Temen que suponga una nueva “burbuja inmobiliaria urbanística” en el Norte de Madrid

"La Operación Chamartín triplica la edificabilidad y nace con total ausencia de participación social", tal y como recuerda CCOO en un comunicado. "El proyecto, paralizado durante 25 años, sale adelante a través de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid, la empresa Distrito Castellana Norte y el visto bueno de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, este acuerdo se ha realizado sin la participación de los sindicatos, grupos de interés, ni afectados directos, con el perjuicio al medio ambiente, la movilidad y la sostenibilidad, y el beneficio a constructoras. La sombra de una nueva “burbuja inmobiliaria urbanístico” en el Norte de Madrid, está servida", explican.

El acuerdo alcanzado sobre las tres partes señaladas, ignora que las decisiones tomadas no han sido consensuadas ni debidamente atendidas las alegaciones realizadas por los diversos grupos de interés. De hecho, las reuniones de la mesa social se encontraban paralizadas desde hace meses. Mientras, la propuesta ha seguido avanzando con las partes promotoras, sin fijarse en otros objetivos o intereses sociales.

Para CCOO, un proyecto como este, exige de una planificación y análisis riguroso sobre sistemas de transporte y movilidad de la zona en general, generación de empleo, integración en la ciudad y su entorno, desarrollo económico sostenible, medioambiente, modelo urbano, entre otros muchos aspectos.

El Ayuntamiento de Madrid rebaja sus expectativas presentadas en 2016, para poder llegar a un acuerdo con Fomento y la empresa Distrito Castellana Norte formada por BBVA (75%) y el grupo inmobiliario San José. La Comunidad de Madrid apoyará y tramitará el acuerdo y tiene que dar la última aprobación al cambio del PGOU que deberá realizarse antes de finales de 2018, momento en el que podrían empezar las obras.

Este acuerdo se produce a pesar de la sentencia del TSJM, ratificada por el Supremo, que anuló el Plan Parcial de Reforma Interior “Prolongación de la Castellana”, y que aprobó definitivamente el Ayuntamiento de Madrid del PP en marzo de 2011. Poco después, la sentencia del TSJM anuló el plan citado, anulando la modificación que permitía la edificabilidad superior a tres plantas más ático por contravenir la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, con la excepción constituida por edificios considerados singulares. Además, los propietarios deberían asumir los costes del cubrimiento de vías del complejo Chamartín y de la infraestructura Nudo Norte.

El nuevo proyecto “Madrid, nuevo norte”, se separa notablemente de la primera propuesta del Gobierno municipal, pues dobla el número de viviendas con un total de 11.000 (de ellas el 37% serán protegidas), frente a 4.600 viviendas que el consistorio madrileño marcaba en 2016. En términos de edificabilidad, se triplica la propuesta municipal, pasando de 675.692 metros cuadrados construidos de la propuesta del año 2016 a 2.830.000 m2 alcanzados en el acuerdo. “Esto supone más negocio y más facilidad para la especulación para los operadores privados”, señala Ángel Juberías, secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO de Madrid.

Además, la solución de soterramiento no siempre es la mejor, ni por su coste ni por su impacto medioambiental, ni por las limitaciones a mantener la capacidad ferroviaria de transporte. Además el sindicato espera que en este caso las administraciones velen concienzudamente por el riguroso cumplimiento de la ley de riesgos laborales, para evitar las penosas condiciones y altos niveles de accidentes laborales que se han dado en otras grandes obras urbanísticas llevadas a cabo en la Ciudad de Madrid.

Para el sindicato, la recuperación de la gestión pública del proceso es, a priori, una buena noticia. Sin embargo, el desarrollo del suelo de la operación parte de los intereses de los propietarios del mismo, y el Ayuntamiento no debería asumir cargas en un desarrollo que no sido ocasionando a iniciativa suya ni bajo el interés general, sin olvidar que, una vez más (la otra fue con la M30), la ciudad de Madrid asume la construcción de unas infraestructuras de ámbito supramunicipal sin financiación para ello, y renunciando a parte de los aprovechamientos que se puedan generar.

No existen garantías de que una vez desarrolladas las fases más atractivas para el capital, se desarrollen el resto, que son las que más pueden interesar a la ciudadanía y la clase trabajadora: la vivienda protegida, la interconexión de barrios o el corredor verde. Para CCOO se debe dar solución a la zona industrial y logística existente, y debe ser una oportunidad de empleo estable, diversificando la economía madrileña y abrir de manera decisiva el camino para otro modelo de ciudad.