11
Mar
2020
El Supremo tumba el último recurso de Ayuso contra la venta de viviendas a fondos buitre Imprimir
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Foto cedida por FRAVMLa Presidenta anuncia que recurrirá al Constitucional

Al igual que el Juzgado de Primera Instancia y el TSJM, el Supremo decidía que la venta de casi tres mil viviendas del IVIMA a un fondo buitre decretada por el Gobierno de Ignacio González era ilegal obligando a regresar a la situación previa a esa venta. En concreto, el Alto Tribunal desestimaba los incidentes de nulidad presentados tanto por Azora como por la Comunidad convirtiendo en firme la sentencia del TSJM.

Así el Supremo tumbaba el pasado 2 de marzo el recurso presentado por Azora, condenando al fondo buitre en costas; y este lunes el de la Comunidad, en que el Ejecutivo de Ayuso volvía a pedir que el fallo sólo afectase a uno de los inquilinos (el que presentó el recurso).

El Supremo es contundente al citar jurisprudencia de 2017 en la que considera legitimados a todos los afectados, hayan o no presentado recurso. El Tribunal termina dando un varapalo a la Comunidad, a la que critica erigirse “en representante o defensor de los derechos de tales terceros interesados (el fondo buitre)”.

La sentencia, que es firme y sienta jurisprudencia, cierra el camino de los recursos tanto a Comunidad como a Goldman Sachs, a los que ahora sólo queda pedir amparo al Constitucional, algo que Ayuso ya ha anunciado que se estudiará.

Pero esa jurisprudencia puede tener consecuencias inesperadas en otra venta de vivienda pública a un fondo buitre. De tal forma, al aceptar la legitimación de todos los afectados aunque no hayan presentado recurso, podría abrirse la puerta a la anulación de la venta de viviendas de la EMVS de Madrid a Blackstone en tiempos de Ana Botella.

"Ya no hay excusas. Tras el último varapalo judicial de la Comunidad de Madrid en el caso de la venta de viviendas del IVIMA, las familias damnificadas y la FRAVM solicitan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje de prolongar su inaceptable situación e inicie el proceso de recuperación de los inmuebles y la restitución de sus derechos como beneficiarias de vivienda pública", pedía la FRAVM tras conocer la sentencia.

“La Comunidad de Madrid debería poner fin a esta agonía, que durante siete años lleva haciendo la vida imposible a tantas familias necesitadas de vivienda social, pero mucho nos tememos que no va a ser así, ya que este último recurso no era ni más ni menos que una argucia legal para saltar al Tribunal Constitucional y dilatar más aún esta barbaridad”, asegura Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, una entidad que ha apoyado a los hogares afectados desde que se produjo la operación de venta.

El pasado 12 de diciembre, el Tribunal Supremo inadmitió los recursos de apelación presentados por el Gobierno regional y el fondo Goldman Sachs-Encasa Cibeles contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón a una familia damnificada (la de Rachid Bouikou) al entender que la Administración no justificó debidamente que las promociones vendidas “no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA”. La Comunidad de Madrid presentó un recurso de casación contra este fallo, y ahora la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, en una sentencia con fecha del pasado lunes, 9 de marzo, lo inadmite. Pero no solo hace eso, volviendo a declarar nula la operación de venta por la que el Gobierno regional se desprendió, por un precio muy inferior al del mercado, de 2.935 pisos de 32 promociones de vivienda de protección oficial. El alto tribunal da un fuerte tirón de orejas a la Comunidad de Madrid al subrayar las múltiples “referencias a los terceros interesados” como el fondo Encasa Cibeles que aparecen en la argumentación de su recurso. “No es dable al Letrado de la Comunidad de Madrid erigirse en representante o defensor de los derechos de tales terceros interesados, pues es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses”, indica el Tribunal Supremo.

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) y la FRAVM consideran inaceptable que la Comunidad de Madrid se alce en defensora sin complejos de los intereses del fondo buitre en vez de velar por los intereses de las familias damnificadas, es decir, en vez de defender los derechos de los madrileños y madrileñas. “Por eso exigimos a la presidenta Ayuso que se siente ya a negociar con los afectados y con Goldman Sachs-Encasa Cibeles para recuperar las viviendas públicas y poder restituir los derechos que nunca debieron ser eliminados a estas familias, que no hicieron nada para que les haya tenido durante tanto tiempo viviendo una agonía y una incertidumbre inaceptable en democracia”, indica Quique Villalobos.

Tras la nueva sentencia, AVVI y la FRAVM felicitan a los colectivos de afectados y afectadas y a sus equipos de letrados, que en estos años no han cesado de pelear por sus derechos y por la vivienda pública, y en primer lugar a Rachid Bouikou y a su abogado de oficio César de Pinto, cuyo buen hacer se encuentra detrás del nuevo auto de inadmisión. El origen del caso judicial se sitúa en el otoño de 2013, época en la que decenas de afectados por la operación, que tuvo lugar en julio de ese año, presentaron recursos contra la actuación de la Comunidad de Madrid. La mayoría fueron desestimados en primera instancia ya que los tribunales no consideraron a los inquilinos como “parte interesada” en el acuerdo comercial entre esta Administración y la empresa Goldman Sachs. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid atendió el recurso presentado por Rachid, al igual que ha hecho con otros dos recursos. Los responsables de la venta recurrieron en casación al Supremo y en diciembre de 2019 el alto tribunal dio la razón a este vecino de Navalcarnero y por extensión a todos los damnificados.

Aún quedan varios recursos judiciales por resolverse, pero esto no quita para que la Comunidad de Madrid pueda actuar inmediatamente para restablecer los derechos de las casi 3.000 familias afectadas.