Según CCOO, se ha hecho muy deprisa para evitar la entrada en vigor de la LOMLOE

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la cesión de una parcela municipal de 23.000 metros cuadrados en el distrito de Vicálvaro al Gobierno regional para la construcción de un colegio concertado. Aplicando a ese terreno el precio medio por metro cuadrado en Vicálvaro, el valor de la parcela ascendería a 34.000.000 de euros de financiación para la educación concertada, mientras en la pública se recortan 1.117 profesores y profesoras y se cierran aulas.

La cesión se ha realizado a toda prisa, intentando adelantarse a la aplicación de la Ley Celaá, y es una de las varias escenas del teatro político que ocupa a la Comunidad de Madrid en su cruzada contra la nueva ley educativa.

Aunque la reciente defensa de la educación concertada ha sido enmarcada como una defensa de “la libertad de elección” de las familias y esta cesión de suelo ha sido justificada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la alta “demanda” por parte de las familias, lo cierto es que analizando los datos de escolarización en el distrito de Vicálvaro en el curso 20/21, queda claro que la demanda real ha sido hacia la educación pública, cuya falta de recursos ha dejado plazas sin cubrir y ha negado a innumerables familias la libertad de elección.

Como resultado de las políticas contra la educación pública de la Comunidad de Madrid, para el curso 20/21 se suprimieron un total de 7 aulas en el distrito de Vicálvaro: 3 de ellas en Educación Infantil y 4 en Educación Secundaria (Figura 1 del Anexo). Tras las solicitudes realizadas en el distrito y cruzando el dato con el número de plazas ofertadas, quedaron sin opción a ninguna plaza pública en el distrito un total de 96 estudiantes que la solicitaron como primera opción (Figuras 2 y 6). Además, se observó la necesidad de apertura de un aula de 1°de la ESO en el IES Villablanca, que ofrecía 0 plazas y había recibido un total de 22 solicitudes. (Figura 3)

Durante el proceso de escolarización, se realizó una reubicación del alumnado que se había quedado sin plaza en los centros elegidos en el área de escolarización que engloba Ciudad Lineal, San Blas y Vicálvaro. Esta reasignación resultó en un 46% del alumnado de Educación Infantil, siendo movido de centros públicos a centros privados/concertados; un 65% del alumnado sufrió este transvase en Educación Primaria; un 43% en Secundaria; y un 100% del alumnado de Bachillerato fue derivado a otros centros públicos diferentes a los elegidos por las familias. (Figura 5) El Gobierno de Díaz Ayuso parece dar a estos estudiantes solo dos opciones: o a la concertada o a otro distrito.

Se trata por tanto de casi la mitad del alumnado acabando en un centro que no solicitó y en un centro de modelo distinto al solicitado, es decir, la mitad de las familias no tuvieron libertad de elegir educación pública. Las familias están siendo empujadas a elegir concertada. La “demanda” de la que habla Díaz Ayuso es artificial, el resultado de años de engordar a la educación concertada con cesiones mientras debilitan a la educación pública con recortes.

Esta medida llega en el contexto de protestas en Vicálvaro durante los últimos cinco años: las familias piden la construcción de un nuevo instituto público y la ampliación de otro de los existentes. La comunidad educativa en Vicálvaro ha dejado claro que lo que necesitan es más pública. Esta “demanda” parece no contar para la Consejería de Educación, lo cual demuestra que la oferta educativa no se mueve por la “mano invisible” de la oferta y la demanda reales, a las que el consejero de Educación hace oídos sordos, sino por los dedazos de un partido acostumbrado al amiguismo, las cesiones y el uso de lo público para beneficio de unos pocos.

El pasado mes de octubre, el consejero Ossorio dijo: “Si los padres quieren concertada, habrá concertada.” Le faltó decir que bajo el Gobierno madrileño, si los padres quieren pública, también habrá concertada. El Ejecutivo de Ayuso niega la libertad a las familias que eligen educación pública.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se destinan 6,7 millones de euros para financiar la convocatoria de las Becas de Excelencia. Se trata de unas ayudas propias de la Comunidad de Madrid para alumnos con un aprovechamiento académico excelente, dirigidas para sus estudios en las universidades y centros superiores de enseñanzas artísticas de la región en el curso 2020/21.

El programa de Becas de Excelencia, que se convocó por primera vez en el curso 2002/03, pretende facilitar desde la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación el desarrollo de los estudios superiores de aquellos alumnos que destacan por su esfuerzo y capacidades intelectuales, y cuyo ejemplo supone un incentivo y una ayuda notable para el avance de todos los demás.

Asimismo, se considera que estos estudiantes merecen un reconocimiento público a su esfuerzo y valía, ya que son susceptibles de alcanzar una alta cualificación profesional que revertirá con creces en la sociedad que ha invertido en su formación.

En este contexto, el programa de Becas de Excelencia se configura como un elemento básico para el desarrollo de una educación superior de calidad, objetivo fundamental de la Comunidad de Madrid desde que asumió las competencias en enseñanzas universitarias hace 25 años.

En esta convocatoria el importe de la beca ascenderá a 2.100 euros, la misma cuantía que se concedió en el curso 2019/20. Por ello, se estima que, al igual que el año pasado, se llegarán a conceder un total de 3.215 ayudas. De ellas, 1.125 serán para estudiantes de nuevo ingreso, y las otras 2.100 para estudiantes ya matriculados.

El importe de la beca se podrá destinar libremente a costear el mantenimiento del estudiante beneficiario, sin necesidad de justificación a posteriori y será compatible con cualquier otra ayuda que, por el mismo concepto, pudiera concederse por parte de otras entidades públicas o privadas.

Podrán ser beneficiarios de las becas los estudiantes de las universidades de la Comunidad de Madrid o de los centros adscritos a ellas, cuya sede se encuentre en la región y los estudiantes de los centros superiores de enseñanzas artísticas que estén matriculados durante el curso 2020/21 en alguna de las siguientes enseñanzas: las adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado, las artísticas superiores adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, conducentes al Título Superior de Enseñanzas Artísticas; y las conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.

La Comunidad de Madrid ha invertido 20,3 millones de euros para en trabajos de reparación, adaptación y mejora de los centros educativos públicos para adecuarlos a las nuevas necesidades sanitarias derivadas del COVID-19. Todas estas actuaciones dan respuesta a la alerta sanitaria, con la finalidad de garantizar la protección de alumnos y profesores y para evitar que los centros docentes puedan convertirse en foco de contagios.

Gracias a este importante esfuerzo presupuestario, se están realizando cerca de 400 actuaciones en 340 centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de 79 municipios de la región. La mitad de estas obras ya están finalizadas, mientras que las restantes se acometerán durante el primer trimestre del año 2021.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la encomienda de emergencia de diversas intervenciones por un importe de 2,2 millones de euros. Corresponden a mejoras para mejorar las instalaciones de saneamiento y fontanería, así como las condiciones de ventilación y accesibilidad en 33 centros educativos situados en 13 localidades de la región.

Además, el Ejecutivo regional ha invertido 21,6 millones de euros en la adquisición de 249 módulos prefabricados de alta calidad para incrementar el número de aulas de 64 colegios e institutos madrileños. De este modo, se han reducido las ratios de escolares por aula en Educación Primaria –hasta 18,26– y en 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (20,84).

A esto se suman los 44 espacios adicionales que se han habilitado gracias a la colaboración del Gobierno regional con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, con aulas que se han dispuesto en centros culturales y cívicos, bibliotecas, pabellones deportivos y otras instalaciones municipales de la región.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha adquirido y repartido a los colegios e institutos que lo han requerido 5.200 mamparas de pupitres individuales, 11.014 mamparas para los comedores escolares y 557 biombos. También se ha dotado a los centros de 3.100 termómetros y se han destinado 1,5 millones de euros a medidores de CO2 y al suministro de 650.000 litros de gel hidroalcohólico para asegurar la salud de los estudiantes en el entorno docente.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la firma de convenios con la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio para conceder subvenciones directas destinadas a financiar la realización de un total de ocho proyectos de investigación sobre el virus SARS-CoV 2 y la enfermedad COVID-19.

Se trata de cinco proyectos de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, dos de la Universidad Politécnica de Madrid; y uno correspondiente a la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio. La financiación total asciende a 1,32 millones de euros, distribuidos en los 741.000 euros para los de la Complutense; 546.000 euros para la Autónoma; y 40.000 euros para la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio.

El Ministerio de Ciencia e Innovación puso a disposición de las comunidades autónomas el listado con todos los proyectos que obtuvieron una evaluación favorable por parte del comité técnico encargado de la valoración de la convocatoria, pero que no pudieron ser financiados por agotamiento de los fondos presupuestarios. Por eso, la Comunidad de Madrid va a financiarlos con cargo a sus propios presupuestos, al considerar que es un objetivo prioritario.

El Gobierno estima que estos proyectos no solo traerán beneficios a corto y medio plazo para la lucha contra la pandemia de COVID-19, sino también contribuirán decisivamente a posicionar a las tres universidades implicadas como centros de referencia internacional en esta área de investigación.

El plazo de ejecución de los proyectos subvencionados se extenderá desde la fecha de presentación de la solicitud a la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III hasta el 31 de diciembre de 2021, sin que exista posibilidad de conceder prórroga alguna. Las subvenciones son compatibles con la percepción de otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido el acto de toma de posesión del rector de la Universidad Politécnica de Madrid -UPM-, Guillermo Cisneros, donde ha subrayado la importancia de fortalecer las universidades como núcleo de investigación y espacios de excelencia y libertad”. “Estamos atravesando un momento complicado, y las universidades habéis estado a la altura. Ahora nos apoyamos en vosotras para la reactivación”, ha asegurado.

Durante su intervención en la ceremonia celebrada en la sede universitaria, la presidenta madrileña ha asegurado que “nos toca redoblar esfuerzos para consolidar y fortalecer a nuestras universidades como núcleo de investigación donde se generan los avances y desarrollos científicos y tecnológicos que necesitamos y como espacio de excelencia, de igualdad de oportunidades, de estímulo del mérito y el esfuerzo, de mejora social y de libertad”.

Una libertad, ha indicado, “que es preciso defender todos los días en cada nivel educativo, porque cuando es atacada en uno puede serlo más adelante en los demás”. Por eso, ha recordado “una vez más el firme compromiso de la Comunidad de Madrid con la libertad de enseñanza y con la libertad de elección de las familias, que tienen el derecho de elegir el centro donde estudian sus hijos no solo en el nivel Superior de la educación, sino también en Primaria y Secundaria”.

Para la presidenta, “defender la libertad ahí es también defender la libertad que más adelante buscarán las familias y los estudiantes en la universidad”. Díaz Ayuso ha señalado que la defensa de la libertad “no es una batalla que pueda darse a tiempo parcial o a partir de una determinada edad” sino una “exigencia democrática en cualquier sociedad liberal como la nuestra”. “Nuestra oposición a la ley educativa del Gobierno se fundamenta en este amor por la libertad, que es ante todo un deber cívico. Y será todo lo activa que sea necesario”, ha indicado.

Del mismo modo, ha apuntado que “resulta imprescindible, frente a los ataques que está sufriendo, la defensa del español como lengua común que nos une a casi 600 millones de hablantes en todo el mundo”. “El uso del español en la esfera de las humanidades está plenamente garantizado, pero todavía es preciso hacer un esfuerzo por ampliarlo y consolidarlo en el mundo técnico y científico. La universidad española, y en concreto las politécnicas, pueden y deben jugar un gran papel en la difusión de nuestra lengua”, ha añadido.

Durante sus palabras, la presidenta madrileña también ha admitido que le preocupa la caída del número de matriculados en las denominadas disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como la escasa proporción de mujeres en las escuelas y facultades de estas materias. Por ello, ha asegurado que también el Gobierno regional “va a trabajar en ese flanco”, en la parte que le corresponde, “actuando en las etapas educativas no universitarias y en el campo de la divulgación y concienciación”.

Por otro lado, Díaz Ayuso ha agradecido la colaboración que el Gobierno regional está encontrando de cara a la campaña de cribado que va a realizar después de Navidad entre la población universitaria, con el fin de detectar casos de COVID-19. En total, habrá 7 puntos en los distintos campus, y la UPM, en concreto, ha ofrecido ya 3 posibles espacios donde realizar estas pruebas.

Díaz Ayuso ha destacado el papel de la Universidad Politécnica de Madrid, un referente en investigación y docencia en Arquitectura, Ingeniería, Ciencias del Deporte y Diseño de Moda. Se sitúa entre las 100 mejores universidades del mundo en Ingeniería y Tecnología y es, además, la primera universidad politécnica española en empleabilidad, según el QS World University Ranking 2019.

La UPM está integrada por 16 Escuelas, una Facultad y un Centro adscrito. Dentro su oferta académica cuenta con 45 títulos acreditados internacionalmente, siendo la universidad española con más acreditaciones internacionales en Ingeniería y Arquitectura. Actualmente cuenta con 36.539 estudiantes matriculados en Grado y Máster; 2.892 personas forman el colectivo del Personal Docente e Investigador y 1.829 el de Administración y Servicios.

Es la primera universidad española en captación de recursos externos en I+D+i: cerca de 2.800 investigadores trabajan en sus centros en 205 grupos de investigación. Es líder entre las universidades españolas en patentes concedidas, teniendo un 11% de su presupuesto derivado de actividades de transferencias de tecnología. Cuenta con 12 centros de investigación, uno de los cuales, el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, con la acreditación oficial de Centro de Excelencia Severo Ochoa. Además, tiene 5 institutos de investigación y 3 centros de innovación.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un acuerdo por el que se van a invertir 258,9 millones de euros en las seis universidades públicas de la región con el objetivo de que lo destinen, principalmente, a transformación digital y ecológica e infraestructuras científico-tecnológicas.

Según este acuerdo, la distribución del pago por universidades se hará abonando 136,7 millones de euros para la Universidad Complutense de Madrid, 18,6 millones a la Universidad Autónoma de Madrid, 47,4 millones de dirigidos la Universidad Politécnica de Madrid, 18,4 millones para la Universidad Carlos III, 30,9 millones destinados la Universidad Rey Juan Carlos y 6,7 millones de euros para la Universidad de Alcalá.

Mediante los acuerdos que se firmarán en los próximos días entre ambas partes, tanto la Comunidad de Madrid como las universidades públicas se comprometen a realizar determinadas actuaciones. Por un lado, la Comunidad de Madrid compensará en un único pago a realizar en el 2020 estas cantidades, mientras que las universidades públicas tendrán que destinar estos fondos en los próximos cuatro años.

Irán dirigidos a proyectos relacionados con la transformación digital, la transformación ecológica y la infraestructura científico-tecnológica para el fortalecimiento y mejora del equipamiento científico-tecnológico, su renovación, gestión y mantenimiento. Con esta inversión que va a efectuar el Gobierno regional, se compensan las cantidades que tenían pendientes las universidades públicas de la región en cuanto a becas de matrícula y bonificaciones, así como exenciones en el pago de los precios públicos universitarios.

Las universidades públicas tienen reconocida autonomía económica y financiera; y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades les reconoce el derecho a consignar en sus presupuestos las compensaciones correspondientes a los importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de precios públicos. La principal manifestación de exenciones y reducciones en materia de precios públicos universitarios la constituyen las becas de matrícula y las bonificaciones y exenciones en el pago de los precios públicos universitarios.

Las universidades deberán presentar, antes del 1 de diciembre de cada año de vigencia de los acuerdos, una memoria descriptiva de las actuaciones llevadas a cabo en el año en desarrollo de las líneas de actuación a las que se comprometen con la referencia a su correspondiente importe. Para el seguimiento de cada uno de los acuerdos se constituirán comisiones mixtas integradas por tres representantes de cada una de las partes firmantes.

Las comisiones se reunirán, como mínimo, una vez al año para analizar la documentación aportada por la respectiva universidad y para adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en cada acuerdo.

Asimismo, propondrán a los órganos competentes de la Comunidad de Madrid y de cada universidad firmante las medidas que considere necesarias en relación a las cuestiones que se susciten durante la vigencia de los acuerdos.

La Comunidad de Madrid ha instalado, hasta este momento, 229 aulas prefabricadas en 57 centros educativos para crear nuevos espacios, reducir las ratios de alumnos y establecer un entorno escolar seguro contra el COVID-19. En total, el Gobierno madrileño ha comprado 249 módulos prefabricados de alta calidad para dar servicio a 64 colegios e institutos madrileños, lo que ha supuesto una inversión de 21,6 millones de euros. Estas medidas han permitido la reducción de las ratios hasta en 18 estudiantes en Educación Primaria y en 20 en 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

El consejero de Educación y Juventud ha visitado el IES bilingüe Sor Juana Inés de la Cruz, en el municipio de Cubas de la Sagra, uno de los centros docentes que cuenta con instalaciones de estas características. Allí ha podido comprobar las características de las cuatro aulas prefabricadas que se han instalado en este instituto con acceso directo al exterior.

Se trata de aulas modulares prefabricadas que permiten que los grupos estables de convivencia no tengan contacto entre sí, circunstancia muy útil para prevenir los contagios por coronavirus. Las clases disponen de salida directa a los patios de los centros, ventilación natural y aislamiento térmico y acústico, y cuando es necesario lleva incorporado un aseo.

Estas construcciones modulares tienen la misma vida útil que las convencionales, se instalan de una forma rápida y limpia, pueden adaptarse a las necesidades de los centros según las circunstancias y cumplen con todos los estándares técnicos.

A estas aulas prefabricadas hay que sumar los 44 espacios adicionales que se han habilitado gracias a la colaboración del Gobierno regional con los ayuntamientos de distintas localidades madrileñas, unas aulas que se han dispuesto en centros culturales y cívicos, bibliotecas, pabellones deportivos y otras instalaciones de titularidad municipal.

El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha invertido además otros 20,3 millones de euros para realizar obras de reparación, adaptación y mejora de los centros educativos públicos. Gracias a este importante esfuerzo presupuestario, se han realizado 366 actuaciones en 301 centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria distribuidos entre 79 municipios de la región. Esta inversión ha permitido realizar mejoras en aseos, saneamiento y fontanería, climatización y ventilación, distanciamiento social, accesibilidad, adecuación de espacios, mejora de gimnasios y cubiertas, entre otras actuaciones.

La Comunidad de Madrid también ha repartido 5.200 mamparas de pupitres individuales, 11.014 mamparas para los comedores escolares y 557 biombos, 3.100 termómetros y 1,5 millones de euros en medidores de CO2 para asegurar la salud de los estudiantes en los entornos docentes, al tiempo que se han suministrado a los centros 650.000 litros de gel hidroalcohólico y se han desdoblado las rutas de los alumnos de Educación Especial, pasando de 90 a 180.

Todas estas actuaciones permiten dar respuesta a la situación sanitaria por COVID-19, con la finalidad de garantizar la protección de alumnos y profesores,  para evitar que los centros docentes puedan convertirse en foco de contagios. Gracias a ellas se ha logrado una vuelta segura a las aulas y se ha preservado la calidad del sistema educativo. Así lo corroboran los últimos datos conocidos a este respecto, que indican que los porcentajes de aulas y alumnos afectados por las cuarentenas son mínimos, un 1,60% y un 1,63% respectivamente.

La plataforma Más Plurales, en la que participa FSIE Madrid, convocó una multitudinaria manifestación en coches para protestar contra la Ley Celaá. La respuesta ciudadana ha sido total, con miles de manifestantes en casi todo el territorio nacional que volvieron a reclamar una educación plural y libre

La convocatoria lanzada por Más plurales, con la importante colaboración de familias, colegios y trabajadores, entre los que se encuentran organizaciones como FSIE Madrid, ha sido apoyada por miles de ciudadanos, que desde sus vehículos han mostrado su rechazo a la LOMLOE.

Madrid ni entiende ni comparte una Ley que pretende la eliminación de dos ofertas educativas, la concertada y la educación especial, que han venido realizando un papel esencial dentro de la sociedad. Más plurales, tras recoger casi 2.000.000 de firmas contra una norma que no responde a los verdaderos problemas del sistema educativo, mostrará su oposición incluso más allá de la aprobación de la misma.

En este sentido, Más Plurales y FSIE Madrid vienen defendiendo con buen criterio la enseñanza concertada como modelo que asegura la libertad de elección de centro, y la valiosa labor que realiza esta red de centros, permitiendo a familias con menos recursos tener la posibilidad de escoger un colegio acorde a sus valores. Por su parte, la educación especial también ha aportado un valor muy importante gracias a los miles de trabajadores especializados que han sabido realizar su trabajo con brillantez, y siempre con un objetivo claro: la inclusión.

No se comprende una ley que nace sin consenso, sin diálogo y en un contexto socio sanitario complejo. El papel jugado por FSIE Madrid, sindicato mayoritario y representativo de los trabajadores de la Enseñanza Concertada y Educación Especial en Madrid, está siendo fundamental. En la jornada de ayer, fueron miles los compañeros que se lanzaron a la calle demandando medidas que consigan las condiciones laborales de los trabajadores.

Si la LOMLOE viera luz, ahondará en la ya existente desigualdad en las condiciones laborales de los docentes con respecto a sus compañeros de la enseñanza pública. Sería un duro revés para los trabajadores de la concertada y educación especial, según FSIE Madrid.

La Sentencia de 10 de diciembre de 2020 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha con-firmado y declarado la firmeza de la sentencia de 8 de octubre de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó la demanda presentada por CCOO. Esta sentencia reconocía “al personal laboral temporal el derecho a solicitar la evaluación de méritos docentes en los mismos términos que el personal docente investigador laboral permanente siempre y cuando concurra el elemento temporal exigido en las normas de desarrollo del referido complemento.”

Culmina así un largo proceso de casi seis años que CCOO intentó resolver inicialmente por vía de negociación, viéndose finalmente en la necesidad de acudir a la vía judicial para conseguir el reconocimiento de un derecho que entendemos básico para todo el personal docente e investigador: la evaluación de la actividad docente desarrollada, con independencia de que la relación laboral sea temporal o permanente, a tiempo completo o parcial. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo establece de forma clara e inequívoca que la temporalidad no puede ser el criterio para negar el derecho a la evaluación de la actividad docente (quinquenio).

De esta forma, la evaluación de la actividad docente ya es un derecho de todo el profesorado universitario que pueda acreditar dicha docencia y el tiempo exigido en la convocatoria, independientemente del tipo de contrato que haya suscrito, ya sea a tiempo completo o parcial ya sea indefinido o temporal. Así, números profesores y profesoras con contratos de Profesores Ayudantes Doctores, Visitantes, Ayudantes y Asociados, tendrán acceso a la evaluación de su actividad docente si acreditan el requisito temporal (cinco años) exigido en la normativa que regula el complemento de actividad docente. Hasta esta sentencia, este personal estaba excluido de la evaluación docente sin causa justificada.

Dentro de este marco de actuación de defensa de los derechos del personal docente e investigador, CCOO también está a la espera de que el Supremo resuelva sobre dos demandas presentadas por este sindicato y estimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero que han sido recurridas por las universidades públicas:

1. La evaluación de la actividad investigadora. El Tribunal ha sentenciado que todo el personal docente e investigador laboral temporal que cumpla con los requisitos temporales (seis años) y de actividad (desarrollo de una actividad investigadora) podrá someter dicha actividad a evaluación y, en caso de que la misma obtenga una valoración positiva, a percibir un complemento por méritos investigadores en los mismos términos que el personal docente e investigador permanente.

2. El derecho a la actualización salarial del personal investigador. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido el derecho del personal investigador contratado laboral de las universidades públicas de Madrid a ver actualizadas sus retribuciones para el ejercicio 2018 en los mismos términos que los aplicados para el resto del personal laboral de estas universidades, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que fue el ejercicio que se denunció.

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo estima la reclamación que CCOO siempre entendió como un derecho: que todo profesorado universitario, funcionario o laboral, permanente o temporal, contratado a tiempo completo o a tiempo parcial, pueda someter a evaluación la actividad que venga desarrollando en la docencia e investigación, y a no ser discriminado por el colectivo al que pertenece o por su modalidad de contratación.