El Ayuntamiento quiere reunirse con todas las partes implicadas

Una vez realizada la primera ronda de contactos con la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el delegado del Área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha convocado una reunión para los próximos días con los responsables de las áreas de Turismo, Seguridad y Emergencias, Economía, Medio Ambiente y Coordinación Territorial del Ayuntamiento para tratar de forma conjunta la situación de las viviendas turísticas, ya que, como explica Fuentes “no es sólo una cuestión urbanística”.

Además, Fuentes se reunirá en breve con las asociaciones de vecinos por la misma cuestión y, tal y como ha anunciado en la Comisión del Área, va a entablar contacto con la Comisión Europea para pedirle que establezca unas condiciones globales a las plataformas turísticas online en su relación con las administraciones locales. El objetivo es que haya una comunicación directa y sincera entre el Ayuntamiento y estas plataformas para que saquen de su oferta aquellas viviendas turísticas en las que se producen reiterados incumplimientos.

Todo ello encaminado a abordar la situación de una forma realista y con todos los sectores implicados, dado que la situación actual en esta materia es de “una evidente inseguridad jurídica”, como ha destacado el delegado, pues el Plan Especial de Hospedaje elaborado por el anterior equipo de Gobierno ha sido objeto de 12 recursos ante los tribunales y dos de ellos piden la suspensión del mismo, algo que está pendiente de la deliberación judicial. Ante este panorama, el Ayuntamiento prefiere ser prudente y esperar a que los tribunales clarifiquen la situación.

Mientras tanto, el Área de Desarrollo Urbano sigue actuando y el actual equipo de Gobierno ha potenciado la campaña de inspección. Desde el 15 de junio se han inspeccionado 1.202 viviendas de uso turístico, se han iniciado más de 160 expedientes y se ha dictado orden de cese para 358 viviendas. Con el ordenamiento jurídico actual la administración municipal no tiene competencias para realizar otro tipo de acciones.