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03
Abr
2021
Madrid ya es Ciudad Candidata a convertirse en Capital Mundial del Deporte 2022 PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Ayuntamiento de MadridAprobado por el Pleno Municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos municipales, respaldar la candidatura de Madrid para optar al título de Capital Mundial del Deporte 2022 que otorga ACES Europa (Federación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte) con el objetivo de convertir a Madrid en un referente deportivo nacional e internacional. La proposición ha sido presentada por la concejala delegada de Deporte, Sofía Miranda, quien ha explicado que “esta candidatura creemos que debe ser de toda la ciudad, de todos los clubes deportivos, de todas las federaciones, de todas las instituciones deportivas y, por supuesto, de todos los grupos políticos”.

Miranda ha destacado que el objetivo de esta candidatura es “que Madrid sea el epicentro del deporte español, para ello proponemos una candidatura enfocada en la salud como parte fundamental del deporte, en la ampliación de la oferta deportiva para hacerla atractiva a niños y jóvenes, incorporando nuevas instalaciones para practicar deportes urbanos y, por último, atrayendo grandes eventos deportivos a nuestra ciudad y que supongan un gran legado para Madrid”.

El deporte, según ha explicado la concejala delegada, “es uno de los mejores embajadores de nuestra ciudad y en la situación sanitaria en la que nos encontramos ha demostrado ser uno de los mejores aliados de la ciudadanía”. Madrid es la ciudad que representa la vanguardia de la gestión deportiva municipal por la dimensión y calidad de la oferta directa de servicios y actividades para la población, por el dinamismo de su gran tejido asociativo y federado y por la organización y la acogida de grandes eventos internacionales.

El próximo 9 de abril tendrá lugar la visita que el comité de ACES Europa realizará antes de anunciar el nombramiento y que, a causa de la pandemia, este año será de forma virtual con una conexión en directo desde el madrileño Estadio de Vallehermoso. El título de Capital Mundial del Deporte reportará a la ciudad un gran impacto tanto en lo social como en lo económico. En lo social, “Madrid reforzará sus programas deportivos de base y sobre todo el programa de receta deportiva, con lo cual, comenzaremos a tener la oportunidad de contribuir de una forma más directa y cuantificable en la salud de los madrileños”, ha explicado Miranda.

En lo económico, “con la atracción de grandes eventos deportivos, impulsaremos el turismo deportivo a la ciudad, contribuyendo así a la recuperación de un sector muy golpeado por la actual situación sanitaria”, ha concluido la concejala.

El Ayuntamiento de Madrid cerró 2020 con un remanente de tesorería de 877,3 millones de euros a pesar de haber ingresado 418 millones de euros menos de lo previsto como consecuencia del impacto de la COVID-19 en la actividad económica. A pesar de ser un año de una gran complejidad para los gestores municipales, estos ejecutaron el 86,4 % del presupuesto aprobado, 4,6 puntos porcentuales más que en 2019.

En total las áreas de gobierno y sus organismos autónomos reconocieron obligaciones por un importe de 4.619,54 millones de euros, de los que 835,38 millones corresponden a gasto social. La delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, ha dado a conocer en el Pleno municipal celebrado esta mañana las cuentas de la liquidación del ejercicio 2020 avaladas por la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid.

En lo referente al apartado de la ejecución del presupuesto de ingresos del Ayuntamiento, se han reconocido derechos por una cuantía de 4.777 millones, 418 millones menos que la previsión definitiva como consecuencia del impacto de la COVID-19 en la actividad económica y un 6,6 % menos, 341 millones, de lo presupuestado en 2019. Un descenso que, sin embargo, no ha impedido asumir la rebaja fiscal comprometida por el Gobierno municipal para 2020. así como las nuevas bonificaciones aprobadas como alivio fiscal de empresarios, comerciantes y hosteleros.

De la reducción de 418 millones de euros en los derechos reconocidos, 44 millones se corresponden con bonificaciones de las medidas anti-COVID aprobadas por el Gobierno municipal para paliar los efectos de la pandemia en el tejido económico y empresarial de la ciudad, mientras que los 374 millones restantes están estrechamente relacionados con el descenso en la actividad económica y la merma en la recaudación de servicios municipales durante la etapa de confinamiento.

Los tributos donde más se ha notado la merma en los derechos reconocidos de recaudación con respecto a la previsión definitiva han sido:

  • El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con 72,3 millones menos.

  • 56,11 millones menos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la bonificación del 25 % de la cuota para los inmuebles destinados a los usos catastrales de ocio y hostelería, comercial, espectáculos y cultural y reducción en el tipo general del 0,483 % al 0,479 %.

  • 24,3 millones menos del Fondo Complementario de Compensación.

  • 23,2 millones menos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

  • 22,1 millones menos en la recaudación del Servicio de Estacionamiento.

  • 13,84 millones menos por la supresión de la tasa de terrazas y el descenso de la actividad hotelera.

  • 8,6 millones menos por la concesión de las licencias urbanísticas.

  • 5,4 millones menos en el Impuesto de actividades Económicas (IAE) por la bonificación del 25 % para determinadas actividades económicas.

En cuanto al nivel de deuda, se han amortizado 256 millones de euros. Por primera vez desde hace más de una década, el nivel de deuda a final de año se sitúa por debajo de los 2.000 millones de euros, 1.923 millones de euros.

Por otra parte, la capacidad de financiación o superávit en 2020 alcanzó los 224,9 millones de euros, reduciéndose más de la mitad respecto a 2019, cuando alcanzó los 549,48 millones. Un descenso que tiene su explicación en la merma de ingresos derivados del impacto de la COVID en la actividad económica y empresarial.

En este apartado, tal y como avanzó Hidalgo la semana pasada en la Comisión de Hacienda, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha solicitado recientemente a las entidades locales el importe de devoluciones de cuotas del Impuesto de Plusvalía como consecuencia de la aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Ayuntamiento ha comunicado una estimación de pasivos contingentes relativos a 49 millones y estarían pendientes unos 124 millones.

En lo que concierne al remanente de tesorería, el pasado año alcanzó los 877,3 millones de euros, 285 millones menos que en 2019 donde se situó en 1.162 millones. Este remanente permitirá hacer frente a los 223 millones de euros comprometidos en el presupuesto de 2021 para distintos proyectos de inversión como son casi 500 actuaciones de tres áreas de gobierno y los 21 distritos; 56 millones de los contratos de emergencia derivados del temporal Filomena; 20 millones más para la Tarjeta Familias, así como 115 millones ya comprometidos en otros gastos.

Durante 2021, el Gobierno municipal no contempla la posibilidad de llevar a cabo una amortización anticipada de deuda al estar suspendidas las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021, lo que permitirá destinar este dinero a atender las necesidades de los madrileños que surjan durante el ejercicio.

El porcentaje de ejecución de gastos de personal fue del 91,4 %, mientras que el de gastos en bienes corrientes y servicios fue del 88,1 %, cifras que ponen valor el trabajo de los gestores para reforzar las plantillas de personal y los contratos estrechamente vinculados con la pandemia.

El capítulo que más ha disminuido en su ejecución ha sido el 3, ‘Gastos financieros’, que corresponde a los intereses de la deuda, con un 7 %, situándose en el 91 % y el único que ha aumentado ha sido el 4, ‘Transferencias corrientes’, alcanzando el 95,3 %, alrededor del 1 % más que en 2019 y en el que destaca la transferencia a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, S.A. por la repercusión de la COVID-19.

Por otra parte, las operaciones de capital son las que más crecen en la ejecución total del presupuesto. El capítulo 6, ‘Inversiones reales’, ha registrado un porcentaje de ejecución del 70,4 %. Como líneas de inversión en este capítulo destacan los 51 millones a medioambiente, 38 de ellos en zonas verdes; 42 millones en protección civil y seguridad ciudadana; 25 millones para la protección y promoción social, en concreto, para centros de mayores y de servicios sociales, personas sin hogar, infancia y familia, atención social a la mujer, centros para la promoción de empleo, centros de día y residencias de mayores y SAMUR social, así como más de 21 millones a educación.

En lo referente a las áreas, la ejecución ha estado por encima del 90 % en Portavoz, Seguridad y Emergencias (97,1 %) y Vivienda (92,7 %). Familias, Igualdad y Bienestar Social ha ejecutado un 89,2 %; Economía, Innovación y Empleo un 88,8 %; Cultura, Turismo y Deporte un 88,2 %; Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana un 88 %; Obras y Equipamientos y distritos un 84,5 %; Medio Ambiente y Movilidad un 84,1 % y Hacienda y Personal un 77,5 %.

El Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social pondrá en marcha en las próximas semanas un proyecto piloto para la asistencia psicológica y jurídica para víctimas de LGTBIfobia que formará parte de la “primera política LGTBI propia” del Ayuntamiento de Madrid. Así lo ha explicado este martes el delegado del área social, Pepe Aniorte, en el Pleno del consistorio madrileño.

Este nuevo servicio, previsto para empezar a funcionar “en unas semanas”, constará de un sistema de detección de las víctimas mediante la creación de diferentes canales telefónicos y online, atención psicológica para minimizar los efectos de la agresión sufrida y asesoramiento jurídico para informar a los usuarios sobre las herramientas que tienen a su disposición y los procesos de denuncia.

El proyecto de asesoramiento psicológico y jurídico a víctimas de delitos LGTBIfóbicos contará con un profesional de psicología encargado de realizar la intervención psicológica, seguimiento y evolución de la víctima e informar sobre los diferentes recursos psicológicos a su alcance y un abogado que prestará información sobre la tramitación, gestión y elaboración de denuncias y medidas de protección y colaboración con los órganos judiciales.

“Madrid es una de las mejores ciudades del mundo para salir del armario, pero no podemos negar que sigue existiendo una violencia LGBTIfóbica que debemos abordar”, ha asegurado Aniorte. Con este nuevo proyecto piloto, ha explicado que se obtendrán datos sobre el número de casos, el contexto de las agresiones y los perfiles de las víctimas para realizar informes finales que mejoren la implantación de las políticas públicas antes del desarrollo completo del servicio en los próximos meses.

Aniorte ha manifestado que es “muy importante” destacar que será “la primera vez” que el Ayuntamiento tendrá “un servicio propio” como este, dado que “hasta ahora, simplemente se daba dinero a unas asociaciones” frente a la LGTBIfobia. “Este proyecto piloto formará parte de manera esencial de la nueva política LGTBI del Ayuntamiento, que también estará integrada por una línea de subvenciones de libre concurrencia de 225.000 euros para sustituir a las subvenciones nominativas”, ha subrayado.

Además, el Ayuntamiento de Madrid trabaja en el desarrollo de un programa de apoyo a familias LGTBI que se implantará desde los centros de apoyo a las familias (CAF), un proyecto contra el acoso escolar a menores y un Observatorio que mostrará una foto actualizada del colectivo.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado declarar a los establecimientos centenarios de Madrid como espacios de especial significación ciudadana e interés general para la ciudad de Madrid a propuesta del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo.

Según el delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, “dentro del comercio tradicional madrileño, los establecimientos centenarios brillan con luz propia y, de tal manera han llegado a formar parte del imaginario urbano, que muchos de ellos pueden identificar por sí mismos a la ciudad de Madrid. Sirvan como ejemplo Capas Seseña, Doña Manolita, la chocolatería de San Ginés o la propia feria de libros de la Cuesta de Moyano”.

Todos estos establecimientos abrieron sus puertas en un Madrid muy diferente del actual, unos pocos antes del siglo XVIII, muchos en el XIX y en las primeras décadas del XX, cuando el realismo triunfaba en la literatura europea y las magníficas novelas de la época recreaban las grandes ciudades del continente. Ese fue el caso de Galdós, en cuyas novelas han quedado registrados establecimientos que han llegado hasta ahora dando testimonio de su tradición y raigambre.

Tal y como ha destacado Redondo, “hoy Madrid es una de las pocas ciudades del mundo donde aún existen decenas y decenas de establecimientos centenarios que abarcan múltiples sectores de actividad: alimentación, textil, joyerías, artes gráficas, oficios artesanos, floristerías, farmacias, cafés, restaurantes, librerías… El Ayuntamiento de Madrid no ha sido ajeno al interés y la significación de estos establecimientos que, año tras año y década tras década, han sabido mantener el espíritu emprendedor de quienes los pusieron en marcha y tampoco ha dejado de reconocer y aprovechar la tremenda fortuna de contar con su presencia en las plazas y calles de la ciudad”.

El delegado de Economía, Innovación y Empleo ha recordado, además, que este comercio crea empleo en los barrios, tiene una gran oferta de productos de calidad y especializados y contribuye a la creación y mantenimiento de un fuerte tejido y entramado social. También son importantes, según Redondo, por “la belleza de sus estructuras y el gran atractivo turístico de unos establecimientos testigos de un Madrid desaparecido que, con su trayectoria profesional, han demostrado su capacidad para ganarse la confianza de sucesivas generaciones de clientes, adaptarse a sus gustos y necesidades y posicionarse como principales exponentes del dinamismo y la competitividad empresarial.”

Conscientes del valor único de estos comercios, el Ayuntamiento continúa homenajeando a estos establecimientos, declarándolos espacios de especial significación ciudadana e interés general para la ciudad. Además de la placa distintiva diseñada por Mingote que actualmente se les otorga, están incluidos en la web www.comercioscentenariosdemadrid.es y campañas de promoción específicas. Asimismo, próximamente se publicará un libro ilustrado que recoge todas las reseñas históricas de los mismos y unas ilustraciones de sus emblemáticas fachadas.

Madrid ha aprobado en el Pleno municipal su primera Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad (OCAS) con el respaldo mayoritario de la cámara (PP, Cs, Vox y PSOE). El nuevo texto normativo, que apuntala la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, se fundamenta en cuatro objetivos prioritarios para el Gobierno municipal: la mejora de la calidad del aire, la reducción de la contaminación, el impulso a la eficiencia energética y el fomento de la electromovilidad. Todos los artículos que le dan forma persiguen el propósito común de convertir a la capital de España en una ciudad más descarbonizada, más verde, con un aire más limpio y saludable para sus ciudadanos.

Gracias a las negociaciones llevadas a cabo entre los distintos grupos municipales y el equipo de Gobierno, de las 25 enmiendas presentadas por el grupo de Más Madrid se han admitido ocho y de las 20 registradas por el grupo socialista han salido adelante cinco, lo que ha permitido introducir diversas mejoras en el borrador de la ordenanza beneficiando de manera especial a la promoción de la electromovilidad y la eficiencia energética en la ciudad.

Estos cambios afectan fundamentalmente al artículo 45, adelantándose un año la obligación de que todos los edificios no residenciales incluyan una infraestructura mínima de recarga eléctrica y también elevan el porcentaje de dotación mínima de una estación de recarga del 5 % al 10 % del total de la infraestructura en los edificios residenciales.

La ordenanza aprobada obliga, por tanto, a que antes del 1 de enero de 2023 todos los aparcamientos de edificios no residenciales cuenten con, al menos, un punto de recarga eléctrica por cada 40 plazas ordinarias de aparcamiento. En todo caso, el primer punto eléctrico de recarga se exigirá a partir de las primeras 20 plazas. Por cada 40 plazas más se sumará una con instalación eléctrica, es decir, a partir de 80 plazas serían dos puntos de recarga, a partir de 120, tres puntos y así sucesivamente.

El porcentaje de dotación mínima para infraestructuras de recarga eléctrica en los aparcamientos de nueva construcción de edificios no residenciales se eleva al 10 % frente al 5 % que figuraba en el borrador, es decir, por cada 10 plazas de aparcamiento deberá habilitarse un punto de recarga eléctrico; por cada 20 plazas, dos puntos; por cada 30, tres y así sucesivamente.

En el caso de las edificaciones de viviendas de nueva construcción también se ha elevado, con respecto al borrador de la ordenanza, el porcentaje de plazas que deben tener canalizaciones eléctricas para poder instalar un punto de recarga,  pasando del 50 % al 70 % de las plazas ordinarias.

La OCAS incorpora medidas que incentivan el uso de energías renovables para fomentar la utilización racional de la energía, conseguir un mayor ahorro energético y, en consecuencia, mejorar la calidad del aire, así como favorecer un modelo urbano de acuerdo con los objetivos de neutralidad climática en la ciudad de Madrid. Además de las actuaciones mencionadas, también se requiere que las nuevas edificaciones sean de consumo eléctrico “casi nulo”, debiendo obtener la calificación energética B y, en caso de que sean de titularidad municipal, la calificación A. Como mínimo, deberán dedicar el 50 % de ocupación de la parcela para la instalación de placas solares.

Entre los objetivos de esta ordenanza se encuentra el de limitar la emisión de gases contaminantes producto de la combustión de algunas fuentes que actualmente no están reguladas y reducir las molestias procedentes de diferentes actividades, instalaciones, situaciones o comportamientos que favorecen las emisiones de humos, olores, gases o partículas.

En este sentido, una de las novedades más ambiciosas es la de prohibir el funcionamiento de las calderas de carbón desde el 1 de enero de 2022, medida avalada a su vez por la línea de ayudas que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid el año pasado de manera pionera para sustituir los sistemas de climatización contaminantes por otros más eficientes. Si en 2020 se reservó un crédito de 12,5 millones de euros, en 2021 se eleva hasta los 13,3 millones.

La ordenanza también incluye la obligatoriedad de que determinados vehículos realicen una revisión puntual en las ITV cuando los agentes de la autoridad detecten elevadas emisiones de humos mientras circulan por la ciudad.

Por primera vez, se regula la celebración de grandes eventos para minimizar los efectos ambientales negativos que puedan repercutir en el ambiente exterior. Aquellas ‘citas’ que superen los 5.000 asistentes deberán realizar una memoria que analice el impacto medioambiental del evento y recoja las medidas que reduzcan su huella de carbono a fin de garantizar su sostenibilidad. Se deberán compensar las emisiones de efecto invernadero por parte de los participantes para dejar un legado beneficioso para la ciudad.

La ordenanza regula cuatro tipos de emisores: de carácter fijo, las emisiones del tráfico rodado, la de actividades económicas y otro tipo de emisores para los que se establecen condiciones y medidas correctoras en su funcionamiento. Concretamente, en el caso de las hogueras se ha elevado la tipología de la infracción de leve a grave, exigiéndose autorización cuando se pretendan realizar en suelo público.

También se regulan los grupos electrógenos no asociados a edificación (su uso en eventos, ferias, mercadillos o similares se considerará excepcional y solo cuando se justifique la imposibilidad de conexión a la red eléctrica general); las labores de cocinado o de elaboración de alimentos al aire libre como los puestos de comida, así como las obras de construcción, demolición y movimiento de tierras y el depósito, almacenamiento o transporte de materiales que puedan esparcir partículas o transmitir olores.

La OCAS prioriza las medidas correctivas en caso de incumplimiento en aquellas circunstancias en las que es posible intervenir antes de interponer una sanción. En el caso de que se eludan los requerimientos, se pueden llegar a agravar algunas infracciones, sobre todo cuando los hechos se cometan durante la vigencia de un episodio de contaminación, por ejemplo, si un vehículo circula por la ciudad y previamente se le ha instado a pasar una revisión adicional de ITV. En este caso, se podría llegar a producir su inmovilización y/o retirada.

Las infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ordenanza se tipifican en muy graves, pudiendo acarrear multas de hasta 3.000 euros; graves, con multas de hasta 1.500 euros y leves, con sanciones de hasta 750 euros.

La nueva ordenanza, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se adapta a las nuevas necesidades ambientales de la ciudad y al marco normativo de las diferentes administraciones, incluida la europea.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el texto de la reforma de la Ordenanza de Prestaciones Económicas, que agiliza la concesión de las ayudas de servicios sociales a las familias madrileñas. El texto ha sido respaldado con el voto a favor de los grupos municipales del PP, Ciudadanos, PSOE y Vox y el único voto en contra de Más Madrid.

El objetivo de la reforma de la ordenanza es reducir la burocracia, agilizar la concesión de ayudas y, de esta manera, permitir que los equipos de servicios sociales puedan dedicar más tiempo al trabajo con los usuarios. “Con esta reforma de la ordenanza damos respuesta a las nuevas necesidades de los madrileños con espíritu reformista, porque la esencia tiene que ser el servicio a los ciudadanos en situaciones de dificultad”, ha destacado el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte.

Por un lado, la nueva ordenanza favorece que las ayudas se puedan conceder en prepago, es decir, que las familias puedan recibir primero el importe y después justificar el gasto. Se trata de una fórmula que ya está establecida en la Tarjeta Familias mediante la emisión de sucesivas instrucciones. A partir de este momento el procedimiento queda fijado y se podrá aplicar a otras ayudas.

En segundo lugar, el nuevo texto permite que la fiscalización de los gastos se pueda llevar a cabo analizando solo una muestra de los justificantes y no la totalidad. De esta forma, se descarga de trabajo a los equipos de los servicios sociales, lo que no solo permitirá agilizar los trámites burocráticos, sino también dedicar más tiempo a la intervención social con los usuarios.

Por último, la nueva norma permite la plurianualidad de las ayudas. Hasta ahora, las prestaciones decaían el 31 de diciembre y debían autorizarse de nuevo a partir del 1 de enero. La aprobación de este texto permitirá que si una ayuda se ha concedido por más de un mes, no tenga que autorizarse de nuevo cada ejercicio. Así, la ordenanza se adapta a las necesidades de las familias y no a las de la administración.

El nuevo texto se ha trabajado en el área social durante los últimos cuatro meses y se ha sometido al conocimiento de todos los grupos políticos, que han hecho diversas aportaciones recogidas en las enmiendas aprobadas. En este sentido, Aniorte ha agradecido a todos los grupos políticos dichas aportaciones y ha destacado que el diálogo “ha enriquecido” la reforma de la ordenanza, a la que ha calificado de “reforma de ciudad con vocación de permanencia”.

En este sentido, la aprobación de la reforma de la Ordenanza de Prestaciones Económicas supone dar cumplimiento al punto cuatro del Capítulo I de los Acuerdos de la Villa aprobados en julio del año pasado por unanimidad en el Pleno municipal.

El delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, ha destacado en el Pleno municipal la reconversión realizada por la Agencia para el Empleo de Madrid a lo largo de 2020, que “ha conseguido una transformación digital que ha permitido mantener la ratio de ejecución en línea con los años anteriores, mejorando los servicios para el empleo con prácticamente el mismo presupuesto”.

Esa mejoría de la eficiencia de la Agencia, ha explicado el delegado, ha sido posible al lograr elevar los ratios de atención a las personas desempleadas con un presupuesto similar al de años anteriores. “El número de cursos iniciados ha crecido un 139 %, pasando de 217 a 519”, ha subrayado Redondo, lo que ha permitido aumentar el número de alumnos formados “desde los 2.433 de 2019 hasta los 5.795 en 2020”.

Una cifra que se ha visto también reflejada en el número de horas formativas impartidas, que crecieron un 144 %, “de manera que no solo se ha atendido a más alumnos, sino que, además, se les ha ofrecido una mayor cantidad de opciones formativas”.

La Agencia para el Empleo de Madrid continuará con esta dinámica a lo largo de este 2021, además de presentar distintas ayudas para el fomento de la contratación y la creación de nuevos programas específicos para los autónomos y el fomento del autoempleo.

En ese sentido y atendiendo al especial impacto que ha tenido la pandemia generada por la COVID-19 en la apertura de nuevas aulas y la realización de talleres presenciales, la Agencia para el Empleo pondrá en marcha diversas ferias sectoriales para mejorar la formación, la empleabilidad y la generación de oportunidades de trabajo para las personas desempleadas.

La transformación digital de la Agencia llevada a cabo en 2020 se tradujo también en el número de dispositivos que visitan la web y que pasaron de 248.155 en 2019 a 373.748 en 2020 o en las gestiones (ofertas de empleo o acciones formativas) realizadas a través de la web que se situaron en 26.790 en 2019 y en 41.935 en 2020.

Las reclamaciones económico-administrativas (REAS) descendieron un 16,4 % durante el pasado año, así lo recoge el balance del Tribunal Económico-Administrativo Municipal (TEAM) del Ayuntamiento de Madrid correspondiente al ejercicio de 2020. Durante el pasado año, se registraron 4.341 REAS frente a las 5.196 de 2019. Destaca, asimismo, el alto grado de ejecución presupuestaria de este órgano municipal, del que, al cierre del ejercicio, se ejecutó más de un 82 % del presupuesto. En concreto, de un presupuesto total de 3,8 millones de euros, se ha ejecutado el 82,4 %, 3,1 millones de euros.

Respecto a las reclamaciones económico-administrativas, el tribunal ha resuelto 2.959 del total (68 %) y ha dictado 19.812 actos de trámite. La presentación de esas 4.341 reclamaciones supone que se ha recurrido el 0,053 % de los más de ocho millones de actos dictados por la Agencia Tributaria de Madrid. El 50 % de las REAS versan sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) conocido como plusvalía; el 28 % sobre sanciones de tráfico y el 8 % sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El resto de los impuestos, tasas, sanciones e ingresos de derecho público no alcanza el 4 % respectivamente.

Se han dictado 820 resoluciones menos que el año anterior, es decir, en comparación con 2019, el número de reclamaciones resueltas disminuyó un 21,7 %, como consecuencia, principalmente, de la crisis sanitaria de la COVID-19. En cuanto al sentido de las resoluciones dictadas, han sido estimadas totalmente 429 reclamaciones (14,5 %); estimadas parcialmente, 181 (6,1 %); desestimadas, 1.401 (47,3 %); declaradas inadmisibles y/o archivadas, 929 (31,4 %) y archivadas por satisfacción extraprocesal, 19 (0,6 %).

Respecto al nivel de litigiosidad judicial que suscitan las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Municipal, en 2020 ha aumentado nuevamente. Han sido 998 los recursos contencioso-administrativos interpuestos frente a los 821 de 2019 y los 515 de 2018. El motivo del aumento de la litigiosidad en el contencioso son las discrepancias e incertidumbres sobre la aplicación del IIVTNU; si descontamos los 855 recursos interpuestos por este impuesto, la cifra de recursos en 2020 cae hasta los 143.

La mayor incidencia del IIVTNU en las reclamaciones deriva de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró su regulación parcialmente inconstitucional. Durante los últimos meses del año 2020, el Tribunal Supremo ha dictado sentencias que despejan algunas incertidumbres, pero también han aparecido otras que mantendrán la conflictividad en la aplicación de este tributo.

En cuanto a la información, atención y apoyo a la ciudadanía en relación con las reclamaciones y otros expedientes económico-administrativos, el TEAM ha alcanzado el 100 % de las previsiones, con una atención, hasta el 12 de marzo, presencial sin cita previa con espera inferior a 15 minutos y para consultas telemáticas dentro de los dos días hábiles siguientes a su formulación. Desde el 7 de junio, una vez reabiertas las oficinas, la atención ha sido presencial con cita previa y sin tiempos de espera. En total se ha atendido a 1.740 personas.

Respecto a la reducción de los tiempos de tramitación, agilizando las comunicaciones entre el tribunal y otros órganos, se ha alcanzado el 100 % de las previsiones de digitalización de documentos y el traslado de documentos de registro a otros órganos municipales.

 

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