Aceptan los recursos que interpuso el PP y la Comunidad de Madrid

A punto de terminar el mes de julio, Madrid se metía en un lío jurídico de muy difícil solución, ya que el TSJM declaraba nula la creación de Madrid Central, anulando, de facto, todas las multas puestas desde su entrada en vigor.

Así lo decidía el Tribunal madrileño en una resolución en la que no entra a valorar el contenido. Y es que el TSJM decide tumbar la zona de bajas emisiones por un defecto en la tramitación de la norma que aprobó Carmena hace ya tres años. En concreto, desvela el Tribunal, no se realizó el trámite de información pública previo a la aprobación de la zona de bajas emisiones por el Pleno de 5 de octubre de 2018, por lo que consideran nulas de pleno derecho todas las resoluciones administrativas tomadas en virtud de la creación de Madrid Central, incluyendo las multas interpuestas.

El fallo del TSJM se producía en tres sentencias que aceptaban parcialmente los recursos interpuestos hace dos años por la Comunidad de Madrid, el PP del Ayuntamiento de Madrid y la empresa Dvuelta, y puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo en casación.

Los colectivos pertenecientes a la Plataforma en Defensa de Madrid Central exigen al Ayuntamiento de Madrid medidas eficaces para mantener en funcionamiento Madrid Central tras la anulación parcial de la Ordenanza de Movilidad dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en respuesta a los recursos interpuestos por el grupo municipal del Partido Popular, la Comunidad de Madrid y varias empresas de anulación de multas en la legislatura anterior.

La sentencia, que todavía no es firme y contra la que cabe recurso de casación, no entra en el fondo del asunto ni cuestiona la eficacia de Madrid Central a la hora de reducir la contaminación, sino que se limita a aspectos formales durante la tramitación de la ordenanza. Por este motivo, desde la Plataforma se pide responsabilidad al Alcalde de Madrid para que no utilice esta sentencia como excusa para derogar Madrid Central, como ha intentado desde que llegó al poder.

Los colectivos recuerdan que el ejecutivo de Almeida, que llegó a la alcaldía bajo el lema de “acabar con Madrid Central”, ya intentó la reversión de la Zona de Bajas Emisiones con una moratoria ilegal que tumbaron los tribunales apenas una semana después de entrar en vigor. Hace tan solo un mes que los Juzgados de lo Contencioso Administrativo dictaron sentencia en favor de Madrid Central de forma contundente afirmando que la protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos.

Resulta contradictorio que un defecto de forma pueda suponer la completa eliminación de una medida que se ha demostrado efectiva para reducir la contaminación en Madrid, tal y como han demostrado todos los informes técnicos desde que se puso en marcha Madrid Central, y que además tiene un muy alto grado de aceptación pública.

La plataforma también recuerda que el grupo municipal del PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid pudieron renunciar a estos recursos en aras de conseguir un bien más importante: mejorar la calidad del aire y la salud de la ciudadanía. Los defectos de forma son, además, cuestionables, y en eso se basarán los recursos de casación que se plantearán ante el Tribunal Supremo por Ecologistas en Acción, uno de los grupos de la Plataforma que está personado en todas las causas: la memoria económica estaba incluida en otro documento, la memoria de impacto normativo, y a lo largo del proceso hubo varios periodos de información pública.

Por este motivo, las más de 100 entidades que conforman la Plataforma en Defensa de Madrid Central, entre las que se cuenta Ecologistas en Acción, exigen a Almeida y Villacís que no utilicen la sentencia como pretexto para fulminar Madrid Central y el resto de medidas del ‘Plan A’contra la contaminación provocada por el tráfico rodado. No es menos importante recordar que de hacerse firme la sentencia el Ayuntamiento tendría que reembolsar todas las multas interpuestas desde que entró en vigor Madrid Central, lo que supondría un coste de más de 36 millones de euros de dinero público.

Por último, se insiste en el hecho de que la Comisión Europea trasladó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras considerar que las medidas contra la contaminación no eran suficientes. Por tanto, es imprescindible incrementar el nivel de ambición de las medidas que se pongan en marcha, y nunca rebajar o derogar las ya implantadas a riesgo de enfrentarnos a sanciones millonarias de la Unión Europea. Hasta el momento, el Ayuntamiento solo presentó su Estrategia Madrid 360, la cual, además de ser menos ambiciosa que el vigente Plan A de Calidad del Aire, no ha sido aprobada en Pleno Municipal ni trasladada a la Comisión Europea para su valoración.