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15
Abr
2020
Las siete ciudades más grandes de España piden que se modifique la Ley de Estabilidad PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Ayuntamiento de MadridPiden poder hacer uso de remanentes de años anteriores sin ninguna limitación

Los regidores de las siete ciudades más pobladas de España han aprobado, tras reunirse por videoconferencia, una declaración conjunta frente a la crisis sanitaria y socioeconómica que ha provocado la pandemia de COVID-19. Con esta declaración, suscrita por los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Murcia, se busca reforzar la unidad, la responsabilidad, la solidaridad, la coordinación y la cooperación entre ciudadanía y administraciones públicas para poder enfrentarse al “reto de mayor envergadura que ha sufrido la sociedad española en democracia”.

La declaración, aprobada tras la reunión de Almeida con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los alcaldes de Valencia, Joan Ribó; Sevilla, Juan Espadas; Zaragoza, Jorge Azcón y Murcia, José Ballesta, así como con la primera teniente de alcalde de Málaga, Susana Carrillo, hace especial hincapié en la necesidad de realizar un cambio del marco financiero global que permita a los municipios hacer frente a todas las necesidades que han surgido desde que se declaró la emergencia sanitaria.

En primer lugar y como medida fundamental dentro de las reclamaciones que se han acordado, se solicita que “se nos permita hacer uso de los remanentes acumulados de ejercicios económicos anteriores sin ningún tipo de limitación”. Es necesario que, tal y como ha venido solicitando el Ayuntamiento de Madrid en boca del propio alcalde José Luis Martínez-Almeida, durante las últimas semanas, que el Gobierno de la nación modifique la Ley de Estabilidad para introducir nuevos supuestos de aplicación del superávit que permitan, en ciudad de Madrid, destinar más de 420 millones de euros a acciones de lucha contra la pandemia y sus consecuencias económicas.

A esta reclamación fundamental que, de ser atendida por el Gobierno, evitaría que todos los municipios españoles tuviesen que realizar una amortización anticipada de deuda a los bancos sustrayendo importantes fondos a la lucha contra la COVID-19, la protección de los más vulnerables y a medidas para la necesaria reactivación económica, se han sumado las siguientes:

  • Que se suspendan los plazos establecidos para la presentación de los planes económico-financieros mientras dure el estado de alarma.

  • Que se flexibilicen los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para aumentar el gasto público.

  • Que los grandes ayuntamientos tengan acceso a los fondos europeos extraordinarios para la mitigación de la crisis.

  • Que se habiliten fondos nacionales en los que puedan participar los consistorios para financiar los grandes déficits de tarifa que se están generando en el transporte municipal, incrementar la prestación de servicios sociales y participar en el desarrollo de políticas de empleo.

  • Que el Estado permita a los ayuntamientos avalar líneas de crédito para ayudar a autónomos y pymes.

Dentro también del ámbito económico, la declaración considera esencial que “se desplieguen con la mayor rapidez posible medidas normativas y fiscales de ámbito estatal y municipal para que los ayuntamientos podamos adoptar en coherencia con ellas nuestras propias decisiones con espíritu complementario y la máxima inmediatez que requieren estas circunstancias”.

Asimismo, todos los grandes ayuntamientos de España consideran necesario tener una participación activa en los planes estatales y autonómicos relacionados con las crisis del coronavirus. “Estamos en la primera línea de exposición, estamos participando activamente en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias y queremos seguir haciéndolo”, por ello solicitan la colaboración de todas las administraciones, piden estar presentes en la toma de decisiones y subrayan la necesidad de disponer de todos los recursos suficientes en esta lucha.

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno de España que dote a las comunidades autónomas de mecanismos de financiación adicionales y sin condiciones para poder hacer frente a la lucha contra el coronavirus (COVID-19), como los que ha aprobado la Unión Europea para los países miembro afectados por la pandemia.

Entre las medidas que se proponen desde el Gobierno regional se encuentra la creación de un fondo extraordinario no reembolsable, así como la suspensión de la liquidación del año 2020 del Sistema de Financiación Autonómica, ya que las necesidades financieras derivadas de la crisis sanitaria superan ampliamente las partidas presupuestarias vigentes.

Así se lo han trasladado los consejeros de Hacienda de Galicia, Castilla y León, Murcia, Andalucía, Ceuta y Madrid a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a través de una carta conjunta que han enviado al Ministerio. Las seis comunidades autonómicas consideran prioritario que el Gobierno de la Nación adopte medidas rápidas y eficaces para ayudar a las autonomías en la batalla frente a la pandemia que está requiriendo de “un esfuerzo presupuestario sin precedentes”.

En el caso de la Comunidad de Madrid, se estima en más de 2.000 millones de euros el gasto derivado del COVID-19, sumando las actuaciones en sanidad y en otras áreas críticas y las actuaciones de ayuda al tejido productivo.

Para poder abordar las necesidades de financiación de las comunidades autónomas frente a la crisis sanitaria, los consejeros de Hacienda han pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para poder abordar la puesta en marcha de nuevos mecanismos lo antes posible.

Así, solicitan que se agilicen los trámites para que las autonomías empiecen a recibir las líneas de financiación extraordinarias aprobados por la Unión Europea para los países miembros afectados por el COVID-19. El objetivo es que en 2020 se puedan certificar ya los gastos de personal y de material sanitario derivados de la pandemia ligados a dichos fondos europeos.

Al mismo tiempo, se pide que las comunidades autónomas puedan beneficiarse también de unas condiciones más ventajosas a la hora de financiar su deuda en los mercados, como están planteando las instituciones europeas.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Murcia y Ceuta consideran urgente la modificación de las reglas de estabilidad presupuestaria para que se pueda contabilizar el gasto extraordinario relacionado con el COVID-19 al margen del cumplimiento de los objetivos de estabilidad para 2020, que seguirían quedando sujetos al presupuesto ordinario y con el que están comprometidas las seis regiones.

En el terreno fiscal, se ha trasladado al Gobierno de la Nación la necesaria puesta en marcha de medidas que faciliten la liquidez de empresas y autónomos como agilizar en el mes de abril las devoluciones del Impuesto de Valor Añadido de 2019 (o años anteriores) así como las devoluciones mensuales de enero y febrero. En este sentido, se han recordado las distintas iniciativas tributarias implantadas por las seis comunidades autónomas como el aplazamiento del pago de los impuestos de gestión autonómica.

Por último, han recordado a la ministra de Hacienda en la misiva las cantidades pendientes de abonar derivadas de la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017 o los fondos para las políticas activas de empleo que el Gobierno de España ha acordado retener a las comunidades autónomas de manera unilateral para luchar contra el Coronavirus.

En el caso de la Comunidad de Madrid, se estima en 377 millones el impacto de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y los fondos para las políticas activas de empleo alcanzan los 139,5 millones de euros. Además, Madrid también reclama los 54 millones de euros por el re cálculo de las entregas a cuenta de 2019.

Declaración conjunta frente a la crisis sanitaria y socioeconómica que ha provocado la pandemia de COVID-19

Declaración G-7

 

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