Abierto otro en San Blas

La concejala del distrito de San Blas-Canillejas, Marta Gómez Lahoz, y el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, han entregado las llaves de un local situado en la calle San Faustino 23 a las Asociaciones Talloc y Por una Vivienda Digna, que presentó un proyecto denominado “La Chimenea” junto con la Asociación Cultural Krisol.

Representantes de las referidas entidades han participado en la entrega de las llaves, realizada esta tarde. Entre las actividades que se desarrollarán en el edificio están la atención a vecinas afectadas por violencia machista, a familias con necesidades derivadas por los servicios sociales de distrito, acompañamiento a personas en los trámites administrativos, gestión y distribución de alimentos, ropa y juguetes, rastrillo solidario, clases de apoyo escolar y búsqueda de empleo, asistencia y asesoría en temas de violencia de género, también a personas de movilidad reducida, y cine de barrio.

Habrá, asimismo, actividades destinadas a la población joven, para prevenir el fracaso y el absentismo escolar: proyectos de tiempo libre, intervención familiar, formación y voluntariado.

El local cedido a las entidades, que acogió una Oficina de Atención a Población Migrante pero que llevaba años en desuso, fue cedido, a su vez, a la Junta Municipal de San Blas-Canillejas por la Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid tras las gestiones realizadas por la concejala presidenta del distrito, Marta Gómez Lahoz, por un periodo de dos años prorrogables, y con el objetivo de que sea, a su vez, destinado “solo” a actividades asociativas y sociales. Se trata, por tanto, de un ejemplo de colaboración interinstitucional por el que se le da un uso social a un inmueble público en desuso.

Este es el octavo local cedido bajo la Directriz de Cesión de Espacios Municipales a entidades sin ánimo de lucro, tras el de Bravo Murillo 37 (Chamberí), Avda. Cardenal Herrera Oria, 84 (Fuencarral), el del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi (Arganzuela), los de Calle Frías 133 y Calle Plus Ultra, 3 en Barajas, y los ubicados en la C/ Salvador Martínez Lozano 3 y en José Serrano 19 (Puente de Vallecas). En todos ellos, unas 45 entidades ofrecen actividades a vecinas y vecinos.

Tras su aprobación el mes de febrero de 2016, las mencionadas directrices establecen un procedimiento por el que se garantiza la transparencia, la libre concurrencia y la igualdad en el acceso a los espacios públicos y que acaba con la discrecionalidad bajo la cual se han cedido espacios municipales durante décadas.

El noveno espacio que el Ayuntamiento de Madrid cederá a entidades sin ánimo de lucro vía directrices será el ubicado en la calle Godella, en virtud del anuncio publicado por la Junta Municipal de Villaverde el pasado 5 de julio. Se trata de un espacio de 1.784 m2  que albergó en su momento el antiguo cine Godella. Toda la información  sobre cesión de espacios disponible en http://bit.ly/1SY3m1D

Actualmente el área de gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social está culminando el borrador de la futura Ordenanza de Cooperación Público-Social, que nace con la idea de incorporar la ciudadanía al desarrollo de las políticas públicas, no sólo en su formulación, sino también en su implantación, evaluación y gestión. La gestión ciudadana de espacios públicos se regulará por esta nueva ordenanza.

Tras la presentación del borrador del documento normativo al tejido asociativo madrileño el pasado jueves 29 de junio, el área de Coordinación Territorial y Cooperación Publico Social ha abierto un plazo de un mes (hasta el 30 de julio) para recibir las aportaciones y propuestas de mejora de la ordenanza para su posterior estudio y consideración. El equipo del área hará una devolución de las aportaciones en otro encuentro que se celebrará durante el mes de septiembre, antes de la tramitación ordinaria del texto.

El área que lidera Nacho Murgui quiere ampliar así los cauces y el periodo por los que la ciudadanía puede participar en la elaboración de una normativa municipal al objeto de que nazca con el máximo consenso social posible.