Debe ser aprobado por el Pleno el próximo lunes

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado la aprobación por parte de la Junta de Gobierno, en una sesión extraordinaria, del Plan Económico Financiero  17/18 en el que se cierra el presupuesto del año 2017 y en el que se establecen los límites de los presupuestos de 2018 dentro de la regla de gasto.

Tal y como ha explicado la alcaldesa, tras más de un mes de trabajo técnico y de una intensa comunicación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública se ha conseguido desbloquear la situación que se inició el pasado mes de noviembre. Gracias a la aprobación de este nuevo PEF, que se llevará a aprobación del Pleno municipal en una sesión extraordinaria que tendrá lugar el próximo lunes 18 de diciembre, queda desbloqueada la situación de tutelaje presupuestario en que se encuentra el Ayuntamiento de Madrid.

La alcaldesa, Manuel Carmena ha confirmado que “una vez que nos hemos acoplado a estos requerimientos, Madrid podrá actuar con normalidad y esperamos que el presupuesto de 2018 nos permita continuar con el programa de gobierno, a pesar de las limitaciones que nos impone la regla de gasto”, en todo caso la alcaldesa quiere dejar claro que el Ayuntamiento de Madrid continúa cuestionando una aplicación injusta y restrictiva de la regla de gasto, que no corresponde con la situación financiera del consistorio.

Con la aprobación del PEF, la alcaldesa ha señalado que espera que pronto se levanten las medidas del Tribunal Superior, que había paralizado las Inversiones Financieramente Sostenibles. Esto va a permitir al Ayuntamiento tener un planteamiento diferente en el que probablemente haya más utilización de las inversiones financieramente sostenibles,  porque lo que falta por una parte sobra por otra. Es decir, y tal como ha señalado Carmena  “Vamos a tener un remanente importante para dedicarle a IFS”.

Al mismo tiempo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ha mostrado su satisfacción por el debate abierto en el Congreso de los Diputados para la modificación de la Ley relativa a la regla de gasto que impone limitaciones presupuestarias a corporaciones locales que tienen cuentas saneadas y solventes.