Hoy comienza la Comisión de Investigación de Universidades

Ciudadanos siempre será enemigo de la corrupción”, así lo ha asegurado el portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en la Comunidad de Madrid, César Zafra, tras entregar “más de 160 páginas” de conclusiones relativas a la Comisión Anticorrupción que ha tenido lugar en la Asamblea regional durante los últimos tres años. “Era necesario que vinieran a ofrecer respuestas quienes creían que la Comunidad les pertenecía”, ha añadido Zafra, resaltando “el orgullo” que ha supuesto “sacar adelante” las conclusiones registradas.

Sobre el desarrollo de las sesiones y la postura de los diferentes grupos, el diputado naranja ha criticado duramente “los palos en las ruedas” que “el PP ha puesto durante toda la legislatura, tratando de cerrar la Comisión a base de pataletas porque no querían escuchar lo que han hecho sus propios dirigentes”.

Zafra ha incidido en que era “indispensable” y “sano a nivel democrático” que “dieran explicaciones todas aquellas personas que se creían impunes para usar a su antojo las instituciones y el dinero de los madrileños”, destacando, por tanto, “la utilidad” de los trabajos e investigaciones llevados a cabo por la Comisión impulsada desde Cs.

“Por esta Comisión han pasado expresidentes, consejeros, funcionarios, y todas aquellas personas que han tenido que ver o que podían contar algo sobre la corrupción que ha afectado a la Comunidad de Madrid”, ha puesto en valor el portavoz adjunto de Cs en la Asamblea, quien ha instado a que la región “no vuelva a verse involucrada en situaciones vividas en los últimos años con escándalo tras escándalo, expresidentes autonómicos en la cárcel e instituciones manchadas por la corrupción”.

“Si soy presidente de la Comunidad de Madrid, me comprometo a extender la educación concertada a la etapa de 0 a 3 años”, así lo ha asegurado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, comprometiéndose también a “trabajar” para “garantizar un equilibrio en la convivencia entre educación pública, concertada y privada de la región”.

Durante la sesión de control al Gobierno regional, Aguado se ha mostrado “particularmente orgulloso” de “haber impulsado que las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid sean gratuitas a partir del curso que viene”, medida que ha enmarcado como ejemplo de “política útil”. El líder de Cs Madrid también ha puesto de manifiesto que “esta medida va a provocar un aumento de la demanda de plazas sostenidas con fondos públicos”.

Ante esta situación, y para evitar que haya familias que se queden sin plaza en la educación de 0 a 3, el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid ha emplazado a actuar, a medio y largo plazo, “construyendo nuevas escuelas públicas”, y a corto plazo, “extendiendo los conciertos en escuelas infantiles de 0 a 3”. “No podemos permitirnos estar quietos ni podemos esperar a la próxima legislatura”, ha apuntado.

“Soy consciente de que tanto Podemos como PSOE tienen alergia ideológica a las concertadas”, ha criticado por último Aguado, recordando que “el PSOE quiere meter un sablazo a las familias madrileñas con la devolución de las desgravaciones en educación concertada a las que han tenido derecho en los últimos años”.

Ciudadanos saca adelante una iniciativa para extender la educación concertada a la etapa de 0 a 3 años. Con los votos en contra de PSOE y Podemos, la Asamblea de Madrid ha dado luz verde a una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Ciudadanos (Cs) en la que se insta a la Comunidad a “aumentar la oferta de plazas del ciclo educativo de 0 a 3 años sostenidas con fondos públicos”.

Tal y como ha expuesto la responsable de Educación de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea, Mayte de la Iglesia, esta iniciativa propone “trabajar en favor del ciclo de 0 a 3 años para reducir la brecha de la desigualdad educativa”.

La iniciativa de Cs debatida en Pleno insta, a medio y largo plazo, a “reforzar la red pública y planificar la construcción de nuevas escuelas infantiles en función de la demanda detectada en cada municipio de la región”.

Por otro lado, y en un plazo más inmediato, insta a “firmar nuevos conciertos que contribuyan a ampliar la oferta de plazas de educación infantil de 0 a 3 años” y el acceso a las mismas por parte de las familias madrileñas.

En su turno de ponencia, la diputada de Cs Madrid ha abogado por “dejar de considerar la educación infantil como una medida asistencial” y empezar a situarla “dentro de un marco estrictamente educativo”. “Queremos seguir potenciando la escolarización y trabajando en medidas que mejoren la libertad de elección de las familias madrileñas”, ha concluido.

La Comunidad de Madrid va a poner en marcha la App ‘Tarjeta Social’ para facilitar a los madrileños el acceso a su historial social y el estado de sus prestaciones a través de sus dispositivos móviles. De esta manera, el Gobierno regional incrementa la accesibilidad de la ‘Tarjeta Social’, que ya funciona desde septiembre de 2017 de manera digital a través del portal web de la Comunidad.

La consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, ha destacado hoy, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, que esta nueva App entrará en funcionamiento antes de que finalice la legislatura.

Moreno ha resaltado que la puesta en marcha digital de la ‘Tarjeta Social’ supondrá un ahorro de dos millones de euros en las impresiones físicas de la tarjeta. “Supone liberar una importante cantidad económica para destinarla a ayudas dirigidas a personas dependientes, a la atención temprana o a poner en marcha nuevos centros y servicios en nuestra región”, ha subrayado.

“Damos un paso más hacia la eficacia en la gestión del tiempo, tanto de los madrileños como de la administración, y en la eliminación del papel y de otros soportes físicos, lo que supone un importante ahorro económico y una mejora medioambiental”, ha añadido la consejera.

Podrá acceder a la App cualquier persona con historia social en la Comunidad de Madrid o que esté percibiendo en la actualidad algún tipo de ayuda o prestación (familia numerosa, adulto tutelado, perceptor de la Renta Mínima de Inserción, grado de dependencia o discapacidad).

Una vez descargada la aplicación, el usuario podrá acceder a su historial a través de certificado digital o clave permanente, por la especial protección de los datos contenidos.

Con esta nueva aplicación, el ciudadano que tenga una historia social en la Comunidad de Madrid la podrá descargar de manera inmediata de forma digital, podrá conocer el estado de tramitación de las ayudas solicitadas y todas las noticias relacionadas con el catálogo de prestaciones.

La puesta en marcha de la ‘Tarjera Social’ se enmarca en la Estrategia de Inclusión Social 2016-2021 de la Comunidad de Madrid, que cuenta con un presupuesto de 2.891 millones de euros y de un total de 135 medidas, entre las que se encuentra la creación de la Carta de Derechos Sociales y la historia social integrada.

El objetivo principal de esta Estrategia es dar una respuesta eficaz ante situaciones de exclusión social y caminar hacia una sociedad madrileña más inclusiva, a través de políticas y medidas sociales más activas e integrales. Para ello se va a realizar un diagnóstico profundo de las actuales necesidades sociales de los colectivos más vulnerables.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid garantiza la conservación y promoción del patrimonio histórico de la región y ha invertido en esta legislatura un total de 25 millones de euros en la restauración y mantenimiento de estos bienes. Desde 2015, además, el Ejecutivo regional ha declarado 32 Bienes de Interés Cultural (BIC) y 28 Bienes de Interés Patrimonial (BIP), y en la actualidad tramita otros 13 expedientes, un dato que sitúa a la Comunidad a la cabeza de las regiones en cuanto a protección jurídica del patrimonio.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha hecho un balance “enormemente positivo” de la labor de la Comunidad de Madrid en el ámbito del patrimonio durante la presente legislatura.

El consejero ha destacado que el compromiso del Gobierno regional no se limita a la conservación y restauración, sino que se ha incidido especialmente en garantizar en la protección jurídica y la difusión del patrimonio histórico de la Comunidad. “Cuantas más actividades de divulgación del patrimonio histórico se realicen, mayor sensibilidad habrá por parte de los ciudadanos, lo que supone una mayor garantía para su conservación”, ha señalado.

De los Santos se ha referido a la colaboración de la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento de Madrid y con el Ministerio de Cultura y Deporte para que el proyecto de ‘El Retiro y el Paseo del Prado: un Paisaje de las Ciencias y el Arte’ haya sido seleccionado como candidatura española oficial para la inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En cuanto a la restauración de bienes inmuebles, el consejero ha destacado que el Gobierno regional distribuye las inversiones entre las diversas tipologías históricas: castillos, monasterios, arquitectura civil, y puentes y fuentes históricas, entre otras.

Así, la Comunidad de Madrid ha invertido en el castillo de Pueñoenrostro, en Torrejón de Velasco (615.000 euros); el monasterio de Santa María la Real, en Pelayos de la Presa (560.000 euros); el palacio de Goyeneche, en Nuevo Baztán (480.000 euros); o el puente junto al Monasterio en San Lorenzo de El Escorial (190.000 euros), entre otros.

Por otro lado, el consejero ha destacado que en esta legislatura se han incoado un total de 73 expedientes para la protección de bienes muebles e inmuebles; 13 de ellos están en proceso, pero ya se ha ratificado la declaración de 32 Bienes de Interés Cultural (BIC) y 28 Bienes de Interés Patrimonial.

De los Santos ha señalado que “no solo merece la pena destacar el número, sino también el contenido de esa protección”. Así, la Comunidad de Madrid ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura y por los colegios de arquitectos como región paradigmática en la protección de la Arquitectura contemporánea, por ser la más activa y comprometida en la protección de estos inmuebles.

Ejemplo de ese compromiso es la protección otorgada al Edificio Capitol, el Gimnasio Maravillas, el Edificio del Paseo de la Castellana, 81 (antiguo edificio BBVA) y el teatro Albéniz, entre otros edificios representativos de los grandes maestros de la arquitectura española del siglo pasado.

Otra actuación destacada por el consejero se refiere al Plan Regional de Fortificaciones de la Guerra Civil. La Comunidad cuenta con uno de los mejores conjuntos de estas características de toda la península. Se ha inventariado casi el 90 % de los restos y se han musealizado algunas de estas estructuras. “Varias comunidades nos han pedido información y asesoramiento para impulsar iniciativas similares en sus respectivos territorios”, ha indicado el consejero.

Respecto a las intervenciones sobre bienes muebles, De los Santos ha señalado actuaciones importantes como la restauración de las pinturas murales y el retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (Algete); la restauración de esculturas de Pedro de Mena custodiadas en el Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús de Madrid; y el retablo mayor dedicado de la Iglesia del Convento del Corpus Christi (Carboneras).

El Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que la próxima puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), acordada con los sindicatos, es un éxito del modo de hacer política del Ejecutivo, basado en el diálogo y la negociación. Así lo ha subrayado hoy la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, en la sesión de control en la Asamblea de Madrid.

“El acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales es un nuevo éxito de la manera de trabajar de este Gobierno: a través del diálogo y la negociación, con la participación de todos los actores implicados, con transparencia y publicidad, y, sobre todo, con liderazgo y objetivos claros”, ha añadido Ibarrola.

La consejera se ha mostrado “muy satisfecha” con el acuerdo firmado el martes con los sindicatos STAJ, CSIF y UGT para la puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la Comunidad de Madrid, acuerdo que se produce tras seis meses de diálogo tanto en la Mesa sectorial de Justicia como con todos los actores implicados y que permite ofrecer a los madrileños “un servicio público propio del siglo XXI”.

“Este acuerdo –ha destacado Ibarrola– va a permitir una mejor organización y desarrollo de las labores propias de las cerca de 400 personas que se van a integrar en el Instituto, lo que va a beneficiar a todos los madrileños receptores de los servicios que presta relacionados con la Administración de Justicia”.

El personal del Instituto de Medicina Legal incluye 161 médicos forenses, 70 psicólogos y 65 trabajadores sociales judiciales, además de personal de gestión y de apoyo. Su puesta en marcha supondrá una inversión de más de 2 millones de euros y dispondrá de más de 2.450 metros cuadrados de instalaciones adicionales en el nuevo núcleo penal de Madrid, en la zona de San Blas, donde se ubicarán las oficinas centrales.

Además, con la puesta en marcha del nuevo IML, los equipos psicosociales judiciales (psicólogos y trabajadores sociales) pasarán a denominarse unidades de valoración forense integral, en línea con lo recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Con este nuevo modelo, ha explicado la consejera, el Gobierno regional da cumplimiento a uno de los compromisos anunciados por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en el último Debate sobre el Estado de la Región.

“Han sido seis meses de intenso diálogo con todos los actores implicados. Hemos mantenido muchas reuniones, encuentros, intercambios, también discrepancias; pero, finalmente, ha habido acuerdo y podemos decir que seguimos mejorando el servicio público de Justicia de los madrileños”, ha resumido Ibarrola.

“Como se puede comprobar, este es un Gobierno útil que hace cosas que son necesarias. A nosotros no nos van ni los bloqueos ni los postureos. Lo nuestro es trabajar y dialogar”, ha concluido la consejera.

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, dos años después de su inicio, el 87 % de las medidas contenidas en la Estrategia de Inclusión Social regional, ya cumplidas o en curso. Así lo ha destacado la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid para hacer balance del desarrollo de esta Estrategia, “la hoja de ruta del Gobierno de la Comunidad en su trabajo por la inclusión social efectiva de todos los madrileños y atendiendo a un carácter transversal”, ha subrayado.

Muestra del buen resultado de las políticas del Gobierno regional dirigidas a las personas en situación de mayor vulnerabilidad son los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ponen de manifiesto la evolución favorable de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), con una reducción de más de un punto, del 21,7 % al 20,6 %; lo mismo que de la Tasa de Riesgo de Pobreza, del 18,2 % al 16,9 %.

La consejera ha resaltado las medidas encaminadas a la promoción de la autonomía personal y el apoyo a las familias con personas en situación de dependencia o discapacidad, como el Programa de Vida Independiente para personas con discapacidad o las actividades que se desarrollan a través de los centros de la Agencia Madrileña de Atención Social.

Igualmente, la Comunidad de Madrid ha trabajado incansablemente por la inclusión de la mujer en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social, que cuentan con apoyo para el desarrollo de proyectos de integración sociolaboral; mujeres con discapacidad y enfermedad mental, que disponen de actuaciones específicas en formación y empleo, salud, seguridad y protección jurídica; y la Red Madre, que da cobertura a mujeres embarazadas y madres sin recursos y que ha ofrecido atención a casi 18.000 mujeres y menores.

En materia de servicios sociales e integración social y, en concreto en lo que se refiere a la Renta Mínima de Inserción (RMI), se ha impulsado una gestión activa, más ágil, para reducir plazos de tramitación y lograr, al mismo tiempo, un conocimiento más preciso de las personas beneficiarias que facilite su inserción social y laboral, el objetivo principal de esta prestación.

El Gobierno regional ha garantizado la cobertura de las necesidades básicas de las personas que están pasando situaciones difíciles, principalmente a través de la RMI, una ayuda que, en la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras regiones, no tiene una duración limitada en el tiempo, sino que se mantiene mientras persista la situación de necesidad.

Lola Moreno ha recordado que “a la Renta Mínima de Inserción hemos dedicado más de 600 millones de euros en esta legislatura, incrementando el presupuesto anual destinado hasta los casi 169 millones de euros, atendiendo a cerca de 42.000 familias y 137.603 personas”.

Además, la puesta en marcha de esta Estrategia de Inclusión Social ha supuesto la mejora en la financiación de la red de servicios sociales de atención primaria, con un incremento en la dotación de los convenios que la ha llevado hasta los 33 millones de euros. “Hemos apostado por los proyectos de integración y acompañamiento en el empleo, que han contado con un 6,7 % más de presupuesto en esta legislatura, teniendo como resultado que un 200 % más de personas, es decir más de 11.500 personas, han podio dejar de percibir la RMI porque han encontrado un empleo”, ha afirmado.

La Comunidad de Madrid continúa siendo un referente nacional en la atención e integración de la población inmigrante con su programa de Centros de Integración y Participación. Además, se ha puesto en marcha el Plan de Inmigración de la Comunidad, que enfatiza en la atención y la integración de los inmigrantes más jóvenes y en los hijos de padres inmigrantes.

A la integración contribuye también el programa de subvenciones a proyectos dirigidos a la atención de población vulnerable, que en 2018 ha permitido financiar 104 iniciativas, con un importe de 3,4 millones. Proyectos que se complementan con los financiados con cargo al 0,7 % del IRPF que, sólo en esta rúbrica, ha alcanzado a 404 proyectos con una inversión de 11,2 millones.

En estos años el Ejecutivo regional ha aprobado planes de inclusión dirigidos a las personas sin hogar y la población gitana, se va a introducir por primera vez la metodología Housing First en el ámbito público regional y se ha creado la Mesa de Diálogo de la Población Gitana para dar voz propia, por primera vez en el ámbito institucional regional, a las asociaciones del pueblo gitano.

Moreno ha destacado el cumplimiento de los mandatos de las leyes 2 y 3 de 2016 de la Comunidad sobre identidad y expresión de género y la lucha contra la LGTBIfobia, con un incremento exponencial de las acciones de formación y sensibilización, el desarrollo de protocolos y guías formativos y preventivos, la atención a víctimas de agresiones, la promoción de la igualdad en ámbitos como el cultural y el deportivo y el impulso de la tramitación de los decretos de desarrollo de las leyes y de creación del Consejo LGTBI de la Comunidad.

La Comunidad de Madrid dispone de una completa red de recursos, compuesta por una red de comedores sociales con más de 1.000 plazas; por el Programa Integral para la Inserción de Personas en Situación de Exclusión y Riesgo de Marginación (con el que se ha atendido a más de 11.000 personas); y un servicio, pionero España, de acogida y asistencia para personas sin hogar en situación de dependencia, con enfermedad crónica o en procesos de convalecencia que estén recibiendo cuidados paliativos o que necesiten apoyo para las actividades básicas de la vida diaria.

La consejera ha explicado que la tercera gran área de intervención frente a la exclusión social ha sido la de la protección de los niños en situación de riesgo social. Por ello, la Comunidad de Madrid, a través de esta Estrategia, ha incrementado en casi un 60 % (más de 7 millones) las ayudas de los servicios sociales para atender a las familias con hijos que pasan momentos de dificultad. Además, la región tiene un Programa de prevención y atención a la infancia en situación de vulnerabilidad social, una Red integrada por 49 centros que en esta legislatura ha atendido a 3.444 menores.

El Gobierno regional también ha puesto en marcha el Programa I+I, Programa de Intervención Integral con menores en riesgo social, “un servicio especializado y orientado a evitar la necesidad de asumir medidas de protección, para lo que disponemos de 11 centros (375 plazas) en los que se les ofrece a los niños y niñas una atención individualizada, especializada e intensiva de carácter social y educativa. En esta legislatura ha atendido a 749 menores”, ha detallado.

La Comunidad cuenta también con los centros maternales Residencia Norte y Villa Paz para proporcionar a jóvenes embarazadas y a madres con hijos de menos de dos años alojamiento temporal, manutención y atención individualizada, para fomentar procesos de aprendizaje para su maternidad e integración. En la legislatura se ha atendido a 600 mujeres y sus hijos.

“Además, hemos incrementado en un 33 % las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para ayudar a madres sin recursos, embarazadas o con hijos menores de tres años, aumentando un 349 % el número de atendidos, pasando de 3.931 a 17.639; y hemos potenciado el acogimiento familiar de menores, incrementando un 62 % la convocatoria anual de subvenciones para ayudar al sostenimiento económico de los gastos que origina a las familias acogedoras el hacerse cargo de uno o varios menores”, ha detallado Moreno.

En materia de educación, en el ámbito escolar, destaca el programa de prevención y control del absentismo escolar, con una dotación anual de 900.000 euros. Además, se han llevado a cabo medidas de prevención del abandono escolar, con actuaciones de compensación educativa en 342 centros públicos de Infantil y Primaria y en 170 institutos y en las 22 aulas para alumnos con serias dificultades de adaptación. Igualmente, se ha puesto en marcha el programa piloto Educar para ser.

Para disminuir el fracaso escolar, la Comunidad ha creado el Programa de Acompañamiento y Apoyo en 174 centros públicos de Infantil y Primaria, atendiendo a 4.000 alumnos; y el ‘Programa Refuerza’ en 227 institutos, atendiendo a 9.800 alumnos. También se han dado becas de comedor, material escolar y transporte dirigidas a hogares en situaciones de mayor dificultad y ayudas directas a ayuntamientos para prestar el servicio de comedor a alumnos en situación socioeconómica desfavorecida, en colegios públicos, en los períodos no lectivos (1,4 millones de euros en 2017).

Y para ayudar a los alumnos que optan por la Formación Profesional, la Comunidad, a través de la Consejería de Educación e Investigación, ha ofertado becas para el estudio de Formación Profesional de Grado Superior, de las que se beneficiaron casi 9.000 alumnos, y ha destinado a becas y ayudas una cuantía total en el curso 2018/2019 que superará los 120 millones de euros.

En vivienda y, a través del programa de emergencia social, se han atendido en 2017 un total de 194 casos y se han adjudicado entre 2016 y 2017 hasta 564 viviendas para situaciones de especial necesidad. Igualmente, se ha reforzado el programa de refuerzo de la integración vecinal (ASIVECAM); se han otorgado más de 5.000 ayudas al alquiler y están en tramitación las nuevas bases reguladoras que permitirán llegar a 25.000 hogares.

En materia de salud se ha llevado a cabo el ‘Estudio de Prevalencia de Malnutrición Infantil’ sobre 3.000 niños y niñas de 2 a 14 años; se han realizado numerosas acciones relacionadas con la salud mental en el marco del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones 2017-2021, así como el refuerzo del Programa de Prevención en Salud, con actuaciones como la actualización y desarrollo de Mapas de la Vulnerabilidad en Salud en Zonas Básicas de Salud como Ensanche de Vallecas, San Isidro y Amposta.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha subrayado que la figura del relator como interlocutor entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña fue la gota que colmó la paciencia de los partidos constitucionalistas, la opinión pública y la sociedad civil, y les movilizó el pasado domingo en Madrid para impedirlo y pedir la convocatoria de elecciones generales ya.

“Ante la barbaridad que era la concesión a los independentistas de la figura del relator, el Gobierno dio marcha atrás como siempre ante la presión de todos, era una artimaña para intentar salvar los presupuestos generales del Estado desacreditados por la Comisión Europea, la Airef y el Banco de España, que afortunadamente han sido rechazados por el Congreso”, ha explicado el portavoz popular.

Ossorio ha destacado que Sánchez, “como presidente del Gobierno, debería haber sido el máximo defensor de nuestro país y sin embargo estaba dispuesto a rebajar el prestigio internacional de España aceptando la figura del relator, que era precisamente lo que querían los independentistas”.

Según ha explicado el portavoz del PP, “los independentistas no soportan que España sea una democracia fuerte y consolidada, respetada fuera de nuestras fronteras, tampoco soportan que hayan sido derrotados por la aplicación del 155 y desean perjudicarnos como nación haciendo ver que somos un país poco fiable a nivel internacional”.

Asimismo, y ante el inminente juicio del Procés -ha añadido Ossorio- querían el relator para desprestigiar a la justicia española en el momento en el que se inicia en el Tribunal Supremo el juicio por el Golpe de Estado en Cataluña.

El relator es una figura que se emplea por la ONU en países con gravísimos problemas o en el contexto de los más serios atentados contra los derechos humanos, “algo que evidentemente no ocurre en España”, ha afirmado Ossorio.

El portavoz popular ha recordado que el Comité Federal del PSOE ya echó a Sánchez como secretario general del PSOE en octubre de 2016 por su intento de pactar con los independentistas para poder auparle al Gobierno, “desgraciadamente este propósito contó con la complacencia de los independentistas en mayo de 2018 y desde entonces no ha parado de hacer concesiones contrarias a los intereses de España”.

Así, ha enumerado la falta de apoyo al Juez del TS, Manuel Llarena, el mirar para otro lado ante los ataques más vergonzosos al Rey, a las reuniones con Torra como si fueran dos jefes de Estado, aunque el presidente de la Generalitat dijera que había que atacar al Estado y que los CDR tenían que apretar más. “A esto hay que añadir lo que hemos tenido que ver en las inversiones del Estado que pretendía llevar a cabo el Gobierno en Cataluña, un 66% más que el año anterior, mientras en Madrid se rebajaban un 0,5%”, ha apostillado Ossorio.

“Nos hemos acostumbrado desgraciadamente a que Pedro Sánchez gobernase de la mano de podemitas, golpistas y batasunos en un escenario en el que cualquier despropósito era posible, dispuesto a hacer cualquier concesión a los independentistas para mantenerse en el poder”, ha concluido Enrique Ossorio.

El presidente regional, Ángel Garrido, ha señalado en este sentido que “las comunidades autónomas no necesitamos relatores ni mediadores externos para hablar con el Gobierno de España, y las decisiones que afectan a los españoles se deben de tomar entre todos y no por unos pocos con intereses espurios”.

“Ha llegado el momento de que nos sumemos todos al sentir que los españoles mostraron el pasado domingo en la concentración masiva en Colón, deben convocarse elecciones ya y que decidan todos los españoles, nos solo Puigdemont o Torra”, ha apuntado Garrido.