Es una medida de ahorro que entrará en funcionamiento el año que viene

La Comunidad de Madrid unificará los servicios de seguridad de 64 sedes judiciales, gasto global que la Consejería de Presidencia y Justicia cifra en algo más de 16 millones de euros para los dos próximos años. Esta propuesta se enmarca en la política de reducción de gastos no vinculados directamente a la prestación de servicios públicos directos a los ciudadanos, para lo que se sacará a concurso un solo contrato con un único lote de licitación que, en este caso, abarcaría 24 meses, desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 31 de noviembre de 2014.

Gracias a este sistema, la Administración podrá contener los efectos causados por el incremento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que en este caso se ha elevado de un 16% a un 21%, asumir los incrementos en el coste de personal que experimentan las plantillas de seguridad de los edificios (por conceptos como la antigüedad, por ejemplo) e incluir, sin sobrecoste, el mantenimiento de las instalaciones de control de accesos, tales como arcos, escáneres, etc.

En virtud del Real Decreto de 2002 que establece el traspaso de funciones de la Administración del estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, al Gobierno regional le corresponde la adquisición y gestión de patrimonio inmobiliario; la preparación, elaboración y ejecución de los programas de construcción, conservación y reparación de los edificios judiciales, así como la instalación y puesta en funcionamiento de órganos judiciales de nueva creación.

Dentro de la competencia de gestión integral del patrimonio inmobiliario, la Administración regional es responsable de la prestación de los servicios de seguridad en las sedes judiciales de la región para controlar el acceso de las personas a las mismas como la vigilancia de los edificios, todo ello con el objetivo de lograr el desarrollo de la actividad judicial con total normalidad y sin incidencias que la perturben.

El presupuesto con el que la Consejería de Presidencia, Justicia y portavocía del Gobierno cuenta para 2013 asciende a 895 millones de euros, de los cuales el 43% (391 millones) estarán destinados a la Administración de Justicia. Entre los objetivos del Gobierno regional para el próximo año, figura la reordenación y reagrupación de sedes judiciales y la optimización de recursos mediante la reducción de gastos no vinculados directamente con la prestación de los servicios públicos directos a los ciudadanos.