciativas del Ejecutivo madrileño para reducir los efectos de la crisis económica en este sector, tanto las de titularidad privada como aquellas con las que la Comunidad de Madrid mantiene convenios.

De esta medida, ideada para reducir los efectos de la crisis generada en este sector, se benefician aquellas escuelas que tuvieran matriculado durante el curso 2019/2020 alumnado de entre 0 y 3 años que haya sido beneficiario de la beca conocida como cheque guardería. Además, los centros deberán mantener la misma plantilla de trabajadores que antes del cierre decretado con motivo de la pandemia del coronavirus al inicio del curso escolar 2020-2021. Por otro lado, los centros beneficiarios se comprometen a abonar a los padres que hubieran pagado la cuota mensual de sus hijos durante el cierre del centro el importe de la beca de educación infantil que tuvieran concedida.

Por su parte, en el caso de las escuelas infantiles de gestión indirecta y de titularidad de la Comunidad de Madrid, de acuerdo a la Ley de Contratos, tendrán derecho a indemnización de daños y perjuicios, una vez levantada la suspensión del contrato, mientras que en el caso de los ayuntamientos y otras entidades con las que la Comunidad tiene convenios se ha tramitado una adenda para abonarles los importes que no se hayan sido transferidos a causa de la crisis del COVID-19. Como consecuencia de ello, las ayudas a los ayuntamientos ascienden a 13.005.720 euros y a 4.971.208 euros para los centros conveniados.

Por tanto, la cuantía total de ayudas adicionales de la Comunidad de Madrid a las escuelas infantiles de 0-3, para colaborar a que puedan abrir en septiembre y los padres puedan llevar a sus hijos y así garantizar la escolarización gratuita de 0-3, asciende a 26.376.926 euros

En el curso 2019-2020 el número total de plazas escolares autorizadas para el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid fue de 116.446 plazas distribuidas en un total de 1.630 centros, lo que permite atender al 62% de la demanda potencial máxima. Gracias a esta oferta, más de la mitad (52,7%) de los niños menores de tres años de la Comunidad de Madrid está escolarizado en la actualidad.

Esta tasa es superior a la media del conjunto de España y de los países de la OCDE, en los que la tasa de escolaridad se sitúa en torno al 36%. Estas medidas desarrolladas por el Ejecutivo regional permiten que aproximadamente el 81,9% de las plazas ocupadas en el primer ciclo de Educación Infantil están sostenidas con fondos públicos.

La Comunidad de Madrid invertirá cerca de 35 millones de euros para la realización de obras de adaptación, reparación y mejora de los centros de educativos por las necesidades derivadas del COVID-19. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la aprobación de una primera partida presupuestaria de 18,7 millones de euros para llevar a cabo estos trabajos de adaptación de espacios y mejoras en colegios públicos e institutos de la Comunidad de Madrid. En concreto, se ejecutarán alrededor de 550 actuaciones en obras que ya se han iniciado en distintos centros educativos de la región ubicados en Madrid capital o los municipios de Móstoles y Leganés.

Las labores que se van a realizar están divididas en actuaciones para la mejora de las condiciones de higiene y a garantizar el distanciamiento social. Entre las primeras, sobre la higiene, se incluyen obras en aseos, saneamiento y  fontanería, climatización y ventilación de aulas y de otros espacios. Entre las segundas, sobre el distanciamiento social, se incluyen actuaciones de mejoras de accesibilidad y adecuación y recuperación de espacios, tanto interiores -adecuación de gimnasios, reparación de cubiertas y humedades, y mejoras de instalaciones eléctricas o de protección contra incendios- como exteriores -instalación de pérgolas y marquesinas o mejoras en pistas deportivas-.

Las obras, que tendrán que estar finalizadas durante este mismo año, van a ser ejecutadas por procedimiento de emergencia por la empresa pública TRAGSA. De hecho, ya han comenzado las primeras actuaciones en colegios públicos e institutos de ciudades de Madrid, Leganés o Móstoles.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la adjudicación de las obras de ampliación del colegio Maruja Mallo, en Móstoles, con las que se crearán 225 nuevas plazas educativas. Se trata de una importante infraestructura situada en una de las zonas de mayor crecimiento demográfico de la región.

En concreto, el Ejecutivo regional destinará más de 3,5 millones de euros para esta importante actuación. Las labores, que darán comienzo próximamente, permitirán construir tres aulas de Educación Infantil, seis de Primaria, dos aulas específicas y otras dos de apoyo, zonas de administración y servicios, gimnasio y una pista deportiva. Además, durante este verano, también la Comunidad también ha realizado en el centro otras obras de adaptación de espacios educativos de cara al inicio del curso escolar 2020/2021.

Esta iniciativa se une a otras similares como la reciente ampliación de tres aulas de infantil, seis aulas de Primaria, dos de apoyo, aulas de música e informática, administración, gimnasio y pista deportiva en el CEIP María Blanchard, en Getafe, que fue autorizada por el Consejo de Gobierno en julio y que suponen también una inversión de más de 3,3 millones de euros.

El Consejo de Gobierno ha autorizado tres acuerdos para poner en marcha distintas acciones de formación profesional para el empleo dirigidas, prioritariamente, a trabajadores desempleados. El objetivo es incrementar sus competencias y mejorar así su empleabilidad y posibilidades de acceso o reincorporación a un mercado laboral afectado por la crisis del COVID-19. Estas acciones formativas, que se desarrollarán a lo largo de 2020 y 2021, suponen una inversión conjunta de 90.100.400 euros.

El primero de estos acuerdos, dotado con 69,9 millones de euros, permitirá financiar dos líneas de subvenciones para impulsar esta formación. La primera está dirigida a impartir cursos -tanto en modalidad presencial como a través de teleformación o combinando ambos sistemas- dirigidos a personas desempleadas, mientras que la segunda está orientada específicamente a la formación de desempleados con discapacidad intelectual reconocida en modalidad presencial. En ambos casos se priorizará la realización de acciones formativas en digitalización, industria, logística, el sector sanitario y las relacionadas con el empleo verde.

El segundo acuerdo presupuesta 17 millones de euros para desarrollar cursos de formación, dentro del sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en colaboración con los ayuntamientos y entidades locales de la región. Así, los consistorios podrán programar las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, y de especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal, que mejor respondan a las necesidades de los desempleados de sus municipios y a las características de su tejido productivo.

Por último, el tercer acuerdo tiene un montante de 3.200.400 euros para actuaciones de formación con prácticas profesionales no laborales, dirigidas a personas desempleadas inscritas en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid que acrediten estar en posesión de un certificado de profesionalidad.

Estas acciones combinan la impartición de formación para la adquisición de distintas competencias transversales con la realización de prácticas profesionales relacionadas con el curso recibido. Los 900 desempleados que se estima participarán en este programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, recibirán una beca de hasta 18 euros diarios para desarrollar estas prácticas no laborales en centros de trabajo de la región.

La Comunidad de Madrid comienza la contratación de 300 nuevos maquinistas en Metro de Madrid, que supondrá un incremento de más de un 16% de la plantilla actual y permitirá superar el máximo histórico de estos profesionales prestando servicio en la empresa pública madrileña. El Consejo de Gobierno ha autorizado que se pueda superar la tasa de reposición de la plantilla del suburbano, que es el requisito previo para realizar las contrataciones.

Con el visto bueno al proceso de contratación, el suburbano madrileño comenzará los trámites necesarios para la incorporación de los nuevos empleados. Está previsto que 93 de los nuevos maquinistas empiecen a trabajar antes de que finalice el año y la previsión es que el resto lo haga antes del verano de 2021.

Antes de incorporarse a la plantilla, los futuros maquinistas recibirán una formación teórica y práctica específica de las funciones que van a llevar a cabo a lo largo de dos meses y medio (11 semanas), con una duración total de 390 horas repartidas en 52 jornadas.

La Comunidad de Madrid sigue trabajando en la mejora continua del servicio que presta Metro y, para ello, uno de sus objetivos prioritarios es el refuerzo de la plantilla de maquinistas. La nueva contratación permitirá superar el máximo histórico de profesionales de este colectivo que han trabajado en el suburbano madrileño y que fueron 2.078 maquinistas en el año 2011.

En los últimos 5 años, ha contratado más de 500 maquinistas para reforzar su plantilla, algo fundamental para hacer posible que el suburbano pueda adecuar de forma óptima su oferta a la demanda de viajeros, que es variable según las circunstancias y la época del año.

Así, en 2019 se incorporaron 100 nuevos maquinistas y este verano lo han hecho otros 45 más. En concreto, a finales de julio comenzaron a trabajar 30 nuevos profesionales y el pasado día 15 se incorporaron los 15 restantes. Los nuevos profesionales están ya reforzando las líneas de gálibo ancho, para las que han recibido una formación específica. Es decir, las líneas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 (Metrosur).

El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se destinan 975.000 euros para financiar los costes derivados de la ampliación -un año adicional- de los contratos de los investigadores del Programa de atracción del talento investigador de la Comunidad de Madrid.

En septiembre de 2019, la Comunidad de Madrid decidió ampliar la duración de los contratos de este Programa de Atracción de talento, pasando a ser de 4 a 5 años. La intención de esta ampliación en la modalidad 1 era la de equiparar las condiciones del Programa de atracción del talento con el Ramón y Cajal y evitar así que nuestros investigadores estén en desventaja a la hora de optar a puestos estables.

De esta forma, los investigadores de la modalidad 1 pueden presentarse a procesos de acreditación y certificación de sus méritos investigadores y docentes con garantías y en condiciones de igualdad con los investigadores que participan en el Programa de ayudas Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyos contratos subvencionados tienen una duración de cinco años. La consejería de Ciencia, Universidades e Innovación prevé que en la convocatoria 2020 podrá llegar a subvencionarse la ampliación de 12 contratos de doctores con experiencia.

Los beneficiarios de este programa de ayudas serán las universidades, públicas o privadas, los organismos y centros públicos de investigación con personalidad jurídica propia, las Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAS), así como las entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora y que amplíen un año adicional los contratos de cuatro años celebrados con investigadores doctores con experiencia en el marco de la convocatoria de ayudas del programa de atracción del talento investigador del año 2016.

El importe de la ayuda será de 55.000 euros para cada investigador al que se amplíe su contrato por un año. Este importe se destinará a financiar los costes laborales de dicho contrato (salario y cuota empresarial a la Seguridad Social).

Además de este importe, se concederá una ayuda adicional de un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 30.000 euros  para cubrir durante la duración de la ampliación del contrato, los siguientes gastos directamente relacionados con la ejecución de las actividades de I+D del investigador: Costes de personal derivados de la contratación temporal de personal de apoyo a la investigación; y gastos generales de funcionamiento y adquisición de material fungible, tales como viajes y dietas; gastos de inscripción en congresos, seminarios y conferencias de carácter científico; alquiler, mantenimiento o reparación de equipos científico-técnicos, así como costes de solicitud y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual.

La Comunidad de Madrid impulsa la atracción de talento investigador a la región madrileña mediante la incorporación de investigadores doctores que han desarrollado los últimos años de su carrera investigadora en centros de investigación de excelencia situados fuera de España. Desde el año 2017, mediante el Programa de atracción de talento ya han regresado a Madrid 338 investigadores españoles y extranjeros desde las instituciones extranjeras más prestigiosas del mundo, que se han incorporado a universidades, hospitales y organismos de investigación de la Comunidad de Madrid.

Estas nuevas contrataciones han permitido reforzar la actividad de I+D de los grupos de investigación madrileños, y se encuentran trabajando en áreas de investigación punteras para la economía y la sociedad madrileñas como la biomedicina, la biotecnología, las telecomunicaciones y la informática, la ingeniería de nuevos materiales, el sector aeroespacial, la calidad y la seguridad alimentaria, etc.

Mediante este programa se está consiguiendo adicionalmente el retorno de investigadores españoles que se han marchado al extranjero a realizar su formación postdoctoral, ya que más de un 75% de los investigadores contratados son españoles que desean volver a España para continuar con sus trabajos de investigación.

Además, la ampliación de los contratos de doctores con experiencia, integrados en grupos de investigación madrileños, cobra una especial relevancia en el marco de la situación actual de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, puesto que permite contar con profesionales con un alto nivel de capacitación y excelencia, que desarrollan su actividad científica en áreas de actividad como la Biotecnología, la Biomedicina y la Nanociencia, en las que es posible que puedan llegar a realizar importantes avances para el control de la enfermedad, en beneficio de la sociedad y de la economía.

La Comunidad de Madrid destina casi dos millones de euros (1.831.865 euros) para renovar material, reformar parques e infraestructuras y adquirir nuevos dispositivos, maquinaria y mobiliario para el Cuerpo de Bomberos de nuestra región. Medidas todas ellas necesarias para afrontar la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y, así, proteger a estos profesionales y garantizar su seguridad y salud en sus puestos de trabajo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, la tramitación de emergencia de once contratos para atender las necesidades detectadas en los parques de bomberos de la región derivados de las necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19.

Más de la mitad la cuantía total aprobada, 1.036.316 euros, es para garantizar la seguridad y la salud de los bomberos en el desempeño de sus funciones. En concreto, se adquieren Equipos de Protección Individual (EPIS) y Equipos Neumáticos por valor de 597.212 euros. Con esta inversión se facilita incrementar las intervenciones simultáneas y reducir los tiempos de baja de un equipo durante las labores de descontaminación.

Además, se destinan 210.237 euros más a la compra de equipos modelo U2 para que los bomberos de nuevo ingreso cuenten con vestuario para hacer frente a cualquier intervención multirriesgo por COVID-19, y otros 98.879 euros para equipos de inclemencias climatológicas.

Se consignan 129.988 euros para la provisión de dispensadores de gel hidroalcohólico, sillas y mesas para aumentar la distancia social en los centros, taquillas, nuevas instalaciones térmicas de agua y alfombras desinfectantes en las entradas de cada base reten.

Cuatro de los contratos aprobados tienen por objeto mejorar las instalaciones de tres parques de bomberos de la región y adquirir mobiliario para las diferentes infraestructuras del Cuerpo.

El parque de Aranjuez ha recibido 154.278 euros para llevar a cabo reformas en los vestuarios, gimnasio, así como en los dormitorios. Los otros dos parques donde se han llevado a cabo mejoras son los de Loyozuela y de Aldea del Fresno, donde se han invertido 29.374 euros y 26.431 euros, respectivamente, para acondicionar sus espacios comunes.

Además, se ha adquirido nuevo mobiliario por valor de 76.180 euros para poder ampliar la distancia de seguridad en las zonas de uso común, como son los dormitorios, comedores y las zonas de descanso.

Para hacer frente con mayores garantías a la pandemia se ha contratado un sistema integral de aeronaves pilotadas en remoto (RPAS) para mejorar la capacidad operativa de la Unidad de Drones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, creada a finales del pasado año. Actualmente cuenta con dos drones y cuatro bomberos adscritos a este servicio, próximamente se incorporará un quinto. El coste de este nuevo sistema ha sido de 184.767 euros.

Asimismo, se ha han adquirido por 109.989 euros dos máquinas para formar al personal en las distintas técnicas de apeo del arbolado, que permiten realizar prácticas simuladas de corte con motosierra en árboles y ramas, realizadas en un escenario controlado.

También se han destinado 214.530 euros para reparar y adecuar los puntos de vigilancia que utilizan los retenes de incendios forestales. El Plan de Protección Civil por Riesgo Especial de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, INFOMA, cuenta con 25 retenes de extinción.

La Comunidad de Madrid ha adjudicado las obras del tercer carril en la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo. La Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de la adjudicación, por un importe de 29,1 millones de euros. Está previsto que las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 24 meses, comiencen a finales de año.

El objetivo de esta actuación es mejorar el nivel de servicio y las condiciones de seguridad de la carretera M-607 mediante la ampliación a un tercer carril por sentido en todo el tramo del proyecto. En total, serán 7,3 kilómetros entre Tres Cantos norte y el enlace con la carretera M-618 al sur de Colmenar Viejo.

Este tramo es uno de los de mayor tráfico de la Comunidad de Madrid, con una media de más de 62.000 vehículos diarios. La intensidad media de tráfico en las carreteras madrileñas en 2019 fue de 8.802 vehículos por día.

Además de la ampliación de carriles, el proyecto contempla también la remodelación parcial del enlace de la M-607 con la M-618, con la modificación del ramal de incorporación en sentido Madrid para mejorar la visibilidad y la creación de un acceso directo a este ramal, en sentido Colmenar desde la M-607.

Igualmente, se prevé la ampliación del paso sobre la línea ferroviaria de alta velocidad, la construcción de tres nuevos pasos inferiores para vía ciclista, otro paso inferior para una vía secundaria y un puente verde para facilitar el paso de animales de un lado a otro de la carretera.

Esta actuación supondrá también la mejora de las distintas instalaciones y servicios existentes en este tramo de la carretera, eliminando los accesos directos que existen en la actualidad.

La Comunidad de Madrid ha aprobado en el Consejo de Gobierno 53.337.133,50 euros dirigidos al acogimiento residencial de menores, y ha establecido las condiciones para el Acuerdo marco del que se derivarán los contratos de servicios de atención a los menores acogidos.

La Comunidad de Madrid ha aprobado en el Consejo de Gobierno 53.337.133,50 euros dirigidos al acogimiento residencial de menores, y ha establecido las condiciones para el Acuerdo marco del que se derivarán los contratos de servicios de atención a los menores acogidos.

Los contratos se establecerán tras un procedimiento abierto con pluralidad de criterios y se adjudicarán por un plazo de ejecución de dos años con una oferta de 350 plazas, que podrían ampliarse en un 20% si fuera necesario, llegando a un total de 420 plazas para menores de ambos sexos, hasta los 18 años, que tengan medida de protección.

El Acuerdo marco anterior para el acogimiento residencial de menores había sido prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2019, para 263 plazas. Actualmente se considera necesario ampliar este número para menores con medida de protección, de guarda o tutela, adoptada por la Comisión de Tutela del Menor o por decisión judicial, de modo temporal, en tanto se promueve su integración social y familiar.

El acogimiento residencial surge cuando fracasan o resultan inviables los diferentes apoyos para mantener al menor en su entorno familiar, por lo que se les traslada a hogares de reducido tamaño y con ambiente familiar, apropiados cuando se espera una estancia larga. Mientras tanto, se intenta el regreso a su familia biológica o si no fuera posible, el acogimiento en familia o la adopción.

Este nuevo Acuerdo marco valorará los costes precio/día, además de criterios cualitativos como mejoras de personal, realización de acciones formativas, un programa de atención y orientación psicológica, apoyo escolar y de salud, educación afectivo sexual y prevención de consumo de drogas.

La Comunidad de Madrid ha autorizado un total de 57 convenios de colaboración con Entidades Locales para atender las necesidades sociales derivadas de la crisis sanitaria y social del COVID-19, por un importe total de 24.708.837 euros. Dicha cantidad está financiada por el Gobierno central y forma parte de los 41.210.896 euros totales del Fondo correspondientes a nuestra región, tras el acuerdo alcanzado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad determinó que el 60% de dicha cantidad se distribuyera mediante convenios de colaboración con Entidades Locales y el 40% se destinara a proyectos de la Red Especializada de Servicios Sociales frente al COVID-19, en la que se encuentran las direcciones generales dependientes de la Consejería, así como la Agencia Madrileña de Atención Social.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la formalización de 27 convenios de colaboración con un gasto de 20.640.938 euros. El objetivo es apoyar especialmente a aquellos colectivos más vulnerables o en situación de exclusión social consecuencia de la pandemia. Además, se van a suscribir otros 30 convenios por un importe de 4.067.898 euros que, al ser su cantidad inferior a 250.000 euros cada uno de ellos, no corresponde su autorización al Consejo de Gobierno.

La vigencia de estos convenios se establece desde la fecha de su formalización hasta el 31 de diciembre de 2020, siendo el periodo a imputar a efectos de justificación del gasto el comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, ambos inclusive.

La financiación se dirige a la gestión, por parte de los Servicios Sociales de Atención Primaria, de ayudas dirigidas especialmente a población vulnerable o en situación de exclusión social; a la coordinación de actuaciones en materia de Renta Mínima de Inserción, sobre todo, lo que tiene que ver con el seguimiento de programas individuales y apoyos personalizados para la inserción social y laboral; a la promoción de proyectos de lucha contra la pobreza infantil; así como a garantizar a las personas mayores que se encuentren en riesgo de exclusión por cualquier motivo, el acceso a prestaciones y servicios que precisen para mejorar su calidad de vida.

Respecto a la financiación para garantizar el derecho básico de alimentación de los niños en situación de vulnerabilidad, se ha distribuido a través de los convenios con Entidades Locales un total de 1.455.750 euros, a través de ayudas económicas o prestaciones directas de servicios de distribución de alimentos a menores, dentro de los programas de los servicios sociales.

La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy en su reunión de Consejo de Gobierno la prórroga del contrato de servicio de custodia, archivo y gestión externa de la documentación generada por los órganos y dependencias judiciales de la región.

De esta manera, el Ejecutivo regional palia la imposibilidad de archivar la documentación en las correspondientes sedes judiciales y garantiza el normal funcionamiento de los órganos de la administración de Justicia madrileña. El Consejo de Gobierno prorroga el contrato para un periodo de 48 meses, desde el 30 de agosto de este año hasta el 29 de agosto de 2022. La prórroga se realizará en las mismas condiciones técnicas y económicas del contrato, siendo ésta la única prórroga posible, por lo que tendrá que tramitarse un nuevo contrato que se ejecutará después de su finalización.